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event 21 Abril 2022
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María Yisley Alzate
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Yésica Natalia Gómez
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  • El negocio de las pequeñas centrales hidroeléctricas que fractura al Oriente de Antioquia

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    Guadualito, en El Santuario, es una de las comunidades que se opone a la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en su territorio.

    Aunque por ahora el proyecto que les preocupa a sus pobladores está paralizado, su caso expone una preocupación que se extiende a varios municipios.

    Hidroelectricasoriente

    Tres buses al día y unas cuantas chivas hacen sus rutas por una carretera pedregosa que lleva a Guadualito, la última vereda de El Santuario, en límites con Granada y Cocorná.

    El camino a esta vereda del Oriente antioqueño es guiado por el río San Matías, en el que la empresa I-Consult S. A. S presentó a mediados de 2020 el proyecto para la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Guadualito.

    Aunque a finales de septiembre de 2021 el proyecto fue archivado por Cornare, debido a que la empresa no entregó parte de la información que le fue solicitada para la licencia ambiental, la comunidad se mantiene alerta porque considera que persiste la amenaza para su entorno y sus tradiciones.

    De concretarse, Guadualito sería la tercera PCH en el mismo río, pues en los últimos años entraron en funcionamiento las PCH de El Molino y San Matías.

    Una PCH es una central de generación de energía renovable que utiliza recursos hidrográficos. En la mayoría de los casos no posee represas y genera menos impacto ambiental que las grandes centrales hidroeléctricas. Sin embargo, en los últimos años, estos proyectos se han multiplicado en regiones como el Oriente de Antioquia.

    Actualmente, se conocen 30 proyectos de PCH: 25 con licencia otorgada, cuatro en trámite de licenciamiento y uno en construcción. Esa es una porción representativa del total nacional, pues, para 2020, según XM, la empresa de operación y administración del sector eléctrico, había 116 PCH en funcionamiento en el país.

    La última parada que el bus realiza en Guadualito es en un sitio conocido como Rancho Verde. Desde allí se ve un gran cartel que resume la posición de la comunidad:

    “No a la pequeña central hidroeléctrica Guadualito”.

    ¿Por qué no?

    Entre las razones de la oposición comunitaria a este tipo de proyectos, Sebastián Agudelo, integrante de la Corporación Cocorná Consciente (Coconsciente), destaca las afectaciones ambientales, económicas, socioculturales y en los servicios públicos.

    Según Agudelo, la construcción de los cimientos y los túneles de las PCH requiere de explosiones que fracturan el suelo, lo que ocasiona que las aguas se profundicen y el recurso empiece a escasear tanto en las casas como en los entables paneleros de la zona.

    Miguel Gutiérrez, líder de San Rafael, dice que en su municipio la construcción de estos proyectos ha generado consecuencias negativas como la reducción de los caudales, la pérdida de oxígeno en la biósfera, la contaminación con aceites y diferentes problemas sociales.

    En octubre de 2021, Cornare le otorgó la licencia ambiental a la empresa Clean Water S. A. S para construir una PCH en el río Churimo, a pesar de los reclamos de algunos líderes por la escasa información que recibió la comunidad de San Rafael.

    Más allá de las afectaciones actuales y a futuro, el rechazo de la comunidad de Guadualito a las PCH tiene varios antecedentes.

    A partir de los años 50 y 60, tras la migración masiva de campesinos a las grandes ciudades, se produjo un incremento en la demanda de electricidad.

    En Antioquia, cuenta el investigador Carlos Olaya Rodríguez en su artículo “El exterminio del movimiento cívico de Oriente”, los promotores de la expansión eléctrica escogieron el Oriente de Antioquia para montar las represas debido a la abundancia de aguas y a la buena condición de sus terrenos. Así surgieron proyectos hidroeléctricos como el de San Carlos, Guatapé y San Rafael a cargo de ISA y EPM.

    El problema es que algunas de estas obras fueron ejecutadas sin consultar a la comunidad y sin estudios sobre los impactos que iban a generar.

