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Edición 103

event 03 Octubre 2022
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Yesenia Palacio Tamayo
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  • Colegios no seguros, niñas no calladas

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    Al mediodía del 8 de marzo de 2022 empezaron a circular los videos en las redes sociales. Las estudiantes, con uniformes de faldas verdes, sostenían carteles en contra de la violencia sexual en sus aulas y cantaban con fuerza arengas en el patio de su colegio. “La escuela encubridora es una aliada violadora”, gritaban. “El Cefa es encubridor”, se leía en una de las pancartas. Ese día, al caer la tarde, estudiantes, egresadas, madres de familia y amigas lograron que la marcha del Día de la Mujer llegara hasta el Centro Formativo de Antioquia (Cefa), un colegio público femenino del centro de Medellín.

     

    La intención de llevar la marcha hasta esa institución era apoyar las denuncias que las estudiantes hicieron públicamente esa tarde y que señalaban a su profesor de Educación Física, Carlos Mario Jaramillo, quien llevaba 17 años trabajando allí. Según ellas, Jaramillo las acosaba con comentarios sexuales y las directivas no hacían nada al respecto.

    CEFA Acoso marcha

    Fotografía por: @alterina.ph

    Las protestas en el Cefa duraron un par de días y desataron una ola de plantones y marchas de estudiantes de diferentes colegios del Valle de Aburrá. En arengas, canciones y carteles las jóvenes manifestaron que sus colegios no eran –y tal vez jamás habían sido– lugares seguros para ellas. Algunos medios de comunicación difundieron las denuncias y el Concejo de Medellín cuestionó el silencio de la Secretaría de Educación. Lo que pasó esos días encendió la rabia de muchas estudiantes conscientes de que el acoso sexual no es normal.

    Sin embargo, tan pronto como estalló el ruido mediático fue perdiendo fuerza y el tema desapareció de las redes y los noticieros. No hubo más preguntas. Mucho menos respuestas. Las conversaciones se apagaron en los claustros. La problemática de acoso y abuso sexual en entornos escolares continúa … en silencio.

    Secreto a voces

    El 6 de marzo de 2022, Valeria Moncada, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Antioquia, publicó un video en Facebook con la siguiente descripción: “Presto mi voz a estas chicas que hoy tienen miedo de hablar”. En el video, Moncada denunciaba, sin mencionar nombres, a un profesor del Cefa por acoso sexual y anunciaba que un grupo de mujeres llevaría a cabo un plantón a las afueras de la institución al final de la marcha del 8M. Esa fue una de las primeras veces que se escucharon públicamente comentarios entre estudiantes y egresadas.

    Unos días antes, un par de estudiantes del Cefa, integrantes de un grupo de scout, la buscaron para preguntarle qué podían hacer porque no se sentían cómodas ni seguras con un profesor.

    Aunque Moncada no estudió en esta institución, hace parte de la Colectiva Scout Feminista Olave y las estudiantes vieron en ella una persona de confianza que podía guiarlas. Moncada empezó a recoger testimonios. Esa semana llegó a recibir hasta 30 mensajes diarios de jóvenes confirmando lo que denunciaban sus compañeras y señalando a otros docentes. A partir de esos mensajes, Moncada empezó a tender puentes entre las estudiantes y algunas personas que les podían ayudar, como las integrantes del partido Estamos Listas y las secretarías de Inclusión y de las Mujeres de Medellín.

    De acuerdo con el programa Entorno Escolar Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en lo que va de 2022 se han reportado 276 casos de violencia sexual solamente en instituciones públicas: 180 por abuso sexual, 68 por acoso, 24 por ciberacoso y tres por explotación sexual y trata de personas. También se han autorizado 91 trasladados de docentes como medida preventiva. En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional reportó 876 casos de presunto abuso en entornos escolares entre enero de 2018 y febrero de 2022 en todo el país. De estos, 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación.

    En 2013, se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar por medio de la Ley 1620. Esta norma establece la conformación de comités escolares de convivencia con la función de activar las Rutas de Atención Integral cuando se conozcan hechos que afecten la convivencia escolar y garantizar la atención inmediata cuando se afecte la salud física y mental de las y los estudiantes. Cuando se trata de situaciones tipo III (también nombradas como “faltas gravísimas” en muchos manuales de convivencia) es el rector o la rectora quien tiene la obligación de hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Esta misma ley establece sanciones a los actores de los comités de convivencia si omiten, obstruyen o se retrasan en la activación de estas rutas.

