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¿Drogas sin mafias?

Santiago Rodríguez Álvarez

santiago.rodrigueza@udea.edu.co
Fotografía: David Uribe Giraldo

Fotografía: David Uribe Giraldo

“Parce, yo empecé yendo a la plaza. En la Sebastiana yo compraba pangolitos de quinientos. Después me pasé al Burro que quedaba al frente, en los billares de la Magnolia, pero ya compraba cripys a cuatro luquitas”, me contó Diego* mientras nos tomábamos una cerveza en su casa. Como la mayoría de los consumidores, cuando empezó a fumar marihuana, a los quince años, compraba en cualquier esquina de los barrios donde vivía.

Alto, de cabello largo, contextura delgada y veinticuatro años, es estudiante universitario y trabaja en la empresa de su familia. Vive con su hermano y en su casa mantiene varios frascos de vidrio de diferentes tamaños que a través del cristal dejan ver en el interior las flores del cannabis conocidas como moños. En los últimos ocho años, Diego también ha llegado a consumir recreativamente LSD, tusi (2CB), hongos y otras drogas; actualmente solo fuma hierba o weed como él le dice.

“Yo aprendí a ir a una plaza a comprar, pero con el tiempo fui conociendo a gente que, por su interés, tenía muchos conocimientos sobre el cannabis. Por ellos me empecé a dar cuenta de que la weed que venden en esas plazas es, primero, de mala calidad, porque para que llegue desde el Cauca tienen que hacer unos procesos que dañan la calidad de los moños; segundo, hay una red criminal detrás para que eso llegue ahí, entonces pasan muchísimas cosas”, afirma Diego.

La marihuana que se comercializa en las calles de Medellín efectivamente proviene del departamento del Cauca y del sur del país, según afirma el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Este comercio está controlado por “diez Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín)”, nombre dado por la Fiscalía y la Policía a las estructuras criminales que controlan este negocio. “Estas, a su vez, buscan controlar grupos o bandas delincuenciales y con ellas hacer todo el trámite que tiene que ver con el microtráfico”, dice el coronel Rodríguez.

Estas organizaciones aseguran con su aparato armado la distribución y los lugares donde se venden las drogas ilegales, especialmente marihuana y cocaína. De acuerdo con los registros de la Policía Nacional entre el primero de enero y el 31 de agosto de 2018 (antes de la implementación del decreto presidencial que permite el decomiso de la dosis mínima) se realizaron en Medellín 396 incautaciones de marihuana y 278 de cocaína.

Sin embargo, ninguno de los moños que Diego guarda en frascos proviene del Cauca y tampoco ha pasado por manos de organizaciones delincuenciales. Él se los compra a unos conocidos: dos hermanos que siembran orgánicamente en una finca en las afueras de la ciudad y quienes tienen clientes fijos, como Diego.

Cada vez que Diego les compra se junta con otros amigos y se llevan una o dos libras para abaratar costos y minimizar riesgos. A su vez, él les vende a otras personas cercanas parte de lo que compra. “Aunque yo no lo veo como vender, es más como hacerles el favor porque yo soy el que conoce a la gente, el que va por ella. Yo no lo hago para ganar plata, no me interesa, lo que hago es fumar gratis”, dice.

Si bien esta red de distribución entre amigos y conocidos es ilegal y se le podría catalogar como narcotráfico, tiene muchas diferencias con las dinámicas de control territorial y represión violenta de los combos del Valle de Aburrá. Una palabra es clave: mafia. Según la RAE la segunda definición de mafia es: “Cualquier organización clandestina de criminales”; y la tercera: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Por eso una organización criminal que ejerce un monopolio armado sobre el narcotráfico es básicamente una mafia de las drogas. En cambio, una red de abastecimiento entre conocidos difícilmente podría defender sus intereses por lo menos de un operativo policial.

Pero en el marco de la guerra contra las drogas, explica Adrián Restrepo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, investigador y autor de varios artículos sobre la política de drogas en Colombia, la mayoría de los operativos policiales se realizan en contra del consumidor, recreativo o no, que porta su dosis personal o de aprovisionamiento. Esto enfrenta al consumidor que desea abastecerse no solo con las tensiones propias de las dinámicas ilegales de los combos, sino con las tensiones del accionar de la Policía.

El profesor Restrepo afirma que estas tensiones se mantienen porque la línea entre lo legal e ilegal en materia de drogas es difusa en el país. “En Colombia tenemos una serie de contradicciones porque, internacionalmente y desde el Estado colombiano, el régimen sigue siendo de prohibición de las drogas y guerra contra ellas. Entonces, se abre una ventanita, como cuando la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-221 de 1994, despenalizó el consumo y estableció las llamadas dosis mínimas, pero cae en contradicción con otras normas que penalizan el resto de la cadena, tanto en producción como en comercialización”, comenta. El decreto contra la dosis mínima firmado por el presidente Duque, y que empezó a regir el primero de octubre, ejemplifica esta contradicción.

