La jugada prohibicionista del alcalde
Foto: Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez, alcalde repitente de Medellín, hizo la tarea incompleta con el Decreto 0007 de 2024, que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en algunos lugares del espacio público. Y no porque sea un estudiante desaplicado, sino porque usó a favor de su postura prohibicionista las disposiciones legales nacionales sobre el consumo. En lugar de proporcionar pautas claras y equitativas, sus medidas restringen y vulneran los derechos de los usuarios de drogas. La «jugada» de Gutiérrez tiene varios antecedentes cercanos. En 2019, el Congreso de la República introdujo al Código de Policía los numerales 13 y 14 al artículo 140. Estos establecían sanciones a quienes portaran y consumieran sustancias psicoactivas en el espacio público. Según la Policía Nacional, en el primer semestre del 2023 se impusieron más de 122 mil comparendos por esta causa, los cuales representan el 16 % del total y revelan una persecución intencionada hacia las personas que hacen uso de las drogas. Sergio Pérez, investigador de la organización Dejusticia, señaló en un análisis para ese centro de estudios que se trata de una «criminalización administrativa mediante restricciones policiales» y una «falsa solución a los problemas de seguridad». La Corte Constitucional se manifestó frente a esto con la Sentencia C-127 de 2023. En esta estableció que esas normas significaban una restricción absoluta que vulneraba los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de los consumidores, con lo cual le ordenó al Gobierno nacional expedir un protocolo de aplicación, que fue publicado en enero de este año por el Ministerio de Justicia y del Derecho. El documento brinda a las autoridades territoriales las pautas para regular la prohibición del consumo de drogas y sus competencias legales dentro de la autonomía de sus territorios. También establece unas directrices generales, entre las cuales incluye aplicar el principio de no discriminación frente a las personas consumidoras. El Decreto 0007 de 2024 de la Alcaldía de Medellín, promulgado el 17 de enero, especifica que no se podrá consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva en los 100 metros del perímetro alrededor de colegios y universidades, parques o plazas, centros deportivos y lugares de eventos públicos y privados. Además, establece multas de hasta 1.300.000 pesos a quienes incumplan las normas establecidas en el decreto. Por obvias razones, esto afecta de manera más significativa a las personas con bajos ingresos económicos. Federico Gutiérrez no puede tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución. Por lo tanto, y por más que lo desee, no puede prohibir completamente el consumo. En cambio, sí puede establecer en qué lugares no se puede hacer uso de sustancias psicoactivas, pero también debe garantizar que las personas que las usan puedan ejercer sus derechos libremente y sin temor a la persecución policial. Esa fue la parte que le quedó faltando. Cuando una persona trata de encontrar en qué parte del decreto se especifican los lugares en los que sí podrá hacer uso de sustancias psicoactivas, esto no aparece. No se le indica en qué espacios serán respetados sus derechos. Entonces, los usuarios de estas sustancias son sometidos a entornos que pueden atentar contra su integridad, contra toda evidencia y recomendación de asumir las drogas como un asunto de salud pública y con políticas de mitigación del riesgo. Este vacío sería menos difuso si el país abandonara su política prohibicionista, pero en diciembre de 2023 volvió a hundirse el proyecto que buscaba regular, por lo menos, el cannabis para uso adulto. El decreto de Gutiérrez termina por estigmatizar al consumidor y favorece que se le trate como un delincuente, o sea discriminado, a pesar de que la Corte es clara en defender sus derechos. Si bien se sustenta en una supuesta protección de los menores, en determinados horarios no suele haber niños en ciertos lugares y eso tampoco se tiene en cuenta a la hora de vetar el consumo en espacios públicos. A pesar de que todo el tiempo aparecen políticas prohibicionistas, como las del alcalde Federico Gutiérrez, los datos indican que las personas no están dejando de consumir y por lo tanto estas medidas son un fracaso absoluto. Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas publicado en 2023 por el Observatorio de Drogas de Colombia, la demanda de sustancias ilícitas se incrementó del 5.1 % al 8.7 % entre 1996 y 2019. Además de ser una medida ineficaz frente al consumo, el decreto del alcalde es tan poco específico que quedan abiertos a la interpretación del agente de Policía que imponga el comparendo asuntos como qué se entiende por eventos públicos y privados. En lugar de apostar por medidas prohibicionistas, se deben explorar enfoques que respeten los derechos individuales y proporcionen una regulación clara, como también espacios seguros para el ejercicio responsable de estos derechos. Un ejemplo exitoso es Portugal, que desde 1999 implementó programas para afrontar la situación como un problema de salud pública y ahora, según las cifras que ha recopilado la Agencia Piaget, tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas en la Unión Europea: tres por cada millón de habitantes, cinco veces menos que el promedio de Europa. En lugar de mejorar la convivencia ciudadana de manera justa y respetar los derechos que la misma Corte Constitucional ha reafirmado en ocasiones anteriores, el decreto de la Alcaldía de Gutiérrez podría convertirse en un multiplicador de conflictos en y por el espacio público. Por eso es fundamental que la Alcaldía reconsidere su enfoque y haga la tarea completa.
