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event 30 Marzo 2021
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Ana María Ortega Orozco Melissa Salazar Calle David Londoño Medina
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  • “El enemigo de nosotras en la calle es la ley”

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    Durante el confinamiento de 2020 se hicieron públicas varias denuncias por agresiones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá contra la población trans. Fue la expresión de un fenómeno de violencia exacerbado con la pandemia, pero que ha sido constante. 

     Collage Abuso Policial min

     Ilustración: Ana María Ortega

     

    Llegaban con el camión y nos subían como marranos, empezaban a decirnos “es que usted no puede estar acá, se sube”. Y todas esposadas para el camión. A veces no encontraban ni dónde meternos y nos dejaban por fuera del CAI todo el día, chupando sol, con un pan y un aguapanela, o no nos daban nada. Y la verdad uno también es muy rebelde, entonces nos echaban agua y nos ponían el tábano”.*

    Esta es la experiencia de Lorena y, según dice, es solo una de las muchas agresiones que ha vivido a manos de la Policía.

    El 25 de julio de 2020 se viralizó un episodio de violencia policial que ocurrió en el Metro de Medellín. Ese día, Ema Hidalgo, mujer trans, fue sacada de manera violenta por cinco auxiliares bachilleres de la estación San Antonio del metro. Este caso hizo visible una de las violencias más frecuentes que sufre esta población: el abuso policial, que lejos de ser aislado, se configura en una problemática frecuente a la que se ven expuestas constantemente las personas trans en Medellín.

    La Defensoría del pueblo identifica que la violencia por parte de miembros de la Policía Nacional puede ocurrir tanto por acción como por omisión, y la categoriza en cinco ítems:

    1. Simbólica: incluye agresiones verbales, tratos excluyentes y hostigamientos.
    2. Física: abarca maltratos y ataques contra la integridad personal.
    3. Sexual: comprende casos de acoso y abuso que atentan contra la integridad y libertad sexual.
    4. Por omisión: referida a la falta de respuesta policial en contravía de su rol de garante de los derechos y seguridad de la ciudadanía.
    5. Procedimientos irregulares por parte de policías: como las requisas y la solicitud de documentación.

    Sin embargo, en Colombia es difícil obtener información y datos concretos sobre la violencia policial contra personas trans, ya que por lo general las entidades públicas no hacen un trato diferenciado y, en el mejor de los casos, se clasifica de forma general en la violencia cometida contra población LGBTIQ+, desconociendo múltiples particularidades en estas agresiones.

    Según Colombia Diversa, los casos de violencia policial contra población LGBTIQ+ aumentaron de 75 a 87 entre 2017 y 2018. De estos solo se conoce la orientación sexual o identidad de género específica de 22 de las víctimas, de las cuales 19 son mujeres trans, todas ellas menores de 26 años.

    Estas cifras son aún más significativas si se tiene en cuenta el subregistro. Entre la población trans existe temor a denunciar las agresiones, bien sea por falta de confianza en las instituciones, a enfrentar una revictimización al tener que acudir ante sus mismos agresores, o por miedo a represalias por parte de los uniformados. Ejemplo de ello fue lo que le sucedió a Divana, una mujer trans que trabaja en la zona de Barbacoas, en el centro de Medellín:

    Yo fuí agredida por policias cuando empecé a ejercer la prostitución aquí en Medellín. Por ahí cerca de la Oriental pa’ arribita, ahí me hacía yo solita en una zona residencial. Yo por miedo al centro me paraba por allá porque apenas estaba empezando. La policía me agredió para que despejara esa zona. Ese día me llevaron al Búnker de la Fiscalía, estuve como dos días allá, me maltrataron, me jalaban y me tiraban, me pusieron las esposas apretadas, me quedaron marcas y todo. Estuve bastante rato y solo por eso, por no quererme quitar de la zona donde estaba trabajando, porque ellos no me querían ver ahí.

    ¿Y denunciaste?

    Sí, la denuncia quedó ahí. Nos hicieron como un juicio, pero el policía me estaba demandando a mí, que porque yo lo agredí, cuando él me pegó primero a mí. Por eso digo que a nosotras se nos abusa de todo tipo. Cuando uno denuncia eso queda así, a nosotras nos matan y, mi amor, nadie sabe nada. la marica se murió, la marica quedó ahí y nadie la va a pagar.

    De acuerdo con el observatorio de Colombia Diversa, en 2014 los hechos más denunciados por parte de la población trans fueron deficiencias en la atención médica, violación al debido proceso en personas privadas de la libertad, amenazas, persecución y hostigamiento. Este panorama de hace seis años no ha parecido tener mayores cambios.

    El tiempo de la pandemia fue algo muy complejo porque casi todos los días nos pegaban y nos llevaban a amanecer al CAI. Recogí hasta 40 comparendos. Ellos llegaban con camiones y nos recogían a todas y no nos daban ni agua. Nos cogían que porque estábamos incumpliendo la cuarentena, entonces nosotras le decíamos: “Vamos a hacer un negocio, que el Estado nos asegure un mercado en toda la pandemia y una estabilidad económica y nosotras no salimos porque si no, muy duro”.

    Un día me llevaron a amanecer al CTP y allá me cascaron. Ese día que me pegaron estaba en el Parque Botero sentada tomando un café con otras chicas trans. Un policía pasó a gritarnos cosas, entonces nosotras respondimos, obvio que groseramente. Otro pasó y nos escupió la cara y a nosotras nos dio mucha rabia, y al responder y defendernos pues nos cogieron, nos montaron al camión y a todas nos cascaron.

