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“Hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental”: representante de Aures Bajo

Juan Carlos Mejía Osorio es el representante legal de la sociedad Aures Bajo, compañía que desarrolla y construye una pequeña central hidroeléctrica (PCH) sobre la cuenca del río Aures, en la vereda de Naranjal Abajo. En entrevista con De la Urbe, Mejía habla sobre el proyecto, sus ventajas, desventajas, dificultades, inconvenientes sociales y ambientales. Además, explica lo sucedido con la segunda carretera que la compañía construyó en la vereda Naranjal Abajo sin autorización de Cornare.

Fotografía: John Darío García Arias

Fotografía: John Darío García Arias

Julián Botero
Estudiante Comunicación Social – Periodismo
juliand.botero@udea.edu.co

¿Por qué le apostaron a este proyecto energético en el municipio de Sonsón, específicamente en la vereda Naranjal Abajo?

Los accionistas de nuestra compañía son inversionistas y familias que tienen sus negocios asentados en el departamento de Antioquia y, desde hace unos diez años, venían explorando la posibilidad de invertir en el sector de energía. Dentro de los muchos sitios analizados, Sonsón tiene una localización privilegiada porque el Oriente antioqueño es, después de la región del Chocó, la zona del país donde más pluviometría o lluvias hay. Eso indica que la medición de los caudales con los cuales se genera la energía hidroeléctrica es muy certera, brindándole seguridad a los proyectos. 

¿Cuál fue el proceso que la empresa llevó a cabo para solicitar la licencia ambiental?

Cuando alguien va a desarrollar un proyecto que requiere licencia ambiental, una PCH, por ejemplo, tiene que solicitar a la autoridad que está en la jurisdicción. En el caso nuestro, Cornare, un diagnóstico ambiental de alternativas, el cual le fija las posibilidades de desarrollo del proyecto a quien solicita la licencia. Hay unos términos de referencia que establece el Ministerio del Medio Ambiente para presentar los distintos estudios de impacto ambiental. Establecidos los estudios, la corporación ambiental da inicio al trámite y el particular hace los estudios, bien sea directamente o indirectamente contratando los diferentes análisis científicos de cada una de las materias. Después, en un documento base llamado Estudio de impacto ambiental, se presenta los resultados, y es la corporación quien ve o no la viabilidad del proyecto. Cuando ve la viabilidad, otorga la licencia con una serie de condicionamientos para el campo biótico, abiótico o socioeconómico de cómo se desarrollará el proyecto.

¿Qué alianzas, tanto internas como externas, apoyan a Aures Bajo en la construcción de esta hidroeléctrica?

Al interior de Aures Bajo, siempre se tuvieron dos premisas esenciales en este proyecto: que los beneficios del proyecto irradiaran directamente a la comunidad y que la mano de obra, en su gran mayoría, fuera de la misma zona. En este punto, hemos tenido dificultades porque la gran mayoría de habitantes de Naranjal Arriba y Abajo tiene una ocupación permanente; no hay una mayor tasa de desempleo. Eso nos generó mucha dificultad y hubo necesidad de traer gente de fuera del territorio para la realización de la obra porque los campesinos de la zona tenían mejores ingresos y ocupaciones que la participación en la construcción de la obra. En lo externo, como se trata de un proyecto que tiene un desarrollo tecnológico avanzado, nos implicó importar desde Europa los equipos electrohidráulicos y electromecánicos que generarán la energía, pues estos no se consiguen en Colombia.

¿Qué ventajas traerá esta PCH para Sonsón y la región?

La primera ventaja es que una comunidad muy pequeña se verá beneficiada con una carretera de muy buenas especificaciones de una longitud de 14 kilómetros. Eso es un avance extraordinario porque al proyecto la carretera solo le sirve durante su construcción; después de construida, queda para beneficio de la comunidad. Esto permitirá que la comunidad de las veredas Naranjal Abajo, Arriba y el Tigre se puedan beneficiar de ella.