***

Quince días después de hablar con Diego me reuní en la Universidad de Antioquia con Marcos*. También de veinticuatro años, pelo mono, vestido con unos jeans y una camisa tipo polo. Lo contacté después de comentarle a Diego que quería hablar con alguien que vendiera fuera de las plazas y de las grandes redes de narcotráfico, esas personas a las que usualmente se les conoce como dealers, un anglicismo que contrasta con el nombre popular jíbaro.

Más que un dealer Marcos es un consumidor de drogas experto. “Yo he probado muchas sustancias diferentes: de laboratorio (producción farmacéutica) y hechas clandestinamente. La lista es un poco larga, hay muchas que solo las he probado una vez, pero las que he consumido regularmente son marihuana, LSD, hongos psilocibios, en ocasiones ketamina. También he probado la cocaína, pero mi sistema nervioso es muy sensible a los estimulantes”, cuenta.

Después de terminar un pregrado en Estados Unidos volvió Medellín y actualmente trabaja con una empresa “americana”. En lo que respecta al comercio de drogas, mientras estudiaba en el extranjero cultivó y vendió marihuana. En Colombia también ha cultivado y, en ocasiones, ha vendido otras drogas.

Para abastecerse Marcos utiliza la deep web. Según explica, esta es una plaza virtual donde cualquier persona de cualquier parte del mundo puede vender y no hay forma de regular quién lo hace. “Aunque los carteles de narcotráfico la utilicen es mucho más útil para los productores pequeños, porque los carteles ya tienen mucha gente en esquinas ejerciendo un control territorial. En cambio, el productor pequeño, el químico, no tiene plazas, no tiene trabajadores que estén ocupando un lugar”, afirma.

En la deep web se compra con criptomonedas, especialmente bitcoins, pues estas no están fiscalizadas por entidades bancarias estatales. Además, se compra al por mayor porque es más rentable y se evita hacer varios envíos, la parte débil de la cadena, comenta Marcos. “Lo que yo he hecho para minimizar riesgos y que todo salga más barato es que pido una cantidad grande, pero que no sea muy absurda. Lo que no me puedo consumir, se lo vendo a conocidos”.

El mercado negro es como un árbol. “Hay organizaciones muy grandes que abastecen una cantidad de gente muy grande, hay personas que solo abastecen a un público muy preciso y hay otras que se autoabastecen. A veces se cruzan y otras no, todo depende de la droga y el mercado que tenga”, explica Marcos.

Hay mercados más tranquilos que permiten hacerle más fácil el quite a las mafias. “Cuando el mercado es más pequeño es porque sencillamente no hay tanta demanda, no hay tanta gente organizada produciéndolo, entonces no hay una mafia. Como pasa con el del DMT, hay muy pocas personas que consumen DMT en comparación con la cocaína”, dice Marcos. En el caso de la cocaína, cuya demanda mundial ha aumentado un 30 % entre 2011 y 2016 según el Informe Mundial sobre las Drogas 2017 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se requiere de una organización y una cadena de producción que va más allá de un químico, que conozca los pasos de la producción.

Preguntando por alguien que vendiera DMT o LSD de manera independiente, conseguí el contacto de Edwin* a quien le escribí por WhatsApp. Luego de varios mensajes me respondió:

—Parce, no tengo papel [LSD o análogos] por el momento, estoy esperando a que me llegue aproximadamente en un mes. DMT sí tengo, pero ¿qué tanto conoces de la sustancia? —me preguntó.

—Sé que es un sintético de la ayahuasca, que causa un efecto alucinógeno similar, pero más corto —le respondí extrañado por la pregunta, que nunca oiría en una plaza.

—El DMT es por miligramos, una dosis oscila entre 25-35 miligramos. Yo te puedo vender esa dosis en treinta mil —me respondió. Además, me explicó cómo se debía consumir, y me dijo que no la vende mucho porque “a la gente le da miedo”.

Tampoco es él quien la produce, Edwin conoció al productor en un foro en línea, en el cual se autodenominaba El Capi, ahí estableció una comunicación virtual y desde entonces le compra, aunque nunca lo ha visto en persona.

