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Aures Bajo, ¿entre el agua o la energía?

Desde 2015, la Sociedad Aures Bajo S.A.S E.S.P adelanta la construcción de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el corregimiento Alto de Sabanas (Sonsón). Sin embargo, en el municipio, lejos de que se hable de la generación de recursos o de los beneficios de la iniciativa, el proyecto ha sido un dolor de cabeza para la comunidad que habita la zona.

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.  Fotografía: John Darío García Arias

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.
Fotografía: John Darío García Arias

Yuly Tatiana Flórez Manrique
Estudiante de Comunicación Social – Periodismo
ytatiana.florez@udea.edu.co

El proyecto, conocido como PHC Aures Bajo, está localizado en la cuenca del río Aures, entre los municipios de Abejorral y Sonsón, en el suroriente de Antioquia, una zona de gran producción hídrica, debido, básicamente, a su cercanía al Páramo de Sonsón y por las lluvias que se generan en la cuenca del río Magdalena.

Históricamente, esta zona de páramo ha sido el sitio predilecto para estos proyectos hidroeléctricos, pues se encuentra rodeada de grandes afluentes hídricos. Además, su topografía facilita la construcción. Según un estudio realizado por I-Consul Geb Minas sobre el impacto ambiental de la PCH Aures Bajo, el esquema de generación de la pequeña central considera la construcción y operación de una central de 17,17 megavatios de capacidad instalada, con una generación media anual de 100,92 gigavatios. Para esto, plantea el aprovechamiento hídrico del río Aures en su parte baja.

De acuerdo con ese mismo estudio, no existe la necesidad de reasentar poblaciones por inundación de predios y la construcción implica bajas afectaciones a los ecosistemas. En síntesis, en sus orígenes, la PHC Aures Bajo tendría impactos menores sobre el medio ambiente y las comunidades.

La empresa adelantó la gestiones con el Ministerio del Interior que, mediante la Certificación N.° 46 del 5 mayo de 2016, firmada por Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta Previa de esa entidad, certificó la no presencia de comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales o palenqueras.

También, solicitó la licencia ambiental ante Cornare, la autoridad ambiental en la región, que le fue concedida mediante la Resolución N.° 112-0028 del 11 de enero de 2013. Esa licencia fue modificada mediante la Resolución N.° 112-3672 del 5 de agosto de 2015 para autorizar dos zonas de depósito en el sector del Alto de Sabanas.

De acuerdo con datos de la empresa, a la fecha y en un periodo de 27 meses sus inversiones ascienden a 8.212 millones 281.038 pesos en la zona de la hidroeléctrica. Este dinero ha sido destinado para la compra de predios, el pago de cultivos, arrendamientos, depósitos, y compensaciones por derrumbes y gestión ambiental.

Pese a lo anterior, varios campesinos de la zona advierten que el proyecto sí ha tenido efectos negativos en la zona. El principal, según dicen, lo generó la construcción de una carretera de aproximadamente 14 kilómetros que comunica la cabecera municipal de Sonsón con la hidroeléctrica. La construcción de la vía fue realizada en menos de 25 meses, no obstante la difícil topografía del territorio. Según los campesinos, esa obra generó contaminación del aire y de las aguas, alteración de los flujos del agua, degradación y erosión de los suelos, extinción de especies y animales, ruido nocivo, daños a los paisajes, pérdida de cosechas y causó enfermedades respiratorias en los habitantes de la zona.

La mayor afectación, según dicen, es por los continuos deslizamientos, ya que los taludes están construidos en una zona pendiente y con fallas geológicas. Aseguran que cuando se presentan estos deslizamientos, las fincas se ven en peligro, y ya varias casas se han visto deterioradas. A esto, se le suma una preocupación mayor a largo plazo: la escasez de agua.

Los habitantes del corregimiento sienten que la empresa y los sonsoneños de la cabecera municipal no son conscientes de que si esta fuente hídrica se agota, se vería afectado todo el municipio y sus alrededores, ya que el río Aures abastece buena parte del consumo de agua en la zona.

Mientras tanto, el argumento que tiene la empresa y el alcalde Obed Zuluaga para insistir en los beneficios de estas pequeñas centrales es que se trata de una nueva alternativa para producir energías renovables que suplan la urgencia de energía en otras zonas del territorio colombiano.

¿Qué gana Sonsón?