    Recientemente, la Directiva 01 del 4 de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, orienta sobre cómo debe ser la atención a violencias sexuales en entornos escolares. Menciona que la atención no debe revictimizar y debe evitar acciones discriminatorias por estereotipos de género; además, establece el derecho a la no confrontación de las víctimas con sus presuntos agresores.

    A pesar de esas normas, la realidad en las instituciones es otra. “Los establecimientos les dan la espalda a sus estudiantes y se vuelven sus enemigas, cuando deberían ser sus aliadas”, opina Fernanda Herrera, cofundadora de Bolívar en Falda, colectivo que asesora legal y pedagógicamente a estudiantes en temas de violencia sexual y de género. En muchas ocasiones, las directivas desestiman las denuncias, no les creen a las víctimas, no toman ninguna medida o incluso culpan a las denunciantes cuando son víctimas de comportamientos sexuales no consentidos.

    Los rumores sobre Jaramillo no empezaron en marzo. El 31 de enero de 2022, una estudiante del Cefa radicó un derecho de petición sobre este docente. Según las estudiantes, la respuesta de la rectora fue excusarse en que no estaba dentro de sus facultades. El 9 de marzo, las estudiantes compartieron en redes algunos testimonios en los que señalaban los comportamientos y los comentarios sexistas del profesor. Uno de ellos decía: “Cuando eran las clases de piscina, en los calentamientos, nos sentíamos muy incómodas por la posición en la que nos ponía, que le llamó ‘perrito tomando leche’. Se trata de ponernos en cuatro como si fuéramos a tomar agua de la piscina, mientras él daba vueltas”. En el mismo comunicado las estudiantes aclaraban que, contrario a lo que la rectora había afirmado en los medios, Jaramillo no había sido retirado de todos los grupos sino de tres.

    “Nada habla peor de una institución que encubrir acosadores. Lo malo no es que haya profesores acosadores, porque es algo que puede pasar; lo malo es que los colegios no tengan rutas, acompañamiento y no hagan nada para proteger a sus estudiantes”, opina Herrera.

    Eufóricas e históricas

    Días antes del 8 de marzo, en el Cefa aparecieron carteles con frases contra el acoso sexual. En grupos de WhatsApp las estudiantes de los grados superiores se organizaron para manifestarles a los directivos su inconformidad por la lentitud con el caso del profesor Carlos Jaramillo y, en general, para reclamar que las dejaran estudiar sin ser acosadas.

    Ese 8 de marzo, las estudiantes de la jornada diurna elaboraron pancartas y las pegaron por todo el colegio. Al mediodía se pararon en el patio central que da la vista a la mayoría de los salones y departamentos de profesores para cantar la “Canción sin miedo”, de la mexicana Vivir Quintana, un himno feminista y de sororidad. Una de las estudiantes se infiltró en la sala de los parlantes para que sonara la canción por los bafles de toda la institución. De a poco, el resto de estudiantes salieron de sus aulas a ver lo que pasaba; unas se unieron a la concentración y otras sostuvieron carteles desde los balcones.

    “Si tocan a una, respondemos todas”, cantaron al unísono. Las jóvenes grabaron ese momento y lo subieron a sus redes sociales. La viralidad de esas imágenes fue tal que la propia Quintana les envió un mensaje de apoyo: “Estoy muy orgullosa de ustedes (…). Muchas gracias por resistir, y que lamentable que desde tan chiquitas estén en esta lucha”. Al acabar la jornada escolar, muchas estudiantes cogieron sus carteles y se unieron a la marcha del Día de la Mujer que transcurría en el centro. Algunas decidieron taparse la cara por miedo a que tomaran represalias contra ellas por marchar con el uniforme.

    Esa tarde, el Esmad dispersó a las manifestantes cuando pasaban por la avenida Oriental, a la altura de la iglesia San José. La marcha volvió a unirse en el Teatro Pablo Tobón Uribe y, desde allí, un grupo de mujeres caminaron hasta el Cefa para levantar un plantón pacífico a las afueras de la institución. Participaron estudiantes, acudientes, egresadas y otras manifestantes, pero de nuevo el Esmad hizo presencia a pesar de que la mayoría de las asistentes eran jóvenes y niñas. A mediados de mayo, una estudiante del Cefa le dijo a De la Urbe que ese momento fue importante en su colegio: “Los directivos lo pueden ver como algo malo, pero nosotras sabemos que dejamos algo bueno a las nuevas generaciones y es que sepan que no tienen que quedarse calladas”.