Edwin afirma que trabaja solo y que no vive de vender drogas, “simplemente pido bastantes papeles y los revendo”, dice. No obstante, también ha hecho negocios con drogas de plaza, como cuando consiguió papeles a $4500 cada uno, justo después del operativo policial realizado en el Bronx, en Bogotá. Pero por la mala la calidad y procedencia prefiere los que trae del extranjero comprados en la deep web.

Fue la única fuente con la que hablé solamente por chat y en cierto punto dejó de responderme. La última pregunta fue: “¿No te da miedo de la Policía o de la Oficina?”, pero ni siquiera cuando intenté cerrar la compra de una dosis de DMT volvió a escribir. Quizá el silencio sea más elocuente que la respuesta.

***

Cuando se vende droga, ser precavido puede significar no ir a la cárcel o evitar una retaliación violenta. El homicidio del tatuador Juan David Rendón Betancur, en el occidente de la ciudad, evidencia el peligro de ser un deeler por fuera de las mafias del narcotráfico. Según informó El Colombiano, en el artículo “Oficina de sicarios dejó su huella en Laureles”, este joven de 27 años fue asesinado el 29 de mayo por un grupo que controlaba el expendio de drogas en ese sector.

La nota relata como los sicarios fingieron ser clientes que querían comprar éxtasis y 2CB. Cuando Rendón llego al lugar de encuentro, la banda lo capturó, extorsionó y posteriormente lo asesinó. ¿Por qué? Porque alguien estaba comerciando droga sin su permiso. El cuerpo fue encontrado con 34 heridas causadas con un destornillador.

Las alternativas para evitar dinámicas ilegales al comprar drogas son pocas. Para el coronel Rodríguez es poco posible que existan mercados alternos a las mafias. “Todo el narcotráfico es una mafia, es decir, está directamente ligado”. Marcos opina diferente y dice que todo depende de la droga y las dinámicas propias de la producción y comercialización.

En el caso de la marihuana aunque el autocultivo es permitido en un contexto urbano puede ser complejo pues muchas personas no tienen ni los conocimientos, ni las condiciones materiales para autocultivar, lo que se mezcla con el estigma que carga esta planta, explica Adrián Restrepo. El profesor agrega que la situación es más compleja para las drogas que necesitan procesos sintéticos o químicos de alguna clase como el LSD, el éxtasis, el DMT o la cocaína, ya que requieren de una producción que implica todo un proceso de laboratorio.

En la conversación, Marcos me reiteró que “hay sustancias que se mueven mucho entre esa línea, pueden estar legales e ilegales al mismo tiempo”. Habla, por ejemplo, de la ketamina cuya producción es mayoritariamente farmacéutica, pero su comercio en el mercado negro es ilegal. Pero más allá de la legalidad están las cadenas de producción vinculadas a las mafias. Para Marcos, es casi imposible encontrar un gramo de cocaína que en algún punto no haya tenido que ver con alguna parte de esta cadena: cultivo, procesamiento, transporte y comercialización.

Es importante entender que en Colombia “el consumo no es legal, sino que está despenalizado”, afirma Adrián Restrepo. Por eso Diego, Edwin y Marcos como consumidores no son penalizados, pero al tratar de abastecerse comprando a conocidos o en la deep web, donde pueden estar negociando con carteles o con químicos independientes como El Capi, sus actividades son tan ilegales como las de cualquier jíbaro aunque no sean dealers que vivan de vender sustancias ilícitas, aunque busquen calidad en lo que consumen, aunque no sean una mafia, aunque traten de evitar la sangre detrás de las drogas.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas.

Colombia, entre la despenalización y la persecución a las drogas Colombia y su paso atrás en política de drogas
¿Usted sabe qué se está metiendo? ¿De dónde viene la droga que se vende en Medellín?
¿Drogas sin mafias? Editorial

 

 

Diálogos de paz, cotidianidad en guerra

Desde el fin del cese al fuego unilateral por parte de las Farc, volvieron las acciones armadas en medio de las cuales se ha desarrallado casi todo el proceso de paz.

Bajas_FARC

Después de un mes del fin al cese unilateral al fuego por parte de las Farc los ataques han aumentado considerablemente. Mientras tanto se sigue negociando en La Habana.
Fotos: Fedayin17 y Presidencia de la República.

 

Por Jacobo Ortiz / @eldelarasta en Twitter

La gente del corregimiento de El Mango en el municipio de Argelia, Cauca, tuvo suficiente. Es una población que vive asediada por la guerra, el frente 60 de las Farc hostiga constantemente la austera estación de Policía del caserío, y es que ésta es una de las poblaciones más afectadas de uno de los departamentos más heridos por el conflicto armado en Colombia.

