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Otras experiencias de paz

Cuando el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc sigue sin concretarse vale la pena repasar las condiciones históricas en las que se dieron los procesos de de paz de Irlanda del Norte, Guatemala y El Salvador.

Diálogos de paz, cotidianidad en guerra

Desde el fin del cese al fuego unilateral por parte de las Farc, volvieron las acciones armadas en medio de las cuales se ha desarrallado casi todo el proceso de paz.

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Después de un mes del fin al cese unilateral al fuego por parte de las Farc los ataques han aumentado considerablemente. Mientras tanto se sigue negociando en La Habana.
Fotos: Fedayin17 y Presidencia de la República.

 

Por Jacobo Ortiz / @eldelarasta en Twitter

La gente del corregimiento de El Mango en el municipio de Argelia, Cauca, tuvo suficiente. Es una población que vive asediada por la guerra, el frente 60 de las Farc hostiga constantemente la austera estación de Policía del caserío, y es que ésta es una de las poblaciones más afectadas de uno de los departamentos más heridos por el conflicto armado en Colombia.

El martes 23 de junio los pobladores, armados con retroexcavadoras, derribaron los bultos de arena que sirven de protección a los policías con la intención de retirarlos de su pueblo, ¿la razón? No quieren seguir estando en la mira de la guerrilla y consideran que por la presencia de los uniformados tienen que soportar el calor del conflicto.

Este caso es uno de varios que despiertan las alarmas alrededor del conflicto en las últimas semana. La quema de buses en Antioquia, los derrames de crudo y el ataque al helicóptero Black Hawk de las fuerzas militares en Norte de Santander son algunos ejemplos que muestran el recrudecimiento de la guerra.

Todo parece apuntar a que el fin del cese al fuego unilateral es un determinante clave para explicar esta agresiva oleada de las Farc. Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación revela que durante los cinco meses de pausa en el accionar guerrillero hubo una significativa reducción en los ataques armados, con relación a otros años.

Pero esto no quiere decir que las acciones cesaron totalmente. La Fundación resalta 12 violaciones de la tregua, una de ellas dejó 10 militares muertos en Buenos Aires, Cauca. Por su parte, el Ejército hostigó a la guerrilla en 79 ocasiones.

A pesar de estos hechos, el informe deja clara la disminución en el accionar del grupo subversivo: “Se pasó de posibles 895 acciones armadas, que se realizaron en promedio en los primeros cinco meses del año 2011 a 91 acciones en los cinco meses de tregua entre finales de 2014 y 2015. Es decir, se presentó una reducción cercana al 90%”, señala el balance.

Aunque esos resultados son bastante positivos, la idea de un cese al fuego bilateral parece todavía un tabú, lo cual es preocupante tras casi tres años de diálogos. Esta situación hace ver el desescalamiento del conflicto como algo todavía lejano.

“Un cese bilateral es lo mejor que le puede pasar a este proceso de paz, pero es inviable políticamente, el presidente Santos va a tener presiones de sectores como el uribismo y el costo político de hacerlo ahora es muy alto, es posible que se de en unos cinco o seis meses, pero en este momento es imposible”, apunta Ariel Ávila, subdirector académico de Paz y Reconciliación.

Entonces, esa posibilidad parece improbable si se tiene en cuenta la sensación de inseguridad que se ha producido alrededor de los diálogos, “la confianza en las partes en medio de la negociación está dañada pero es recuperable, el problema es el apoyo popular al proceso y recobrar eso es muy difícil, negociar en medio del conflicto es algo que no está claro para la población”, señala Ávila.

La opinión de las Fuerzas Militares permanece en el escepticismo, teniendo en cuenta la ofensiva reciente de las Farc, “tanto el gobierno de Santos como la guerrilla deben mostrarse más serios a la hora de negociar, es impensado que se hable de paz allá mientras acá tumban helicópteros y arremeten contra la población civil”, opina Juan Carlos Feria, sargento retirado del Ejército.

Feria resalta el escepticismo que aún existente en las altas esferas de las Fuerzas Militares. “En el Ejército muchos no le ven futuro a estas negociaciones, sobretodo con lo que pasó en el fallido proceso del Caguán, eso tanto para nosotros los militares, como para el país fue una burla muy grande”, asegura.

Un panorama de la desmovilización para el proceso de paz con las Farc

Las negociaciones de La Habana terminarían en una desmovilización masiva de las Farc. ¿Cuál es el panorama regional de las desmovilizaciones en los últimos años?

El actual proceso de negociación que se lleva a cabo en La Habana entre delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc- y el Gobierno colombiano, de llegar a buen término, implicaría la desmovilización de entre 7.500 y 8.000 combatientes activos del grupo guerrillero. Estas cifras son del Ministerio de Defensa, pero no hay claridad, ni sobre el total real de combatientes ni sobre la cohesión militar de este grupo irregular.

Aunque esta sería la desmovilización masiva más importante de este grupo insurgente en la historia, en los últimos años el número de desmovilizaciones individuales de las Farc ha sido el más importante, en comparación con otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional –ELN- y las Bandas Criminales.

Las Farc son el grupo que más registró desmovilizaciones entre 2011 y 2013. De 7.539 combatientes “neutralizados” (como se llama en el argot militar a la combinación de combatientes desmovilizados, capturados y muertos en combate), 2.055 obedecen a desmovilizaciones. En cambio, las Bacrim no registran ninguna desmovilización, pero son los grupos más afectados por la acción de la Fuerza Pública, con 8.139 personas capturadas y 69 muertos en combate.

