Foto: Camilo Rojas

En la última semana, el país ha sido testigo de múltiples manifestaciones en contra de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional. Mientras miles de personas protestan pacíficamente, manifestantes han denunciado las agresiones que han sufrido por parte de miembros de la Policía Nacional.

Estos hechos en contra de la población civil han dejado en evidencia la brutalidad policial, la violación a los derechos humanos y el incumplimiento de normas, tratados y protocolos de seguridad.

“Por 8 días consecutivos, y a pesar de la violencia con la que el Estado ha reprimido las protestas sociales, la ciudadanía ha salido masivamente a manifestarse y a reclamar sus derechos en las calles. A medida que se recrudece la violencia por parte del Estado, crece la indignación ciudadana y se aumentan nuestros registros de violencia policial”, afirma la ONG Temblores en un comunicado del 6 de mayo de 2021.

De acuerdo con Amnistía Internacional, “el término “brutalidad policial” se usa en ocasiones para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de agente de represión de disturbios en manifestaciones”.
La brutalidad policial también puede ser definida como el uso excesivo de la fuerza, entendida como “toda acción realizada por la policía que afecta de manera física, psicológica o simbólicamente a un ciudadano; acciones orientadas a reprimir o afectar cualquier acción ciudadana en reivindicación de derechos”, expresa Johan Londoño, politólogo de la Universidad de Antioquia.

Para José Miguel Cruz, en su texto Maltrato Policial en América Latina, “el abuso policial es más frecuente en contra de ciertos sectores de la población”. Entre ellos, los jóvenes y los opositores políticos.

“El comportamiento policial está todavía motivado por posiciones ideológicas en América Latina, mucho tiempo después que los tiempos de regímenes militares de derecha pasaron de moda”, comenta Cruz.

Sin embargo, ya no son sólo hechos aislados. La brutalidad policial se está volviendo común en las concentraciones o manifestaciones ciudadanas e incluso al interior de los Centros de Acción Inmediata – CAI. Como lo indica Johan Londoño: “en la violación de derechos humanos se ven acciones sistemáticas y repetitivas, acciones que evidencian un entrenamiento y una política interna de promoción de la violencia y la afectación a la integridad de los ciudadanos”.

Según el comunicado conjunto, publicado el 9 de mayo de 2021, por Temblores ONG e Indepaz, “se registró un total de 47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el Paro Nacional. De estos casos de violencia homicida, ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial. A lo anterior se le suman numerosos casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. A la fecha se han registrado, al menos, 1.876 casos”.

De acuerdo con el informe “Bolillo, Dios y Patria”, de Temblores ONG, “entre los años 2017 y 2019, hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual, todos cometidos por miembros de la Policía Nacional”. Cifras que han aumentado debido a los casos de violencia reportados en las protestas ocasionadas por la muerte de Javier Ordoñez el 9 de septiembre de 2020 y ahora con las manifestaciones que se han presentado en el marco del paro nacional del 28 de abril de 2021.

Cuestionamientos a la Fuerza Pública

La función de la Policía Nacional es evitar alteraciones del orden público y garantizar la seguridad en el país, y sólo “cuando exista una amenaza en contra de la integridad del oficial o la de su compañero y, además persista una resista a la conciliación o negociación, se autoriza el uso de fuerza y la utilización de medios coercitivos para disipar la amenaza. El accionar un arma de fuego debe ser el último recurso, esto para reducirlo y no asesinarlo”, explica Walihezar Valencia, estudiante de Ciencias Políticas.

Al ser un cuerpo armado de naturaleza civil, que tiene como propósito garantizar la protección y defensa de los derechos humanos, no se entiende porqué han convertido el uso excesivo de la fuerza en un mecanismo de represión y control social, que solo genera más violencia, coarta las manifestaciones sociales, e irrespeta y viola derechos tan importantes como el de la vida.

Para Santiago Hernández Restrepo, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, “los funcionarios públicos o quienes ejercen función pública deben responder por sus acciones y omisiones, además ellos tienen responsabilidades. Primero son objeto de responsabilidad administrativa, de la cual se encarga la Procuraduría; penal, que tiene en cuenta el código penal militar y su jurisdicción; y civil, en caso de que sean objeto de daños a terceros”.

Sin embargo, son pocos los casos que se conocen donde algún policía haya sido retirado de su cargo, o haya sido juzgado y condenado. Se requiere que pasen años y que intervengan organismos internacionales para que el Estado colombiano sea condenado por delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional.
“El no esclarecimiento de hechos violentos y de crímenes cometidos por autoridades estatales en Colombia es una constante, y esto nos habla de una clara debilidad en nuestro sistema normativo”, afirma Valencia

En eso coincide Johan Londoño, quien añade que “no existen reglas de juego claras que garanticen una sanción a los policías que infrinjan la ley, evidenciando altos niveles de impunidad, lo cual favorece la acción ilegal y la vulneración a los derechos de los ciudadanos”.

Esto ha llevado a que exista un descontento o cierta desconfianza frente a la Policía, y que esta cada vez más pierda legitimidad. Por lo que se plantea la obligación de adelantar reformas a la Policía Nacional. Uno de los procesos institucionales que deben ser modificados es el relacionado con la formación que reciben los agentes:“La Policía es un cuerpo civil, el cual debe ser entrenado para la mediación pacífica de conflictos cotidianos, para el acompañamiento de los ciudadanos y la atención de situaciones que afecten el relacionamiento entre ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad la formación dentro de la estructura de la Policía es una formación para la guerra, un proceso educativo orientado a la atención de fenómenos de inseguridad y violencia, lo cual dificulta su interacción con los ciudadanos”, explica Londoño.

Adelantar una reforma a la fuerza pública, no solamente a la Policía Nacional, es una deuda histórica que tiene el Gobierno colombiano con la sociedad y en especial con las víctimas y sus familias, que ven como día a día se aleja la reparación integral, como son revictimizados y como se atacan a nuevos ciudadanos, violando derechos fundamentales como el de la vida, la integridad y la protesta; y ocasionando con esta brutalidad policial la pérdida de legitimidad y respeto por parte de la población, quienes ya no ven la institución como aquella que protege y brinda seguridad, sino como la que abusa de su poder, reprime y llega hasta asesinar sin razón alguna.