Ángeles negros
Foto: Vanity Fair – TheStewartofNY/FilmMagic. Cada cierto tiempo el poder se disfraza de inclusión, cambia su color, su rostro o su forma, pero no su lógica. Las estructuras patriarcales son expertas en absorber las diferencias para hacerlas parecer una conquista de los grupos históricamente excluidos, y la industria de la moda no es la excepción. El nombre y la imagen de Valentina Castro, una mujer negra del Pacífico colombiano, se volvieron virales en redes como símbolo de inclusión gracias a su aparición en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show el 15 de octubre. Sin embargo, más que tratarse de un acto transformador, su presencia nos recuerda la habilidad del poder para disfrazarse de cambio. Durante años, Victoria’s Secret fue sinónimo de un ideal imposible. Más que lencería, era la representación de un tipo de belleza que se impuso como universal, pero que siempre fue selectiva y eurocéntrica: mujeres altas, delgadas, blancas, de cabello liso y piernas largas caminaban por esa pasarela convertida en altar. En ese universo de luces y lentejuelas no cabían pieles como la de Valentina, ni cuerpos que no encajaban en ese molde de fantasía. Ese fue siempre el verdadero poder de la pasarela: dictar cómo debían verse los cuerpos femeninos. Por eso la aparición de la modelo colombiana no pasó desapercibida. No solo porque se veía hermosa, sino por lo que llevaba encima; siglos de exclusión y miradas que aprendieron a leer la belleza desde un solo color. Valentina con sus trenzas y su piel brillante sobre la pasarela es, a simple vista, una señal de cambio, pero su aparición nos obliga a cuestionar si una marca que por años fue sinónimo de exclusión ahora usa la diversidad para lavar su imagen. Victoria’s Secret fue criticada durante años por sostener un ideal de belleza que excluía a la mayoría de las mujeres. Incluso las críticas llegaron desde adentro de la industria. En 2018, la modelo Robyn Lawley promovió un boicot a la marca por no incluir otros tipos de cuerpos. Al año siguiente cayeron en ventas y reputación, cancelaron su show y anunciaron su “renovación” con un giro hacia la inclusión y la diversidad. Sin embargo, el gesto es oportunista: el cambio llega justo cuando la sociedad exige que todas las empresas sean inclusivas. Ver a Valentina en esa pasarela fue hermoso, pero incómodo. Hermoso porque una mujer negra, de Tumaco, pisó un escenario que durante años ha sido inaccesible para muchas mujeres. Incómodo porque sabemos que esa pasarela no se transformó por dentro, solo cambió el decorado. A la misma estructura de siempre que es la belleza como espectáculo y los cuerpos como mercancía, se le suma ahora la diversidad como tendencia. La tensión entre la tradición y el cambio no es nueva. Ocurre cuando una mujer llega a un puesto de poder dentro de un sistema patriarcal, donde se celebra la representación, así sea escasa, pero se cuestiona poco la estructura. Una mujer puede ocupar el cargo más alto de un partido, una empresa o una pasarela y, sin embargo, reproducir los mismos patrones de quienes la antecedieron. Cambiar el rostro del poder no siempre significa cambiar su forma. Tal vez el riesgo de estas victorias simbólicas es confundir visibilidad con transformación. Porque la representación importa, pero no basta. Y cuando la inclusión carece de una reflexión profunda, corre el peligro de ser una nueva forma de normatividad: cuerpos distintos, pero igual de moldeados; rostros diversos, pero dentro de la misma lógica de deseo. Valentina es celebrada por ser diferente, pero lo es solo hasta donde el mercado lo permite. Lo que el público cree que celebra es la transformación de la industria, pero en el fondo aplaude cambios cosméticos, es decir, la habilidad del sistema para maquillarse. Victoria’s Secret entendió que ser inclusivas vende. Y, aun así, la presencia de Valentina no carece de poder. No por lo que significa para la marca, sino por lo que significa para quienes la ven. Una mujer negra en esa pasarela no cambia el sistema, pero altera la percepción de quienes crecieron creyendo que no podían estar ahí. Muchas niñas, al verla, confirmaron que su color, su cabello y su cuerpo también pueden habitar espacios que antes les eran negados. Que no necesitan cambiar para pertenecer, ni suavizar su identidad para ser vistas porque las infancias aprenden mirando no solo lo que pueden ser, sino también lo que les dicen que no pueden. Hoy una nueva generación crece viendo que la belleza también se parece a ellas. Esa imagen no borra las desigualdades, pero empieza a reescribir los límites de lo posible. Quizás la verdadera revolución no sea que una mujer como Valentina llegue a esos escenarios, sino que esos escenarios dejen de ser el parámetro del éxito. Que el poder deje de medirse por quién logra entrar y quién no, y empiece a definirse por quién se atreve a construir algo fuera de esos moldes. Este es un logro que no le pertenece a Victoria’s Secret, sino a ella, y a todas las que la miran y se sienten identificadas.
