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El narcotráfico y las drogas no son una experiencia del pasado. En Medellín conviven expresiones que podrían considerarse herencia de ese fenómeno mientras en Colombia se debaten las formas de hacer frente a la problemática del consumo. En la edición 93 de De la Urbe investigamos el tema.

Redacción De la Urbe

delaurbeprensa@udea.edu.co

Editorial: ¿Narcomedellín?

Tres hombres de traje se alternaron un martillo gigante y unas gafas para protegerse de las astillas. Era 4 de abril y en un acto con decenas de periodistas atentos, cada uno golpeó como pudo la superficie de una jardinera a un costado del edificio Mónaco. Enrique Gil y Luis Carlos Villegas, ministros de Justicia y Defensa del Gobierno anterior, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializaron así la entrega a la administración municipal, por parte de la Policía nacional, del inmueble que mejor representa el poder que consolidó Pablo Escobar.

En el lugar que ocupa el edificio, explicó Gutiérrez, la Alcaldía de Medellín construirá un parque en honor a las víctimas del narcotráfico. Dijo que la demolición, prevista para febrero de 2019, es “una deuda histórica con las víctimas y los vecinos, quienes por años han soportado la llegada de turistas en busca de leyendas falsas”.

El Mónaco, donde Escobar vivió con su familia, se erigió como símbolo y se convirtió en una parada obligada de los recorridos turísticos por los lugares emblemáticos de los capos en el Valle de Aburrá. Hoy, lo que queda del edificio entre sus paredes roídas y su estructura inestable no expresa la decadencia del negocio del narcotráfico —que sigue vigente pese a los cambios en los protagonistas y en las formas— ni tampoco del mito creado alrededor del capo, pero sí expone por lo menos la ruina material del actor más visible de esa historia.

Era abril de 1983 y Escobar celebraba un artículo en la revista Semana que lo presentaba como el “Robin Hood paisa”, organizaba foros contra la extradición de colombianos, aprovechaba su incipiente figuración en la política, exponía su fortuna sin prevenciones y bajaba el tono de los pocos señalamientos que lo relacionaban con el narcotráfico. Para ese momento, el tráfico de cocaína y las grandes sumas de dinero que generaba ese negocio era un tema del que apenas se hacía preguntas. Los mágicos, como eran llamados los narcotraficantes, eran reconocidos, pero poco se les cuestionaba. Algunos, incluso, gozaban de admiración.

El panorama cambió pocos meses después. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla acusó con nombre propio a Escobar, para entonces representante a la Cámara suplente, por la entrada de “dineros calientes” en la política. Lo mismo hizo El Espectador al revelar que en 1976 había sido capturado junto a otros cinco hombres cuando escondía treinta y nueve libras de cocaína en una casa de Itagüí.

Los señalamientos en contra de los narcos venidos a la política, el asesinato de Lara a manos de sicarios de Escobar en abril de 1984 y lo que pasó después con la guerra que el cartel de Medellín le declaró al Estado es un resumen ligero de un relato que determinó el destino de Colombia en muchos aspectos de su vida política; una historia muchas veces contada. Al tiempo persisten efectos tanto o más visibles que, quizá, por hacer parte de la vida diaria pasan desapercibidos: mientras los grandes temas de la vida pública se removían por los efectos del narcotráfico, ese mismo relato influenciaba formas de ser, de vivir la ciudad y también de resistir.

“El narcotráfico no es exclusivamente una experiencia del pasado”, sostiene Didier Correa Ortiz, sociólogo y magister en Estética que ha dedicado sus estudios a la “narcocultura”. “Lo narco ha transmutado y ha cambiado la manera de manifestarse en la vida cotidiana, pero no es que tenga otra cara: hoy realmente se están viendo los reales efectos de lo que eso significó para la ciudad”, agrega.

Las fortunas de los narcos hicieron natural la exageración y se adoptaron estéticas que luego empezarían a asociarse con el dinero ilegal producto del narcotráfico. Como explica Gustavo Duncan, investigador y profesor de la universidad Eafit, “ostentar legitima de una manera u otra. Y eso va acompañado de un discurso implícito, que es el derecho de acceder a nuevas formas de consumo”. Sin embargo, esas formas de expresarse, de vivir la ciudad y hasta el propio cuerpo, se arraigaron lo suficiente como para consolidar un relato capaz de permear muchos otras escenarios lejos de la ilegalidad.

Esos efectos y estéticas han tomado mayor relevancia gracias a que ahora, con la distancia que da el tiempo, cobra sentido ver la herencia del narcotráfico, no solo desde una mirada punitiva, sino como producto de una construcción social en la que todos estamos inscritos. Para ello habría que entender entonces que el narcotráfico no es un asunto que atañe exclusivamente a los traficantes de drogas. Nos implica a todos porque “en cuanto representación cultural no se construyó a sí mismo ni lo hizo a partir de una autoconsciencia. Es decir, no hay una intencionalidad estética por parte del traficante de drogas de construir una narcocultura”, explica Correa.

Así, en medio de las ideas sobre cómo asumir la herencia del narcotráfico, el edificio Mónaco ha sido central en el discurso del alcalde Gutiérrez en contra de las huellas de ese fenómeno en la ciudad. Discurso que se ha traducido también en reclamos a las figuras públicas que visitan esos lugares y a las asociaciones entre Medellín y la droga en notas de prensa, en canciones y hasta en las series de televisión que reconstruyen —a su modo— parte de esa historia.

Sin embargo, a finales de octubre, al presentar el concurso con el que serán seleccionados los diseños del parque que reemplazará al Mónaco, Gutiérrez dijo que “la implosión no significa borrar la historia; no se puede olvidar el daño que se gestó desde este símbolo de la ilegalidad”. Y esa ha sido precisamente la discusión: el debate entre borrar y resignificar, entre el olvido y la memoria, entre la reivindicación de las víctimas y la exaltación de las prácticas mafiosas.

Para esta edición en De la Urbe nos preguntamos por esa herencia cultural de lo narco, vista no como una característica vergonzante propia de Medellín, sino como un discurso arraigado en nuestra forma de vernos, de ver a los otros y a la ciudad que habitamos. Partimos de preguntarnos qué tanto nuestra arquitectura, la música que escuchamos, las prácticas religiosas, las formas de vestirnos, el arte, el lenguaje y hasta el deporte están ligados a unas huellas del narcotráfico.

Hablar de ello implica reconocer los velos morales. La nuestra es todavía una historia marcada por los dolores recientes de la violencia que aún hoy, aunque con diferentes matices, seguimos padeciendo. Por ello nos preguntamos qué tanto somos, en conjunto, una ciudad víctima: Medellín como sujeto colectivo, aunque de ninguna manera unificando el dolor y menos las responsabilidades de quienes lo han generado. No se trata de negar nuestras cicatrices. La apuesta, a fin de cuentas, es reconocernos y así poner la mirada en la construcción de los nuevos discursos para aportar al esfuerzo cotidiano de resistir a la violencia. Encontrarnos en nuestra forma de habitar y habitarnos también es un ejercicio de memoria.

