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La ley del Fútbol, otra ley inaplicada

La Ley del Fútbol sería la encargada de erradicar la violencia en torno al deporte en Colombia, a cuatro años de su aparición, poco ha cambiado.

Por Juan Camilo Álvarez Lema

“No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”. Tal vez inspirados en esas palabras de Eduardo Galeano se tome una de las medidas que más se frecuentan en Colombia con el argumento de erradicar la violencia en torno al fútbol.

 

Medellin -Once Caldas - Paisa Deportes

Fotos @paisadeportes

 

El sábado pasado los únicos gritos que se escuchaban en el partido entre Medellín y Once Caldas provenían de los bancos y de una que otra cabina de prensa o del palco oficial, porque en las tribunas no había nadie. Esto porque durante y después de la más reciente final del fútbol colombiano, entre Medellín y Cali, se presentaron algunos incidentes en las inmediaciones de la Unidad Deportiva.

Enfrentamientos entre los mismos hinchas y confrontaciones entre aficionados y la Fuerza Pública dejaron como registro oficial 65 heridos y 21 detenidos. La Policía también informó que todos los retenidos fueron individualizados por agresión a servidor público, porte de armas y estupefacientes. Pero ninguno fue judicializado.

Lo que dice el papel

El 24 de mayo de 2011 el presidente, Juan Manuel Santos, firmó la Ley 1445, Ley del Fútbol o del Deporte. En esa ocasión el presidente la presentó como una serie de medidas que “apuntan a la paz en los escenarios deportivos”, porque de esta se destacan las disposiciones concernientes a la seguridad y convivencia en el deporte, las cuales, en palabras del mismo Santos, obligarían los “vándalos” a “pensar dos veces antes de perturbar el desarrollo de una competencia”.

La ley reglamenta el deporte profesional modificando la 181 de 1995, que regulaba con menos detalles y diferentes disposiciones los mismos aspectos. Inicialmente se refiere al manejo financiero de los clubes y los obliga a convertirse en corporaciones deportivas o sociedades anónimas, permitiendo conocer de dónde proviene el dinero que ingresa. También estipula que ninguna persona pueda tener más de un club en el mismo deporte y dicta medidas para evitar el incumplimiento de pago a los deportistas.

En cuanto a la vigilancia y control de los asistentes a los eventos deportivos y aficionados en general, contempla que la responsabilidad es compartida entre el club deportivo y las autoridades pertinentes, y fija sanciones específicas para quien cometa conductas contravencionales, aclarando que si el infractor es menor de edad, se iniciará un proceso de pérdida de custodia a quien ostente la patria potestad.

Establece que quien con ocasión al evento deportivo y sin importar el lugar: esté armado, tenga estupefacientes, violente o incite a violentar a un miembro de fuerza pública, invada el terreno o desobedezca las normas establecidas en el escenario deportivo, incurrirá en multa de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre seis meses y tres años.

Además, contempla multas de entre 20 y 100 salarios mínimos y prohibición de ingreso a escenarios deportivos de entre dos y cinco años a quién cometa en las mismas circunstancias una agresión física o daño a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial; y de uno a veinte salarios mínimos y prohibición de ingreso de uno a tres años a quien reincida en agresiones verbales.

La sanción más drástica que contempla la ley es para quien lance, emplee o envíe sustancias u objetos peligrosos, pues incurrirá en prisión de uno a cinco años y, si es con fines terroristas, tendrá que pagar una multa de entre 100 y 500 salarios mínimos y será condenado a entre cinco y diez años de cárcel.

La violencia en torno al fútbol era un tema que ya había pasado por el Congreso. En 2009, mediante la Ley 1270 se creó la Comisión Nacional para la Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que procuraba prevenir y contrarrestar comportamientos violentos en torno al deporte.

La 1445 fue sancionada casi dos meses antes de que se realizara el Mundial sub-20 en el país, por esos días se hablaba mucho del comportamiento que debían tener los asistentes a los estadios y de las remodelaciones en los escenarios, entre las que se destacaba la implementación de silletería en todas las tribunas y la eliminación de las mallas que separaban las tribunas y la cancha.