Se buscan gobierno y rescate para la UdeA
La crisis financiera, ética y política que atraviesa la Universidad de Antioquia hoy parece más profunda que nunca. En medio de la urgencia de un salvavidas financiero, las preguntas por quiénes pueden y deben sacar a la Universidad de la crisis toman relevancia y profundizan la incertidumbre de cara a un año 2026 que solo promete más austeridad. Collage: Sara Uribe de los Ríos. El 21 de febrero de 2024, en el Teatro Camilo Torres se realizaba uno de los foros institucionales con candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Allí, frente al teatro medio vacío, John Jairo Arboleda, candidato-rector, habló sobre sus planes para estabilizar las finanzas. Al cerrar su intervención dijo: “ustedes pueden decir cualquier asunto al respecto de la desfinanciación, pero nadie puede decir que esta Universidad se ha demorado un día en pagar un salario”. Tres meses después, el 20 de mayo, docentes y personal administrativo recibieron una notificación de la Vicerrectoría Administrativa que decía que sus pagos se iban a retrasar mientras resolvían los problemas de liquidez. A un año y medio de ese retraso, la UdeA sigue sumida en una de sus mayores crisis financieras: según la Vicerrectoría Administrativa, a la Universidad le faltan 163 mil millones de pesos para cerrar el 2025. Además, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, aprobó las medidas de austeridad propuestas por la Secretaría de Educación de Antioquia, con las que se busca reducir cerca de 95 mil millones de pesos y disminuir en un 37 % las horas cátedra para 2026. Al mismo tiempo, la Universidad está bajo inspección del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Mineducación), una medida con la que esa entidad busca recopilar información para comprender las causas de la crisis. Mientras tanto, entre las propuestas aprobadas por el CSU para cubrir los costos de cierre de año están un crédito de tesorería por 54 mil millones de pesos y la venta de la hacienda El Progreso, en Barbosa, negocio que ya se cerró y por el que la Universidad recibirá cerca de 34 mil millones de pesos en cuotas hasta diciembre de este año. En medio de todo está la comunidad universitaria, que ve las medidas de austeridad con escepticismo y cuestiona cómo afectarán la calidad de la educación y el prestigio de la institución: los estudiantes temen que los recortes impliquen una menor oferta de cursos y horarios; el estamento profesoral, que implique el despido de docentes de cátedra, lo que conlleva a que los profesores de planta se vean obligados a aumentar sus cargas de trabajo en docencia directa y a reducir las horas que dedican a la extensión y la investigación; y las unidades académicas se enfrentan a la necesidad de ajustar sus gastos de funcionamiento de cara al inicio de 2026. El 10 de octubre de 2025, en una rueda de prensa, convocada por la Asamblea Multiestamentaria, encabezada por María Isabel Duque, representante profesoral principal ante el CSU, y Mauricio Múnera, su suplente, los docentes les pidieron a los gobiernos nacional, departamental y distrital un salvavidas económico para la Universidad. Duque advirtió: “si seguimos tal y como estamos hoy, en 10 años la Universidad no será viable”. Detrás de ese grito de auxilio hay una discusión pendiente: si la Universidad es rescatada, ¿ese dinero será administrado por los mismos que estaban a cargo cuando se profundizó esta crisis y en quienes la confianza de los estamentos está deteriorada? “Víctimas de nuestro propio éxito” Para entender parte de la crisis que vive la UdeA (y todas las universidades públicas del país), hay que volver a la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, y sobre todo a sus artículos 86 y 87, que plantean que las universidades reciben aportes del Gobierno o de las entidades territoriales y que el incremento anual de estos se hace según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Desde 1992, las universidades públicas han crecido en infraestructura, programas académicos, estudiantes e investigación y, en comparación, el IPC ha crecido por debajo. Esto ha provocado que la brecha entre lo que reciben las universidades por parte del Estado y lo que gastan sea cada vez más grande, y que el resultado sea una desfinanciación calculada en 19 billones de pesos por los rectores del Sistema Universitario Estatal para todas las universidades públicas. La UdeA, de carácter departamental, recibe recursos del Mineducación y la Gobernación; estos aportes conforman los fondos generales que, de acuerdo con la Vicerrectoría Administrativa, representan el 39 % de los ingresos. Pero varias voces de la Universidad insisten en que la Ley 30 no explica toda la crisis, o al menos no en sus dimensiones actuales. María Isabel Duque, que además de representante profesoral ante el CSU es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, menciona