    Luego de ese día, otros colegios organizaron sus propios plantones y denuncias públicas. El 14 de marzo, el usuario @bedoya_salazar denunció en Twitter un caso de acoso sexual de un estudiante de noveno grado a una compañera en la Institución Educativa Alejandro Vélez, de Envigado. Según la publicación, los profesores e incluso la psicóloga del colegio minimizaron los hechos y le dijeron a la víctima que era ella quien debía “poner límites”. El 16 de marzo, las estudiantes de esta institución, principalmente del grado 11, sacaron carteles con mensajes como “No queremos sentarnos al lado de abusadores”, interrumpieron un partido de fútbol interclase, soportaron que sus compañeros les arrojaran basura, que las chiflaran e insultaran, y tomaron un micrófono para comentar lo que sucedía con su compañera. Luego, recorrieron el colegio gritando “No estás sola”.

    “Sentíamos que si no la apoyábamos no iban a prestarle atención”, dice Laura*, estudiante de grado 11 de ese colegio, quien pidió mantener su nombre en reserva para evitar posibles sanciones disciplinarias. “Yo no veo la hora de graduarme, pero ellas son las que quedan. Me entristece que este tipo de situaciones queden impunes”.

    Al día siguiente, también hubo manifestaciones en las instituciones educativas La Paz, El Salado y Darío de Bedout, en apoyo a las denuncias de sus compañeras de la Alejandro Vélez. El 22 de marzo, las estudiantes de varios colegios marcharon también por las calles de Envigado. Otras denuncias y manifestaciones similares se extendieron a otros colegios. En el Inem José Félix de Restrepo, las estudiantes realizaron una marcha luego de los señalamientos en redes sociales contra el capellán de la institución; en el colegio Ferrini Bilingüe, un padre de familia denunció a un docente por acoso; en la Institución Educativa Felipe de Restrepo, de Itagüí, las estudiantes organizaron un plantón contra la violencia sexual; y en la Institución Educativa Rural Salinas, en Caldas, varios padres denunciaron a un docente que, según dijeron, abusaba, violentaba y amenazaba a sus estudiantes.

    Estas denuncias tuvieron cubrimiento en medios nacionales y locales. Parecía que estaba gestándose una especie de #MeToo escolar. A finales de marzo, ya sin tanto ruido, la Secretaría de Educación activó el Botón Fucsia, una plataforma para presentar de manera anónima casos de abuso o acoso sexual en los colegios. El 29 de julio, en respuesta a un derecho de petición presentado por De la Urbe, la Secretaría compartió algunas cifras sobre las asistencias que los profesionales del programa Entorno Escolar Protector han hecho este año a casos de violencia sexual en instituciones públicas. El Cefa fue el colegio con más atenciones: 32. Desde el 28 de marzo, sin embargo, no hay noticias al respecto.

    Gritos en silencio

    El 9 de marzo, la rectora del Cefa, Aura Cecilia Medina Correa, le dio una entrevista a Blu Radio en la que afirmó que “no existe evidencia de abuso ni de tocamiento a estudiantes”. Habló, en cambio, “de comentarios reprochables” de parte del profesor denunciado. Luego de esas afirmaciones, las estudiantes convocaron a otro plantón y respondieron con un comunicado en el que rechazaban las declaraciones de la rectora y presentaban algunos testimonios. En las protestas, algunas de las manifestantes grafitearon las paredes del colegio y dañaron una puerta. Por esa razón, la institución estuvo cerrada una semana y las directivas argumentaron que usarían ese tiempo para ofrecer capacitación al personal.

    A mediados de julio, algunas estudiantes le dijeron a De la Urbe que al volver a clase el ambiente en la institución empezó a ser tenso. Algunos docentes las culpabilizaban de los daños de la infraestructura y de afectar la imagen del colegio. Una de las estudiantes comentó que después de lo sucedido en marzo le da miedo usar el uniforme en la calle porque una vez en el transporte público recibió un comentario en el que la señalaban de “vándala”. Otra estudiante contó que no faltaron los profesores que hicieron comentarios irónicos en clase como que la conmemoración del 20 de julio no iba a ser posible porque el presupuesto de la institución solo alcanzaba para arreglar los daños de las marchas. También hubo compañeras a las que las responsabilizaron del mal humor de los docentes.