Policía

Foto: Cultura DIM

Un efecto placebo temporal

Hace más de cuatro años que la ley entró en vigencia, pero aún no ha llegado a su plena aplicación. Para el abogado Juan Camilo Palacio es muy poco probable que algún día llegue a ser aplicada en su totalidad. Piensa que esta ley es un ejemplo más de cómo el Estado crea la percepción de que está actuando en un problema que no se ataca de raíz.

Palacio cuenta que el problema de la violencia en torno al fútbol empezó a tratarse mediante una serie campañas educativas que fueron ineficaces y cuando el Gobierno vio el fracaso, actuó sacando la ley para que la gente se tranquilizara y creyera que el problema estaba resuelto. Sin embargo, dice el abogado, cuando no se aplica la norma, vuelve la preocupación ciudadana. Citando Mauricio García Villegas, Palacio le llama a este fenómeno “eficacia simbólica”.

Complementando esta idea llega lo que él llama, esta vez citando a Andrés Botero, el “síndrome normativo”, que consiste en “perfeccionar el problema y llevarlo a un punto en específico para nada”. En este caso empieza con una ley nacional y posteriores decretos expedidos por Coldeportes y la Presidencia.

Por el mismo camino va el Concejal de Medellín Santiago Martínez, ya que considera la ley un “canto político en el que una persona le muestra los problemas a un político y él sólo responde: ‘es que la ley ya está‘”.

No hay condiciones, pero tampoco se propician

El concejal Martínez también piensa que la ley ha sido inoperante, como muchas otras, porque antes de escribirla no se contempló si existía la estructura y la logística necesaria para su aplicación. Para él, la ley ayuda al reconocer que hay un problema, pero no era necesaria porque en las mismas situaciones se podría aplicar leyes preexistentes: “Una agresión es una agresión, sin importar que uno haya agredido al otro porque tenía una camiseta del Nacional o del Medellín, ese es un delito penal y como tal tiene que ser juzgado”, dice Martínez.

Para la total aplicación de la ley “sería necesario que haya un policía al lado de cada persona”, sostiene Palacio, refiriendose a que la ley contempla sanciones de trabajo social comunitario para quienes incurran en agresiones verbales, y en caso de reincidencia, el castigo sería una multa económica y veto de ingreso a escenarios deportivos. “Contemplar conductas como insultar a alguien sería evaluado como un momento no racional, por ser un momento de euforia, por lo que no hay dolo, y tampoco se consideraría como una actitud lesiva, porque no es comprobable que se vulnere lo que está protegiendo el Estado, en este caso la otra persona”, dice Palacio.

Los clubes también son responsables de la seguridad en el estadio. En coordinación con la Policía, son los encargados de la logística y la protección de los alrededores del escenario y del equipo visitante. Durante los partidos se organiza un Puesto de Mando Unificado.

Hernán Restrepo, Abogado del Independiente Medellín, piensa que la ley se ha aplicado poco porque “se necesitan más mecanismos de control y vigilancia, más prueba técnica, no testimonial. Es muy difícil conseguir tres testigos por cada muchacho que corrió y hay que hacerle un proceso a cada uno”.

Restrepo cuenta que ha habido casos de personas a quienes les han seguido procesos por daño en bien ajeno, pero como ese es un delito reparable lo judicializan y luego de una indemnización el delito finaliza y cuando quiera puede volver al estadio.

Pero si una de las sanciones contempladas es la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, ¿por qué puede volver? Fácil, hasta hoy no se registra la identidad de quienes ingresan al estadio. Ante esto, Andrés Arboleda, jefe de seguridad del Atlético Nacional, indicó que el 17 de julio se concederá una licitación para que el ganador instale en todas las puertas del estadio cámaras con reconocimiento facial o control biométrico que emiten una alerta si alguien que pretende ingresar está en “la lista negra”.

En el 2013 el entonces secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez, dijo que para marzo de 2014 se esperaba que estuviera en funcionamiento un sistema de identificación visual y dactilar. Cuando empiece a funcionar el control biométrico los mismos clubes tendrán que carnetizar e implementar nuevas bases de datos. Por ahora, si bien los clubes tienen datos con información de sus abonados, por la ley de Habeas Data no pueden utilizarlas porque es información se registra solo con fines comerciales.