Los montañeros de Carrara El son del traqueto (y de toda Medellín)
Fútbol y narcotráfico: líneas de coca y cal La herencia narco push up
Los visajes del parlache El réquiem del parcero
Arte, narcotráfico y secreto

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Las víctimas están en el centro

En Medellín a todos nos ha tocado el narcotráfico: por ser víctimas directas, por haber recibido algún beneficio o simplemente por el miedo que persiste y se transforma. La memoria colectiva de la ciudad está entretejida por unos relatos que muestran cómo la cultura de lo narco se ha inmiscuido en nuestra vida cotidiana. (Seguir leyendo)

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Editorial: El revés de las drogas

La primera escena es la promesa: el 22 de agosto, en la Casa de Nariño, apenas un par de semanas después de posesionarse, el presidente Iván Duque recibe al alcalde Federico Gutiérrez. Le asegura que “muy pronto” liderará un consejo de seguridad en Medellín y recorrerán juntos las calles de la ciudad.

La segunda escena: el presidente y el alcalde caminan por el Barrio Antioquia en lo que presentan como un megaoperativo contra las “plazas de vicio” de esa zona. Abrazan y saludan a la gente que se les acerca. Luego, palustre en mano, pegan un par de adobes para sellar la entrada de una casa que servía como expendio de drogas. Dijo Duque en la rueda de prensa posterior que “prácticamente” la olla quedó desarticulada.

El presidente anunció otros “paseos de olla”. Sí, así lo dijo. Anticipó que con otros alcaldes recorrerá las ciudades para hacer operativos similares para lograr que así “la sociedad rechace la droga”. En sus palabras: “No queremos que nuestros niños en Colombia estén en las calles teniendo cerca este veneno”.

A pesar del operativo con presidente a bordo, al día siguiente el “veneno” del Barrio Antioquia se seguía vendiendo con la misma normalidad de siempre en un sector que fue declarado zona de tolerancia en la década del cincuenta y luego se transformó en el más grande expendio de drogas de Medellín. El periódico Q’hubo visitó la zona y publicó en su portada del 19 de octubre un titular tan obvio como necesario: “Duque se fue y la droga se quedó”.

La obviedad radica en que la droga se quedará en ese barrio o se moverá a cualquier otro siempre que persista la demanda que no va a desaparecer con políticas represivas y, por supuesto, tampoco se reducirá porque un presidente se vaya de safari por las plazas del país. Más allá del escándalo que la idea pueda generar tenemos una profunda relación histórica con las sustancias alteradoras de la conciencia.

Para no ir muy lejos, en 2017 la firma Euromonitor presentó un informe en el que explica que los colombianos destinan en promedio cerca de 262 dólares anuales a bebidas alcohólicas. Y a propósito de la preocupación de Duque por los niños y los jóvenes, a mediados de 2018, otro estudio desarrollado por la corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación y prevención del consumo de drogas, concluyó que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol en el país es doce años. Además, pese a que la mayoría de los padres dice no consentir que sus hijos tomen alcohol, el 38% de los encuestados afirmaron que lo consumen en compañía de sus padres u otros familiares.

Pero las cifras arrojan más conclusiones. Para 2013, de acuerdo con el Ministerio de Salud cerca de 2.4 millones de personas en Colombia —35 % del total de los consumidores— tenían un consumo de alcohol de riesgo o perjudicial, idea que engloba, según esa entidad, consecuencias sobre la convivencia, el bienestar de las familias y la seguridad ciudadana, entre otros factores. Entre tanto, según la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, de 247 millones de personas que usaron sustancias psicoactivas en 2017 en todo el mundo, solo veintinueve millones se consideraron usuarios problemáticos.

¿Entonces por qué la diferencia en el tratamiento de ambas sustancias?

Porque la discusión sobre las drogas en Colombia ha tenido un profundo asiento moral.

Eso explica que el sustento del Decreto 1844 del primero de octubre de 2018, promesa de campaña de Duque que faculta a la policía para incautar la dosis personal de drogas, haya estado acompañado mucho más de arengas que de información real sobre la problemática del consumo de sustancias estupefacientes. Explica que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijera que los consumidores de drogas podrían acudir al testimonio de sus padres para demostrar su condición de adictos para evitar una multa. Explica las burlas a sus palabras con las cartas que circularon en internet de padres declarando marihuaneros a sus hijos adultos. Explica las notas de prensa contando como un brownie de marihuana terminó con un adicto irrecuperable y como un Alka-Seltzer en un vaso de agua es equiparable a lo que causan las drogas en el cerebro. Explica, en fin, la improvisación y el claro retroceso que vive Colombia en materia de política de drogas.

De ahí también la contradicción con la postura que tenía el presidente hace apenas algunos meses. Mientras lanzaba frases sobre la importancia de proteger a los niños y a las familias de las drogas retiraba de manera silenciosa un proyecto de ley, que él mismo impulsó como senador, que daba un “enfoque de salud pública al consumo de drogas” y reconocía la dosis mínima y de aprovisionamiento. La iniciativa se tramitaba en el Congreso mientras Duque insistía en su discurso de candidato: “Quiero ser su presidente para prohibir la dosis personal”.

En Colombia las drogas han sido sinónimo de violencia. El tráfico internacional desató una guerra que puso contra las cuerdas al Estado. La cocaína ha sido el principal combustible del conflicto armado. Las mafias, que se han reinventado pese a la persecución, sustentan con las plazas de vicio su control territorial en las ciudades. Por tanto, no se trata de desconocer el problema que representa el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, sino de interpretar el problema como un fenómeno que requiere liderazgo en la discusión internacional, y más información y menos prejuicios en lo doméstico.

Ese es el propósito de esta edición: confrontar nuestros juicios morales, comprender la trayectoria de las políticas de drogas en Colombia y compararlas con experiencias internacionales, reconocer que la ausencia de información aumenta los efectos negativos derivados del consumo y que existen mercados alternativos que logran —aun con los riesgos que implica— hacerle el quite a la persecución de las mafias y del Estado. Creemos que en lugar de arengas necesitamos elementos para tomar mejores decisiones.

Colombia, entre la despenalización y la persecución a las drogas Colombia y su paso atrás en política de drogas
¿Usted sabe qué se está metiendo? ¿De dónde viene la droga que se vende en Medellín?
¿Drogas sin mafias?

 

 

‘Si yo fuera rector…’ Cinco preguntas a los candidatos a la Rectoría de la Universidad de Antioquia

Por Taller de Medios I*

Este martes 27 de febrero el Consejo Superior Universitario (CSU) adelantará la primera jornada de votación para elegir rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 2018-2021. Aunque la norma establece que la decisión debe ser adoptada por los nueve miembros con derecho a voto en el CSU, serán ocho las personas que tendrán a cargo la elección por cuenta de la determinación de los estudiantes de no contar con un representante en ese órgano directivo.

