En el marco del Foro de Perspectivas Económicas organizado por El Colombiano, que se celebró el 7 de noviembre de este año, Andrés Julián Rendón, elegido como gobernador del departamento de Antioquia para el periodo 2024-2027, propuso un referendo para modificar el artículo 298 de la Constitución. El artículo reglamenta la autonomía administrativa de los departamentos y busca que los recursos tributarios recaudados se queden en las regiones donde se originan, con el fin de “impulsar los proyectos estratégicos y mejorar los indicadores económicos”.

Rendón aseguró que buscaría apoyo a su propuesta entre los demás gobernadores electos. Agregó que de llevarse a cabo su propuesta, 27 de los 32 departamentos duplicarían sus ingresos. Y que para el caso específico de Antioquia, este pasaría de recibir 5 billones de pesos a 15 billones. Es decir, un incremento del 200 por ciento. 

La propuesta es llamativa. Por eso, consultamos a dos expertos para analizar si constitucionalmente la propuesta es viable, y cuáles serían las repercusiones económicas que dicho referendo pudiera generar para la economía nacional y la de los departamentos. 

¿Es la propuesta constitucionalmente viable?

Armando López Upegui, abogado especialista en derecho constitucional, afirma que la propuesta no tiene sentido ni constitucional ni políticamente. “Eso implicaría una reforma constitucional para modificar lo que conocemos como estructura territorial del Estado. Esa propuesta implicaría prácticamente la introducción del federalismo en el país, y  no sé si tenga ambiente en el Congreso para discutirse”.

En ese sentido, el primer error de Rendón es intentar impulsar la propuesta a través de un referendo, pues este mecanismo de participación sería el adecuado si ya existiera una política que necesitará refrendarse. “Hay que tener en cuenta que no se puede refrendar un asunto de ley presupuestal”, dice López Upegui.

Sin embargo, a pesar de la poca firmeza de la iniciativa, no se debe desestimar del debate nacional. Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, declaró en el Campus de la FND que el Gobierno está abierto al diálogo en la búsqueda de más recursos permanentes  para las regiones, en respuesta a la proposición del gobernador electo.

Estas declaraciones van en la vía del análisis que realizó para nosotros Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresa de la Universidad EAFIT. Según él, la propuesta puede ser viable por dos razones: en primer lugar, el Ministerio de Hacienda no ha desestimado la propuesta, lo que puede indicar que queda una puerta abierta para debates futuros; y en segundo lugar, que desde la administración del ex ministro José Antonio Ocampo ya sé estaba hablando de un reforma tributaria territorial. 

Y entonces, ¿cuál sería el camino acertado?

López Upegui sostiene que hay algunas alternativas para que dicha propuesta se realice. Por un lado, menciona que lo que el gobernador electo puede pedir es que haya una mejor distribución de los ingresos para las entidades territoriales, aunque eso se puede tramitar con una ley ante el Congreso, o pedirle al Ministerio de Hacienda que lo ejecute. 

Por otro lado, Rendón tiene la posibilidad de convencer al presidente para que este convoque a un plebiscito y de esta manera se pueda aprobar una nueva ley. Sin embargo, es una idea descabellada, no solo por ser de partidos opuestos, sino también por las inconformidades que resultaron de la reunión del presidente Petro solo con los gobernadores electos afines a su partido político.  

La vía correcta sería promover, a través de los congresistas antioqueños, una reforma constitucional. Es decir, que estos presenten un proyecto de ley que tendría que pasar por cuatro debates en el Congreso para modificar la Constitución y así lograr el cambio tributario propuesto. 

Por último, y como alternativa que no ha sido mencionada, reformar la Ley de Ordenamiento Territorial para que se aclaren los conceptos de las regalías. No obstante, el proceso sería similar y la tramitación de esta se haría también por medio del congreso, no por medio de un referendo propuesto por un gobernador. 

¿Cómo es el sistema tributario en Colombia?

Colombia funciona con un modelo tributario que se compone de impuestos nacionales y territoriales. Son estos los que permiten financiar el gasto público. Es decir, son los recursos que el Estado usa para garantizar los derechos de los ciudadanos -educación, salud, seguridad- y proveer bienes y servicios -alcantarillado, electricidad, vías, entre otros-.

López Upegui afirma: “Los impuestos son los ingresos fiscales por medio de los cuales, el Estado redistribuye la riqueza, es decir, es una forma de cotizar al mantenimiento general de todo el Estado y una forma de socializar la riqueza. Que los que más tienen paguen más impuestos y, por tanto, se socialice la riqueza. Esa es la razón de ser del impuesto”.

¿A dónde va el dinero recaudado por impuestos? 

Como mencionamos anteriormente, el dinero recaudado en los impuestos se destina para financiar el gasto público y proveer bienes y servicios. Sin embargo, cabe mencionar que con estos recursos también se paga el funcionamiento del Estado: pago de la nómina pública, pago de pensiones, compra de dotaciones, la provisión de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, y el pago de la deuda pública. 

¿Cuáles serían las implicaciones económicas si se aplicara un modelo como el propuesto por Andrés Julián Rendón?

Colombia tiene como forma de organización administrativa y territorial el centralismo, un sistema que concentra el poder y las funciones político administrativas en un órgano central. En otras palabras, un Estado con la autoridad suprema para administrar los recursos del país.

López Upegui afirma: “Si bien la Constitución determina la descentralización administrativa y la autonomía territorial (...) la idea del centralismo es que haya una redistribución de la riqueza. Si Antioquia maneja las rentas y no aporta nada a la Nación, tendríamos un país con una región supremamente rica, en detrimento de regiones mucho más pobres”.

La situación planteada por el abogado expone un grave problema, que se podría profundizar si llegara a darse la propuesta del gobernador electo: la desigualdad. 

Según un informe presentado por el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual en América Latina y uno de los más desiguales en el mundo, situación que se agrava en unas regiones más que en otras, y que se manifiesta en tres aspectos principalmente: acceso a la tierra, educación y empleo.

Aún cuando este problema es de carácter estructural y deba tratarse desde una perspectiva interseccional, no se puede negar el impacto que tendría una tributación directa para las regiones más pobres y olvidadas del país. 

Lo claro es que la propuesta de Rendón genera debate. Para Jaramillo, la propuesta es viable, pero es necesario determinar si es una reforma constitucional o tributaria. Para López Upegui, es muy difícil que esta llegue a buen término debido a las imprecisiones que tiene y al extenuante y largo proceso que conlleva la modificación de la norma constitucional.  Entre tanto, el Ministerio de Hacienda no la ha desestimado. 

Foto: PHRAA