    De acuerdo con el informe “San Carlos, memorias del éxodo en la guerra” del Grupo de Memoria Histórica, publicado en 2011, la construcción de centrales hidroeléctricas en este municipio provocó “cambios en los usos del suelo y procesos de concentración de la propiedad, que redujeron las posibilidades de supervivencia de pequeños propietarios y el desarrollo de la economía campesina”. Muchas familias debieron abandonar sus tierras, presionados por las empresas, aceptando lo que les ofrecían, sin ningún tipo de voz ni acompañamiento, en una época en la que no se hablaba de indemnizaciones, reubicaciones ni planes de mitigación.

    La inconformidad de los pobladores con la imposición de estas megaobras, cuenta Olaya, fue el origen de un fuerte movimiento cívico que “canalizó la voz de los afectados”. Marchas, paros, represión y asesinatos de líderes sociales se hicieron comunes en la región. “Asesinaron a los que estaban visibilizando que detrás de la construcción de una hidroeléctrica hay muchas problemáticas sociales”, dice Leiner Barrera, concejal de Granada.

    Más de sesenta años después, las comunidades siguen sin ser informadas ni participar de las discusiones de estos proyectos. El concejal Barrera cuenta que en la vereda El Tabor, de Granada, donde actualmente también hay un proyecto para la construcción de una PCH,

    “ingresaron abruptamente a hacer los estudios de fauna. Los funcionarios iban de noche, con linternas, entonces la gente se alarmó”. Para expresar el rechazo por la forma en la que se iban a adueñar del río, la comunidad organizó una jornada de muralismo: “Incluso la gente manifestaba que tenía miedo por un rumor que había en la vereda: ‘¡Hay del que se oponga!’. A los dos días echaron pintura blanca a todo lo que hicimos porque iban a ir funcionarios de Cornare al territorio”, dice.

    Este tipo de situaciones también son motivo de preocupación para la gente de Guadualito. Según algunos de los pobladores, en junio de 2021, casi un año después de que la empresa socializara el proyecto, personas extrañas llegaron a la vereda e ingresaron a unos predios sin autorización. Al preguntarles por el motivo de la visita comentaron que estaban allí porque la PCH estaba próxima a realizarse, lo que puso en alerta a la comunidad. Sumado a esto, en el último año, varios líderes ambientales del Oriente antioqueño han denunciado amenazas por oponerse a la construcción de estas centrales.

    ¿Qué hace de las PCH un negocio atractivo?

    Aunque las PCH son financiadas y construidas por empresas privadas, están reguladas por el Estado porque explotan recursos naturales.

    En el Oriente antioqueño, Cornare es la entidad que otorga las licencias con base en el Decreto 2041 de 2014. Esta norma define el proceso para tramitar una licencia ambiental y en qué condiciones, entre ellas, una serie de estudios de topografía, hidrología, geología y de suelo; y otros de impacto ambiental y socioeconómico. Además, exige una socialización con los habitantes del territorio.

    Uno de los puntos críticos de estos estudios es que solamente se realizan en el sitio en el cual se desarrollará el proyecto, sin una mirada integral del territorio.

    Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, ratifica que los decretos que cobijan estos proyectos no contemplan la necesidad de evaluar la zona en conjunto. En el caso de Guadualito, por ejemplo, no se tienen en cuenta las otras dos PCH que ya existen en el río San Matías.

    Actualmente, cuenta Ramírez, Cornare está elaborando un estudio en convenio con la oenegé The Nature Conservancy sobre la capacidad de carga del territorio para determinar los indicadores de sostenibilidad de los recursos naturales renovables en el Oriente, y que este sea un elemento decisivo en los proyectos a futuro.

    Ramírez explica que el Gobierno nacional clasificó las PCH como fuentes no convencionales de generación de energía renovable en la Ley 1715 de 2019 y la Ley 2099 de 2021. Además, les dio beneficios tributarios, como la exoneración de IVA y renta, más la facilidad para la exportación de sus maquinarias en temas arancelarios y de aduana, con el fin de incentivar su construcción para cumplir con lo acordado en el Convenio de París de 2015.