Segundo, operando el proyecto hidroeléctrico, Aures Bajo será el primer defensor de la cuenca del río Aures porque como es generación de energía a base de agua, la PCH necesita que la cuenca esté protegida y, por lo tanto, será un abanderado en la protección del Páramo de Sonsón.

Tercer beneficio, los impuestos de industria y comercio y de trasferencias por generación de energía irán directamente al municipio y serán del orden del 7% del valor del presupuesto del municipio, ingreso adicional con el cual el municipio no contaba y que se traducirá en beneficios no solo para la comunidad del área de influencia, sino para todo el municipio. Una PCH es una obra de utilidad pública, es decir, una obra en beneficio de todo el país.

¿Cómo ha sido la relación de la empresa con los campesinos?

Desde el momento en que empezamos la construcción de la obra, decidimos que la relación con la comunidad iba a ser directa y, por lo tanto, todos los procesos que tiene la compañía son subcontratados: con la compañía que suministra los equipos electrohidráulicos, con la constructora de las obras civiles, con la constructora de la tubería, todo eso lo realizan terceros. Lo único de lo que la compañía no quiso desprenderse fue del manejo con la comunidad, el cual está bajo responsabilidad de personas vinculadas directamente con Aures. Para ello, tenemos una división de gestión social con personas contratadas directamente del municipio.

¿Usted considera que la empresa ha cumplido a cabalidad los requerimientos de la licencia ambiental?

Sí, nosotros hemos cumplido a cabalidad la licencia ambiental. Hemos tenido requerimientos, por supuesto, de la autoridad para que cumplamos unas u otras cosas. En ocasiones, Cornare ha considerado que no lo estamos haciendo bien o que lo podríamos hacer mejor; pero hasta ahora hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental que nos fue otorgada.

En conversación con algunos campesinos, ellos manifiestan que, ante ciertas dificultades, la empresa no les brinda acompañamiento. ¿Qué puede decir al respecto?

Eso ha pasado porque cada campesino que hace un reclamo estima que su caso es más importante que el de otros campesinos y eso es normal. Pero la empresa tiene su orden y su metodología para atender las reclamaciones; entonces, para poder atenderlas todas las dividimos entre las que nosotros consideramos más urgentes de atender y las menos urgentes. Por su puesto, quien queda de segundo en el puesto de atención cree que lo están maltratando o no le están prestando atención, pero todas las reclamaciones se atienden y las tratamos de solucionar.

 Inicialmente, ustedes tenían una licencia para construir la carretera que de Naranjal Arriba conduce a Naranjal Abajo, pero luego abrieron otra carretera por el sector de Las Mercedes, la cual no estaba estipulada en la licencia ambiental. ¿Qué puede decir al respecto?

Es correcto. Esa carretera no estaba comprendida en la licencia ambiental. Nosotros debíamos bajar una maquinaria para empezar la construcción de casa de máquinas y el contratista estimó que, por el lado sur del proyecto, se podía acceder. Cuando fuimos a ver, encontramos que había un carreteable que bajaba casi hasta la finca Las Mercedes. La comunidad nos solicitó que rectificáramos esa vía, incluso eso fue en 2015, en la administración municipal anterior y el propio alcalde y su secretario de Planeación nos preguntaron si podíamos facilitar maquinaria para rectificar el carreteable de entrada a la finca de Las Mercedes. Nosotros les dijimos que sí y lo hicimos. Cornare nos dijo que esa vía no estaba dentro de la red terciaria del municipio; nosotros asumimos que sí estaba, y nos dijo que estábamos construyendo esa vía sin la correspondiente autorización, lo cual es cierto. En virtud de ello, Cornare viene adelantándonos un proceso sancionatorio y nosotros procedimos a solicitar la ampliación de la licencia ambiental para incluir ese carreteable dentro del proyecto de licenciamiento.

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Aures Bajo, ¿entre el agua o la energía?

Desde 2015, la Sociedad Aures Bajo S.A.S E.S.P adelanta la construcción de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el corregimiento Alto de Sabanas (Sonsón). Sin embargo, en el municipio, lejos de que se hable de la generación de recursos o de los beneficios de la iniciativa, el proyecto ha sido un dolor de cabeza para la comunidad que habita la zona.