    A ello se suma la falta de resultados en las investigaciones internas de la Policía, ante lo cual la Defensoría del Pueblo, en su informe Cuando autoridad es discriminación, publicado en 2018, encontró que se presentan los siguientes obstáculos para el desarrollo efectivo de los procesos:

    • Prácticas irregulares: durante el desarrollo de los procedimientos, agentes policiales incurren en conductas de ocultamiento de su identificación, que dificultan lograr un reporte de las agresiones y explican la carencia de pruebas al momento de denunciar.
    • Poca información en denuncias: La Policía Nacional identifica y reconoce la carencia de información específica en las quejas.
    • Encubrimiento institucional: Dado que es la misma institución policial, a través de la dependencia de control interno disciplinario la que adelanta los procesos y avances en la instrucción, que por lo general son nulos, pues existe una fuerte resistencia interna a reconocer las prácticas violentas que cometen.
    • Falta de acompañamiento a la víctima y acceso al expediente: La institución considera que el estancamiento de los procesos obedece a la “falta de interés de la víctima”. Esta afirmación desconoce la falta de representación judicial y el acceso al expediente que suele negarse a la víctima.

    Es como respuesta a esos múltiples obstáculos que organizaciones como la Red Popular Trans han generado espacios de diálogo y difusión de las denuncias por medio de las redes sociales y proyectos de inclusión en el territorio. Al respecto, Lina Quevedo integrante de la red, expresa que "la policía no entra en razones. Ellos dialogan en las mesas porque están obligados a responder, pero eso es un guion. En todas las reuniones que nos encontramos dijeron exactamente lo mismo. Y del discurso a la materialidad no pasa nada”.

    Por su parte, Valerie Parra, integrante del colectivo Antioquia Trans, explica los obstáculos que esa organización ha evidenciado en el acompañamiento que ejerce a las denuncias: “Cuando ya un policía está muy fichado, lo reubican en otro lugar de la ciudad para defender y encubrir a esa persona, luego dicen que es cosa de manzanas podridas, el mismo palabrerío de siempre, pero nunca hay atención a las denuncias, ni el policía como mínimo se disculpa. La misma institución los protege y les acolita esa violación a los derechos de nosotras”.

    Y esto ocurre a pesar de que la policía ha recibido diferentes capacitaciones en temas de género y se han hecho compromisos con colectivos como la Red Popular Trans y Antioquia Trans para que la institución dé un trato adecuado y respete la diversidad sexual e identidad de género, procurando que estas vulneraciones no se repitan. Uno de los asuntos constantes en esas capacitaciones, pero que sigue siendo una agresión frecuente, es el irrespeto por la identidad de género. Así, es usual que los policías se refieren a las mujeres trans con pronombres masculinos.

    Lorena, una mujer trans, alta, robusta de larga cabellera rubia, que trabaja en Barbacoas fue víctima de dicha vulneración por parte de miembros de la policía, quienes atentaron no solamente contra su identidad de género, sino que además la violentaron físicamente 

    Yo estaba parada en la esquina y llega uno de ellos de la nada diciéndome, “ve, marica hijueputa”, y me empujó. Yo le dije que estaba trabajando no tomando, que acababa de salir de mi labor. Me pidió mi cédula y yo tengo mi cédula femenina. Llamaron como a siete patrullas y me esposaron que porque mi identidad era falsa, que esa cédula era falsa, que nosotras cómo nos íbamos a comparar con una mujer. Llegaron personas de derechos humanos y ellos fueron los que hablaron con la policía y le aclararon que nosotras podíamos cambiarnos el sexo en la cédula. Entonces los policías me dijeron que me abriera, que no me querían volver a ver por acá. El enemigo de nosotras en la calle es la ley.

    Según el informe El prejuicio no conoce fronteras, publicado en el 2019 por SinViolencia LGBTI, este tipo de actos se consideran “violencia por prejuicio”, concepto que busca distinguir las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género. Es entonces aquella violencia que se ejerce en contra de ciertas personas “por ser lo que son”, es decir, por su pertenencia, real o percibida a un determinado grupo social. Se constituyen también como una forma de violencia de género al estar impulsada por el deseo de castigar a las personas cuyo aspecto o comportamiento parece desafiar los estereotipos de género.

    Y eso del aspecto resulta central. Las mujeres trans consultadas para este informe, coinciden en que entre más desapercibidas logren pasar, es probable que sufran menos violencia policial. “Dentro del mundo trans existe el concepto del pasing, que se traduce como ‘pasar’ por eso que se considera debe ser un hombre o una mujer en términos físicos y estéticos. Cuando una persona trans está dentro de esos estándares le dan el pasing y eso otorga ciertos privilegios; el primero y el principal que no te jodan la vida”, explica Lina Quevedo.

    ¿Y qué dice la policía?

    Desde el inicio de la reportería para el presente texto en el mes de octubre del 2020 intentamos contactarnos con la capitana Claudia Mejía, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El 13 de octubre nos fue concedida una entrevista telefónica con Sandra Palacios, quien se identificó como asistente de la coordinadora. No obstante, se limitó a referirse al papel de esa unidad y a la directiva 006 de 2010, con la cual esa institución se comprometió con el respeto y el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+. 

    Al resto de las preguntas, que indagaban sobre denuncias concretas por abuso policial contra personas trans, Palacio se negó a responder con el argumento de no estar autorizada para entregar esa información. Por ello, el 15 de octubre nos comunicamos nuevamente con la capitana Mejía, quien dijo que sería necesario solicitar por escrito una autorización al brigadier general Eliecer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, para que la autorizara a dar una entrevista con la información requerida. Hasta el de esta publicación, esa solicitud no había sido respondida.

    *Los testimonios que acompañan este informe y escritos en cursivas a lo largo del texto son apartes de conversaciones directas con mujeres trans que ejercen la prostitución en el centro de Medellín.                 

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