Nuevo mapa político de Antioquia: más coaliciones y más alcaldesas
Con el 99,97% de las mesas informadas (15.837 de 15.841) por parte de la Registraduría, el mapa político del departamento para los próximos cuatro años ya está definido. ¿Qué tanto cambió con respecto a 2019? Foto: Colprensa. Este es el panorama en los 125 municipios de Antioquia: en 80, las alcaldías quedaron en manos de coaliciones, es decir, alianzas entre dos o más agrupaciones políticas para llegar al poder y tomar decisiones en el gobierno de turno. Esta figura no es nueva en Colombia, pero se formalizó en la Constitución de 1991. En 39 municipios ganaron partidos o movimientos políticos con personería jurídica; y en seis ganaron candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral define a estos grupos como figuras temporales que permite “postular listas y candidatos a una determinada contienda electoral”. El Valle de Aburrá: el corazón electoral del departamento En los 10 municipios del Valle de Aburrá se registraron 1’639.774 votos. Esto significa que de todos los votos de Antioquia, el 56,07% se concentra en esta subregión. En Medellín, Federico Gutiérrez, quien obtuvo 689.519, arrasó con el partido Creemos (en 2015 ganó la Alcaldía con 246.221 votos). Esta mismo partido logró la alcaldía de Copacabana con Jonathan Pineda. En La Estrella, el grupo significativo “Una Estrella para todos” ganó con la candidata Liliana Ramírez, prima de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. De acuerdo con los resultados de preconteo, le ganó al candidato Carlos Ramírez por 10 votos. En los siete municipios restantes del Valle de Aburrá, los ganadores fueron candidatos avalados por coaliciones. Gráfica: Walter Arias Hidalgo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En todo el departamento habían 5’246.344 personas registradas para votar en las Territoriales del 2023. Es decir, de cada cien votantes registrados en el país 13 eran de Antioquia. Este departamento solo es superado por Bogotá en potencial electoral. Creemos, el partido de Fico, obtuvo 751.495 votos para sus diferentes candidatos a las alcaldías en Antioquia, la votación más alta para una agrupación política en el departamento y una de las más altas en Colombia. Sin embargo, estos resultados solo se reflejan en tres municipios donde ganaron los candidatos: Medellín y Copacabana (Valle de Aburrá) y Entrerríos (Norte). Antioquia ha sido un bastión del partido Centro Democrático. Sin embargo, este partido solo ganó en tres municipios: Andes, Donmatías y San Rafael. A pesar de esto, el partido de Álvaro Uribe se quedó con la Gobernación de Antioquia. Es la primera vez que lo consigue. El tradicional Partido Conservador logró 10 alcaldías. Es el partido político, en solitario, que más municipios conquistó. Le siguen el Partido de la U, Alianza Verde y el Partido Liberal. Cada uno logró cuatro. El auge de las coaliciones Las coaliciones se quedaron con 80 alcaldías, el 64%. Esto significa que hubo un incremento del 43% con respecto a 2019, cuando esos grupos ganaron en 56 municipios. Las subregiones donde más vencieron estos pactos fueron Oriente y Suroeste. Cada una con 18 alcaldías. Las coaliciones dificultan el análisis sobre cuál es la postura de un/a mandatario/a municipal frente al Gobierno Nacional. Por ejemplo, en el municipio de Abejorral (Oriente) el candidato ganador fue Manuel Alberto Guzmán de la coalición Unidos Volvemos a Creer. Esta coalición está conformada por el Partido Liberal Colombiano, alineado con el gobierno; el Partido Conservador Colombiano, en independencia y el Partido Cambio Radical que está en oposición. Más alcaldesas A partir de 2024 habrá un 120% más de mandatarias en Antioquia. Fueron 22 las mujeres que se quedaron con las riendas de sus municipios, la mayoría en las subregiones de Oriente y Occidente. En 2019 ganaron 10, cinco menos que en las elecciones de 2015. El