Durante las protestas que empezaron el 28 de abril del año pasado y se alargaron varios meses, colectivos de graffiteros unieron fuerzas para llenar los muros de la ciudad con mensajes relacionados con el paro. Algunos todavía persisten, otros han sido borrados. En este recorrido reconstruimos esas semanas de manifestaciones.
Editorial edición 102
El Gobierno del presidente Iván Duque suele pasar muy rápido de la grandilocuencia a la frivolidad. En febrero de 2019, el presidente advirtió que el fin del Gobierno de Nicolás Maduro era inminente. Luego, comparó un acto proselitista de apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, realizado en la frontera, con la caída del Muro de Berlín.
El fallido presagio y la comparación desmesurada fueron consecuencia de la política exterior hiperideologizada del Gobierno colombiano frente a Venezuela. Una política exterior basada en la denuncia de la deriva autoritaria del régimen chavista, la formación de alianzas regionales para ejercer presión política sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, como el Grupo de Lima, y el apoyo irrestricto a las facciones más radicales de la oposición venezolana.
En paralelo, el Gobierno de Iván Duque ha intentado construir para Colombia la imagen de ser un bastión de los valores democráticos y liberales de la región: una base central para que la diáspora venezolana, beneficiada con una política migratoria tolerante y garantista, recupere su libertad. Sin embargo, la errática respuesta del Gobierno a las movilizaciones sociales más grandes de la historia reciente del país desdibujaron esa imagen y socavaron la posición internacional de Colombia.
El Gobierno de Iván Duque no ha terminado de digerir las múltiples voces de alerta de la comunidad internacional sobre la violación a los derechos humanos durante las protestas. Desde la Unión Europea hasta el Gobierno demócrata de los Estados Unidos. El último episodio de su desafío a los cuestionamientos internacionales fue la respuesta a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente caricaturizó las 41 recomendaciones de la CIDH como una invitación a tolerar el crimen y el vandalismo. Duque criticó con dureza dos recomendaciones centrales del organismo internacional: evitar la criminalización de los bloqueos como forma de protesta y aumentar el carácter civil de la Policía Nacional. La airada respuesta presidencial fue precedida por una serie de dilaciones injustificadas que retrasaron el permiso del Gobierno para la visita de la CIDH y por el despliegue de una estrategia de comunicación, dirigida hacia el exterior, que ubicaba a las protestas masivas en contra de su Gobierno como parte de un complot para desestabilizar a la democracia colombiana.
En una reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que los hechos de vandalismo registrados durante las protestas son parte de “un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada, financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”. La declaración de la jefe de la diplomacia colombiana fue la respuesta a los cuestionamientos de múltiples delegaciones por las muertes ocasionadas durante las protestas y los excesos de las fuerzas de seguridad.
La tesis del Gobierno sobre las protestas no ha tenido los efectos esperados por los altos estrategas de comunicación de la Casa de Nariño. El amplio cubrimiento de la prensa internacional y los informes de prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han mantenido al Gobierno en una incómoda posición defensiva. La cuestionada reacción del Gobierno coincide, además, con una amplia preocupación por el deterioro de los derechos políticos y las libertades públicas en la región, dramáticamente retratado en los recientes acontecimientos de Nicaragua y Cuba.
El contraste es muy significativo. En 2020, el Gobierno de Iván Duque fue el principal aliado de la CIDH para realizar una visita a Venezuela, rechazada por las autoridades de este país. Hoy el Gobierno obstaculiza el trabajo de la CIDH en Colombia y banaliza sus recomendaciones. El resultado: un Gobierno ensimismado y con un margen estrecho para influir en la estabilización política de la región.
El peor efecto de la deteriorada posición internacional de Colombia es la incapacidad del Gobierno para influir sobre el nuevo tablero político de Venezuela, abocado a un nuevo calendario de elecciones. La estabilidad política de Venezuela es un asunto de seguridad nacional para el Estado colombiano. La enorme frontera que compartimos está a merced de un régimen autoritario permisivo con los grupos armados que controlan la potente economía ilegal de la región. La errática respuesta del Gobierno frente a las denuncias sobre la violación de los derechos humanos durante las protestas ha deteriorado el halo de libertad y democracia construido para impulsar la transición democrática en Venezuela. Un fracaso redondo de la política exterior colombiana.
Los músicos otra vez servimos de comodín. Por eso el concierto del 5 de mayo no le estorbó a nadie. Ese día alrededor de 150 músicos conformaron una orquesta improvisada y se reunieron en el parque de la Resistencia. Los dirigía la estudiante de Música, Susana Boreal. El video que se hizo viral rodó a principios de mayo entre chats académicos y familiares como ejemplo de protesta: después de varias jornadas de violencia, el concierto y su directora representaban la forma “correcta” de manifestarse.