Foto: Cultura DIM

Foto: Cultura DIM

Esos controles siguen pendientes y entretanto el manejo de lo que ocurre en el estadio recae sobre varias entidades que elaboran planes para reaccionar en casos de emergencia. Pero antes de cada partido es el Comité Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, es el que establece las condiciones y sanciones.

Arboleda sostiene que la posición de los clubes es en contra de que se sancione colectivamente, porque los actos son cometidos por individuos. Por lo que son consideradas como injustas las sanciones que terminan castigando a quienes no han cometido los actos. Además, queda en entredicho la resocialización de la sanción, pues a pesar de la cantidad suspensiones, se siguen presentando los mismos actos de violencia y los perjudicados terminan siendo los clubes y los hinchas no contraventores.

¿Es suficiente la educación y el control?

Goles en paz fue un proyecto surgido a finales de la década de los 90 con la intención de disminuir los índices de violencia en las barras populares de Bogotá, mediante capacitaciones a sus integrantes, principalmente jóvenes.

Monseñor Alirio López, uno de los líderes del proyecto durante más de siete años, piensa que la mejor forma de erradicar la violencia es una mezcla entre educación y mano dura. López cuenta que, mientras estuvo al frente del programa, se lograron avances significativos como sentar a los líderes de las barras a acordar pactos de no agresión.

Para López es fundamental iniciar procesos que inculquen respeto desde pequeños porque, como muchos otros, piensa que las conductas en los estadios son un reflejo de lo que pasa en las casas y en los barrios. Todo esto acompañado de sanciones ejemplares para quienes cometan infracciones graves a las normas.

“El tema del barrismo, como el del control territorial, como el del pandillismo delincuencial, no puede tratarse desde una visión política. El tema obedece a una política pública a la que cada administración debe darle continuidad a todos los procesos del pasado”, resalta López sin dejar de enfatizar en que el compromiso es de todos.

Una seguridad virtual es la que se vive dentro de la U de A

¿Han sido realmente efectivas las estrategias de seguridad implementadas por la Universidad de Antioquia? Los casos de hurtos a estudiantes y profesores hacen evidente un fracaso de estos planes de seguridad.

Cerca de cinco años en la Universidad de Antioquia habían logrado hasta hace poco reforzar cierta sensación de seguridad que me invadía al ingresar a sus instalaciones. Pero como puede suceder a muchas personas y en diferentes situaciones, cuando se es el directo afectado es cuando se cae en cuenta de las falsas percepciones que se tienen.

El pasado jueves 18 de abril, cuando salía del bloque 12 de mi última clase del día, me dispuse a regresar a casa en mi motocicleta. Cuando intenté encenderla, nunca sucedió. A la mínima revisión supe que le habían vaciado el tanque del combustible que había llenado el día anterior. Me dirigí entonces al bloque de vigilancia, al otro lado de la Universidad, y dejé por escrito mi queja y mis datos, como me lo sugirió la secretaria. Quedé a la espera de una respuesta.

Posteriormente escribí un comentario en el grupo en Facebook de Asamblea UdeA, y supe que muchos otros estudiantes les había sucedido lo mismo. El caso es que desde entonces me han vaciado el tanque del combustible dos veces más, la última vez el pasado jueves 23 de mayo, con el agravante de que me cortaron la manguera que permite el paso de combustible desde el tanque al carburador. Varado en la Universidad de Antioquia, sin que fuera posible que un mecánico ingresara, volví a dejar mi reclamo sobre el escritorio de la oficina de vigilancia.

Pues bien, atracos, panfletos e intentos de violación pueden ser pan de cada día en Medellín, y así mismo reflejarse dentro de las universidades, pero esa cotidianidad no debería convertirse en una costumbre y una resignación por parte de ningún ciudadano. Y mucho menos ante las respuestas amañadas de los que imprimen esa falsa percepción de seguridad.

La respuesta de vigilancia fue que en los últimos días se estaban presentando muchos robos de gasolina y que no habían logrado detener a quien (o quienes) los estaban haciendo. Que tenían sospechas de un “un tropel muy grande” que se armaría cuando los campesinos de Hidroituango abandonaran las instalaciones de la Universidad. La sugerencia fue que dejara mi motocicleta al frente del bloque de vigilancia, y así ellos podrían cuidarla. En la misma semana, en las porterías se repartió un volante que los eximía de la responsabilidad de hurto o daño a vehículos.