aumento de alcaldesas y de coaliciones, y la disminución de partidos o movimiento políticos con personería, y de grupos significativos de ciudadanos, son algunos de los datos que configuraron el nuevo mapa político de Antioquia, al menos en lo que tiene que ver con quienes estarán a la cabeza de las administraciones municipales. Finalizado el preconteo de votos inicia el proceso de escrutinio, el cuál dará de manera oficial el nombre de cada alcalde y alcaldesa de los municipios. Este proceso puede tardar días y en algunos casos puede arrojar que el margen de error del preconteo dio por ganador a un candidato diferente al que pueda quedar en el escrutinio. En La Estrella, por ejemplo, la diferencia entre un candidato y otro es de solo 10 votos y puede que con el escrutinio el candidato ganador sea diferente al que dio el preconteo. En todo caso, en los próximos días se confirmará definitivamente el nuevo mapa político de Antioquia que estará vigente por los siguientes cuatro años. Gráfica: Walter Arias Hidalgo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los riesgos del zorro perro, un habitante cada vez más visible en Medellín
Esta especie ha sido avistada en sitios como la UdeA y la Plaza Botero. El crecimiento de la ciudad la está empujando hacia las zonas urbanas, lo que representa peligros para su adaptación y supervivencia. Ilustración: Sara Uribe de los Ríos. En redes sociales se viralizaron videos donde un zorro perro camina con rapidez por los pasillos de la Plaza Barrientos de la Universidad de Antioquia. Mientras se acerca a los parches de vegetación alrededor del bloque 10, empieza a andar con cautela como si hubiera fijado sus sentidos en algo. Ese algo es alimento, una de las razones de su paso por Medellín, según Sara Muñoz, veterinaria y fundadora del Proyecto Zorro. En julio fue visto, también, en la Plaza Botero y el Aeroparque Juan Pablo Segundo. El Cerdocyon thous, zorro perruno o zorro cangrejero es un mamífero silvestre que habita las zonas rurales de los diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buitres UdeA (@buitresudea) Juana Alzate, estudiante de Periodismo de la UdeA, fue una de las personas que vio al zorro perro caminando por la Universidad. Dice haberlo visto por zonas solitarias de Ciudad Universitaria entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. “Lo vimos desde la distancia y se fue muy tranquilo, como si fuera ya costumbre convivir con los humanos”, dijo Alzate. Según la veterinaria Muñoz, al ser animales omnívoros, los zorros perrunos tienen una gran gama de alimentos que les facilitan la adaptación a ambientes urbanos, semiurbanos y rurales. Aunque su presencia se esté volviendo más común, Muñoz afirma que esta población siempre ha estado en los alrededores de las zonas urbanas: “Por la expansión humana hemos estado más en contacto con los animales de fauna silvestre de la laderas y zonas más arborizadas”. Nathalia Villada, veterinaria y ambientalista, describe la situación de estos caninos como un “reingreso” a la ciudad, que en un principio fue su hábitat y de la cual fueron desplazados por la urbanización. Dice que, pese a que es normal este tránsito a las zonas urbanas, es importante “analizar las causas de esas migraciones, si hacen parte de algún ciclo biológico, o si es la presión que estamos ejerciendo en otras zonas prístinas”. Según datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá sobre el ingreso de zorros perros heridos al Centro de Veterinaria y Zootecnia de la universidad CES (con quienes trabajan en convenio), la mayor parte de los caninos contabilizados hasta agosto del 2023 provenían de Medellín (8), seguido de Girardota (2) e Itagüí (2). Los zorros perrunos que son contabilizados son solo aquellos que fueron rescatados de situaciones de riesgo a lo largo del 2023. Imagen de registro del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área metropolitana