Fotografía: John Darío García Arias

Fotografía: John Darío García Arias

La retribución por el uso de las aguas del río Aures será, anualmente, del tres por ciento de las ganancias para los municipios impactados, lo que equivale a 304’292.681 pesos. Sonsón recibirá el 1,9 por ciento, que equivale a 201’452.016 pesos, y Abejorral, el 1,1 por ciento: 102’840.665 pesos.

Si se hiciera una división de esos ingresos entre todos los pobladores de Sonsón, a cada uno le correspondería anualmente 5.165 pesos. Es por ello que en una audiencia pública desarrollada en octubre el personero de Sonsón, Nelson Fernando Gómez, dijo que esos recursos son una “chichigua” para el municipio y que se gastarían rápidamente en intervenciones a la vía o en la generación de programas en ese mismo territorio.

Mario Cardona es el presidente del Consejo Territorial de Planeación de Sonsón y manifiesta su preocupación por la proliferación de estos proyectos en la zona y en particular por las afectaciones de Aures Bajo. “Yo percibo que esta empresa ha hecho grandes daños ambientales a la vereda de Naranjal Arriba y Naranjal Abajo. Se ha perdido mucha parte de la producción agrícola, se han contaminado las aguas, se han perdido cultivos por el polvo, y la empresa se ha hecho la de la vista gorda frente a los problemas que ella misma ha causado. A los campesinos, no les han pagado lo justo por los árboles o por los cultivos que se han perdido debido a los derrumbes”, dice Cardona.

Según Juan Carlos Mejía Osorio, representante legal de la sociedad Aures Bajo, la PCH iniciaría pruebas en enero de 2018 y estaría generando energía en febrero. Se tiene presupuestado que su vida útil sea de aproximadamente de 80 años y que abastezca, aproximadamente, a 30.000 personas de Sonsón, Abejorral y municipios aledaños.

¿Quién responde por las afectaciones?

Hasta el 18 de octubre, fecha de la audiencia pública, Cornare había recibido 35 quejas de la comunidad por supuestas afectaciones del proyecto. Una de las más recurrentes está relacionada con una vía que fue desarrollada por la empresa y que no estaba contemplada en la licencia ambiental. De acuerdo con lo discutido en esa reunión entre las autoridades, la empresa y la comunidad, esa carretera ha generado afectaciones ambientales, deslizamientos, daños a casas por las escorrentías de las aguas lluvias y, en su construcción, fue arrojado material al río Aures que ensucia el caudal y sedimenta su cauce. Por ello, de acuerdo con Javier Parra, subdirector de general de Recursos Naturales de Cornare, se inició un proceso sancionatorio que definirá la multa que debe pagar la empresa y se le exigió incluir la vía en una solicitud de modificación de la licencia ambiental.

Por su parte, el personero Gómez reconoce que se han adelantado obras de mitigación de los impactos, pero dice que Sonsón tiene otras potencialidades y que, por tanto, no es comprensible que se atente contra sus recursos naturales. A su juicio, los empleos que ese tipo de proyectos generan son apenas temporales durante la etapa de construcción, mientras tanto se afecta el valor de los predios cercanos. Los campesinos, a su vez, insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que el deterioro de la región que habitan, y en particular del agua, continuará pese a la culminación de las obras y a la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.

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El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo, de montaña en planicie, en cerros y en páramo, se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia

Natalia Duque Vergara
Estudiante de Periodismo
natalia.duquev@udea.edu.co

El Peñol – Oriente antioqueño, 1965

Don Demetrio Galeano, médico reconocido del pueblo, es asesinado en la puerta de su casa. Don Demetrio, además de curar enfermos y heridos, lideraba la resistencia y los reclamos que los habitantes del pueblo realizaban en contra del Embalse Peñol – Guatapé. Al igual que muchos otros, se negaba a vender su predio y organizaba a la comunidad.

 

Nunca Más Contra Nadie. Ciclos de Violencia en la historia de San Carlos,

un pueblo devastado por la guerra. Carlos Hernando Olaya R. (2012)

 

Son los años setenta y ochenta; ríos de personas se mueven por todo el territorio en medio de la lucha y de los actos de resistencia. Campesinos, jóvenes, estudiantes y curas, junto con muchos otros, recorren las mismas aguas. El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo, de montaña en planicie, en cerros y en páramo, se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

El río Cauca y el río Magdalena han sido caminos de atarrayas, de pescadores y de embarcaciones. Un par de gigantes mojados que bordean el perímetro del Oriente antioqueño son las arterias por las que transitaron historias disfrazadas de canoas; de areneros y de pescadores. Caminos recorridos por el hombre —y la mujer— anfibio. Gran parte del agua de estos dos ríos, considerados los principales conductos fluviales de Colombia, tiene su origen en el Oriente antioqueño, lugar que ha sido territorio de horizontes, de orientados y de orientaciones.