    El profesor Carlos Jaramillo renunció el 10 de marzo y su caso pasó a Secretaría de Educación. Pero hubo más nombres de profesores denunciados en el Cefa: Jorge Cardeño, profesor de Cálculo, también apareció en los carteles del 8 de marzo. El propio Cardeño pidió firmas a sus estudiantes para rechazar las acusaciones y algunos padres de familia enviaron cartas apoyando al docente. El 13 de julio, cuatro meses después, fue apartado de las clases mientras avanza su proceso.

    “Fue muy positivo saber que pude ayudar en algo, pero yo no veo avances de nada”, dice Valeria Moncada, con frustración, luego de haber acompañado por meses el caso. Los padres de las jóvenes scout le pidieron no volver a tocar el tema de nuevo con las menores. Entretanto, ella empezó a sufrir episodios de ansiedad desatados por las complejas historias que recibía y los comentarios de redes sociales que la acusaban de dañar el nombre de la institución. “Llegué a un punto en el que otra persona tenía que leer los mensajes por mí, yo le dictaba qué responder. Esto para me filtraran los comentarios negativos que me dejaban”.

    Laura, la estudiante que lideraba las protestas en la Alejandro Vélez, cuenta que recibió burlas de algunos de sus compañeros y sintió su seguridad tan amenazada que los primeros días después del plantón les pedía a sus amigas que la acompañaran hasta su casa. Las directivas de la institución enviaron al estudiante denunciado y a la víctima a estudiar en la casa por un tiempo y posteriormente los cambiaron de salones. El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

    De acuerdo con Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación de Envigado, en estos meses ambos estudiantes tuvieron acompañamiento psicológico y académico para garantizarles el derecho a la educación. “No se le puede vulnerar la escolarización a ninguno”. Finalmente, dos estudiantes de la institución que conocen a la víctima le contaron a De la Urbe que al volver a clase hubo comentarios y burlas alrededor y la estudiante decidió cambiarse a un colegio privado. “El acompañamiento fue desde el momento de la denuncia hasta su salida de la institución”, reconoce el secretario.

    Para Herrera, de Bolívar en Falda, el acoso sexual afecta sobre todo el derecho a la educación de niñas y jóvenes. “La violencia basada en género en entornos escolares y estudiantiles es una barrera para que nosotras podamos desarrollarnos profesional y académicamente en un espacio seguro. Eso es también vulnerar otro derecho, nuestro derecho a la educación”.

    Entre junio y julio, De la Urbe estuvo varias veces en las afueras del Cefa. Nos acercamos a las estudiantes para conocer qué había pasado con las denuncias, algunas evadieron el tema, otras dijeron que sus padres les habían prohibido hablar del asunto. Una de ellas agregó que se sentía traicionada por los medios de comunicación, por no darles más espacios. Desde julio, De la Urbe intentó conversar con la rectora Aura Cecilia Medina, pero no fue posible concretar un espacio en su agenda. Medina insistió en que no es la encargada de dar más detalles de las denuncias. En su correo declaró que “la institución ha estado en mucha calma y respondiendo las exigencias académicas características de la dinámica institucional, se ha venido dando respuesta a los pedidos de las diversas partes interesadas en torno a procesos de formación como por ejemplo la introyección de los protocolos para atender los diversos casos de violencias sexuales (acoso, abuso y acceso), capacitación de equidad de género y diversidad sexual, delitos informáticos”.

    Tres meses después de la primera denuncia en redes, Valeria Moncada reflexiona sobre el ruido, el movimiento mediático y las marchas de esos días: “A mí el feminismo me enseñó que cuando hay algo mal hay que alzar la voz y hacer algo”. El silencio y la impunidad, de todas maneras, le pesan. Al preguntarle si cree que las autoridades hicieron lo suficiente para acompañar a las estudiantes concluye: “Podríamos movilizar toda la ciudad, mover nuestras rutas para apoyarlas, pero al entrar al salón de clases están ellas solas”.

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