Para que haya un ganador, uno de los candidatos tendrá que obtener un mínimo de cinco votos. La reglamentación establece que, en caso de que ninguno logre ese número de apoyos, el CSU tendrá que realizar nuevas votaciones en los 15 días siguientes a la primera jornada de elección.

En el marco del proceso designación, el pasado 20 de febrero se desarrolló una consulta electrónica en la que que participaron 12.438 integrantes de la comunidad universitaria.    El médico veterinario John Jairo Arboleda ganó en los estamentos de profesores, personal administrativo y jubilados, mientras que el ingeniero Elkin Ríos obtuvo la mayor votación total y entre los estamentos de estudiantes y egresados.

El viernes 23 de febrero, a cuatro días de la elección, De la Urbe les hizo cinco preguntas idénticas a cada uno de los siete aspirantes a la Rectoría. Su intención no es profundizar en sus propuestas, sino evidenciar su carácter y la forma cómo asumirán algunas problemáticas centrales para la Universidad. Para conocer sus respuestas, haga clic en la fotografía de cada candidato.

Edison Neira

Edison Neira

Elkin Ríos

Elkin Ríos

John Jairo Arboleda

John Jairo Arboleda

Juan Carlos Amaya

Juan Carlos Amaya

María Helena Vivas

María Helena Vivas

Mauricio Alviar

Mauricio Alviar

Pablo Patiño

Pablo Patiño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alejandra Bedolla Muñoz – Luis Bonza Ramírez – Laura Cardona Correa – Elisa Castrillón Palacio – Katerine Chavarriaga Cuartas – Maira Alejandra Giraldo Naranjo – Paulina Mesa Loaiza – Manuela Ossa Mejía – Santiago Rodríguez Álvarez – Silvia Satizabal Sánchez – Juan Carlos Toro Castillo – María Alejandra Vanegas Bonilla

“Las autoridades ambientales no están a la altura de las necesidades”: Tatiana Roa Avendaño

A Tatiana Roa Avendaño, ambientalista y aprendiz de jardinera, sus padres le enseñaron “a amar la tierra, los paisajes, los caminos de piedra; a respetar las manos fuertes y la sonrisa humilde de la gente campesina, a nadar en los ríos, a gozar de un lindo atardecer, a disfrutar las ricas comidas campesinas, a respetar la vida; nos dieron lecciones de justicia y equidad”, dice en la presentación que hace de sí misma en un blog (Hojas al viento) en el cual publica reflexiones sobre su trabajo sistematiza y archiva la información que produce.

Fotografía: Cortesía Censat Agua Viva

Fotografía: Cortesía Censat Agua Viva

Estefanía Ocampo García                 –          Yudy Alejandra Ocampo Lopera
estefania.ocampog@udea.edu.co      –          yudy.ocampo@udea.edu.co
Estudiantes de Comunicación Social – Periodismo

Tatiana es, sobre todo, una campesina boyacense. Desde muy pequeña, encontró placer en construir su vida a partir de experiencias entre montañas, ríos, bosques, comunidades y territorios campesinos. Sus padres han sido los principales responsables de que ahora Tatiana, o Tatica como le dicen por cariño, se haya convertido, primero, en una amante de la naturaleza y, ahora, en una de las voces más relevantes del país sobre problemáticas medioambientales.

Ingresó a la universidad sin pensar que la carrera en la que se inscribió también la impulsaría a defender el medio ambiente. Estudió Ingeniería de Petróleo en la Universidad Industrial de Santander, carrera de la que se graduó por la insistencia de su familia, pero que también le ayudó a construir argumentos en su activismo como ambientalista. Es una ingeniera de petróleos antipetrolera o, como ella dice, pospetrolera.

Hace 27 años Tatiana es la coordinadora del Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo: Censat Agua Viva, una organización colombiana miembro de la Federación Internacional Amigos de la Tierra, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad de acción ambiental y social de comunidades históricamente empobrecidas.

Aunque como ambientalista trabaja sobre todos los temas relacionados con el medio ambiente, uno de sus mayores intereses es la protección de las fuentes hídricas que corren a lo largo y ancho de Colombia, pues está convencida de que “el estado de nuestros ríos refleja el estado de nuestra sociedad”.

 ¿Cuál ha sido su conexión con la naturaleza y por qué la decisión de dedicarse a la defensa de los territorios y las comunidades que los habitan? 

Nosotros, los seres humanos, también somos naturaleza, no somos externos sino que hacemos parte de ella. En términos personales, lo que más me acercó a una sensibilidad ambiental fue la relación con los ríos. Cuando estaba pequeña, mi familia tenía la costumbre de pasar los fines de semana yendo a los ríos, y en ese viaje iba observando cómo, poco a poco, se iban deteriorando, cada vez tenían menos caudal y eran más contaminados. Desde ahí fue creciendo mi sensibilidad frente a la problemática ambiental.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con comunidades en temas de medio ambiente?

Trabajar con organizaciones campesinas, étnicas, indígenas, jóvenes y mujeres es una labor bastante rica en aprendizajes porque a través de esas otras cosmovisiones tienes la posibilidad de acercarte a otros asuntos que, generalmente, no se abordan desde la academia o desde otros espacios más formales.

Desde la postura del Censat, ¿cuáles son las problemáticas ambientales más complejas que se enfrentan hoy en Colombia?

Uno de los dramas que se está viviendo tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, pues cada vez se destruyen más sitios de gran importancia ambiental. Colombia es uno de los diez países más megadiversos del mundo; sin embargo, cada día se pierden importantes ecosistemas. Otro problema tiene que ver con la imposición del modelo extractivo, sobre todo la expansión de la frontera minera y petrolera, que cada día va ganando más espacio, desplazando culturas, paisajes y pueblos que han sido construidos milenariamente. Los procesos de certificación en el país, el deterioro del agua, la contaminación del aire en las ciudades y el hecho de que la mayoría de los municipios están ahogados en la basura, demuestra que en un país tan rico en bienes naturales se está viviendo un desastre ambiental y las autoridades ambientales no están a la altura de las necesidades.

¿Por qué es importante proteger esa biodiversidad que está siendo destruida?

Hay regiones donde antes los investigadores no podían entrar y ahora lo pueden hacer, y están encontrando aún más megadiversidad. Desconocer la biodiversidad, no valorarla ni ponderarla es parte del drama de un país como éste. No podemos existir sin la naturaleza. Los seres humanos somos producto de una coevolución en la que hemos convivido y podido ser gracias a ella; por esta razón, debemos pensar cómo valoramos y le damos un peso importante al agua, a las selvas y a los páramos. La biodiversidad no es simplemente pájaros, aves y plantas; sino, también, esa relación que tienen los seres humanos con la naturaleza: cómo se han valido de ella para sobrevivir, cómo la han transformado; pero, también, cómo ésta nos ha transformado.

¿Qué amenazas están enfrentando en la actualidad los ecosistemas de páramos en Colombia?