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.  Fotografía: John Darío García Arias

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.
Fotografía: John Darío García Arias

Yuly Tatiana Flórez Manrique
Estudiante de Comunicación Social – Periodismo
ytatiana.florez@udea.edu.co

El proyecto, conocido como PHC Aures Bajo, está localizado en la cuenca del río Aures, entre los municipios de Abejorral y Sonsón, en el suroriente de Antioquia, una zona de gran producción hídrica, debido, básicamente, a su cercanía al Páramo de Sonsón y por las lluvias que se generan en la cuenca del río Magdalena.

Históricamente, esta zona de páramo ha sido el sitio predilecto para estos proyectos hidroeléctricos, pues se encuentra rodeada de grandes afluentes hídricos. Además, su topografía facilita la construcción. Según un estudio realizado por I-Consul Geb Minas sobre el impacto ambiental de la PCH Aures Bajo, el esquema de generación de la pequeña central considera la construcción y operación de una central de 17,17 megavatios de capacidad instalada, con una generación media anual de 100,92 gigavatios. Para esto, plantea el aprovechamiento hídrico del río Aures en su parte baja.

De acuerdo con ese mismo estudio, no existe la necesidad de reasentar poblaciones por inundación de predios y la construcción implica bajas afectaciones a los ecosistemas. En síntesis, en sus orígenes, la PHC Aures Bajo tendría impactos menores sobre el medio ambiente y las comunidades.

La empresa adelantó la gestiones con el Ministerio del Interior que, mediante la Certificación N.° 46 del 5 mayo de 2016, firmada por Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta Previa de esa entidad, certificó la no presencia de comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales o palenqueras.

También, solicitó la licencia ambiental ante Cornare, la autoridad ambiental en la región, que le fue concedida mediante la Resolución N.° 112-0028 del 11 de enero de 2013. Esa licencia fue modificada mediante la Resolución N.° 112-3672 del 5 de agosto de 2015 para autorizar dos zonas de depósito en el sector del Alto de Sabanas.

De acuerdo con datos de la empresa, a la fecha y en un periodo de 27 meses sus inversiones ascienden a 8.212 millones 281.038 pesos en la zona de la hidroeléctrica. Este dinero ha sido destinado para la compra de predios, el pago de cultivos, arrendamientos, depósitos, y compensaciones por derrumbes y gestión ambiental.

Pese a lo anterior, varios campesinos de la zona advierten que el proyecto sí ha tenido efectos negativos en la zona. El principal, según dicen, lo generó la construcción de una carretera de aproximadamente 14 kilómetros que comunica la cabecera municipal de Sonsón con la hidroeléctrica. La construcción de la vía fue realizada en menos de 25 meses, no obstante la difícil topografía del territorio. Según los campesinos, esa obra generó contaminación del aire y de las aguas, alteración de los flujos del agua, degradación y erosión de los suelos, extinción de especies y animales, ruido nocivo, daños a los paisajes, pérdida de cosechas y causó enfermedades respiratorias en los habitantes de la zona.

La mayor afectación, según dicen, es por los continuos deslizamientos, ya que los taludes están construidos en una zona pendiente y con fallas geológicas. Aseguran que cuando se presentan estos deslizamientos, las fincas se ven en peligro, y ya varias casas se han visto deterioradas. A esto, se le suma una preocupación mayor a largo plazo: la escasez de agua.

Los habitantes del corregimiento sienten que la empresa y los sonsoneños de la cabecera municipal no son conscientes de que si esta fuente hídrica se agota, se vería afectado todo el municipio y sus alrededores, ya que el río Aures abastece buena parte del consumo de agua en la zona.

Mientras tanto, el argumento que tiene la empresa y el alcalde Obed Zuluaga para insistir en los beneficios de estas pequeñas centrales es que se trata de una nueva alternativa para producir energías renovables que suplan la urgencia de energía en otras zonas del territorio colombiano.

¿Qué gana Sonsón?