que el rector solo reconoce la responsabilidad de los gobiernos nacional y departamental y de la Ley 30 por la forma en que se transfieren los recursos, pero “no asume responsabilidades en las decisiones que internamente tomó de crecer de manera desproporcionada frente a los recursos que le llegaban, de construir planes de desarrollo demasiado ambiciosos que no tenían un soporte financiero”. John Jairo Arboleda fue designado para la rectoría por tercera vez consecutiva el 2 de abril de 2024, con seis de ocho votos en el CSU. Durante el proceso de designación rectoral, Arboleda asistió a varios foros de candidatos y, aunque la desfinanciación ya era conocida por el CSU, el Consejo Académico y la comunidad universitaria en general, nunca mencionó en esos espacios, de forma explícita, las verdaderas dimensiones del déficit de liquidez. Luego, en entrevista con De la Urbe, afirmó: “nosotros no teníamos ni cartas ni información escondida”. Aunque en los foros se abordaron temas relacionados con violencias basadas en género y otros asuntos coyunturales de la Universidad, según él, “el tema financiero no era una preocupación de la comunidad universitaria que asistía a los foros” y dijo que no le
La multicrisis todavía es violeta
A más de un año del último estallido por violencias basadas en género (VBG) en la UdeA, poco ha cambiado la forma como se abordan estos casos. Más allá de las aristas financieras y de gobernabilidad de la multicrisis de la UdeA, las demandas respecto a las VBG no se han resuelto. Dos personas han sido sancionadas en 2025. El 8 de agosto de 2025, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-235, con la que ampara los derechos al debido proceso, el acceso a la justicia y una vida libre de violencias de cuatro estudiantes de la UdeA que fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) y violencias sexuales presuntamente cometidas por un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre 2017 y 2018. Según explica la nutricionista Laura Franco en su tesis de maestría en Salud Pública “El cis-tema de atención a las violencias basadas en género y violencias sexuales”, las VBG constituyen un problema de salud pública por sus implicaciones en la vida de las víctimas: la vulneración a derechos como la igualdad, la salud, la educación, el trabajo y a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. La UdeA atiende estas violencias por medio de la Ruta Violeta. La ruta fue creada en 2023 gracias a la presión de la Asamblea General de Estudiantes, la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexocorpogenéricas y el Comité de Género de la Universidad, como una reestructuración del mecanismo dispuesto por la institución desde 2018. “El movimiento de mujeres y disidencias sexocorpogenéricas ha sido el elemento estructural para mantener vigente la urgencia de no dejar esto en segundos renglones dentro de las prioridades institucionales”, afirma Franco en entrevista con De la Urbe. Para junio de 2025 la Ruta Violeta tenía 117 casos activos: 32 en análisis de noticia ‒etapa en la que se revisan las quejas o informes‒, 78 en fase de investigación o instrucción y siete en etapa de juzgamiento o fallo, según el último informe de gestión del Equipo 3 de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de la UdeA, responsable de estos procesos. El informe indica que en el primer semestre de este año se emitieron dos fallos, ambos sancionatorios: uno contra un empleado administrativo y otro contra un estudiante de pregrado. En 2024 hubo cuatro fallos sancionatorios. Ninguno de los seis ha sido contra docentes. Dos miradas sobre la Ruta Violeta Juan Gabriel García, director de Bienestar, asegura que el mecanismo goza de más confianza institucional, que se ha fortalecido porque antes eran tres personas y ahora son cinco y que, además, cuenta con respaldo financiero a pesar de la crisis económica de la UdeA. “Sabemos que los temas financieros en la Universidad no vienen del todo bien, pero esta es una apuesta decidida de la administración y sabemos la necesidad. Por eso no se ha afectado, ni se prevé que se vaya a afectar”, expresa García. Al contrario, una estudianta del Comité de Género, quien pidió ser nombrada así y reservar su identidad, considera que la Ruta Violeta “todavía funciona con las uñas” y que no responde bien a las necesidades universitarias. Sostiene que, desde el comité, han percibido que “en términos materiales y reales no ha habido una apertura para hablar con el estudiantado, sino que más bien son muy recelosos con sus procesos” porque tardan meses en publicar los informes de gestión, incluso cuando el comité los solicita. La estudianta menciona que, al principio, en los espacios de diálogo era evidente la rivalidad entre la institucionalidad y los movimientos asamblearios y que aún es una conversación difícil. Mientras tanto, García asegura que