El Gobierno del presidente Iván Duque suele pasar muy rápido de la grandilocuencia a la frivolidad. En febrero de 2019, el presidente advirtió que el fin del Gobierno de Nicolás Maduro era inminente. Luego, comparó un acto proselitista de apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, realizado en la frontera, con la caída del Muro de Berlín.

El fallido presagio y la comparación desmesurada fueron consecuencia de la política exterior hiperideologizada del Gobierno colombiano frente a Venezuela. Una política exterior basada en la denuncia de la deriva autoritaria del régimen chavista, la formación de alianzas regionales para ejercer presión política sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, como el Grupo de Lima, y el apoyo irrestricto a las facciones más radicales de la oposición venezolana.

En paralelo, el Gobierno de Iván Duque ha intentado construir para Colombia la imagen de ser un bastión de los valores democráticos y liberales de la región: una base central para que la diáspora venezolana, beneficiada con una política migratoria tolerante y garantista, recupere su libertad. Sin embargo, la errática respuesta del Gobierno a las movilizaciones sociales más grandes de la historia reciente del país desdibujaron esa imagen y socavaron la posición internacional de Colombia.

El Gobierno de Iván Duque no ha terminado de digerir las múltiples voces de alerta de la comunidad internacional sobre la violación a los derechos humanos durante las protestas. Desde la Unión Europea hasta el Gobierno demócrata de los Estados Unidos. El último episodio de su desafío a los cuestionamientos internacionales fue la respuesta a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente caricaturizó las 41 recomendaciones de la CIDH como una invitación a tolerar el crimen y el vandalismo. Duque criticó con dureza dos recomendaciones centrales del organismo internacional: evitar la criminalización de los bloqueos como forma de protesta y aumentar el carácter civil de la Policía Nacional. La airada respuesta presidencial fue precedida por una serie de dilaciones injustificadas que retrasaron el permiso del Gobierno para la visita de la CIDH y por el despliegue de una estrategia de comunicación, dirigida hacia el exterior, que ubicaba a las protestas masivas en contra de su Gobierno como parte de un complot para desestabilizar a la democracia colombiana.

En una reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que los hechos de vandalismo registrados durante las protestas son parte de “un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada, financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país”. La declaración de la jefe de la diplomacia colombiana fue la respuesta a los cuestionamientos de múltiples delegaciones por las muertes ocasionadas durante las protestas y los excesos de las fuerzas de seguridad.

La tesis del Gobierno sobre las protestas no ha tenido los efectos esperados por los altos estrategas de comunicación de la Casa de Nariño. El amplio cubrimiento de la prensa internacional y los informes de prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han mantenido al Gobierno en una incómoda posición defensiva. La cuestionada reacción del Gobierno coincide, además, con una amplia preocupación por el deterioro de los derechos políticos y las libertades públicas en la región, dramáticamente retratado en los recientes acontecimientos de Nicaragua y Cuba.

El contraste es muy significativo. En 2020, el Gobierno de Iván Duque fue el principal aliado de la CIDH para realizar una visita a Venezuela, rechazada por las autoridades de este país. Hoy el Gobierno obstaculiza el trabajo de la CIDH en Colombia y banaliza sus recomendaciones. El resultado: un Gobierno ensimismado y con un margen estrecho para influir en la estabilización política de la región.

El peor efecto de la deteriorada posición internacional de Colombia es la incapacidad del Gobierno para influir sobre el nuevo tablero político de Venezuela, abocado a un nuevo calendario de elecciones. La estabilidad política de Venezuela es un asunto de seguridad nacional para el Estado colombiano. La enorme frontera que compartimos está a merced de un régimen autoritario permisivo con los grupos armados que controlan la potente economía ilegal de la región. La errática respuesta del Gobierno frente a las denuncias sobre la violación de los derechos humanos durante las protestas ha deteriorado el halo de libertad y democracia construido para impulsar la transición democrática en Venezuela. Un fracaso redondo de la política exterior colombiana.