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Edición 103

event 06 Octubre 2022
schedule 18 min.
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Alejandro Valencia Carmona
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  • No es con Policía ni violaciones de los derechos humanos que se van a superar las protestas violentas

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    En febrero de 2020, el alcalde de Medellín Daniel Quintero le solicitó al Esmad de la Policía que ingresara a la Universidad de Antioquia durante una protesta en la que encapuchados usaban papasbomba. Ante las críticas que generó esa decisión, el alcalde presentó, por medio de Twitter, lo que llamó un “Protocolo de Reacción Contra Explosivos en Universidades”.

     

    Perdomo

    Fotografía: Alejandro Valencia Carmona

    En esa publicación, Quintero fijaba una serie de acciones que empezaba con la evacuación de los campus y terminaba con el ingreso de los escuadrones antidisturbios “con el fin de recuperar el control y garantizar la tranquilidad de toda la comunidad universitaria y la ciudadanía en general”. Unos días después, los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA invitaron al alcalde a replantear la decisión e hicieron un pronunciamiento en el que afirmaron que la confrontación “nunca ha solucionado nada, al contrario, ha atizado el escalamiento de las rabias, los desencuentros y los enfrentamientos que nos obstinamos en superar”.

    Estos hechos le sumaron elementos de tensión a un debate que algunos universitarios planteaban hacía varios años sobre la vigencia de la capucha y los explosivos en las movilizaciones. Sin embargo, la pandemia y la cuarentena aplazaron indefinidamente esa discusión.

    El regreso a la presencialidad a finales de 2021 y la apertura de la Universidad sin mayores restricciones, llevaron también a la reactivación del “tropel” y a la aparición de grupos clandestinos. El 8 de junio de este año, Stefany Orrego, estudiante de Química, murió en un accidente con explosivos en una casa del barrio Chagualo mientras en la Universidad se conmemoraba el Día del Estudiante Caído.

    Aunque de nuevo algunos universitarios cuestionaron las formas violentas de lucha en el campus, tan pronto como la marea bajó, otras coyunturas universitarias le ganaron espacio a ese debate. Conversamos sobre el tema con Leyder Perdomo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad, que desde hace varios años se ha interesado por comprender los antecedentes, las motivaciones y las consecuencias del tropel y los explosivos en las movilizaciones estudiantiles.

    ¿Cómo se explican hoy las protestas violentas en la Universidad de Antioquia?

    En la Universidad hay que hablar de violencias en plural. Hay una violencia política de interpelación, que llevan a cabo los grupos clandestinos por medio de formas violentas de protestar, reclamar y hacer memoria. Otro tipo de violencia se refiere al alzamiento armado contra el Estado: la idea de un proyecto revolucionario, de derrocar al poder político institucionalizado y organizarse militar y políticamente para eso. Y una tercera es la violencia de refrendación del orden que ejercen actores paramilitares o actores del Estado.

    Estas violencias llevan mucho tiempo, ¿por qué son legitimadas por algunos sectores?

    Cada uno de estos actores busca legitimar sus violencias. Por ejemplo, en nombre del orden, el Estado muchas veces rebasa sus límites legales. Mientras tanto, los actores insurgentes defienden su alzamiento armado en la lucha contra las injusticias. Por otro lado, el discurso de interpelación de los actores de la violencia generalmente se basa en una reivindicación de la universidad pública y de acceso a la educación para toda la población.

    ¿De qué manera ha cambiado el tropel en las universidades en los últimos años?

    En el contexto de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de 2011, algunos sectores del movimiento estudiantil empezaron a proclamar la independencia de las tradiciones políticas de izquierda. Además, se proliferó el conocimiento de cómo se hace la confrontación: en internet, por ejemplo, se consigue un manual de cómo hacer una papabomba con facilidad. Eso llevó a que actualmente haya una variación en la conformación de los grupos clandestinos, en el discurso que emiten y en los usos del armamento popular. Desde entonces se perdió la rigidez de las organizaciones clandestinas en su conformación y actuar.

    En los últimos años han muerto dos estudiantes de la Universidad de Antioquia en accidentes con explosivos, ¿no será necesario cuestionar la vigencia del uso de explosivos en la movilización social?

    En lo corrido de este siglo van seis estudiantes muertos por hechos relacionados con el uso de explosivos en la Universidad. Más que un asunto de vigencia es una preocupación por el bienestar de los estudiantes. Lo que hay que pensar como universitarios es el asunto del cuidado, tanto de quienes protestan como de quienes habitamos el entorno universitario y también corremos riesgos con el uso de los explosivos.