han “intentado tener los oídos muy abiertos para escuchar y conversar dónde fortalecer y poder atenderlo”. A esa percepción de hermetismo por parte de la administración se suman otras críticas recurrentes sobre situaciones contra el “deber ser” de la atención a las VBG: prácticas revictimizantes; múltiples casos declarados como inhibitorios (no se resuelve el caso por falta de cumplimiento de requisitos); personal escaso y cambiante para un mecanismo que, según Bienestar, cada vez recibe más quejas; atención centralizada y casi ausente en las regiones y en las unidades académicas; autoevaluación “insuficiente” de la Ruta Violeta y una necesidad de presión constante por parte del movimiento estudiantil para que se implementen las mejoras. En su tesis, Franco explica que la falta de celeridad de la Universidad en la atención de los casos de VBG se debe a que se le da poca importancia al tema por la posición subordinada que siguen ocupando las mujeres y las disidencias sexocorpogenéricas en la institución y a la existencia de un “pacto cognitivo institucional”. Es decir, un acuerdo tácito en el que se evita cuestionar a los agresores debido a su estatus y en el que la institución no prioriza acciones de justicia para las víctimas por “proteger” su propio prestigio. De la UdeA a la Corte Constitucional Desde diciembre de 2022, antes de la aprobación de la creación de la Ruta Violeta, y hasta el 19 de mayo de 2024, la asesoría psicojurídica, psicosocial y la representación legal de las víctimas estuvo a cargo de la Colectiva Justicia Mujer (CJM). Sin embargo, por tensiones técnicas y políticas con la administración, la CJM decidió no renovar el contrato. La firma que quedó encargada de esa atención es Zuluaga Espinosa Abogadas, que no accedió a dar una entrevista porque no había “alguna profesional disponible” para atenderla. Sin embargo, la CJM siguió acompañando el caso de las cuatro estudiantes que llegó a la Corte Constitucional. Aunque fueron atendidas por la Universidad, por solicitud del acusado el proceso pasó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, donde estuvo quieto casi dos años; solo se movió para su traslado a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá, donde tampoco hubo avances. Ante la falta de respuesta, las estudiantes y la CJM entutelaron a la Procuraduría General. La tutela llegó a la Corte Constitucional. A juicio del máximo
Mi primera asamblea
Collage: Mariana Benedetti Antes de entrar al teatro estaba segura de que Camilo Torres seguía vivo en los ideales de los discursos estudiantiles que estaba próxima a escuchar. Iba tarde, caminaba rápido para finalmente llegar y no perder más información. Pensando en si iba a encontrar puestos libres, pisé el último escalón que me ubicaba, por primera vez, dentro del teatro comandante Camilo Torres, miré al frente y las ansias por saber lo que los estudiantes decían fueron reemplazadas por el inquietante hecho de que no me había tenido que preocupar por la posibilidad de no encontrar asientos disponibles, pues el lugar estaba en gran parte, vacío. Eran las 2:46 de la tarde, la asamblea había empezado a las 11:00, tal vez la mayoría ya se había ido, pensé, pero no tenía sentido, pues si no había terminado significaba que aún quedaban por discutir temas de importancia e incidencia estudiantil. Recordé el trasfondo histórico de estos espacios en la universidad, cómo ahí se gestaron las ideas y las luchas que movilizaron a miles de estudiantes, por las que muchos fueron perseguidos, expulsados y hasta asesinados; una historia de resistencia que defendió la educación pública, exigió la debida inversión estatal y promovió la participación de jóvenes estudiantes en esferas sociales, políticas y económicas de nuestro país. Hoy gozamos de esos beneficios, y gracias a ello, estos espacios siguen funcionando y convocando al estudiantado. No podía asimilar ni aceptar lo que se mostraba ante mis ojos, rezagos de lo que alguna vez fue el movimiento estudiantil, y desinterés en donde alguna vez hubo participación activa y directa de la mayoría de estudiantes. Me senté en la última fila de los puestos del centro, en ese momento, no me percaté de que la elección de asientos de los estudiantes reflejaba sus opiniones frente a la discusión que se estaba llevando a cabo, solo se habían ubicado al fondo y a los lados. Dirigí mi atención al estudiante que tenía la palabra, pero al haber llegado tarde no comprendí nada, lo único que logré registrar fue su definición del movimiento estudiantil como una forma de trampolín político y una palabra que me impactó mucho: traición, refiriéndose a aquellos que defendieron, en su momento, la no representación estudiantil pero que se habían lanzado como planchas ante el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno universitario. El estudiante que intervino después hizo alusión a la historia de la