Comunicado de la Vicerretoría Administrativa y el Departamento de Vigilancia.

Comunicado de la Vicerretoría Administrativa y el Departamento de Vigilancia.

La cosa aquí es que no se trata ni de mi motocicleta ni de mi gasolina ni de mi manguerita. Ni siquiera se trata del posible compañero o compañera que se quedó sin combustible y decidió valerse del mío, o de los que la recolectan para su revolución solipsista (que todo bien por su causa pero qué lástima por la mía). Se trata de toda una comunidad universitaria que eventualmente pueda verse afectada por situaciones similares o peores.

Con el incremento de personas en un campus que fue creado para menos de la mitad de los que somos ahora, y con la cantidad de vehículos que ingresan, sería imposible aparcarlos todos al frente de la oficina de vigilancia para que puedan hacer lo que corresponde a una empresa proveedora de este servicio.

Supe el caso de una estudiante de Historia quien a mediados de 2012, encontró su motocicleta volcada en uno de los parqueaderos de Ciudad Universitaria, con graves daños en ella. Solicitó conocer las grabaciones de las cámaras de seguridad para entablar una denuncia por el hecho. En la oficina de vigilancia le informaron, al igual que a mí, que debía diligenciar una carta con la solicitud. Cuando quiso saber sobre el trámite, la respuesta fue que la carta nunca había llegado y que no había material grabado, pues las cámaras eran de simple monitoreo.

Surgen cuestionamientos en este punto, luego de que estrategias de seguridad planeadas desde 2009, como las cámaras de seguridad, la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP) y la instalación de los torniquetes para el ingreso al campus, han mostrado ser poco efectivas desde su implementación, además de su carácter coercitivo y la seguridad virtual que ofrecen.

Video realizado a mediados de 2012 por De la Urbe sobre la eficacia

en la práctica de las medidas que se han implementado en materia de seguridad.

Mediante la resolución superior 1568 de 2009, el Consejo Superior Universitario puso en marcha un plan con un valor cercano a los dos mil millones de pesos, para la contratación de una empresa que se encargaría de “el diseño, la adquisición, la instalación y la puesta en marcha de dispositivos electrónicos de vigilancia y seguridad, con el fin de controlar y hacer seguimiento al acceso y a la salida de personas, bienes y vehículos, para la seguridad en la Ciudad Universitaria”.

Una política de seguridad dentro de la Universidad de Antioquia requiere un estudio serio y multidisciplinario. Vale la pena resaltar el artículo del profesor Francisco Cortés Rodas en la revista Debates número 63, en la que el docente propone un modelo para estas políticas de seguridad más allá de hablar de intervención policial, cámaras y torniquetes, pues contiene más obligaciones que la de simplemente reaccionar ante los hechos violentos. Se trata entonces en este modelo conceptual de seguridad universitaria de tres elementos básicos: además de 1) reaccionar ante los hechos violentosmediante la intervención policial, también de 2) políticas de prevención y 3) de políticas de asistencia”.

El panóptico que permitía vigilar hasta los baños de la Universidad de Antioquia, fue pasando de la indignación de gran parte de la comunidad universitaria, a unos simples ojos vigilantes que se volvieron parte del paisaje, al igual que la seguridad. Porque uno se pregunta, al no poder acceder a las grabaciones y siendo evidente que en poco ha mejorado la labor de los vigilantes ¿a quién realmente le favorece invertir tanto dinero en cámaras y torniquetes? Porque es innegable que a ese ente abstracto que los comunicados definen como ‘comunidad universitaria’ poco le es útil.

Seguridad: tema principal en visita presidencial

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, visitará la ciudad de Medellín el martes 2 de abril, para analizar la situación de seguridad, esto será en el marco de su recorrido por el país.

En la capital antioqueña también se encuentra el director general de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, quien instaló su despacho desde este lunes primero de abril y estará en la ciudad hasta el siete del mismo mes.

Aunque la situación es delicada, se destaca por parte del alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, que en lo que va corrido del año 2013 se han presentado cinco días sin homicidios en el mes de abril: jueves 14, sábado 16, jueves 21, miércoles 27 y viernes 29.