del Valle de Aburrá. Si son tan adaptables, ¿qué riesgos tienen? Luz Rodríguez, líder de proyectos de biodiversidad de la universidad CES, cuenta que además de los atropellamientos a los que son vulnerables por cruzar vías con vehículos en movimiento, los zorros perros también pueden sufrir intoxicación por la ingesta de desechos sólidos y contagiarse de enfermedades que en su hábitat natural no tendrían por qué tener. Y, según Sara Muñoz, algunas de las enfermedades más mortales para estos, como el parvovirus y el moquillo, son trasmitidas por animales domésticos no vacunados. A esto se suma el maltrato que, en general, reciben las especies silvestres más pequeñas (incluyendo a los zorros, que miden cerca de 65 centímetros) por parte de otros animales domésticos, como los perros. “Se ha reportado la muerte de zorros por este tipo de perros que los atacan en gavilla”, dice Muñoz. Ella asegura que en ese encuentro es mayor el impacto negativo para los zorros que para las mascotas. Muñoz afirma que “el desafío del zorro es sobrevivir”, y agrega que la alimentación es una de sus limitantes dentro de la ciudad. Al consumir comida de humanos, no tienen la necesidad de cazar y controlar animales que son propensos a convertirse en plagas, como roedores e insectos. De esta manera no solo se altera su nutrición sino también su comportamiento. Nathalia Villada agrega que la contaminación visual y auditiva que genera la ciudad también representa una alteración para la vida de estos animales: “algunos ciclos circadianos están dados por la luz y esto puede desorientar a algunas especies”. Esos impactos pueden llegar a afectar incluso la capacidad reproductiva de los zorros perrunos. ¡Maravilloso avistamiento en el Aeroparque Juan Pablo ll!🤩 ¿Te has preguntado cuál es la relación de la biodiversidad silvestre con los entornos urbanos🏡?, te contamos la historia de un zorro perro (𝘾𝙚𝙧𝙙𝙤𝙘𝙮𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙨) que se pasea por el Aeroparque Juan Pablo ll. pic.twitter.com/9tqwBtA2ih — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) August 2, 2023 Fauna silvestre en la ciudad El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hace seguimientos a los movimientos de esta especie en la ciudad. Se les ha empezado a caracterizar como fauna urbana, que según Luz Rodríguez, “son animales que se adaptan a los entornos urbanos, que logran encontrar refugio, reproducción y alimento”. Por otra parte, Sara Muñoz los clasifica como fauna sinantrópica, que es el conjunto de animales que usan los recursos de zonas habitadas por el hombre, ya sea de forma temporal o permanente. Por su parte, Nathalia Villada afirma que es importante hacer una diferenciación y no generalizar, pese a que algunas poblaciones han logrado adaptarse y sobrevivir, no toda la especie de zorros perrunos habita la urbanidad. Aun si los videos que han estado circulando por las redes muestran solo a Medellín, en realidad el desplazamiento que se ha evidenciado es general en el país, según explica Sara, y en específico en algunas regiones donde esta especie habita. Su presencia se extiende por las zonas Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquía. El zorro perruno se encuentra en las regiones Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquia. Imagen extraída de “El Manual: Contemplar, comprender y conservar” repositorio de Colombia Travel. Los zorros perros no son los únicos en desplazarse
De refugio a elefante blanco: Santo Domingo espera la reapertura de la Biblioteca España
