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Edición 103

event 10 Octubre 2022
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De la Urbe
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  • La disputa que describen las paredes de la Universidad de Antioquia

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    En los últimos meses han aparecido en la UdeA “pintas” y panfletos de organizaciones clandestinas que rechazan supuestas extorsiones contra algunos vendedores informales. Esa situación, de la que la universidad habla en voz baja, plantea una problemática estrechamente conectada con el control del expendio de drogas en Ciudad Universitaria.

     

    No más extorsión

     

    No más extorsión en la UdeA”, se leyó durante varias semanas en una de las paredes del bloque 12 de Ciudad Universitaria. Luego, la pared fue pintada de blanco. Pero en el pasillo, entre los bloques 9 y 14, sobrevive otra “pinta”: “Afuera plazas de vicio”, dice en una columna. A unos pocos metros dice en otra pared: “Fuera jíbaros y extorsionistas”.

    Los muros de la Universidad de Antioquia, en los que usualmente se escriben mensajes políticos y de reflexión sobre la situación del país, exponen desde hace varios meses una disputa en ciernes que tiene en el centro dos problemáticas: el narcotráfico y la extorsión.

    La situación podría resumirse así: grupos clandestinos están realizando acciones para para hacer visible su rechazo a la presencia de una organización conectada con el crimen organizado de Medellín, que es responsable del control del expendio de drogas en el campus y ahora, supuestamente, también de extorsionar a algunos vendedores informales.

    ¿Hay extorsiones en la UdeA?

    De la Urbe habló con varios chaceros y aunque ninguno dijo ser víctima directa de ese delito, varios de ellos sí aseguraron conocer personas que venden comidas, dulces u otros productos en Ciudad Universitaria que deben pagar una cuota o han sido presionadas para que dejen sus negocios.

    Otra fuente que ha investigado hechos de violencia en la Universidad desde hace varios años y pidió mantener su nombre en reserva aseguró que sí hay casos de extorsión en el campus universitario. Agregó que es “una práctica que viene sucediendo desde el 2009” y que ha generado tensiones en diferentes momentos.

    Esa fuente recuerda que, en ese entonces, había un control estricto de la venta de películas, música y programas informáticos “piratas” que se comercializaban en puestos informales en diferentes puntos del campus, pero que ahora ese fenómeno ha mutado y se concentra en los permisos para ocupar determinados espacios.

    El cobro de “vacunas” y el control territorial que conlleva esa acción tiene su origen en el costado occidental de la cancha de fútbol de Ciudad Universitaria. Ese lugar, conocido como el Aeropuerto, es una antigua zona de tolerancia que desde la década de los 70 empezó a reunir, primero, a consumidores de marihuana, luego a unos pocos vendedores de drogas sin relación con estructuras ilegales, y, a partir de la primera década del 2000, a expendedores de otras sustancias que replicaban en el campus las disputas por el control del tráfico que existen en el resto de la ciudad. En los últimos meses, varias denuncias anónimas publicadas en cuentas de Instagram que informan sobre asuntos de la Universidad también se han referido a las extorsiones. Según esas publicaciones, los cobros se estarían concentrando en los bloques de las facultades de Artes, Ingeniería y en las zonas de deportes, los edificios más cercanos al Aeropuerto.

    Incluso, una de esas cuentas publicó a mediados de julio un texto en el que aseguraba que “quienes dirigen dicho negocio”, en referencia al expendio de drogas, buscan “expandir sus zonas de control”. Por esa razón han ocurrido “amenazas directas con arma de fuego a la vista para que realicen el ‘APORTE’ diario a lxs muchachxos” [sic]. Finalmente, de acuerdo con esa publicación, uno de los vendedores informales del Aeropuerto fue agredido durante las vacaciones de mitad de año cuando abría su negocio y tuvo que ser internado en una clínica durante una semana.

    Al respecto, Yamile Ruiz, jefe de la División de Servicios Logísticos, Seguridad a Personas y Bienes, dijo que las directivas universitarias conocieron esa denuncia, pero que no fue posible identificar a la persona agredida y, por tanto, confirmar la veracidad de los hechos.