Durante la primera mitad del siglo pasado, el paisaje se constituía por los cafetales, los platanales, los cultivos de maíz y de tomate; así mismo, el barequeo y la pesca artesanal eran actividades constantes en varios de los municipios. En este periodo, al Oriente se le llamó “la despensa agrícola de Antioquia”, debido a la variedad de cultivos que existían allí. Según Nathalia Ávila, geóloga de la Universidad de Paraná y quien en el 2016 realizó un estudio acerca del neoextractivismo en el Oriente antioqueño, la vocación productiva de esta subregión comenzó a cambiar en los años sesenta.

“El Oriente antioqueño pasa de ser una región sin importancia mercantil para las empresas y para el Estado Nacional, a ser una región fundamental para el desarrollo del departamento y del país”, afirma Nathalia en su investigación publicada en 2017. El cambio de vocación se hizo evidente a principios de los setenta con la construcción del Embalse Peñol – Guatapé, proyecto que marcó la ruta que seguiría el resto del Oriente: la producción de energía.

Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, en medio de los proyectos de hidroeléctricas, vías y minas, se movían los estudiantes, los campesinos, los maestros y, en general, la gente del Oriente. Se movían en un bloque común que logró integrar distintos sectores de la comunidad y que, mediante marchas, paros y debates, resistió a la incursión de los megaproyectos; se trató del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

“Yo crecí siendo del Movimiento; viendo a mi padre que participaba, a mis familiares y vecinos. Yo era estudiante de bachillerato y hacía parte del Movimiento porque crecí viendo unas problemáticas reales que había en el territorio”, dice Carlos Olaya, un reconocido líder de la región, quien creció en San Carlos durante el contexto en el que se gestó la construcción de la Hidroeléctrica de este municipio.

El Movimiento Cívico del Oriente, más que desatar acciones coyunturales y específicas de resistencia, logró generar un carácter organizativo permanente en la comunidad. Quienes habitaban el Oriente, habían cosechado alimentos durante toda su vida y consideraban bondadosa la riqueza hídrica de la región, por lo que se unirían para protegerla y contra el proyecto extractivista que estaba irrumpiendo en este territorio. El Movimiento logró extenderse desde Guatapé y San Carlos hasta Marinilla y Granada, y generó unos lazos de solidaridad que potencializaban las exigencias de las comunidades y obstaculizaban la construcción de los embalses.

Fue así como, según Bladimir Ramírez, miembro del Movimiento del Oriente por la Defensa de la Vida y el Territorio (Movete) y quien actualmente realiza una investigación acerca del conflicto armado y los proyectos mineroenergéticos en este territorio, “el uso de la fuerza estatal adquirió un papel protagónico, dándole a un problema de índole social un tratamiento bélico-militar”.

Para 1980 ya habían asesinado a 64 líderes y la persecución hacia los integrantes del Movimiento Cívico era cada vez más fuerte. “Debido a la violencia, uno sale desplazado pa’ la ciudad, con familia y todo. Por ejemplo, a nosotros Empresas Públicas nos quitó las tierras para poder construir la hidroeléctrica Playas”, afirma Carlos.

Gran parte de las personas que hacían parte del Movimiento Cívico se desplazaron hacia las ciudades. Quienes llegaron, por ejemplo, a Medellín continuaron debatiendo acerca de lo que sucedía en la región y en algunos casos, como el de Carlos, —historiador de la Universidad de Antioquia— culminaron sus estudios. “Desde la ciudad, mantuvimos un vínculo con el territorio y ya luego, cuando volvimos, intentamos retomar lo que había antes, pero con más fuerza aún”.

Este primer retorno fue en los noventa, la misma época en la que se gestó el movimiento Oriente Unido. A diferencia del Movimiento Cívico, esta nueva organización estuvo sectorizada en el campesinado y se introdujo en la esfera institucional del Estado. Oriente Unido logró tener concejales y alcaldes en municipios como Granada, San Rafael y Sonsón. A pesar de que no reunió  la misma variedad de actores ni fue tan masivo, logró plantear propuestas de trabajo comunitario articuladas al Valle de Aburrá, estableciendo la relación campo – ciudad.