Hay muchas amenazas, muchos proyectos mineroenergéticos en los páramos. En Santurbán y el Almorzadero, Norte de Santander y Santander, hay proyectos mineros a cielo abierto o subterráneos. Además, la delimitación de los páramos está restringiendo algunas de las actividades productivas de los campesinos, y hay procesos que llevan a la privatización del agua. La gente está dando peleas muy importantes. En Santander, ya ha habido varias asambleas para poder frenar la delimitación de páramos.

 En el Oriente antioqueño y en particular en Sonsón, se están construyendo varias microcentrales hidroeléctricas cerca de la zona de páramo, ¿cuáles pueden ser las implicaciones de este tipo de proyectos?

El problema de las microcentrales es que, cuando éstas se construyen en función de un interés económico y no para resolver una necesidad de la gente, se acapara gran parte del agua. Las microcentrales se construyen en cadenas o en cascada, cambiando la dinámica natural de los ríos y evitando que la gente pueda acceder a ellos a lo largo de varios kilómetros. Las microcentrales en sí no son malas, muchas comunidades indígenas y campesinas en los municipios, hace muchos años, generaban su propia energía por medio de una microcentral que tomaba una parte del río, pero mantenía la mayoría del caudal. Sin embargo, actualmente, los ríos están muy deteriorados y, además, las cabezas de estos proyectos son empresas que tienen interés en generar mucha energía; entonces, no les importa que el río no tenga el caudal suficiente y que no dejen disponibilidad de agua a la gente. 

¿Qué papel ejerce la resistencia campesina en ese tipo de situaciones?

La gente ha empezado a organizarse porque está perdiendo la autonomía sobre sus aguas, sus vínculos culturales y sociales. Se han dado cuenta de que muchas veces la energía que se está generando ni siquiera es para ellos, y este es un problema principalmente en los sectores rurales, donde la energía es de muy mala calidad. Con el tiempo van viendo que siguen padeciendo lo mismo, incluso empiezan a pagar tarifas más altas. Además, tienen todos los problemas medioambientales de las microcentrales. Es ahí donde el hecho de organizarse les permite construir una voz fuerte para poder interlocutar con las instituciones del Estado o empresas privadas, exigir mejores condiciones o frenar los procesos de las microcentrales.

¿Qué riesgos enfrentan las comunidades que se oponen a las actividades extractivas para defender el medio ambiente?

Colombia es el segundo país del continente con más asesinatos de líderes ambientales, y el tercero en el mundo después de Filipinas y Brasil, según el Global Witness. Ese es un gran problema porque la gente está siendo estigmatizada, amenazada e incluso asesinada, y las autoridades no brindan garantías. Estos procesos no son nada fáciles para la gente, casi siempre dividen las comunidades porque generalmente las empresas o los que promueven estos proyectos ofrecen ciertas condiciones a un sector de la población. Eso genera todos los riesgos de inseguridad que están enfrentando los defensores de la tierra y del ambiente en Colombia.

Decenas de líderes sociales han sido asesinados este año, algunos de ellos ambientalistas, ¿qué piensa al respecto? ¿Se siente amenazada?

Ésta no es una situación nueva; es algo que ha sido recurrente. Cuando se construyó Urrá, la represa que destruyó el río Sinú, en Córdoba, asesinaron a muchos de los líderes indígenas. La intimidación, el asesinato, la desaparición de muchos líderes, es algo que sucede frecuentemente con la llegada de estos proyectos. Son más vulnerables ellos que las personas u organizaciones que acompañamos los procesos, pues las comunidades que viven en los territorios son las que enfrentan las adversidades de los promotores de las represas y también del conflicto armado.

En Colombia, ¿el Estado tiene como prioridad crear políticas para disminuir el impacto ambiental?

No, es todo lo contrario. En Colombia, hay un desplante de la legislación ambiental. Cada vez se desmonta más el sistema nacional ambiental. Hay una flexibilización para promover a los inversionistas. Entonces, creo que hay más bien un deterioro de las obligaciones que debería tener el país para garantizar la conservación ambiental. 

¿Cuál sería el modelo de vida y desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, que se debería promover para aprovechar los bienes naturales en Colombia?

Debemos pensar en transiciones, particularmente en una transición energética. Es decir, debemos ir pensando cómo cambiar la cultura y las prácticas de las comunidades a medida que vamos implementando ejercicios de soberanía alimentaria y energética. Esto con el propósito de ir transitando hacia una sociedad más armónica con la naturaleza. No hay un solo modelo que se deba implementar, creemos que hay muchas formas que podríamos tomar de uno y otro lado para ir ganando mayores aprendizajes frente a lo que en otras culturas de Europa y Asia se ha podido ganar o recuperar.

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“Hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental”: representante de Aures Bajo

Juan Carlos Mejía Osorio es el representante legal de la sociedad Aures Bajo, compañía que desarrolla y construye una pequeña central hidroeléctrica (PCH) sobre la cuenca del río Aures, en la vereda de Naranjal Abajo. En entrevista con De la Urbe, Mejía habla sobre el proyecto, sus ventajas, desventajas, dificultades, inconvenientes sociales y ambientales. Además, explica lo sucedido con la segunda carretera que la compañía construyó en la vereda Naranjal Abajo sin autorización de Cornare.

Fotografía: John Darío García Arias

Fotografía: John Darío García Arias

Julián Botero
Estudiante Comunicación Social – Periodismo
juliand.botero@udea.edu.co

¿Por qué le apostaron a este proyecto energético en el municipio de Sonsón, específicamente en la vereda Naranjal Abajo?

Los accionistas de nuestra compañía son inversionistas y familias que tienen sus negocios asentados en el departamento de Antioquia y, desde hace unos diez años, venían explorando la posibilidad de invertir en el sector de energía. Dentro de los muchos sitios analizados, Sonsón tiene una localización privilegiada porque el Oriente antioqueño es, después de la región del Chocó, la zona del país donde más pluviometría o lluvias hay. Eso indica que la medición de los caudales con los cuales se genera la energía hidroeléctrica es muy certera, brindándole seguridad a los proyectos. 

¿Cuál fue el proceso que la empresa llevó a cabo para solicitar la licencia ambiental?

Cuando alguien va a desarrollar un proyecto que requiere licencia ambiental, una PCH, por ejemplo, tiene que solicitar a la autoridad que está en la jurisdicción. En el caso nuestro, Cornare, un diagnóstico ambiental de alternativas, el cual le fija las posibilidades de desarrollo del proyecto a quien solicita la licencia. Hay unos términos de referencia que establece el Ministerio del Medio Ambiente para presentar los distintos estudios de impacto ambiental. Establecidos los estudios, la corporación ambiental da inicio al trámite y el particular hace los estudios, bien sea directamente o indirectamente contratando los diferentes análisis científicos de cada una de las materias. Después, en un documento base llamado Estudio de impacto ambiental, se presenta los resultados, y es la corporación quien ve o no la viabilidad del proyecto. Cuando ve la viabilidad, otorga la licencia con una serie de condicionamientos para el campo biótico, abiótico o socioeconómico de cómo se desarrollará el proyecto.