representación estudiantil, a los veintiún años de silla vacía luego del asesinato del líder estudiantil Gustavo Marulanda, en manos de las AUC, que para ese momento se habían establecido en la Universidad, llevando a la posterior elección del último representante estudiantil, Wilmar Mejía, quien fue destituido por no respaldar los intereses del estudiantado. Aquel alumno en sus palabras defendió que «desde entonces las decisiones y la construcción del movimiento se toman colectivamente y no ha hecho falta un representante, que, además, no represente a todos los estudiantes». A esas palabras le siguieron aplausos y vítores, consideré que gran parte de los presentes pensaba así. Entre supuestos y pocos matices concluí personalmente que, si la asamblea no estaba de acuerdo con las planchas de representación estudiantil, la solución no era negarlas, sino elegir unas nuevas que se acoplaran a los intereses del estudiantado, mismo que, irónicamente, en su mayoría no estaba presente. Otra estudiante definió la representación estudiantil como: «Un puente entre todos los estudiantes, necesaria para mantener una conversación directa con la mesa directiva y estar presentes en el momento que se tomen decisiones que afectan a la universidad y, por consecuente, a los estudiantes, no debe ser entendida como un cargo de fin político, sino como una herramienta para seguir construyendo movimiento estudiantil.» A esta siguieron otras intervenciones donde afirmaban que «existía una crisis en el movimiento estudiantil», «la representación estudiantil llevaría a perder el poder popular de la asamblea» o «la discusión debió hacerse desde la postulación de las planchas, no cuando faltaba tan poco para las elecciones». Se mencionaron los espacios asamblearios en 2017 y 2018 en los que se realizaron debates respecto al mismo tema y se decidió rechazar la vacante de representación estudiantil ante el CSU. Mientras llegaba la hora de irme, porque no me daba tiempo de quedarme hasta el final, llena de mucha información que no sabía cómo organizar, escuché dos últimas participaciones que reflejaron genuinamente mis pensamientos en el transcurso de la casi hora y media que estuve en el teatro: ¿Cómo podía haber un debate sobre representación estudiantil cuando el Camilo Torres estaba prácticamente vacío? Esa no era la experiencia que había imaginado de mi primera Asamblea, un espacio ilustrador dentro de la decepción y conflicto que representó, un debate sin fin en medio de la apatía de la mayoría de estudiantes y de un movimiento estudiantil dividido, no por sus diferencias sino porque parecía no saber converger a pesar de ellas. Me pareció que Camilo Torres moría por segunda vez, pues las ideas que lo mantenían con vida estaban divididas y el resto, olvidadas, la asamblea intentaba unir sus partes sin acuerdos claros, mediaciones evidentes o participación estudiantil activa.
El Arca de Laura
Para llegar a la casa de Laura manejé dos horas. El camino a El Retiro fue largo, pero no incómodo. Sabía que allá, al final de esa carretera, me esperaba alguien que, como yo, ha sentido que no encaja. Que ha tenido que inventarse su lugar en un mundo que a veces exige demasiado. Su casa se llama El Arca. Su nombre le queda perfecto. Un arca representa resguardo, protección y conservación de algo valioso. Me recibió descalza. Parecía tímida, pero cuando me habló descubrí en ella una seguridad que no necesita adornos. Sabía lo que quería decir, sabía lo que quería mostrarme. Enseguida me di cuenta de que no era una entrevista tradicional: esto iba a ser más una conversación entre dos personas que entienden la calma de estar con un animal. Rodeamos la casa y, de repente, sin previo aviso, Laura gritó: “¡Suelten a las bestias!”. Y las soltaron. Como si abrir la puerta de la casa fuera también abrir la puerta del vínculo. Cinco perros entraron como torbellinos: Trufa, una perrita cruzada con goldendoodle; Vasco: un pastor ovejero australiano con cara de rottweiler; Lola, una pastor shetland café que me ladró por unos segundos antes de apoyar sus patas sobre mis piernas; y Blue, otro pastor, su perro de servicio, que me escaneó con la mirada antes de sentarse a mi lado. Ladró, me analizó y luego me olfateó con confianza. La única que se acercó sin miedo fue Zora, la labradora que Laura entrena para donar a alguien que la necesite. Ella, con su tranquilidad inocente, se subió al sofá y se ubicó al lado mío como si me conociera de toda la vida. Mientras tanto, Laura se acomodaba como podía: con los brazos cruzados por debajo de las piernas, en una especie de posición fetal invertida. A veces abrazaba una almohada. A veces uno de los perros se recostaba sobre ella. Otro sobre mí. Y todo, sin que nadie dijera nada, se sentía en orden. Laura tiene 24 años. Es entrenadora de perros de asistencia. También es autista, lo que algunas personas llaman de “alto