A pesar de que las insurgencias ya se encontraban en el territorio desde los ochenta, durante esta década su presencia se consolidó aún más. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) incursionó en el Oriente antioqueño de manera endógena, de familia en familia y realizando trabajo de base con la comunidad; por el contrario, afirma Bladimir, las FARC, que venían expandiéndose desde Urabá, llegaron a la región como un ejército de ocupación y, en esa medida, tejiendo relaciones de mayor conflictividad con las personas. “El movimiento Oriente Unido inmediatamente fue criminalizado; se señaló de que estaba coordinado por la guerrilla y se desató la violencia estatal y paramilitar”, explica Carlos.

La presencia de las insurgencias que confluye cronológicamente con el resurgir de la organización social, fue una excusa para las medidas, tanto institucionales como parainstitucionales, que se llevaron a cabo desde 1997 hasta el 2006.

En 1997, el paramilitarismo incursionó con las estructuras “Héroes de Granada”, “Bloque Metro” y las “Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”. “Desde este año hasta el 2006, la violencia fue fuerte; se llevaron a cabo masacres y asesinatos por parte de los paramilitares, así como cinco operaciones militares por parte de la IV Brigada”, comenta Bladimir Ramírez. La totalidad de estas operaciones militares se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe y sus nombres fueron: Meteoro (2002), Espartacus (2005), Ejemplar (2005), Fantasma I (2006) y Falange II (2006).

Este recrudecimiento de la guerra generó la desarticulación de Oriente Unido y una segunda migración de los líderes hacia las ciudades. “La violencia fue tan fuerte que en muchos casos la única opción que vieron familias enteras fue entrar a las filas del ELN”, afirma Ramírez.

Según el informe ‘Basta Ya’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 21 de los 23 municipios que tiene el Oriente antioqueño se perpetraron masacres. Según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, “más allá de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo y su poder armado sirvió como instrumento de acumulación de tierras para los terratenientes y de grupo de limpieza para las zonas donde se implantaron megaproyectos, algunos de estos desarrollados por ellos”.

La presencia paramilitar acabó con el obstáculo que representaban las insurgencias para los proyectos hidroeléctricos y, en muchos casos, hizo efectivo el abandono de predios. Lo que favoreció el escenario actual: más de cincuenta solicitudes para hidroeléctricas. Según Bladimir “este panorama no hubiera sido posible si las insurgencias y el Movimiento Cívico hubieran continuado presentes”. Un ejemplo claro es el caso de Sonsón; actualmente hay ocho proyectos de microcentrales hidroeléctricas: río Aures, Aures Bajo, HidroArma, dos microcentrales en el río Sonsón, Llano Cañaveral, Sirgua y La Paloma I.

Carmenza Carmona, integrante de Movete y lideresa de Sonsón, afirma que “donde están los proyectos de microcentrales del río Sonsón, el Llano Cañaveral y todo el cañón del río Arma, tuvieron conflicto armado. Hubo presencia de grupos armados que generaron la muerte y el desplazamiento de personas que vivían allí. Asimismo, por el desplazamiento que se estaba dando, se vendieron las tierras a cualquier valor”.

Solo hasta 2006, continúa relatando Carlos, muchos de los activistas que habían salido de su región a causa de la violencia, se plantearon volver a organizarse y reactivar la expresión de resistencia de la comunidad: “Fue muy difícil, la gente todavía tenía mucho miedo”. Para este año, a pesar de que ya se había llevado a cabo la desmovilización paramilitar, el control continuaba siendo evidente y los rezagos de la guerra eran latentes en la mente de quienes permanecieron en el territorio.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

En busca de alternativas para recuperar la confianza, la tranquilidad y los ánimos de la gente, quienes habían regresado vieron en el arte la posibilidad de configurar nuevamente la red de lucha y resistencia que había caracterizado al Oriente. Es así como en 2007 se realizó un evento de música, baile, discusiones y reencuentro: el Primer Festival del Agua. “Empezó un periodo de reanimación del movimiento social; aquí han socializado el terror con el fin de intimidar; sin embargo, la gente ha tenido mucha valentía”, señala Carlos.