¿Qué alianzas, tanto internas como externas, apoyan a Aures Bajo en la construcción de esta hidroeléctrica?

Al interior de Aures Bajo, siempre se tuvieron dos premisas esenciales en este proyecto: que los beneficios del proyecto irradiaran directamente a la comunidad y que la mano de obra, en su gran mayoría, fuera de la misma zona. En este punto, hemos tenido dificultades porque la gran mayoría de habitantes de Naranjal Arriba y Abajo tiene una ocupación permanente; no hay una mayor tasa de desempleo. Eso nos generó mucha dificultad y hubo necesidad de traer gente de fuera del territorio para la realización de la obra porque los campesinos de la zona tenían mejores ingresos y ocupaciones que la participación en la construcción de la obra. En lo externo, como se trata de un proyecto que tiene un desarrollo tecnológico avanzado, nos implicó importar desde Europa los equipos electrohidráulicos y electromecánicos que generarán la energía, pues estos no se consiguen en Colombia.

¿Qué ventajas traerá esta PCH para Sonsón y la región?

La primera ventaja es que una comunidad muy pequeña se verá beneficiada con una carretera de muy buenas especificaciones de una longitud de 14 kilómetros. Eso es un avance extraordinario porque al proyecto la carretera solo le sirve durante su construcción; después de construida, queda para beneficio de la comunidad. Esto permitirá que la comunidad de las veredas Naranjal Abajo, Arriba y el Tigre se puedan beneficiar de ella.

Segundo, operando el proyecto hidroeléctrico, Aures Bajo será el primer defensor de la cuenca del río Aures porque como es generación de energía a base de agua, la PCH necesita que la cuenca esté protegida y, por lo tanto, será un abanderado en la protección del Páramo de Sonsón.

Tercer beneficio, los impuestos de industria y comercio y de trasferencias por generación de energía irán directamente al municipio y serán del orden del 7% del valor del presupuesto del municipio, ingreso adicional con el cual el municipio no contaba y que se traducirá en beneficios no solo para la comunidad del área de influencia, sino para todo el municipio. Una PCH es una obra de utilidad pública, es decir, una obra en beneficio de todo el país.

¿Cómo ha sido la relación de la empresa con los campesinos?

Desde el momento en que empezamos la construcción de la obra, decidimos que la relación con la comunidad iba a ser directa y, por lo tanto, todos los procesos que tiene la compañía son subcontratados: con la compañía que suministra los equipos electrohidráulicos, con la constructora de las obras civiles, con la constructora de la tubería, todo eso lo realizan terceros. Lo único de lo que la compañía no quiso desprenderse fue del manejo con la comunidad, el cual está bajo responsabilidad de personas vinculadas directamente con Aures. Para ello, tenemos una división de gestión social con personas contratadas directamente del municipio.

¿Usted considera que la empresa ha cumplido a cabalidad los requerimientos de la licencia ambiental?

Sí, nosotros hemos cumplido a cabalidad la licencia ambiental. Hemos tenido requerimientos, por supuesto, de la autoridad para que cumplamos unas u otras cosas. En ocasiones, Cornare ha considerado que no lo estamos haciendo bien o que lo podríamos hacer mejor; pero hasta ahora hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental que nos fue otorgada.

En conversación con algunos campesinos, ellos manifiestan que, ante ciertas dificultades, la empresa no les brinda acompañamiento. ¿Qué puede decir al respecto?

Eso ha pasado porque cada campesino que hace un reclamo estima que su caso es más importante que el de otros campesinos y eso es normal. Pero la empresa tiene su orden y su metodología para atender las reclamaciones; entonces, para poder atenderlas todas las dividimos entre las que nosotros consideramos más urgentes de atender y las menos urgentes. Por su puesto, quien queda de segundo en el puesto de atención cree que lo están maltratando o no le están prestando atención, pero todas las reclamaciones se atienden y las tratamos de solucionar.

 Inicialmente, ustedes tenían una licencia para construir la carretera que de Naranjal Arriba conduce a Naranjal Abajo, pero luego abrieron otra carretera por el sector de Las Mercedes, la cual no estaba estipulada en la licencia ambiental. ¿Qué puede decir al respecto?

Es correcto. Esa carretera no estaba comprendida en la licencia ambiental. Nosotros debíamos bajar una maquinaria para empezar la construcción de casa de máquinas y el contratista estimó que, por el lado sur del proyecto, se podía acceder. Cuando fuimos a ver, encontramos que había un carreteable que bajaba casi hasta la finca Las Mercedes. La comunidad nos solicitó que rectificáramos esa vía, incluso eso fue en 2015, en la administración municipal anterior y el propio alcalde y su secretario de Planeación nos preguntaron si podíamos facilitar maquinaria para rectificar el carreteable de entrada a la finca de Las Mercedes. Nosotros les dijimos que sí y lo hicimos. Cornare nos dijo que esa vía no estaba dentro de la red terciaria del municipio; nosotros asumimos que sí estaba, y nos dijo que estábamos construyendo esa vía sin la correspondiente autorización, lo cual es cierto. En virtud de ello, Cornare viene adelantándonos un proceso sancionatorio y nosotros procedimos a solicitar la ampliación de la licencia ambiental para incluir ese carreteable dentro del proyecto de licenciamiento.

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“El campesino es noble, pero también se sabe defender”

“No más mentiras”, “Esta vía es ilegal”, “Queremos la presencia de Cornare”, decían algunas de las consignas con las que, a mediados de julio de 2017, los habitantes del corregimiento Alto de Sabanas protestaron y cerraron la vía que comunica la cabecera municipal con su territorio. La misma vía que conecta al municipio con el proyecto PHC Aures Bajo y la misma vía que pensaban ellos, hace dos años, ayudaría a fortalecer la vocación agrícola de sus tierras.

Aunque los campesinos de la región crearon una veeduría, algunos líderes aseguran que hace falta mayor organización y que la empresa ha pagado por el silencio de algunos.  Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

Aunque los campesinos de la región crearon una veeduría, algunos líderes aseguran que hace falta mayor organización y que la empresa ha pagado por el silencio de algunos.
Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

John Dairo García Arias
Estudiante Comunicación Social – Periodismo
jdairo.garcia@udea.edu.co

Durante décadas, el sueño de los campesinos de veredas como Naranjal Arriba, Naranjal Abajo o La Loma fue el de una carretera de acceso para sacar los productos de sus fincas, y descansar de las arduas y costosas caminatas a lomo de mula. Fue por eso que, cuando la empresa Aures Bajo les planteó la rehabilitación y construcción de unos 15 kilómetros de una vía que los comunicara con el pueblo, no lo pensaron dos veces y apoyaron la obra.

Hoy, varios de ellos manifiestan que si hubiesen sabido cómo eran las cosas nunca habrían aceptado. La vida de esta comunidad, área de influencia de la PCH Aures Bajo, es muy diferente a lo que les prometieron. Ahora, hay cultivos de café, caña y plátano destruidos, trapiches y casas inundados, deslizamientos, escurrimientos de agua, bosques devastados y el agua del río sucia. Esas son las imágenes con la que han tenido que lidiar desde hace dos años.