Esto podría indicar que, tras años de afectación militar, hoy es más factible la dejación de armas de las Farc tras una finalización del conflicto. Especialmente porque, pese a las críticas sobre la manera como se llevó la desmovilización de más de 30 mil integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en este caso se hablaría de un número menor, sobre el cual las autoridades podrían tener un mayor margen de acción y capacidad institucional.

La mayoría de las desmovilizaciones de las Farc han sido individuales. Entre 2003 y 2010, un período de tiempo mucho más largo, se estima que se dieron 16.987 desmovilizaciones individuales de las Farc, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Desarme, Desmovilización y Reinserción de la Universidad Nacional.

Una desmovilización como la que se vendría con las Farc implica un gran despliegue institucional para la atención de los desmovilizados, para la dejación efectiva de armas y, especialmente, para llevar a cabo un proceso efectivo de reintegración a la vida civil. La Agencia Colombiana para la Reintegración estima que entre 2003 y 2013 se registraron 55.931 desmovilizaciones en total, pero de las cuales solo un poco más de 30 mil casos son atendidos.

Lo regional es un factor fundamental para el éxito de la desmovilización. El siguiente mapa muestra una relación de desmovilizaciones por grupos armados en algunas de las regiones y capitales más importantes del país, de acuerdo con información recopilada por Álvaro Sierra, periodista de la Revista Semana:

 

Desmovilizaciones en Colombia entre junio de 2012 y mayo de 2013

¿Existen los presos políticos en Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dice que en las cárceles hay 102.292 detenidos. De esos, 3.500 serían presos políticos.

Gracias a un nombre, el tema de los presos políticos vuelve a aparecer en la agenda noticiosa del país. El nombre de Simón Trinidad hizo presencia durante la instalación de la mesa de diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, en Oslo Noruega.

Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC-EP, aseguró que Trinidad es un preso político que ha sido juzgado y condenado a 60 años por la justicia estadounidense por ejercer su legítimo derecho a alzarse en armas contra regímenes (léase Colombia) oprobiosos. A lo que Márquez se refiere, se conoce en el ordenamiento jurídico colombiano como el delito político de rebelión.

De acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), como Simón Trinidad aproximadamente 3.500 presos políticos y de conciencia permanecen privados de la libertad en las cárceles colombianas. Para otras organizaciones defensoras de derechos humanos esta cifra estaría alrededor de los 9.500.

Sin embargo, para el gobierno colombiano esta categoría de presos no existe. Angelino Garzón, vicepresidente de la República, ha dicho que: “el Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia”.

El desconocimiento de los presos políticos y de conciencia no es propio del actual Gobierno. Durante el mandato de Julio César Turbay (1978-1982) se negó igualmente la categoría de presos políticos y de conciencia. Aunque han pasado 30 años, el Gobierno repite el discurso.

Leider Humberto Perdomo, abogado y vicepresidente de la Junta Nacional del CSPP, plantea que la postura de Garzón obedece también al  nuevo orden mundial que se configuró a partir del 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, la guerrilla empezó cada vez con más fuerza a ser considerada como una amenaza terrorista.

A pesar de lo que puedan expresar algunos miembros del gobierno, en Colombia los delitos políticos como rebelión, asonada y sedición existen formalmente. Están contenidos en el Código Penal; sin embargo, en el ejercicio punitivo, estos delitos se desdibujan pues en la realidad a los presos políticos no solo se los juzga por el delito de rebelión.

El fiscal 157* de Medellín dice que los procesados por delitos políticos generalmente también lo son por delitos como secuestro, extorsión y terrorismo.

Dentro de la lógica guerrillera estos crímenes hacen parte de la guerra y, por lo tanto, serían conexos a la rebelión. Las concepciones acerca de los delitos indudablemente obedecen a posiciones ideológicas diametralmente diferentes.

La realidad colombiana es compleja y paradójica. Por un lado, algunos gobernantes desconocen la existencia de presos políticos y de conciencia, que en últimas significa también el desconocimiento del conflicto social y armado que ha vivido el país por medio siglo.

Por otro lado, mientras soplan nuevos vientos en el ambiente político colombiano, el presidente Juan Manuel Santos ha emprendido una estrategia de paz y guerra para llevar a la guerrilla de las FARC-EP a la desmovilización. Eso ha hecho que el discurso del gobierno se haya transformado para, de esa manera, sentarse a dialogar con las FARC-EP. El gobierno Santos ha reconocido que en Colombia sí hay conflicto armado interno y, por tal razón, las FARC-EP son un actor político y no una amenaza terrorista, como se los consideró durante el anterior mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Los acuerdos de La Habana

En el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, firmado por las FARC-EP y el gobierno Santos, uno de los puntos propone que “El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”.

Frente al tema, los presos políticos se encuentran hoy a la expectativa de cómo el proceso de diálogo podría incidir en su situación. Según  el abogado Perdomo, las personas privadas de la libertad que hacen parte de la guerrilla de las FARC-EP se encuentran estudiando, analizando y discutiendo acerca de la nueva realidad política para poder hacer algún aporte al proceso de diálogo.

*La fuente pidió no revelar su nombre