    Allí se trazaron unas metas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %. Recientemente, el presidente Iván Duque dijo que se iba a reducir en un 50 %. Este proceso se quiere acelerar por medio de la generación de energía renovable. “Esos beneficios las convirtieron en algo muy atractivo y, sumado a la riqueza natural del territorio, hace que muchas personas estén interesadas en la construcción de PCH en el Oriente”, dice Ramírez.

    Una comunidad que resiste

    De la carretera a la escuela de Guadualito hay una gran pendiente. Una vez arriba se puede divisar el recorrido del río San Matías y varios nacimientos de agua que desembocan en él. Esta riqueza hídrica es motivo de orgullo entre la comunidad, pues les permite atender sus necesidades básicas, trabajar en los entables paneleros, desarrollar su actividad agrícola, ganadera y además utilizan el río como sitio de recreación.

    Por eso, el temor de la comunidad se centra en las repercusiones culturales y económicas. Uno de los cambios que podrían generarse es el desplazamiento de la vocación agrícola para que la mano de obra se emplee en la construcción de las PCH. Rubén Giraldo, presidente de la junta de acción comunal de Guadualito, comenta:

    “Incluso por allá donde mi hermana, en El Molino, pasó. Muchos dejaron la finquita tirada para ir a ganar dizque mucha plata con ellos, pero después encontraron la finca en monte y tuvieron que comenzar de nuevo. Además, si ese proyecto se da, esto se nos va a dañar porque llega gente de otro lado a trabajar, de pronto vicio, y nosotros por acá hemos vivido muy tranquilos”.

    El proyecto de Guadualito fue socializado el 27 de julio de 2020 por parte de I-Consult.

    “Desde que vinieron y nos dijeron lo que iban a hacer, les dijimos que no íbamos a permitir que hicieran eso en nuestra vereda”, comenta Giraldo. A partir de ese momento, la comunidad comenzó una búsqueda de información y asesoramiento.

    Esteban Mercado, integrante del colectivo Movete y de la Mesa Ambiental de El Santuario, cuenta que estos movimientos decidieron sumarse y apoyarlos buscando información, asesoría jurídica y dando visibilidad a la campaña en contra de la construcción del proyecto.

    Por otra parte, Ramiro Escobar, abogado y vecino de la vereda, comenta: “Nos hemos asesorado y guiado por los procesos exitosos que han llevado otras comunidades para evitar estas construcciones y ejercemos una constante vigilancia del proceso de licenciamiento, por ejemplo, enviando derechos de petición para mantenernos informados”.

    Sin embargo, el secretario general de Cornare dice que “jurídicamente hablando, como comunidad, no pueden hacer nada. Desde la Constitución colombiana se establece que el subsuelo pertenece al Estado y si a un proyecto se le otorga una licencia ambiental es porque hay un interés general. En este caso, la producción de energía renovable para el país prima por encima de un interés particular”.

    Por esta razón, los integrantes de Movete y Coconsciente han entendido que las acciones que debe tomar la gente son especialmente tres: “Movilizarse, mostrar su desacuerdo con claridad y tomar acciones legales pertinentes”, explica Sebastián Agudelo.

    El pasado 27 de septiembre de 2021, Cornare expidió una resolución archivando el proyecto PCH Guadualito después de denegar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y solicitar información complementaria que I-Consult no reunió.

    Esto, sin embargo, no significa que la PCH no se vaya a construir, pues la empresa interesada puede elaborar los cambios necesarios y presentar los estudios faltantes para radicar de nuevo el licenciamiento. Gabriela Aristizábal, habitante de la vereda, afirma que este tipo de resoluciones retrasan el proceso y les permite a ellos como comunidad seguir tomando acciones.

    El último bus sale a las 4:30 de la tarde de Rancho Verde con dirección a El Santuario. El vehículo lleva otro cartel:

    “No más centrales hidroeléctricas en el río San Matías. Atenta contra el ecosistema, seca los nacimientos de agua e infertiliza la tierra”.

     

    María Yisley Alzate
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    Yésica Natalia Gómez
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