“Pensamos que esto iba a mejorar, pero ya estamos viendo que es más lo que nos está perjudicando. Hemos estado muy afectados por los derrumbes y el polvo en los cultivos, y no nos han pagado los daños”, dice David Loaiza, campesino de la vereda Naranjal Abajo.

Entre tanto, Juan Carlos Mejía, representante legal de Aures Bajo, alega que la empresa cumple con todos los requerimientos de la licencia ambiental otorgada por Cornare y, aunque reconoce los daños ocasionados, resalta que se ha buscado la forma de atender las reclamaciones de los campesinos: “Hemos emprendido muchos planes de mitigación, desde los exigidos por la propia licencia ambiental, que son la protección y estabilización de los taludes, la reposición de árboles y plantas que hemos afectado, hasta programas sociales y educativos que se escapan de la licencia ambiental, como fiestas de Navidad, fiestas de los niños. Queremos que la empresa deje huella en la zona, porque va a quedar para siempre”.

Sin embargo, desde el inicio de la obra, argumentan los campesinos, sus reclamaciones no han sido escuchadas por las entidades que deben proteger los intereses, no solo de ellos, sino también del medio ambiente. “Las tierras están quedando totalmente deterioradas y uno no tiene quién lo escuche. Creíamos que el Alcalde iba a estar de parte de nosotros, pero no nos quiere ayudar. Yo sí quisiera que alguna entidad nos escuchara porque estamos muy preocupados por los derrumbes”, comenta Julio Ocampo Aguirre, habitante de Naranjal Abajo.

Para los afectados, Cornare, la autoridad ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, no ha cumplido con ese papel. Entre otras dificultades, toda denuncia o queja que quiera presentar la comunidad debe ser diligenciada en El Santuario, donde están las oficinas centrales de la Corporación. Sin embargo, Cornare asegura que hasta mediados de agosto había realizado 32 visitas a la zona para verificar el avance de las obras.

Además de cultivos echados a perder y las inundaciones, los campesinos han lidiado en estos años con la circulación de maquinaria pesada y los daños a sus viviendas. Es el caso de Nelson Alzate, habitante de la vereda La Argentina, quien se vio obligado a abandonar su vivienda: “En este momento, no estamos viviendo en nuestra casa porque se encuentra en alto riesgo; estamos alejados de la condición de vida que teníamos”.

El panorama es, entonces, difuso: campesinos que aducen tener escasas respuestas de Aures Bajo y poco acompañamiento de la entidad ambiental y la administración municipal, mientras la empresa alega tener buena comunicación con las comunidades. Mientras la pelota va de un lado a otro, la situación ha provocado que varios campesinos se unan y manifiesten sus preocupaciones de distintas formas. En dos ocasiones, han cerrado la vía impidiendo el transporte de las maquinarias y equipos para el desarrollo de la obra con el fin de que la empresa y las entidades escuchen sus alegatos hacia la PCH.

“Yo les he tapado la vía dos veces, pero por un oído les entra y por otro les sale. Ellos lo único que me dicen es que si vuelvo y tapo la vía me llevan para la cárcel; entonces, yo les digo que noliase(sic), que me lleven para la cárcel sino me responden por mi casa. En esas estoy yo, esperando a ver si vienen a cuadrar conmigo y, si no, yo vuelvo y les tapo esa vía”, dice Joaquín Henao, quien espera que la empresa responda por los daños que la construcción de la vía por el sector Las Mercedes le ha ocasionado a su vivienda.

Julio Ocampo, otro campesino de la zona, afirma haber recurrido a este método para llamar la atención de Aures Bajo. Según Ocampo, el tránsito por la vía, que en principio les fue presentada como un beneficio para la comunidad, estuvo restringido y dependía de las decisiones de la PCH, hasta que los campesinos exigieron la libre circulación: “Para que entrara algún amigo de nosotros o familiar, teníamos que pedir permiso. La comunidad tuvo que solicitar el retiro de la portería, eso fue un logro nuestro, que la pusieran en predios de ellos. Los vigilantes de ellos se mantenían con escopeta en mano y amenazándolo a uno con eso. Y el campesino es noble, pero también se sabe defender”.

Por su parte, Mario Cardona, presidente del Consejo Territorial de Planeación (CTP), junto con la Veeduría Ambiental, ha logrado conformar un grupo de campesinos habitantes de la región para que haga vigilancia del proyecto: “Se formó una veeduría ciudadana, con el fin de hacerle seguimiento a la construcción de la carretera y hacerle cumplir a la empresa los compromisos adquiridos con los campesinos. En un principio, fueron cinco personas, pero en este momento entraron más. Aunque el trabajo de los campesinos no ha sido eficiente, porque todavía no tienen claro el papel de la veeduría, les da miedo meterse, piensan que por esto los van a tildar de guerrilleros, de revolucionarios”, explica Cardona.

El presidente del CTP denuncia, además, que Aures Bajo ha realizado pagos de dinero a varios campesinos para que apacigüen sus quejas. Su preocupación mayor es que, más allá de los campesinos interesados en proteger sus propias parcelas, a nadie más le importe el territorio en general y que se esté mercantilizando un bien común.

Prueba de la razones para su preocupación es que el 18 de octubre, durante la audiencia pública que realizó Cornare con el fin de que los campesinos expresaran sus inconformidades, varios de los que se inscribieron decidieron a última hora no hablar porque ya habían logrado un arreglo con la PCH Aures Bajo.

Finalmente, Cardona describe lo que para él es una lucha desigual: “Los campesinos han sido atropellados y la constructora se ha aprovechado de la ingenuidad de los campesinos. Si eso fuera en otra parte y el campesinado estuviera bien informado, no estarían haciendo lo que les hacen. La Alcaldía no hace nada por ellos y Cornare les alcahuetea; entonces, la lucha es desigual: todo un poderoso que tiene una cantidad de recursos económicos frente a una comunidad muy pasiva que está esperando que otros vengan a ayudarles”.

Entre tanto, el alcalde Zuluaga, después de reconocer errores en la construcción de la carretera, dijo en su presentación durante la audiencia pública que le “encanta el tema de producción eléctrica a través de PCH”. Un gusto del mandatario que contrasta con la visión de los campesinos. Julio Ocampo, quien afirma tener el 70 por ciento de su finca perdida por los deslizamientos ocasionados en la construcción de la carretera, responde: “Dios quiera que en futuro nos veamos, cuando ya estén las hidroeléctricas hechas y de pronto haya poquita comida. Que le den un cable de alta tensión para que se alimente de ahí”.

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Aures Bajo, ¿entre el agua o la energía?

Desde 2015, la Sociedad Aures Bajo S.A.S E.S.P adelanta la construcción de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el corregimiento Alto de Sabanas (Sonsón). Sin embargo, en el municipio, lejos de que se hable de la generación de recursos o de los beneficios de la iniciativa, el proyecto ha sido un dolor de cabeza para la comunidad que habita la zona.