El nombre de Susana Boreal es Susana Gómez Castaño, tiene 27 años y es estudiante de Música con énfasis en Dirección Orquestal en la Universidad de Antioquia. Después de ese día varios medios de comunicación romantizaron la acción de los músicos y volcaron la atención del movimiento social sobre una única figura. El 6 de mayo, la Agencia EFE publicó una nota titulada “El arte suaviza el rostro de las protestas en Colombia y propone reflexión”. El 7 de mayo, Noticias Caracol se refrió al concierto como una protesta “realmente social”. Gómez, ya convertida en celebridad, fue portada de la edición de julio de la Revista Credencial: “¿Cómo es la generación de la paisa que se viralizó como símbolo de la protesta pacífica?”, decía la revista.
Esta lógica enaltecedora fue la misma de varias instituciones del Estado que aprovecharon su figura para promover sus propias apuestas e interpretaciones sobre las protestas. “Hoy la música nos une para hacerle un homenaje a la paz. Decenas de músicos del área metropolitana tocaron por primera vez, unidos en un mensaje, para rechazar la violencia durante el #ParoNacional5M”, escribió la Alcaldía de Medellín en una publicación en Facebook el mismo 5 de mayo. Cinco días después, el Proceso Social de Garantías presentó un informe que contabilizaba 1081 agresiones contra manifestantes durante el paro nacional en Antioquia.
¿Los músicos que se reunieron ese día querían hacerle un homenaje a la paz?, ¿rechazaban la violencia en el paro? No. O por lo menos no fue ese el motivo de la convocatoria. La intención del concierto era que los músicos académicos volviéramos a habitar la ciudad con nuestros instrumentos y participáramos de la movilización como conjunto. Un intento por reunir un gremio fragmentado y con poca participación en los espacios de protesta.
El nombre de la convocatoria para ese día fue: “La música es un mensaje poderoso”. ¿Pero cuál era el mensaje? Sectores de los medios, la institucionalidad, el movimiento social y la ciudadanía se valieron de esa falta de claridad para darles sus propias interpretaciones y utilizarlo para beneficiar sus intereses.
Toda esta situación expuso una problemática que viene desde movilizaciones anteriores: los músicos académicos no hemos tenido una función más allá de la amenización y el acompañamiento de las protestas. Como gremio hemos sido excluidos –o nosotros mismos nos hemos excluido– de los escenarios de deliberación del movimiento social y se han ignorado nuestras exigencias particulares.
Hemos participado de acciones de manera aislada y sin asumir su trasfondo político. Al estar en un lugar cómodo que nos endiosa como si fuéramos una brújula moral, nos integramos fácilmente a los juegos políticos de otros. No incomodamos porque seguimos siendo fichas, no jugadores. Condicionar nuestro arte como una apuesta únicamente estética y no política es lo que permite que se nos instrumentalice. A pesar de los esfuerzos por conformar espacios de construcción colectiva como las asambleas populares de músicos del Valle de Aburrá que se organizan desde junio de este año, los espacios de representación están cooptados por individualidades.
Los músicos debemos sobrevivir con poco presupuesto estatal y en condiciones laborales precarias que empeoraron con la pandemia. Ante eso tenemos pendiente desligarnos de la tradición que ubica la música académica al lado de los gobiernos y rechazar las acciones que hacen que las protestas tengan más tintes de premios Grammy que de movimiento social.
Mientras se nos siga utilizando como ejecutores de instrumentos y como medio para llegar a los fines de otros no ganaremos nada. Citando a Cepeda Samudio: “Hemos sido criados como instrumentos pero estamos vivos; somos humanos; el odio no nos ha secado la piel”.
Se agrupan y levantan sus escudos de madera o lata. Lanzan piedras y bombas molotov y reciben disparos, gases y chorros de agua cuando están en las marchas. También tienen días tranquilos: duermen y cocinan juntos. Guasón y Solecito hacen parte de la Línea de Aburrá, un grupo de jóvenes que respalda desde hace tres meses las marchas del Paro Nacional en Medellín. Los une la indignación, la precariedad y la violencia con la que crecieron.
Mientras miles de personas protestan pacíficamente en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril, manifestantes han denunciado las agresiones que han sufrido por parte de miembros de la Policía Nacional. Estos hechos de violencia policial se están volviendo sistemáticos en las manifestaciones ciudadanas y esto ha llevado a plantear la necesidad de una reforma sustancial a la fuerza pública.
El alcalde de Medellín cuestionó el tratamiento que le dio su antecesor a las protestas del paro nacional en 2019, pero sus declaraciones y el uso de fuerza indiscriminada contra las personas que participan en las movilizaciones contradice su discurso de respeto por la protesta social.
La contingencia de la covid-19 hizo que las formas de protesta se adaptaran a las nuevas circunstancias y escalaran a otros medios. En Colombia, por ejemplo, hubo alrededor de 350 tuiteratones en cinco meses. ¿Cómo funcionan y cuáles son los alcances reales de las protestas digitales en el país?