Ilustración por Laura Cano
El caso del feminicidio de Valentina Trespalacios ha dado para mucho en el país: levantar la voz sobre las injusticias sobre los crímenes basados en género, hablar sobre procedimientos civiles en casos penales, pero también ha dado mucho de qué hablar en lo que respecta a la intervención de un actor que suele ser olvidado y muchas veces invisibilizado en los procesos jurídicos, el o la traductor(a) e intérprete oficial y que en este caso, puede invalidar lo corrido del proceso judicial.
Un traductor e intérprete oficial es cualquier persona que haya aprobado los exámenes de traducción e interpretación oficial que ofrecen la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Esta persona, en pocas ocasiones, tiene una formación de base en el área de las lenguas o del derecho y en casos casi únicos ha pasado por un proceso de formación a nivel de pregrado o posgrado en el área de traducción o interpretación.
Este no es el único reto. La sociedad colombiana aún tiene al traductor como un profesional de segunda mano, fácilmente reemplazable por cualquier bilingüe y quien “cobra mucho por algo que el traductor de Google puede hacer en segundos”.
Al difícil posicionamiento de la profesión, se le une el que, por años, haya existido una figura u oficio que nunca se ha cuestionado o reglamentado y que actualmente ni siquiera cuenta con un “padrino” en el sistema institucional colombiano. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha alejado de la responsabilidad innata de cobijar a estos profesionales, al mismo tiempo que el Ministerio de Educación Nacional y de otras instancias gubernamentales, lo que ha dejado a estos “profesionales” a merced de la confianza de sus usuarios por su buena fe y de las eventuales trabas que algunos notarios han definido para poder otorgarles un año más de registro en sus despachos.
La pregunta por la culpa sobre la falta de calidad en la interpretación de Martha Lucia Morales en el caso de Poulos es más profunda y es de corte institucional. La crisis que vive actualmente la traducción e interpretación oficial es sistémica y, a la vez, es un grito de ayuda para que la sociedad colombiana entienda que la labor de este profesional es tan importante como la del mismo juez; por lo que, su formación y su acceso a estos niveles de intervención penal deberían ser similares a los de ese juez o ese abogado que llegan a participar de cuestiones tan importantes para nuestro país como tener la capacidad de anular un proceso judicial en un feminicidio.
Como investigador de más de diez años en el área de la traducción e interpretación oficial, creo que sí, la culpa es de Martha Lucía Morales, quien no levantó la mano a tiempo para decir que no estaba dentro de sus capacidades participar como intérprete (y no como traductora) de un procedimiento penal, con unas implicaciones en el uso del lenguaje y en la “compostura” que la sobrepasan; pero también es culpa de que no se entienda que un traductor es un profesional de las lenguas y que no es reemplazable por un bilingüe o por Google. También es culpa del sistema colombiano, que no ha entendido que es necesario que se observe con detenimiento la actividad que desempeñan las personas a quienes se les ha entregado la licencia de traductores e intérpretes oficiales con exámenes de una duración promedio de 2 horas y media.