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.  Fotografía: John Darío García Arias

La PCH Aures Bajo entraría en funcionamiento en febrero de 2018. Hasta mediados de octubre, Cornare había recibido 35 quejas relacionadas con la obra.
Fotografía: John Darío García Arias

Yuly Tatiana Flórez Manrique
Estudiante de Comunicación Social – Periodismo
ytatiana.florez@udea.edu.co

El proyecto, conocido como PHC Aures Bajo, está localizado en la cuenca del río Aures, entre los municipios de Abejorral y Sonsón, en el suroriente de Antioquia, una zona de gran producción hídrica, debido, básicamente, a su cercanía al Páramo de Sonsón y por las lluvias que se generan en la cuenca del río Magdalena.

Históricamente, esta zona de páramo ha sido el sitio predilecto para estos proyectos hidroeléctricos, pues se encuentra rodeada de grandes afluentes hídricos. Además, su topografía facilita la construcción. Según un estudio realizado por I-Consul Geb Minas sobre el impacto ambiental de la PCH Aures Bajo, el esquema de generación de la pequeña central considera la construcción y operación de una central de 17,17 megavatios de capacidad instalada, con una generación media anual de 100,92 gigavatios. Para esto, plantea el aprovechamiento hídrico del río Aures en su parte baja.

De acuerdo con ese mismo estudio, no existe la necesidad de reasentar poblaciones por inundación de predios y la construcción implica bajas afectaciones a los ecosistemas. En síntesis, en sus orígenes, la PHC Aures Bajo tendría impactos menores sobre el medio ambiente y las comunidades.

La empresa adelantó la gestiones con el Ministerio del Interior que, mediante la Certificación N.° 46 del 5 mayo de 2016, firmada por Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta Previa de esa entidad, certificó la no presencia de comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales o palenqueras.

También, solicitó la licencia ambiental ante Cornare, la autoridad ambiental en la región, que le fue concedida mediante la Resolución N.° 112-0028 del 11 de enero de 2013. Esa licencia fue modificada mediante la Resolución N.° 112-3672 del 5 de agosto de 2015 para autorizar dos zonas de depósito en el sector del Alto de Sabanas.

De acuerdo con datos de la empresa, a la fecha y en un periodo de 27 meses sus inversiones ascienden a 8.212 millones 281.038 pesos en la zona de la hidroeléctrica. Este dinero ha sido destinado para la compra de predios, el pago de cultivos, arrendamientos, depósitos, y compensaciones por derrumbes y gestión ambiental.

Pese a lo anterior, varios campesinos de la zona advierten que el proyecto sí ha tenido efectos negativos en la zona. El principal, según dicen, lo generó la construcción de una carretera de aproximadamente 14 kilómetros que comunica la cabecera municipal de Sonsón con la hidroeléctrica. La construcción de la vía fue realizada en menos de 25 meses, no obstante la difícil topografía del territorio. Según los campesinos, esa obra generó contaminación del aire y de las aguas, alteración de los flujos del agua, degradación y erosión de los suelos, extinción de especies y animales, ruido nocivo, daños a los paisajes, pérdida de cosechas y causó enfermedades respiratorias en los habitantes de la zona.

La mayor afectación, según dicen, es por los continuos deslizamientos, ya que los taludes están construidos en una zona pendiente y con fallas geológicas. Aseguran que cuando se presentan estos deslizamientos, las fincas se ven en peligro, y ya varias casas se han visto deterioradas. A esto, se le suma una preocupación mayor a largo plazo: la escasez de agua.

Los habitantes del corregimiento sienten que la empresa y los sonsoneños de la cabecera municipal no son conscientes de que si esta fuente hídrica se agota, se vería afectado todo el municipio y sus alrededores, ya que el río Aures abastece buena parte del consumo de agua en la zona.

Mientras tanto, el argumento que tiene la empresa y el alcalde Obed Zuluaga para insistir en los beneficios de estas pequeñas centrales es que se trata de una nueva alternativa para producir energías renovables que suplan la urgencia de energía en otras zonas del territorio colombiano.

¿Qué gana Sonsón?

Fotografía: John Darío García Arias

Fotografía: John Darío García Arias

La retribución por el uso de las aguas del río Aures será, anualmente, del tres por ciento de las ganancias para los municipios impactados, lo que equivale a 304’292.681 pesos. Sonsón recibirá el 1,9 por ciento, que equivale a 201’452.016 pesos, y Abejorral, el 1,1 por ciento: 102’840.665 pesos.

Si se hiciera una división de esos ingresos entre todos los pobladores de Sonsón, a cada uno le correspondería anualmente 5.165 pesos. Es por ello que en una audiencia pública desarrollada en octubre el personero de Sonsón, Nelson Fernando Gómez, dijo que esos recursos son una “chichigua” para el municipio y que se gastarían rápidamente en intervenciones a la vía o en la generación de programas en ese mismo territorio.

Mario Cardona es el presidente del Consejo Territorial de Planeación de Sonsón y manifiesta su preocupación por la proliferación de estos proyectos en la zona y en particular por las afectaciones de Aures Bajo. “Yo percibo que esta empresa ha hecho grandes daños ambientales a la vereda de Naranjal Arriba y Naranjal Abajo. Se ha perdido mucha parte de la producción agrícola, se han contaminado las aguas, se han perdido cultivos por el polvo, y la empresa se ha hecho la de la vista gorda frente a los problemas que ella misma ha causado. A los campesinos, no les han pagado lo justo por los árboles o por los cultivos que se han perdido debido a los derrumbes”, dice Cardona.

Según Juan Carlos Mejía Osorio, representante legal de la sociedad Aures Bajo, la PCH iniciaría pruebas en enero de 2018 y estaría generando energía en febrero. Se tiene presupuestado que su vida útil sea de aproximadamente de 80 años y que abastezca, aproximadamente, a 30.000 personas de Sonsón, Abejorral y municipios aledaños.

¿Quién responde por las afectaciones?

Hasta el 18 de octubre, fecha de la audiencia pública, Cornare había recibido 35 quejas de la comunidad por supuestas afectaciones del proyecto. Una de las más recurrentes está relacionada con una vía que fue desarrollada por la empresa y que no estaba contemplada en la licencia ambiental. De acuerdo con lo discutido en esa reunión entre las autoridades, la empresa y la comunidad, esa carretera ha generado afectaciones ambientales, deslizamientos, daños a casas por las escorrentías de las aguas lluvias y, en su construcción, fue arrojado material al río Aures que ensucia el caudal y sedimenta su cauce. Por ello, de acuerdo con Javier Parra, subdirector de general de Recursos Naturales de Cornare, se inició un proceso sancionatorio que definirá la multa que debe pagar la empresa y se le exigió incluir la vía en una solicitud de modificación de la licencia ambiental.