Con respecto a estos días, el alcalde ha publicado en su cuenta de twitter @anibalgaviria: “Ayer miércoles santo, cero homicidios en Medellín, felicitaciones General Mendoza, a Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad y a Arnulfo Serna, secretario de Seguridad, así tenemos que continuar, con trabajo y resultados…  Ayer viernes Santo, otro día con cero homicidios en Medellín. Vamos con todo en nuestro propósito de hacer de Medellín un hogar para la vida”.

No obstante en los meses de enero y febrero  de 2013 se presentaron 189 homicidios, a pesar de las campañas promovidas por parte del gobierno, como  el aumento de agentes de policía. En el mismo periodo de 2012 se presentaron 156; en 2011, 312; y en 2010, 351.

 

Homicidios por comunas en los primeros dos meses de los últimos cuatro años


Ver Homicidios en la ciudad de Medellín – Antioquia Enero – Febrero 2013 en un mapa ampliado

Director general de la policía se pone al frente de la seguridad en Medellín

Debido al alto número de homicidios que se han presentado en los últimos meses en la ciudad,  la seguridad se reforzará esta semana con la presencia del General José Roberto León Riaño, quien comandará los operativos con el fin de disminuir los índices de violencia que afectan a la capital antioqueña.

El presidente de la República Juan Manuel Santos y el Ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón analizarán, junto con funcionarios de la Alcaldía, las medidas a implementar para contrarrestar la delincuencia que viene en aumento desde finales del año anterior.

La percepción generalizada entre los habitantes de la ciudad es que la violencia viene en aumento, ante los frecuentes enfrentamientos entre combos en las comunas de Villa Hermosa, al oriente y San Javier, al occidente. El índice de homicidios ha aumentado, según cifras de Medicina Legal. En el primer bimestre se presentó un incremento de 21.2 % comparado con el año 2012.

El problema de la micro extorsión también ha golpeado duramente a los comerciantes y transportadores. Por negarse a efectuar pagos han sido asesinados varios conductores de las mismas zonas,  lo que ha generado ceses de actividades durante varios días en lo que va corrido del año.

La Administración Municipal entregará 30 patrullas inteligentes con lo cual se pretende aumentar el número de cuadrantes en la ciudad. También se espera que arriben a la capital antioqueña un grupo de agentes de la policía que reforzarán la seguridad.

Algunos hechos violentos durante los últimos meses

Aumenta la burocracia para la seguridad en Medellín

El nuevo laboratorio de criminalística sumará su presupuesto a la ya millonaria inversión anual que hacen Estado y Municipio en el tema de seguridad en Medellín.  A pesar de los esfuerzos, los resultados son cuestionables.

Pasados un año y nueve meses de que se anunciara la construcción de un moderno laboratorio de criminalística para Medellín, el proyecto va ejecutado en un 35%. Según Luis Fernando Echavarría, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Seguridad, el retraso se debe a complicaciones en la adecuación del terreno para la construcción.

El laboratorio, que se proyecta como uno de los más avanzados del mundo, estará listo para junio de este año y, según Echavarría, contribuirá a disminuir los altos índices de impunidad que se presentan en la ciudad por falta de material probatorio que permita judicializar a los delincuentes.

A la inversión inicial, de 6.500 millones de pesos, el municipio de Medellín le adicionó 3 mil millones más para la actualización de los equipos tecnológicos que ya se habían adquirido, y que estarán al servicio de la Regional Seis de Policía, que tiene competencia en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Este nuevo proyecto se suma a la compleja red de instituciones con que cuenta Medellín en el tema de seguridad, y que ha crecido considerablemente durante la administración del alcalde Aníbal Gaviria. En el último año se invirtieron 131.431 millones de pesos en el Componente de Seguridad, Convivencia, Derechos Humanos y Gobernabilidad, y se crearon la Secretaría de Seguridad; la Secretaría Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía; y la Consejería por la Vida, la Reconciliación y la Convivencia.

El engranaje burocrático de la actual administración, sin embargo, aún no arroja resultados contundentes. A los indicadores de homicidios se suman el desplazamiento forzado, las amenazas, la extorsión, las economías ilegales y los enfrentamientos, agravados por la corrupción y la permisividad.