    El alcalde Daniel Quintero no ha vuelto a ejecutar su protocolo, pese a que se siguen utilizando esos explosivos en las protestas. ¿Qué lectura hace de esa situación?

    El protocolo fue un anuncio de prensa. Eso no era ni un protocolo, era una notificación sobre el ingreso de la fuerza pública a las instituciones educativas. Ese fue un acto de torpeza política, seguramente con el ánimo de controvertir la idea de que era amigo o proclive a quienes expresaban violentamente sus inconformidades. Eso tuvo un muy mal resultado para la Universidad y para su propia gobernabilidad.

    Que se sigan usando explosivos en la UdeA y que la administración local haya cesado en su anuncio inicial de usar la fuerza es parte de lo que se debe corregir en la forma en que se entiende y se actúa frente a una situación problemática como las protestas violentas. No es con Policía en el interior de la Universidad ni ha sido mediante judicialización ni violaciones de los derechos humanos que se ha superado la práctica de las protestas violentas. Lo que hay que hacer es abrir los campos democráticos e institucionales para que los estudiantes no tengan que o no puedan excusarse en la ausencia de democracia para protestar violentamente. Pero también creo en la posibilidad de que alguien piense que tiene que hacerlo de esa manera. El tropel finalmente es un asunto de medios si los democráticos no lo permiten.

    No es con Policía en el interior de la Universidad ni ha sido mediante judicialización ni violaciones de los derechos humanos que se ha superado la práctica de las protestas violentas.

    ¿El acuerdo de paz con las Farc ha tenido efectos en el movimiento estudiantil?

    En el contexto de esta reciente negociación se matiza la presencia de los actores armados alzados en armas en la Universidad. Y eso conlleva a un discurso con alcances más modestos como la defensa de la universidad pública. Además, hay unos discursos que no son nuevos, pero que toman fuerza recientemente, como la acción contra las violencias basadas en género o contra las acciones que afectan el medioambiente.

    ¿El posacuerdo también fortaleció la idea de cambio por vías democráticas?

    La protesta ya es más social, más amplia, recoge a otros sectores. Esta movilización hubiese sido muy difícil en el contexto previo al acuerdo. La guerra sigue, pero cambió, porque la posibilidad del estigma contra la movilización se redujo. Asimismo, incrementa la posibilidad de la apertura democrática institucionalizada, o de la democracia procedimental y de la representación.

    ¿Qué implicaciones tuvieron las protestas sobre la Universidad y la forma de habitarla tras dos años de encierro por la pandemia?

    La pandemia generó un stand by en la dinámica social del territorio universitario. Hay por lo menos cuatro semestres de estudiantes que todavía son “primíparos”. Son académicos desde hace dos años, pero son nuevos como universitarios que habitan este espacio. Y eso también genera otras preguntas: “¿Para qué es la Universidad? ¿Qué se hace en la Universidad?”. Por ejemplo, en esas dinámicas caben prácticas que no son nuevas pero se refuerzan, como las fiestas. Eso también es político. No se trata de decir que se despolitizaron, sino que variaron hacia otros intereses y otras vocaciones.

    En el paro de 2019 surgió otro actor en el movimiento social: la Primera Línea. Incluso hicieron campamentos en la Universidad de Antioquia. En varias “pintas” afirman que van a regresar como estudiantes.

    Ellos hicieron la tarea de mostrarle a la sociedad que la universidad pública es un espacio de reivindicación. Pero fue una expresión social que rebasó a la Universidad. Su discurso es “somos el pueblo”, y no el pueblo del siglo XIX en Europa sino el pueblo colombiano. Probablemente, los estudiantes incidieron en la idea de que la Universidad es también de la Primera Línea, que en la Universidad pueden estar y pueden hacer.

    ¿Podemos hablar del campus de la UdeA como un territorio con toda la complejidad que implica esa palabra?

    El territorio se compone de tres elementos: el espacio, la identidad y las reglas. La Universidad es un espacio en el que los universitarios adquieren una identidad cuando lo habitan, y a partir de su identidad y sus pretensiones definen unas reglas de comportamiento que pueden ser prohibitivas o permisivas.

    ¿Quién tiene el control de Ciudad Universitaria?

    Lo particular de la Universidad como territorio es que tiene horario de oficina. Empieza a las seis de la mañana y acaba a las diez de la noche. Eso implica unas particularidades: hay un reproche a ciertos comportamientos y permisividad con otros, que desde afuera pueden ser mal vistos. Pese a todo eso hay un control en manos del Estado sobre el espacio, muy excepcionalmente otro actor podría tener control sobre este territorio.

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