En abril la Alcaldía anunció que la recuperación de la biblioteca avanza en un 61%. Esto fue lo que perdieron las comunidades del nororiente de Medellín con el cierre de su parque biblioteca. Foto: Santiago Bernal Largo. En marzo de 2007 el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, inauguró el parque Biblioteca España en el barrio Santo Domingo Savio. Antes del acto oficial, en el que estuvieron el presidente Álvaro Uribe Vélez y los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Fajardo, en un encuentro con la comunidad de la zona dijo que todo lo que sucedía en ese sector era “construcción de desarrollo”. Dijo también que no había “una sola dificultad que no seamos capaces de superar”. Ocho años después, en 2015, el parque biblioteca cerró sus puertas por fallas en su fachada y su estructura. Se convirtió en un elefante blanco en medio de la ladera nororiental de Medellín y siguió así por cuatro años más. En 2020 el alcalde Daniel Quintero decidió ponerla en el foco de atención y desde entonces pasaron dos años hasta que en enero de 2022 comenzaron los trabajos para su recuperación. El 25 de abril de 2023 Quintero anunció que el avance del proyecto de reconstrucción iba en un 61% y, de acuerdo con Luisa Gómez, secretaria de Infraestructura: “Las fachadas para las cajas 1 y 2 estarían listas para finales de julio”. El proyecto original estaba conformado por tres cajas; edificios independientes en los que se distribuía la biblioteca, un espacio para niños y un auditorio. En 2013 esos módulos empezaron a mostrar fallas en sus fachadas: presentaban filtraciones de humedad, que provocaban grietas y desprendimientos de material. Tras el cierre, las fachadas de las cajas 1 y 2 fueron removidas; mientras que en la caja 3 fue necesario el desmonte total de la estructura. Por esa razón, el proceso de recuperación del Parque Biblioteca implica la reconstrucción de la fachada de los dos primeros edificios y la construcción total del tercero. Foto: Santiago Bernal Largo. La inversión en ese proyecto, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, es de $30.800 millones. El contratista al que le fueron adjudicadas las obras es IDC Inversiones, que fue el único proponente en el proceso de licitación y es cuestionado por los millonarios contratos que recibió durante la gobernación de Luis Pérez. El refugio que se perdió Maryul Sánchez vive desde 2005 en el barrio San Pablo de la comuna 1 y es representante comunitaria de los adultos mayores de esa zona. Ella ha participado de varios procesos relacionados con la biblioteca , desde su cierre hasta que comenzó la reconstrucción: “Es más difícil arreglar algo mal hecho que construir desde cero”, dice. Durante los años en que funcionó la biblioteca fue un espacio esencial en Santo Domingo, recuerda Maryul. Según ella fue el refugio que permitió que decenas de jóvenes pudieran acceder a ambientes de ocio y esparcimiento. El valor que ella y otros vecinos le daban a ese espacio lo demuestra una frase que pronunció el 30 de marzo, en una reunión informativa para socializar los avances de la reconstrucción. Pocos días antes hubo un temblor de tierra que se sintió fuerte en el barrio: “Es que cuando sentí ese temblor ni siquiera me preocupé por mi casa, en lo primero en que pensé fue en la biblioteca”. Y es que refugio, como dice Maryul, es la palabra que utilizan muchos habitantes de la zona para referirse a la biblioteca. Johny Bolívar, conocido como “Luthor”, es un bailarín de break dance desde hace 15 años y participa como guía en proyectos de turismo comunitario en la comuna 1. Fue usuario de la biblioteca desde que fue abierta en 2007 y solía frecuentar sus espacios diariamente, a pesar de vivir a unos 40 minutos. Foto: Santiago Bernal Largo. Luthor caminaba hasta este lugar para acceder a las salas de internet y, según dice, el proyecto ayudó a romper las fronteras invisibles en la zona, ya que cientos de personas se movilizaban todos los días por el sector . Los combos tuvieron que aceptar ese movimiento de personas desconocidas que llegaban a Santo Domingo para visitar la biblioteca. El impacto también quedaba demostrado con la llegada de turistas, la valorización de predios y los pequeños emprendimientos que surgieron alrededor. “Tras el cierre de la biblioteca