    “Si nos llega un chico a decirnos que es víctima de extorsión, lo que hacemos es acompañarlo a formalizar una denuncia, porque nosotros somos personas civiles; nuestra arma es un carné y un lapicero. ¿Qué podríamos hacer contra una banda delincuencial que extorsiona, intimida, que amenaza con afectar la integridad física?”, afirmó Ruiz. Entre tanto, un comerciante informal que tiene su puesto cerca del Aeropuerto dijo que una de las chazas de la Facultad de Artes dejó de “abrir” en ese bloque y otra ya no lo hace con la misma regularidad debido a las presiones que han recibido sus propietarios. Otra estudiante, que hace parte de una organización estudiantil y de defensa de los derechos humanos, aseguró que las presiones se han centrado en estudiantes que venden productos de hoja de coca o de cannabis.

    Eso ha llegado a tal punto que, según reconoce Yamile Ruiz, algunos trabajadores de la empresa de seguridad privada que presta sus servicios a la Universidad han solicitado traslados o han abandonado sus empleos porque “temen a ciertos estudiantes o a ciertos actores externos que habitan la Universidad”.

    Los antecedentes y un problema de ciudad

    El 8 de noviembre de 2001, fueron asesinados los estudiantes David Santiago Jaramillo y Juan Manuel Jiménez en el bloque 6 de Ciudad Universitaria. Un hombre y una mujer llegaron al balcón donde jugaban ajedrez y les dispararon con una subametralladora.

    Ese caso llevó al Consejo Superior Universitario (CSU) a prohibir las ventas informales dentro de la Universidad, por medio del Acuerdo Superior 206 de 2001. La decisión estaba basada en una supuesta relación entre esa forma de comercio y los problemas de seguridad que enfrentaba la institución. En 2014, el abogado Isaac Buitrago presentó una acción de nulidad para que se derogara esa norma. Según sus argumentos, hubo vicios de forma y de fondo en la decisión del CSU. Para Buitrago, ese organismo partió de la premisa equivocada de que los vendedores informales facilitaban el ingreso de armas. “Era una afirmación suelta, no había ninguna investigación que la respaldara”, explica. Lo que ocurre dentro de la Universidad no puede entenderse de forma aislada y se relaciona con lo que pasa en el resto de la ciudad. Según Medellín Cómo Vamos, en el período 2014-2016, Medellín fue la ciudad con el nivel más alto de extorsión reportada entre las ciudades más grandes del país. Además, para el 2022 el Gaula estima que por lo menos el 80 % de la ciudad sufre de este delito.

    La relación entre tráfico de drogas y extorsión es estrecha. En 2019, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presentó el estudio Coerción extorsiva en Medellín en el que concluyó, por ejemplo, que cerca de la mitad de las empresas formales establecidas en el centro pagan “vacunas”. Además, en su estudio, el IPC ratificó que la extorsión es la segunda renta más representativa para las organizaciones delincuenciales de Medellín después del narcotráfico.

    Así, los “combos” suelen captar recursos de ambos negocios. Aunque en el caso de la Universidad de Antioquia, las versiones de los propios vendedores informales apuntan a que se trata más de presiones por controlar el negocio de la venta de drogas, licor y derivados de la coca, que de una renta para aumentar ganancias.

    Un investigador judicial le dijo a De la Urbe que “la plaza” del Aeropuerto ha sido “históricamente” controlada por la banda de La Terraza, una de las más antiguas organizaciones criminales del Valle de Aburrá. Esa versión coincide con la de otras dos fuentes, una de la Policía y otra de la Fiscalía, que ratificaron que esa organización es la “dueña” de ese negocio.

    El investigador agregó que puntualmente es manejada por los mismos expendedores de los alrededores de Lovaina y el cementerio de San Pedro. Según esta fuente, los “traficantes independientes solicitan un permiso para vender en ocasiones especiales: aniversarios, festividades universitarias, etc. Y pagan un arriendo semanal”.