funcionamiento”, pero eso no la define. En el espectro autista caben muchas formas de sentir y aprender, y la suya está hecha de observación, calma y atención a los detalles que otros pasan por alto. Para ella, aprender no siempre ha sido cuestión de apuntes o exámenes: es mirar cómo un perro respira, cómo se mueve, cómo cambia su postura. Esa forma de aprender, más sensorial que académica, ha sido su mayor fortaleza como entrenadora. Sabe que no todos los perros pueden ser entrenados. Sabe que las gallinas también dan besos. Que los gatos no necesitan a nadie, pero se quedan si quieren. Y que las cabras encuentran el camino de regreso a su hogar como Malteada Waze, la cabra enana que al principio debía vivir en casa de su vecino, ya que el padre de Laura no estaba muy contento con la idea de tenerla, y que se memorizó el camino de vuelta dos veces y apareció en El Arca para no dejarla nunca más. Malteada únicamente se deja acariciar de Laura, no le teme, no le huye. Laura intentó estudiar veterinaria. Tenía todo para hacerlo: la sensibilidad, el conocimiento, el vínculo con los animales. Pero el sistema no estaba hecho para ella. Ni para las demás personas neurodiversas. Quienes tenemos cerebros inquietos, que se apagan con el ruido o se aceleran sin freno, lo sentimos en la piel: la academia puede ser un lugar hostil. No es solo una incomodidad: es una forma de violencia muda, que normaliza el fracaso de quienes aprendemos distinto. “Me paralicé antes de entrar a un parcial, me lo sabía todo, pero no pude entrar”, me dijo. No es una metáfora: se quedó afuera. Su cuerpo no respondió. El pánico lo congeló todo. Y eso que ya habían intentado hacerle ajustes: pasar de lo escrito a lo oral, cambiar la forma, no el fondo. Pero no fue suficiente. Nadie enseña a los profesores cómo acompañar a una mente que no encaja en los moldes. Cuando me contó que eligió dejar la veterinaria para dedicarse al comportamiento animal, entendí que no estaba renunciando. Estaba eligiendo sobrevivir. Estaba eligiendo su forma de aprender. En el zoológico Laura observaba. Aprendía viendo, sin presiones. Ahí se reencontró con el amor de siempre: no los animales en general, sino la forma en que se comportan, en que se relacionan, en que te enseñan sin hablar. Esa observación paciente, que para otros podría ser aburrida o lenta, es su manera natural de aprender. Muchos rasgos asociados al espectro autista -como la atención al detalle, la memoria visual o la sensibilidad a los cambios- se vuelven, en sus manos, herramientas de entrenamiento. Laura no solo mira: registra patrones, anticipa reacciones, encuentra lo que pasa desapercibido para la mayoría. Y más adelante, cuando un psiquiatra le propuso que entrenara perros de asistencia, su mundo se abrió. Se acreditó como entrenadora. Se especializó, y ahora sueña con crear una academia y una fundación para donar perros entrenados a personas que los necesiten de verdad. “Lo importante es que el perro y la persona estén bien”, me dijo, y no era una frase decorativa. Laura habla desde la lógica del bienestar: no entrena a un perro que no quiera ser entrenado. No se queda con una persona que no trabaje con su animal. No romantiza el vínculo, lo cuida. Y eso también la cuida a ella. En la conversación, inevitablemente, salió el tema de la muerte. ¿Cómo no iba a salir, si Laura ha vivido con tantos animales? Le pregunté cómo maneja las pérdidas. Me miró con la misma naturalidad con la que me dijo que Blue le ayudaba a calmarse en lugares concurridos. “Lloro. Claro que lloro. Me da la llorada… y a los cinco segundos digo: ya se murió, ya no hay nada que hacer”. No hablaba desde la frialdad, sino desde una serenidad rara: ha entendido que la tristeza
Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe
Entre 1999 y 2006 se registraron varios ataques por parte de paramilitares de la Sierra Nevada contra los rockeros de Santa Marta. Hoy, la ciudad vive una ola de violencia que remite a esos años oscuros.
Lo que el matrimonio no dejó crecer
En Colombia miles de mujeres le dijeron “sí” al matrimonio cuando aún eran niñas. Algunas lo hicieron por huir del miedo, la pobreza o un hogar donde la infancia dolía más de lo que protegía. Otras dicen que lo hicieron por amor. Tras ese “sí” temprano muchas veces se esconden historias marcadas por la violencia. Ahora, una ley intenta evitar esas uniones.
Tutela por caso de VBG en la UdeA llega a la Corte Constitucional
La Sala Tercera de Revisión de la Corte estudia una tutela interpuesta por la Colectiva Justicia Mujer. En ella se pide la protección de los derechos de cuatro estudiantes víctimas de violencias basadas en género (VBG) en la Universidad de Antioquia ante la falta de diligencia y enfoque de género por parte de la Procuraduría. La decisión que tome la Corte será decisiva para tratar este caso y otros relacionados con las VBG en los entornos universitarios.