Estas son las cinco instituciones de carácter civil que trabajan para garantizar la seguridad en Medellín. Encuentre aquí sus presupuestos, funciones, localización y directivos.


Ver La seguridad en instituciones en un mapa más grande

A propósito del tema, De La Urbe entrevistó a Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

1- ¿Qué piensa del aumento de la burocracia en el tema de la seguridad en Medellín?

Desde que el alcalde Gaviria se posesionó se viene planteando un rediseño de todo lo que concierne a la seguridad y la convivencia en Medellín. Sí siente uno que ha crecido mucho la burocracia. Pensaría uno que como creció tanto, como hay tanta gente dedicada al tema, pues obviamente habría una mejor propuesta para la ciudad, se entendería que habría una mayor compenetración en el caso de Policía, Fiscalía y demás, pero uno siente que no avanzamos, que se están gastando muchos recursos en eso.

Pero debo advertirle que no es solamente la figura de un secretario, un asesor o un ex coronel, sino que incluso hay una gran cantidad de programas que multiplican los gastos desde la Administración Municipal; además, hay unos recursos muy importantes que se le entregan a la Policía Nacional, que superan cada año los 50 mil millones de pesos.

En últimas, se están yendo los recursos por la cañería, porque los resultados no son buenos. Este año llevamos más de treinta enfrentamientos solamente en Medellín; ha crecido el número de homicidios en un 21.2%; y en las primeras tres semanas de enero se hablaba de 101 familias expulsadas de las comunas 13 y 8, sin contar el resto de la situación.

Mucho pie de fuerza, muchos burócratas al frente del tema de seguridad, pero eso no se refleja en un mejoramiento de la situación, porque seguimos con la misma estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Aumento de Fuerza Pública, más tecnología, más fuerzas especiales; la UNIPOL, el nuevo GAULA.

2- ¿Cuál sería una mejor estrategia en el tema de seguridad para la ciudad?

La estrategia actual es capturar hombres, decomisar armas y hacer presencia policial. Los esfuerzos y los recursos deberían gastarse en una identificación clara de dónde están las finanzas del crimen y cómo decomisarlas, revisar el tema de bienes muebles e inmuebles de la mafia y los paramilitares, y hacer un proceso de extinción de dominio que incluya lo que está metido en lavado de activos, prostitución, micro y macrotráfico. Deberíamos ir detrás de los verdaderos jefes, porque hasta ahora solo se captura la primera línea de mando de las estructuras ilegales, y crear unas verdaderas leyes antimafia.

Pero para hacer todo eso habría que depurar la institucionalidad; es decir, identificar cuáles son los miembros de la institucionalidad que hacen parte de la nómina paralela y blindar el estado local, quitárselo a la mafia.

También hace falta una mayor inversión social, pero social no significa hacer más bibliotecas, más calles, echarle más cemento a la ciudad; social son acciones de impacto que logren cerrar la brechas entre ricos y pobres.

3- Usted habla de una nómina paralela de la mafia, de la que harían parte un número importante de funcionarios públicos…

No creo que ninguna organización criminal hoy en Colombia pueda sobrevivir si no tiene protección oficial. Mejor dicho, no hay un paramilitar, no hay una banda en esta ciudad, que no tenga protección oficial, o si no podría sobrevivir. Cuando la protección oficial se les ha corrido sucumben. Le doy un caso concreto; cuando se enfrentó el Bloque Metro con el Bloque Cacique Nutibara el sector de la institucional que estaba ‘comiendo’ del paramilitarismo se alió con el Cacique Nutibara, de ‘Don Berna’. La guerra de ‘Valenciano’ y ‘Sebastián’ también se resolvió por ese tipo de alianzas. Guerras de un año, dos años, terminaron acabadas en un momento.

Hay que tener en cuenta también que esa institucionalidad no se refiere solamente a la Policía y el Ejército. También hay involucrados fiscales, jueces, miembros de la Secretaría de Tránsito, del Municipio de Medellín, de la Contraloría, y todo lo que usted quiera sumar; gente en Instrumentos Públicos, en notarías. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cambiar placas de carros, traspasar propiedades y miles de cosas para las que se necesita un engranaje institucional. Esa nómina no ha hecho sino comer, y seguirá comiendo de la mafia.