Ilustración: Valeria Ortiz, con recursos de Canva

Miércoles 10 de octubre de 2018. Estábamos en la Universidad Nacional sede Medellín cubriendo la organización de los detalles finales de la gran marcha, en el marco del paro nacional, convocada por estudiantes y docentes. No recuerdo la hora, pero nuestras frentes sudaban, unas cuantas personas llevaban sombrillas y en el cuerpo se sentía la piquiña que genera el llamado “sol de agua”. Nos dirigíamos hacía el sector de la Minorista a encontrarnos con el resto de la marcha que salía del parque de los Deseos. Según los informes de las noticias de diferentes medios, más de 40 mil personas salimos a marchar ese día en Medellín; pero a nivel nacional, éramos unas 700 mil. Grupos estudiantiles, facultades y profesores alzaban banderas, pancartas y trapos pintados: “Mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas”; “Bienvenidos a la U pública, esta es la casa que debemos defender del enemigo del pueblo”; “La Universidad de Antioquia defiende la educación pública”. Esa tarde le dio fuerza al paro que no se iba a detener hasta conseguir un mayor presupuesto para las 32 universidades públicas del país. 

El paro como mecanismo de participación ha sido utilizado como última instancia por el movimiento estudiantil en diferentes momentos de la lucha popular. Es un método de presión en el que se realizan actividades pedagógicas que implican una formación en lo político, en el contexto social, en derechos humanos, conversaciones con la sociedad por fuera de las instituciones; y debates, propuestas y protestas alrededor de las problemáticas.

La movilización de 2018 comenzó, por un lado, con los profesores universitarios que se estaban viendo afectados por la Reforma Tributaria de 2016, la cual, en resumen, les generaba un aumento en la carga tributaria y una disminución en su salario neto. A esto se sumó un déficit general acumulado de 15 billones pesos que sufrían las universidades públicas del país como consecuencia de la Ley 30 de 1992. 

Luego de las innumerables marchas, de que la mesa de diálogo se estableciera y se levantara por falta de voluntades políticas; después de la represión por parte del Estado que se vio reflejada en estudiantes como Esteban Mosquera de la Universidad del Cauca, quien fue una de las víctimas del Esmad al perder su ojo izquierdo tras el impacto de un proyectil lacrimógeno -y quien después sería asesinado el 23 de agosto de 2021 en Popayán-, se llegó a un consenso, el 14 de diciembre de 2018,  entre el Gobierno y algunos representantes estudiantiles y profesorales. El acuerdo contempló 15 puntos, entre los que se incluía un aumento de 4,5 billones de pesos al presupuesto de las IES públicas para los siguientes cuatro años. 

Desde ese paro de 2018 no tenemos vacaciones “normales” en la Universidad de Antioquia y a eso se le suman casi dos años de pandemia que afectó nuestras dinámicas estudiantiles y también nuestra salud mental. 

El lunes 27 de marzo de este año sesionó la asamblea estudiantil en la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. La convocatoria para ese encuentro se habló en la última asamblea estudiantil que se realizó el 16 de febrero, pero el flyer que contiene la información de hora y lugar fue difundido por el Instagram del Consejo Estudiantil de la Facultad de Comunicaciones y Filología el domingo 26 de marzo aproximadamente a las 7:00 p.m. Apenas 17 horas antes de la reunión citada para el lunes a mediodía. 

A la asamblea, que fue virtual, asistieron 94 personas y llegaron al acuerdo de no realizar relatoría porque nadie quiso hacerla. Sin embargo, después salió un comunicado con la siguiente decisión: 

“La asamblea de estudiantes de la Facultad de Comunicaciones y Filología se declaró en paro definido por el agotamiento académico acumulado”.  

El argumento de la asamblea estudiantil de la Facultad de Comunicaciones y Filología para salir a paro desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril de 2023 fue “el agotamiento académico acumulado”. En la asamblea y después en diferentes escenarios varias personas dijeron que ese cansancio y sus efectos sobre la salud mental es la consecuencia de haber tenido vacaciones de solo dos semanas en los últimos semestres. 

Sin embargo, las fechas reales de terminación e inicio de los calendarios académicos no respaldan esa idea. Por ejemplo, el semestre 2022/1 se llevó a cabo entre el 18 de abril y el 2 de septiembre de 2022. Luego, se programó el comienzo del nuevo semestre para el 10 de octubre. Es decir que, en esa ocasión, los estudiantes tuvimos cinco semanas y dos días de vacaciones. 

De igual forma, el último semestre académico cursado, el 2022/2, terminó oficialmente el 3 de marzo y debíamos retomar actividades el 27 del mismo mes. Eso equivale a tres semanas y dos días de vacaciones. Además, el 14 de marzo el Consejo de Facultad anunció que autorizaba la realización de clases virtuales durante la primera semana de clases, de acuerdo con la concertación que lograran profesores y estudiantes, para así facilitar la participación de aquellas personas que se encontraran fuera de la ciudad y de esa manera no forzar su regreso antes de las vacaciones de Semana Santa. 

Usar el paro como mecanismo de presión para empatar la primera semana de clase con Semana Santa es una burla a los espacios de participación y formación política. Es tomar el paro como una carta comodín para extender los días de descanso sin una reflexión real sobre la salud mental que, por ejemplo, se concentre en la capacidad de la universidad para atender a los estudiantes que lo requieren o en la inversión para la contratación de más profesionales y que de esa manera no tengamos que esperar más de un mes para acceder a una cita de psicorientación. 

Según la página de asignación de citas de psicología de la UdeA, hay solo 15 profesionales en el Departamento de Promoción y Prevención de Bienestar Universitario para atender a los 16.570 estudiantes -matriculados hasta noviembre de 2022- que estamos en las sedes de Medellín. 

Claro, es necesario hacer un llamado al autocuidado. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Medicina Legal, en Colombia, entre enero y diciembre de 2022 se presentaron 2.835 suicidios, mientras que en todo el 2021 hubo 2.689 casos, lo que equivale a un aumento del 5,1%.  Pero estos temas no se resuelven desde la individualidad y el énfasis debería estar en compartir y crear ambientes seguros para conversar y exigir soluciones que vayan más allá de una extensión de las vacaciones y que cada persona se salve como pueda. Por lo pronto, les deseo una provechosa cena, la crucifixión del agotamiento y la resurrección de los espacios de debate.