muchas familias que tenían pequeños negocios se vieron afectadas, ya que los turistas dejaban de llegar. Por ejemplo, la señora que tenía el puesto de fritos o el puesto de obleas dejó de recibir ingresos y se vio obligada a irse a otra parte, porque simplemente ya no podía vender”, cuenta Luthor. Además, varios procesos culturales y formativos que tenían como sede la biblioteca se vieron interrumpidos. Muchos jóvenes de Santo Domingo y los barrios vecinos perdieron el refugio que habitaron durante ocho años. La biblioteca itinerante Marcial Aguirre es, desde 2013, gestor de fomento de lectura del Parque Biblioteca España. Él y su equipo de trabajo estuvieron allí los últimos dos años, antes de que la biblioteca cerrara. Describe ese periodo como uno de tránsito por cuenta de todo lo que estaba pasando con la estructura. Tras el cierre, todo el material que era resguardado en este espacio fue repartido en diversas bibliotecas de la ciudad. Pero esto no fue impedimento para seguir con los proyectos culturales y formativos. Así nació la biblioteca itinerante que permitió darle continuidad a varios procesos en el territorio. De esa forma, dice Marcial, se mantuvo vivo el arraigo de la comunidad hacia la biblioteca. Esa itinerancia logró un acercamiento que tal vez no habría sido posible sin el cierre de la biblioteca y, por esa razón, Marcial dice que está previsto que esa iniciativa de sacar los proyectos del edificio continúe una vez sea reinaugurado. Aún así, él, Maryul, Luthor y muchos vecinos esperan que la comunidad converja de nuevo en el espacio físico de una biblioteca que, más que cualquier obra pública, representa la reconciliación de este territorio consigo
Editorial: “Ya, por favor, no más”
El 11 de noviembre, dos o tres semanas después de que este periódico llegue a las manos de sus lectores, se cumplirán dos años desde el domingo de 2018 en que un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá disparó contra Gonzalo Adolfo Montoya Porras. El joven, de 21 años, iba en una moto pequeña, llevaba un morral con libros, no atendió una orden de pare en un retén. Los policías lo persiguieron y lo detuvieron a tiros. Quizá la imagen es cada vez menos nítida, pero esa tarde en que Gonzalo murió por los disparos de un arma al servicio del Estado alguien grabó un video: se ve el cuerpo del joven muerto en la calle detrás de un centro comercial de Envigado. A su lado, varios papeles regados junto a su morral abierto. Muy cerca está su moto, que no alcanza la cuarta parte del cilindraje de la que usaban sus perseguidores. En el video una mujer grita, advierte que los policías intentan alterar la escena, les exige no tocar las pertenencias del joven al que acaban de asesinar. Grita de nuevo: «¡No sirven para nada, cómo así que matarlo, descarados!». Ya son casi dos años desde esa tarde en que Gonzalo, que validaba su bachillerato, fue convertido por un par de medios en «presunto fletero». Por cuenta de la combinación de esas dos palabras, se convirtió también en «buen muerto» y, por el paso del tiempo, en una estadística, en un caso aislado, en apenas un error. Tal vez una imagen más nítida hoy es la de Javier Ordóñez, reducido en el suelo por dos policías en la calle de un barrio de la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá. También hay un video: a Ordóñez, un estudiante de Derecho de 42 años, los policías lo golpean, le aplican varias descargas de taser, presionan su cuerpo contra la calle con sus rodillas. En el forcejeo se escuchan sus súplicas: «Ya, por favor, no más». Finalmente lo esposan y se lo llevan en una patrulla hasta el CAI del Barrio Villa Luz. Lo que ocurrió allí adentro esa noche «es materia de investigación»; lugar común. Lo cierto es que unas horas después, Ordóñez llegó sin signos vitales a una clínica cercana. Según el informe de la necropsia, su hígado estaba destrozado. Lo asesinaron los golpes de un