En un panorama de revitalización y retorno, tres años después, en 2010, nació Movete que  es el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio que busca hacerle frente a las dinámicas neoextractivas de la región. Y es un grupo de trabajo que busca asumir la vocería de las comunidades y dinamizar actividades para hacer frente a las diferentes problemáticas que tiene la región.

Para 2017, hay 54 proyectos de microcentrales en más de 15 municipios del Oriente en diferentes etapas, desde el licenciamiento hasta su fase final de construcción. “Actualmente, en el Oriente antioqueño hay una gran variedad de problemas socioambientales que han tenido como consecuencia el despojo del campesinado y el no tener en cuenta las decisiones de las comunidades”, afirma Omar Andrés Osorio, integrante de La Tulpa Comunitaria, una organización social del municipio de La Ceja que hace parte de Movete.

De acuerdo con el informe Oriente antioqueño: análisis de la conflictividad, del PNUD, “las protestas por los modelos de desarrollo impuestos por intereses económicos y políticos de las élites antioqueñas ayudaron a la configuración de un claro sentimiento de identidad de la región y de la necesidad de la autodeterminación y construcción del propio desarrollo”.

Este auge de solicitudes de microcentrales y la presencia de grandes empresas como EPM y Argos, entre otras que tienen intereses en el territorio, coincide también con un periodo de organización social y movimiento campesino que, así como en los setenta y en los noventa, insiste en la protección de su territorio. Como si se tratara de hace cuarenta años, en medio de hidroeléctricas, vías y minas se mueven los pobladores del Oriente.

Ante esto, Carlos asegura: “Aquí a la gente le ha tocado es moverse; muévase por todo el territorio bregando a establecerse; la violencia nos ha configurado cierto carácter. El Oriente tiene una condición muy especial; la forma de ser campesina de un campesinado que está vinculado con la actividad política y que se indigna porque nos han tratado mal a todos. No solo soy yo, somos mucha gente”.

 

Sonsón, Llano Cañaveral – Oriente antioqueño, 2017

Al borde del camino, encuentran a don Edmiro León Alzate, muerto: lo asesinaron. El proyecto de hidroeléctrica Hidroarma compra en la vereda los predios de los campesinos para construila. Don Edmiro, aparte de tener una tienda de dulces, lideraba las exigencias que tenían los campesinos hacia el proyecto. Pedía un mejor pago por las propiedades y los cultivos.

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Colombia en la encrucijada energética

Los efectos de El Niño, el incendio en la Central Hidroeléctrica Guatapé y la falla de una de las turbinas de la unidad Flores IV de Zona Franca Celsia tiene al país al borde de un racionamiento de energía.

Concejo de Medellín analiza posible fusión de Une y Millicom

Este lunes continúa en el recinto del Concejo de Medellín la discusión sobre la posible fusión de Une Telecomunicaciones con la multinacional Millicom.

La comisión accidental liderada por Aura Marleny Guerra, concejala del Partido  Liberal, se reunió con el gerente de Une,  Marc Eichmann, y con representantes de la firma de abogados Gómez Pinzón, entidad que asesora a la empresa.

El proyecto de una posible fusión fue presentado por la Alcaldía de Medellín y la gerencia de Empresas Públicas de Medellín, dueños de UNE. Se espera que al finalizar las discusiones el Concejo apruebe la reforma a los estatutos de la empresa que le permitan cambiar su composición accionaria y pueda, de esta manera, llevar a cabo la fusión.

La empresa resultante de la fusión, según lo explicado por Marc Eichmann a la comisión accidental, conservará el nombre de UNE, lo cual significa que será esta la que absorba a Millicom España.  La composición accionaria será un 50% de UNE y el restante 50 % de Millicom Internacional con sede en Luxemburgo.  Eichmann también explicó que los empleados de UNE tendrán el mismo tipo de contrato y las convenciones colectivas se respetaran.

Por otro lado, el Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos (SIMPRO), considera que la decisión de fusionar a Une con Millicom es una decisión precipitada y que va en contravía de la preservación del capital estatal como bien público de toda la ciudadanía.

Guillermo Maya, economista de la Universidad Nacional y columnista del Diario el Tiempo, asegura -en su columna del 15 de marzo-  que si EPM no es capaz de desarrollar y profundizar inversión en UNE lo mejor es vender. Para él no son claras las condiciones de la negociación dela fusión de UNE y Millicom y piensa que van en detrimento del capital público.

Las discusiones se seguirán dando en el Concejo de Medellín y se espera que el último debate se realice el 29 de abril de este año.