    Ahora bien, los comunicados y las “pintas” que han aparecido rechazando la venta de drogas y las extorsiones muestran dos puntos que resultan importantes. El primero, que son varios los grupos clandestinos que se han manifestado en relación con ese tema. En los últimos meses han circulado comunicados, por ejemplo, a nombre del Frente Revolucionario Popular y de la Juventudes del M-19.

    El segundo punto es que esas expresiones de rechazo han puesto en evidencia la reaparición de grupos de encapuchados que firman a nombre de las Farc. Por ejemplo, el grafiti que estuvo en el bloque 12 estaba acompañado por un “Farc-EP” y por las siglas “CCC”. Esta última corresponde al Comando Coordinador de Occidente, las disidencias de esa guerrilla que se ubican en el suroccidente colombiano y a la que pertenecía Leider Johany Noscué, alias Mayimbú, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército en junio en Suárez, Cauca. Pintas similares, también firmadas por las Farc, aparecieron en la Biblioteca Central y sus alrededores.

    Lo anterior plantea el escenario de una confrontación que por ahora se limita a mensajes en las paredes, pero que recuerda otros momentos en que las disputas propias del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares terminaron teniendo lugar también en el ámbito universitario.

    ¿Qué puede hacer la Universidad?

    Elmer Gaviria, vicerrector general de la Universidad de Antioquia, dice que la administración reconoce la complejidad del problema y la diversidad de los actores involucrados. “Acá no se pueden poner peras, manzanas, naranjas, uvas y sumarlas. A uno en estos casos le dicen: ‘ejerza el gobierno y la autoridad, pero la autoridad es la Policía’. ¿Qué resuelve la presencia física de esa policía? Nada, genera más violencia, que por lo general va acompañada de cierres prolongados del campus”.

    La administración central asegura no haber recibido información concreta que les permita ratificar que hay extorsiones. El secretario general William Fredy Pérez le dijo a De la Urbe que la Universidad no cuenta con “información cierta” sobre ese tema, porque la Institución en general y la Secretaría en particular “no se ocupan de esos problemas de convivencia en el sentido más técnico del término”.

    Agregó, sin embargo, que sí sondean las preocupaciones y que está claro que “la Universidad no tiene ni quiere tener aparatos de inteligencia ni de la fuerza pública”. En su análisis, el secretario general dijo que reconoce a las universidades públicas como espacios vulnerables, pero que están protegidos “por las palabras, los discursos, las voluntades y los comportamientos normalmente universitarios, no por cuerpos armados”.

    A propósito, Adrián Restrepo, profesor del Instituto de Estudios Políticos (IEP) recuerda que en 2010 la universidad vivió una situación similar. En ese momento, la discusión se desató porque un estudiante de Periodismo estaba grabando en el Aeropuerto unos planos de apoyo en video para un trabajo de clase. Los expendedores de drogas lo golpearon y le intentaron quitar la cámara.

    El profesor del IEP afirma que luego de esa situación la administración central solicitó apoyo de la Fiscalía, que adelantó una investigación y realizó varias capturas. “En la Universidad nos cuidamos porque eso confronta y te pone en riesgo, pero el Estado no puede renunciar a eso. Y mucho más si se empiezan a dar prácticas como las que algunas personas están comentando”, explica Restrepo en referencia a las extorsiones.

    Y a esa diferencia entre alcances y capacidades de las directivas académicas y otras autoridades externas a la Universidad, también se refiere el rector John Jairo Arboleda: “El tema de la droga es un asunto ilegal. Nosotros tenemos el acompañamiento de ciertas autoridades, en este caso, la Policía, que tiene cámaras externas y ellos identifican vehículos y personas, y saben qué es lo que entran. Nosotros aquí lo único que hacemos es una vigilancia cívica”, puntualiza.

    Pero para el profesor Restrepo es necesario que “las autoridades académicas nos digan si, en efecto, hay indicios de que ese problema existe, porque si lo hay tenemos que empezar a discutir públicamente cómo vamos a afrontarlo”. Y lo cierto es que, entre el silencio y los comentarios en voz baja, por ahora esa discusión parece aplazada o por lo menos reducida a lo que dicen las paredes y los panfletos de los grupos clandestinos que anuncian el riesgo de que escale una confrontación.

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