Fotografía: John Darío García Arias

Fotografía: John Darío García Arias

La retribución por el uso de las aguas del río Aures será, anualmente, del tres por ciento de las ganancias para los municipios impactados, lo que equivale a 304’292.681 pesos. Sonsón recibirá el 1,9 por ciento, que equivale a 201’452.016 pesos, y Abejorral, el 1,1 por ciento: 102’840.665 pesos.

Si se hiciera una división de esos ingresos entre todos los pobladores de Sonsón, a cada uno le correspondería anualmente 5.165 pesos. Es por ello que en una audiencia pública desarrollada en octubre el personero de Sonsón, Nelson Fernando Gómez, dijo que esos recursos son una “chichigua” para el municipio y que se gastarían rápidamente en intervenciones a la vía o en la generación de programas en ese mismo territorio.

Mario Cardona es el presidente del Consejo Territorial de Planeación de Sonsón y manifiesta su preocupación por la proliferación de estos proyectos en la zona y en particular por las afectaciones de Aures Bajo. “Yo percibo que esta empresa ha hecho grandes daños ambientales a la vereda de Naranjal Arriba y Naranjal Abajo. Se ha perdido mucha parte de la producción agrícola, se han contaminado las aguas, se han perdido cultivos por el polvo, y la empresa se ha hecho la de la vista gorda frente a los problemas que ella misma ha causado. A los campesinos, no les han pagado lo justo por los árboles o por los cultivos que se han perdido debido a los derrumbes”, dice Cardona.

Según Juan Carlos Mejía Osorio, representante legal de la sociedad Aures Bajo, la PCH iniciaría pruebas en enero de 2018 y estaría generando energía en febrero. Se tiene presupuestado que su vida útil sea de aproximadamente de 80 años y que abastezca, aproximadamente, a 30.000 personas de Sonsón, Abejorral y municipios aledaños.

¿Quién responde por las afectaciones?

Hasta el 18 de octubre, fecha de la audiencia pública, Cornare había recibido 35 quejas de la comunidad por supuestas afectaciones del proyecto. Una de las más recurrentes está relacionada con una vía que fue desarrollada por la empresa y que no estaba contemplada en la licencia ambiental. De acuerdo con lo discutido en esa reunión entre las autoridades, la empresa y la comunidad, esa carretera ha generado afectaciones ambientales, deslizamientos, daños a casas por las escorrentías de las aguas lluvias y, en su construcción, fue arrojado material al río Aures que ensucia el caudal y sedimenta su cauce. Por ello, de acuerdo con Javier Parra, subdirector de general de Recursos Naturales de Cornare, se inició un proceso sancionatorio que definirá la multa que debe pagar la empresa y se le exigió incluir la vía en una solicitud de modificación de la licencia ambiental.

Por su parte, el personero Gómez reconoce que se han adelantado obras de mitigación de los impactos, pero dice que Sonsón tiene otras potencialidades y que, por tanto, no es comprensible que se atente contra sus recursos naturales. A su juicio, los empleos que ese tipo de proyectos generan son apenas temporales durante la etapa de construcción, mientras tanto se afecta el valor de los predios cercanos. Los campesinos, a su vez, insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que el deterioro de la región que habitan, y en particular del agua, continuará pese a la culminación de las obras y a la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.

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Oídos sordos a protestas por Hidroituango

Desde 2010, cuando se dio inicio a la construcción de Hidroituango en la población se han venido presentando diferencias con las decisiones tomadas por Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

El megaproyecto que sería la hidroeléctrica más grande del país, ha traído a su vez problemas sociales en la región. El 10 de marzo pasado los habitantes de 12 municipios que se ven afectados por el proyecto, decidieron hacer una protesta pacífica en la región para abrir canales de diálogo para expresar su inconformidad. Sin embargo ni E.P.M. ni la Gobernación han dado respuesta a sus exigencias.

Los medios de comunicación han hecho un cubrimiento superficial de las problemáticas que se presentan al norte del Departamento. A continuación se presenta una serie de videos que pretenden dar claridad de las reivindicaciones que los habitantes están defendiendo.