El martes 23 de junio los pobladores, armados con retroexcavadoras, derribaron los bultos de arena que sirven de protección a los policías con la intención de retirarlos de su pueblo, ¿la razón? No quieren seguir estando en la mira de la guerrilla y consideran que por la presencia de los uniformados tienen que soportar el calor del conflicto.

Este caso es uno de varios que despiertan las alarmas alrededor del conflicto en las últimas semana. La quema de buses en Antioquia, los derrames de crudo y el ataque al helicóptero Black Hawk de las fuerzas militares en Norte de Santander son algunos ejemplos que muestran el recrudecimiento de la guerra.

Todo parece apuntar a que el fin del cese al fuego unilateral es un determinante clave para explicar esta agresiva oleada de las Farc. Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación revela que durante los cinco meses de pausa en el accionar guerrillero hubo una significativa reducción en los ataques armados, con relación a otros años.

Pero esto no quiere decir que las acciones cesaron totalmente. La Fundación resalta 12 violaciones de la tregua, una de ellas dejó 10 militares muertos en Buenos Aires, Cauca. Por su parte, el Ejército hostigó a la guerrilla en 79 ocasiones.

A pesar de estos hechos, el informe deja clara la disminución en el accionar del grupo subversivo: “Se pasó de posibles 895 acciones armadas, que se realizaron en promedio en los primeros cinco meses del año 2011 a 91 acciones en los cinco meses de tregua entre finales de 2014 y 2015. Es decir, se presentó una reducción cercana al 90%”, señala el balance.

Aunque esos resultados son bastante positivos, la idea de un cese al fuego bilateral parece todavía un tabú, lo cual es preocupante tras casi tres años de diálogos. Esta situación hace ver el desescalamiento del conflicto como algo todavía lejano.

“Un cese bilateral es lo mejor que le puede pasar a este proceso de paz, pero es inviable políticamente, el presidente Santos va a tener presiones de sectores como el uribismo y el costo político de hacerlo ahora es muy alto, es posible que se de en unos cinco o seis meses, pero en este momento es imposible”, apunta Ariel Ávila, subdirector académico de Paz y Reconciliación.

Entonces, esa posibilidad parece improbable si se tiene en cuenta la sensación de inseguridad que se ha producido alrededor de los diálogos, “la confianza en las partes en medio de la negociación está dañada pero es recuperable, el problema es el apoyo popular al proceso y recobrar eso es muy difícil, negociar en medio del conflicto es algo que no está claro para la población”, señala Ávila.

La opinión de las Fuerzas Militares permanece en el escepticismo, teniendo en cuenta la ofensiva reciente de las Farc, “tanto el gobierno de Santos como la guerrilla deben mostrarse más serios a la hora de negociar, es impensado que se hable de paz allá mientras acá tumban helicópteros y arremeten contra la población civil”, opina Juan Carlos Feria, sargento retirado del Ejército.

Feria resalta el escepticismo que aún existente en las altas esferas de las Fuerzas Militares. “En el Ejército muchos no le ven futuro a estas negociaciones, sobretodo con lo que pasó en el fallido proceso del Caguán, eso tanto para nosotros los militares, como para el país fue una burla muy grande”, asegura.

Una reparación que sigue muy lejana

Tras la toma guerrillera de las Farc a Caldono (Cauca), en 1997,  José*, un expolicía víctima de la guerrilla, aún no accede a los beneficios de la reparación.

Caldono (Cauca) es uno de los municipios más atacados y hostigados por las Farc en el Cauca. Está localizado en un corredor estratégico de salida al Pacífico y el occidente del país. Foto: Cortesía.

Caldono (Cauca) es uno de los municipios más atacados y hostigados por las Farc en el Cauca. Está localizado en un corredor estratégico de salida al Pacífico y el occidente del país. Foto: Cortesía.

Por Mariana White** / mariana.whitelo@gmail.com

Me topo con José* en la biblioteca de la Universidad de Antioquia buscando, en archivos de prensa, la noticia que más lo marcó por vivirla en carne propia: la toma guerrillera de las Farc al municipio de Caldono (Cauca), el 23 de febrero de 1997.

Su búsqueda es fructífera, pero dolorosa por los recuerdos. Los periódicos El Mundo, El Colombiano y El Espectador reportaron los hechos el 25 de febrero de ese año. Titularon “La guerrilla no da tregua”, “Las Farc se hicieron sentir este fin de semana” y “Se calienta situación de orden púbico en el país”, respectivamente.  Entonces, José pide que le fotografíen esas noticias, las imprime, las guarda en un sobre de manila y comienza a contarme su historia.