En Medellín toca hacer camino al andar
La posibilidad de caminar habla del nivel de la calidad de vida en los entornos urbanos. Como asegura el movimiento Walk21, fundación que promueve la caminabilidad en las ciudades, esta actividad es un indicador clave de sociedades “con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad”. En agosto de 2024, la escritora argentina Tamara Tenenbaum se declaró “víctima de intentar caminar en una unwalkable city” (ciudad incaminable). Estaba en Medellín y, según contó en X, resultó en una autopista donde un hombre venezolano las auxilió a ella y a su acompañante. Las llevó por un costado y, al despedirse, les aconsejó: “Princesas, al regreso toman un auto; nada de locuras”. Esa publicación desató desde defensas de que sí se puede caminar en Medellín, hasta críticas que señalaban que caminar es un privilegio para unas pocas zonas. También detonó este ejercicio: les propusimos recorridos arbitrarios a cuatro cronistas que debían ir a pie desde un punto a hasta un punto b. La infraestructura, la falta de zonas verdes, la urbanización no planeada, las basuras, el irrespeto a los peatones y hasta el acoso sexual callejero son algunas de las barreras narradas en estas crónicas. Caminar en dos ciudades distintas: de Belén al Centro Por Santiago Bernal Largo | santiago.bernal2@udea.edu.co Ilustración: Melany Peláez Morales Cuando cumplí 19 años decidí celebrar en un bar de Aranjuez. Mientras caminaba hacia el lugar, por la calle 92, la acera estaba tan llena de personas y de mesas que tuve que caminar con el pie izquierdo en la calle, cuando un Renault Clio azul le pasó por encima con la llanta trasera. No tuve ninguna fractura, pero la celebración terminó en urgencias con el pie hinchado, las burlas de mi hermana mientras me llevaba en una silla de ruedas y el miedo a que en cualquier momento otro carro me pase por encima. Dos años después, mientras caminaba por Barrio Triste, recordé aquel episodio. Los talleres de mecánica abarcan las aceras; las motos, los camiones y los montones de repuestos hacen lo mismo en la calle. La alternativa parece ser columpiarse en los andenes y esquivar los carros. Las aceras más despejadas son las de la iglesia, que tienen macetas hechas con neumáticos pintados. En la reja, un letrero dice: “Señor motociclista, por favor dejar esta zona libre para los peatones que ingresan al templo”. A una cuadra hay una glorieta con la escultura de un mecánico y unos cuantos árboles que emulan un parque de barrio; para cruzar hasta ella hay que pasar por una calle sin semáforo en la que circulan carros y motos en todas las direcciones. Decidí hacer lo que hasta ahora me ha servido: esperar a que alguien más tenga que cruzar para pasar junto a esa persona, como si el escenario ideal fuera ser atropellado en grupo. Para salir de Barrio Triste, antes de la avenida del Ferrocarril, es necesario bordear un montón de camiones de carga parqueados en zona prohibida. Mientras caminaba, las aceras parecían estrecharse, había que voltear el cuerpo y bajarse de la acera. Miraba al frente asegurándome de que nadie me fuera a embestir, pero también miraba mis pies, como si tuviera que confirmar que no había nada que los pudiera pisar. Caminar por Belén es otro cuento. Las aceras son anchas y hay muchos árboles. Con excepción del paso de Los Molinos a la 80, caminar por allí es tranquilo, seguro, no pasa nada. Bajando por la 33 hasta el parque de Belén no sentí miedo; una señora cargaba las bolsas del mercado y un par de extranjeros trotaban justo a su lado. Este barrio fue planeado y, como muchos de los barrios obreros de la ciudad, fue construido alrededor de las fábricas para darles vivienda a los trabajadores. Seguí por Laureles, que también fue pensado como un barrio obrero, pero que en cambio empezó a ser habitado por la nueva clase alta de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX. Al igual que en Belén, cuando bajé por la 33 me percaté de los jardines y las aceras que, a diferencia de los de Barrio Triste o Aranjuez, estaban despejados. Poca gente caminaba por ahí un sábado al mediodía. El occidente de Medellín es extraño para mí, esa ciudad planeada tan distinta a aquella donde un Renault Clio pasó encima de mi pie. *** Al subir por Maturín el miedo se convirtió en algo más parecido al sofoco. Esta calle está cubierta por el viaducto del Metro y cientos de vendedores ofrecen ropa, sábanas, cobijas y hasta árboles de navidad. Desde allí caminé hacia las calles más conocidas del centro. En el paso de Tenerife el semáforo estaba apagado y a mi lado caminaba una religiosa de la que yo dependía para seguir cruzando. En cada cruce aguardaba por alguien más para continuar y justo en la carrera Bolívar había una familia de cinco personas que, sin saberlo, me adoptó por unos segundos mientras llegaba hasta el otro lado. Luego estuve en Ayacucho por donde además del Tranvía pasan un montón de motos que orillan a los peatones en unas aceras apretadas. Seguí caminando, pensando que si tocaba la raya verde que limita el espacio de la vía estaría en peligro de ser arrollado. Esa vía también es la entrada al oriente de la ciudad. Por sus alrededores pasan los buses de La Milagrosa, El Salvador, Caicedo y Buenos Aires. También había camiones y camionetas de los campesinos de Santa Elena que bajan todos los días a la Placita de Flórez. Las aceras de la zona de la placita son una combinación entre Belén y Barrio Triste: hay árboles y son espaciosas, pero están llenas de cajas de carga además de las mesas de bares y restaurantes. Caminé dos cuadras más hasta el teatro Pablo Tobón Uribe y de ahí subí hacia el Museo Casa de la Memoria. En el espacio entre ambos hay árboles, algunas esculturas y un monumento a las fuerzas militares. Es como un parque partido por la avenida
Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands
Documentos con falsedades y omisiones fueron presentados ante un juez por la defensa de empresarios bananeros investigados por financiación de paramilitares. Ilustración: Camila Santafé La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol. Un contexto importante para entender el contenido de los informes: La Fiscalía acusó el 17 de septiembre de 2009 a un grupo de 10 empresarios por concierto para delinquir. La entidad señala a los exdirectivos Banacol de haber entregado 7.000 millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de las Convivir. Utilizando el mismo esquema, Chiquita Brands aportó, entre 1997 y 2004, 1.7 millones de dólares al grupo criminal. El ente investigativo pretende probar que esos pagos los hicieron a las cooperativas Convivir de Urabá que, aunque eran cooperativas legales, en esa región fueron controladas y fundadas por los grupos paramilitares. Los empresarios aseguran que desconocían la relación de esas organizaciones con el paramilitarismo. La empresa gerenciada por Yohir Akerman Uno de los documentos presentados por la defensa de los bananeros en el juicio fue elaborado por la empresa Guidepost. El informe está fechado el 13 de julio de 2020 y tiene el rótulo “Privilegiado y confidencial”. VORÁGINE accedió a las 55 páginas de ese archivo. Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y columnista del diario La República. Akerman es el gerente, presidente de la empresa en América Latina y columnista de la revista Cambio. En una entrevista que Otero le dio al diario Portafolio habló del tipo de trabajo que hace la empresa, aunque sin mencionar a sus clientes: “en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”. Akerman y Otero eran socios en la compañía Custom Information Services (CIS), proveedor de investigaciones especializadas, inteligencia y manejo de reputación, según la página web de Guidepost. Esta última adquirió a CIS en 2019, tal como lo reseñó un artículo del diario La República titulado: “Esperamos en tres años estar superando US$10 millones en ingresos”. Akerman, según la página de Guidepost, también ha cumplido el rol de investigador en apoyo a litigios. Otero, por su parte, fue noticia en abril pasado cuando fue presentado por Chiquita Brands como su testigo en el caso que la Justicia de Estados Unidos seguía en contra de la bananera. “Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez, y al exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos excomandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez (Kenneth) Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC”, se lee en una de las noticias que se difundieron. Omisiones convenientes El trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero, según el documento en poder de VORÁGINE, y se centró en sugerir que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares. “El primer indicio que logramos ubicar en el archivo público que muestra que las AUC habían infiltrado las Convivir de forma sistemática, y que usaban su estructura legal como escudo para ocultar sus operaciones, fue publicado el 26 de febrero de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron en su reporte con destino a un juez. Eso contrasta con varios hechos y advertencias previos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) de 1998 que relacionaba hechos de 1997 en Colombia decía en uno de sus apartes: “En 1997 recibimos informaciones creíbles que indicaban que las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”. Los investigadores de Guidepost desestimaron el informe de HRW en un pie de página con la siguiente leyenda: “Por ejemplo, el reporte de Human Rights Watch de 1998 cita reportes del Magdalena medio y el sur del Cesar, áreas cuya presencia paramilitar era conocida, que sugieren las Convivir en ese territorio estaban siendo controlados por los paramilitares. Sin embargo, el reporte no identifica, explícita o implícitamente, a los individuos paramilitares que estaban al frente de las Convivir ni ofrece evidencia que corrobore estos reportes”. Aunque no lo mencione el informe de Guidepost, la presencia paramilitar en Urabá era para aquella época tan conocida como la del Magdalena y el Cesar. Hay más reseñas públicas sobre relaciones entre las Convivir y los paramilitares que aparecieron antes de 1999. Un reporte del diario El Tiempo, que los investigadores de Guidepost ignoraron, indica que un paramilitar que murió perpetrando una masacre en Tocaima (Cundinamarca) era el representante legal de una Convivir de Urabá llamada La Palma. La