grupo de servidores públicos que portaban los uniformes y las armas de dotación del Estado. Al día siguiente, Bogotá «vivió una jornada de caos»; otro lugar común. Cientos de personas protestaron contra la Policía y esa noche, mientras la gente tiraba piedras y le prendía fuego a varios CAI, de nuevo las armas del Estado se accionaron contra sus ciudadanos. En medio de las protestas, nueve personas murieron a tiros. Y de nuevo hay un video, o decenas de videos. Y en ellos está la imagen, también nítida, de los hombres que disparan, de los jóvenes que caen muertos, «al parecer», por los disparos de la policía. Esa noche Colombia vivió una masacre. Para usar un eufemismo de este Gobierno: «un asesinato colectivo». Las marchas se multiplicaron en varias ciudades. Hubo vidrios quebrados; un par de estatuas caídas; policías y manifestantes heridos; declaraciones airadas de personalidades políticas condenando la violencia; dos policías capturados por el asesinato de Javier Ordóñez; una petición de perdón de un ministro, camuflada en un giro discursivo, «por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución»; luego, una orden judicial para que ese ministro, ahora sí, presentara «disculpas por los excesos de la fuerza pública», no solo por el caso de Ordóñez sino por todos los ocurridos desde noviembre de 2019; después un nuevo giro discursivo del ministro para esquivar esa orden y «reiterar» que el «perdón» ya estaba pedido. Ahora, unas pocas semanas después, hay calma. Queda una sensación de silencio y de olvido. Ya son casi dos años desde que los disparos de un policía mataron a Gonzalo. También, muy pronto, será un año desde que otro policía mató a Dilan Cruz con la munición de un arma «no letal» durante una protesta del Paro Nacional el 23 de noviembre de 2019. Ya son casi cinco meses desde que los golpes de la Policía mataron también a Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca. Era de noche y Anderson estaba en la calle, violaba la cuarentena, vio una patrulla, decidió correr hasta su casa, alcanzó a tocar la puerta, hubo un forcejeo. Los policías lo golpearon en la cabeza con sus bolillos. Murió horas después en una clínica de Cali. Cuando este periódico llegue a manos de sus lectores, se habrá cumplido ya un mes desde que la Policía mató a golpes a Javier Ordóñez y, al día siguiente, sus hombres dispararon contra las personas que protestaban por su asesinato. Esta edición debería ser una celebración, pero es más un imperativo ético. O puede ser ambas cosas. La edición 100 de De la Urbe es la celebración de la vida a través del periodismo, es un reconocimiento a lo que ha pasado en estos 21 años; es un agradecimiento a muchas personas que en este tiempo le han abierto camino a un proyecto que, creemos, ratifica la premisa de que hacer periodismo desde la universidad pública no es una excusa sino un privilegio. Esa historia no admite menos que un compromiso claro con la idea de que el periodismo debe estar al servicio de la gente. Y este momento sí que lo exige, porque la indignación no basta. Ante las realidades complejas que enfrentamos, no queda otra opción que convertir la súplica en exigencia: «Ya, por favor, no más». Esa frase también nos llama a la autocrítica y nos lleva a preguntarnos por qué ante nuestros ojos la muerte y la injusticia se han vuelto paisaje. Por qué, a veces, la consigna le ha robado espacio al periodismo. Por qué, a veces, hemos mirado a otro lado y
Editorial: La edición de la incertidumbre
Decimos incertidumbre como decimos costumbre. Somos la generación del tapabocas, la del futuro inasible, la que se pregunta por un nuevo mundo, porque el de ahora, de a poco, está dejando de ser. En De la Urbe ondeamos una bandera roja mientras nos fijamos en una panorámica de Medellín. Ilustración de portada: Sara Ortega.
Edición 79. Julio 2016
Edición 78. Mayo 2016
Edición 77. Abril 2016
Edición 76. Diciembre 2015