En esa época era policía. El día de la toma guerrillera prestaba el servicio de seguridad en una esquina, al frente del parque principal de Caldono. Según José, los guerrilleros llegaron arrastrándose, pero no contaban con que él los vería. “Fui la primera persona en reaccionar. Yo fui el que inició el fuego”, cuenta.

También relata que el objetivo de los frentes guerrilleros –VI y VIII según El Colombiano– era llegar hasta la escuela Álex Tangarife, donde funcionaba de manera provisional el cuartel de la Policía, pues el 9 de febrero, 14 días antes, la guerrilla había destruido la estación. Alrededor del parque y de la escuela hubo disparos durante toda la noche. “Por momentos hay silencio y luego una bulla estruendosa que se siente por las balas, por el sonido de las granadas, por las pipas de gas que hacen efecto y revientan… por muchas cosas”, explica José, aludiendo no solo a esta, sino a una toma guerrillera en general.

Salimos de la biblioteca y caminamos por la Universidad. Me dice que camine a su derecha porque así puede escucharme. El tímpano del oído izquierdo se le reventó esa noche por los estruendos y desde entonces no oye por ese lado. Noche larga, porque combatió acompañado de 14 agentes contra “unos 150 hombres” de las Farc. Dice que “la guerrilla nunca hace una toma igual por igual” y recuerda que sintió alivio solo hasta el amanecer cuando escuchó los helicópteros de apoyo.

José tiene 57 y se jubiló luego de trabajar en la Policía 20 años. Se siente orgulloso de esto. Sin embargo, la pensión no le alcanza para vivir. Por eso trabaja a diario en “oficios varios”. Además, dice que “disimuladamente” es un desplazado y que por vivir en medio de la guerra durante tantos años se vio afectado psicológicamente. Él se considera tanto actor como víctima del conflicto armado.

El expolicía relata que ese combate fue de gran impacto. La escuela quedó destruida, al igual que las casas alrededor. Murieron dos de sus compañeros y varios quedaron heridos. “A uno de ellos una esquirla le sacó un ojo”, otro recibió un impacto de bala en el empeine afectándole los tendones y a él se le dañó un oído para siempre. También murieron dos civiles que nada tenían que ver (una anciana de 75 años y su nieta) y un guerrillero que llevaba un explosivo.

La niña, “por X o Y motivo, resultó decapitada y la anciana falleció prácticamente por el desplome de paredes y techo pues, al estar debajo de una cama, todo ese peso le vino encima y quedó debajo de todos esos escombros”, dice José. Con frecuencia lo amenazaban. “A uno le hacían llamadas. Ve, que no vas a salir este fin de semana que si te vemos, tal cosa. Si vos no te vas de acá no respondemos. Si nos das papaya…”.

Adicto al cigarrillo, prende uno y comenta que acudirá ante el Estado para pedir una reparación económica por sus afectaciones, pero el panorama no es alentador. La Ley 1448 de 2011 dicta “las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. A los miembros de la Fuerza Pública se les toma en cuenta, pero de una forma diferente. La Ley de Víctimas les garantiza verdad y no repetición. Una indemnización la ve lejos Kimberly Espinoza, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia.

Espinoza dice que las indemnizaciones que se den de acuerdo a la Ley de Víctimas son para civiles. Para los miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas existen otros mecanismos, como demandar al Estado. “Lo doloroso es que la gente no sabe que uno solo puede demandar al Estado en el transcurso de dos años después de que le pasen las cosas”, agrega.

Han pasado 18 años desde lo ocurrido y José no demandó al Estado cuando podía. Como asegura María Clara Sierra, abogada y funcionaria de la Personaría, el Ministerio Público está en la obligación de recibir su declaración, pero es la Unidad de Víctimas quién decide si lo reparan o no. Espinoza no lo ve posible: “Para que le digan no a una petición se la tienen que tramitar y darle una respuesta por escrito con el fundamento jurídico. A ellos (los miembros de la Policía) les reciben la declaración, pero necesariamente les van a decir que no y que tienen otras vías para buscar la reparación”.

Espinoza también explica que los daños físicos que pudo tener José los debió cubrir la aseguradora de riesgos que tuviera. “Si tenía una discapacidad superior al 50% el fondo de pensiones lo tenía que pensionar por discapacidad”. Otro ‘pero’ es que las pensiones son excluyentes o no pueden confluir. Quiere decir que si ya se pensionó por años de servicio, no puede pensionarse por discapacidad.

Acompaño a José a la salida de la Universidad y le deseo suerte. No sabe que se va encontrar con un panorama tan desalentador. Yo tampoco lo supe hasta tiempo después de nuestro encuentro.

*José pide no ser identificado por razones de seguridad.
**Alumna de Periodismo III (Judicial)