Por su parte, el personero Gómez reconoce que se han adelantado obras de mitigación de los impactos, pero dice que Sonsón tiene otras potencialidades y que, por tanto, no es comprensible que se atente contra sus recursos naturales. A su juicio, los empleos que ese tipo de proyectos generan son apenas temporales durante la etapa de construcción, mientras tanto se afecta el valor de los predios cercanos. Los campesinos, a su vez, insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que el deterioro de la región que habitan, y en particular del agua, continuará pese a la culminación de las obras y a la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica.

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El Oriente: una telaraña de agua

El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo, de montaña en planicie, en cerros y en páramo, se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia

Natalia Duque Vergara
Estudiante de Periodismo
natalia.duquev@udea.edu.co

El Peñol – Oriente antioqueño, 1965

Don Demetrio Galeano, médico reconocido del pueblo, es asesinado en la puerta de su casa. Don Demetrio, además de curar enfermos y heridos, lideraba la resistencia y los reclamos que los habitantes del pueblo realizaban en contra del Embalse Peñol – Guatapé. Al igual que muchos otros, se negaba a vender su predio y organizaba a la comunidad.

 

Nunca Más Contra Nadie. Ciclos de Violencia en la historia de San Carlos,

un pueblo devastado por la guerra. Carlos Hernando Olaya R. (2012)

 

Son los años setenta y ochenta; ríos de personas se mueven por todo el territorio en medio de la lucha y de los actos de resistencia. Campesinos, jóvenes, estudiantes y curas, junto con muchos otros, recorren las mismas aguas. El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo, de montaña en planicie, en cerros y en páramo, se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

El río Cauca y el río Magdalena han sido caminos de atarrayas, de pescadores y de embarcaciones. Un par de gigantes mojados que bordean el perímetro del Oriente antioqueño son las arterias por las que transitaron historias disfrazadas de canoas; de areneros y de pescadores. Caminos recorridos por el hombre —y la mujer— anfibio. Gran parte del agua de estos dos ríos, considerados los principales conductos fluviales de Colombia, tiene su origen en el Oriente antioqueño, lugar que ha sido territorio de horizontes, de orientados y de orientaciones.

Durante la primera mitad del siglo pasado, el paisaje se constituía por los cafetales, los platanales, los cultivos de maíz y de tomate; así mismo, el barequeo y la pesca artesanal eran actividades constantes en varios de los municipios. En este periodo, al Oriente se le llamó “la despensa agrícola de Antioquia”, debido a la variedad de cultivos que existían allí. Según Nathalia Ávila, geóloga de la Universidad de Paraná y quien en el 2016 realizó un estudio acerca del neoextractivismo en el Oriente antioqueño, la vocación productiva de esta subregión comenzó a cambiar en los años sesenta.

“El Oriente antioqueño pasa de ser una región sin importancia mercantil para las empresas y para el Estado Nacional, a ser una región fundamental para el desarrollo del departamento y del país”, afirma Nathalia en su investigación publicada en 2017. El cambio de vocación se hizo evidente a principios de los setenta con la construcción del Embalse Peñol – Guatapé, proyecto que marcó la ruta que seguiría el resto del Oriente: la producción de energía.

Desde mediados de los setenta hasta mediados de los ochenta, en medio de los proyectos de hidroeléctricas, vías y minas, se movían los estudiantes, los campesinos, los maestros y, en general, la gente del Oriente. Se movían en un bloque común que logró integrar distintos sectores de la comunidad y que, mediante marchas, paros y debates, resistió a la incursión de los megaproyectos; se trató del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

“Yo crecí siendo del Movimiento; viendo a mi padre que participaba, a mis familiares y vecinos. Yo era estudiante de bachillerato y hacía parte del Movimiento porque crecí viendo unas problemáticas reales que había en el territorio”, dice Carlos Olaya, un reconocido líder de la región, quien creció en San Carlos durante el contexto en el que se gestó la construcción de la Hidroeléctrica de este municipio.

El Movimiento Cívico del Oriente, más que desatar acciones coyunturales y específicas de resistencia, logró generar un carácter organizativo permanente en la comunidad. Quienes habitaban el Oriente, habían cosechado alimentos durante toda su vida y consideraban bondadosa la riqueza hídrica de la región, por lo que se unirían para protegerla y contra el proyecto extractivista que estaba irrumpiendo en este territorio. El Movimiento logró extenderse desde Guatapé y San Carlos hasta Marinilla y Granada, y generó unos lazos de solidaridad que potencializaban las exigencias de las comunidades y obstaculizaban la construcción de los embalses.

Fue así como, según Bladimir Ramírez, miembro del Movimiento del Oriente por la Defensa de la Vida y el Territorio (Movete) y quien actualmente realiza una investigación acerca del conflicto armado y los proyectos mineroenergéticos en este territorio, “el uso de la fuerza estatal adquirió un papel protagónico, dándole a un problema de índole social un tratamiento bélico-militar”.

Para 1980 ya habían asesinado a 64 líderes y la persecución hacia los integrantes del Movimiento Cívico era cada vez más fuerte. “Debido a la violencia, uno sale desplazado pa’ la ciudad, con familia y todo. Por ejemplo, a nosotros Empresas Públicas nos quitó las tierras para poder construir la hidroeléctrica Playas”, afirma Carlos.

Gran parte de las personas que hacían parte del Movimiento Cívico se desplazaron hacia las ciudades. Quienes llegaron, por ejemplo, a Medellín continuaron debatiendo acerca de lo que sucedía en la región y en algunos casos, como el de Carlos, —historiador de la Universidad de Antioquia— culminaron sus estudios. “Desde la ciudad, mantuvimos un vínculo con el territorio y ya luego, cuando volvimos, intentamos retomar lo que había antes, pero con más fuerza aún”.

Este primer retorno fue en los noventa, la misma época en la que se gestó el movimiento Oriente Unido. A diferencia del Movimiento Cívico, esta nueva organización estuvo sectorizada en el campesinado y se introdujo en la esfera institucional del Estado. Oriente Unido logró tener concejales y alcaldes en municipios como Granada, San Rafael y Sonsón. A pesar de que no reunió  la misma variedad de actores ni fue tan masivo, logró plantear propuestas de trabajo comunitario articuladas al Valle de Aburrá, estableciendo la relación campo – ciudad.

A pesar de que las insurgencias ya se encontraban en el territorio desde los ochenta, durante esta década su presencia se consolidó aún más. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) incursionó en el Oriente antioqueño de manera endógena, de familia en familia y realizando trabajo de base con la comunidad; por el contrario, afirma Bladimir, las FARC, que venían expandiéndose desde Urabá, llegaron a la región como un ejército de ocupación y, en esa medida, tejiendo relaciones de mayor conflictividad con las personas. “El movimiento Oriente Unido inmediatamente fue criminalizado; se señaló de que estaba coordinado por la guerrilla y se desató la violencia estatal y paramilitar”, explica Carlos.

La presencia de las insurgencias que confluye cronológicamente con el resurgir de la organización social, fue una excusa para las medidas, tanto institucionales como parainstitucionales, que se llevaron a cabo desde 1997 hasta el 2006.

En 1997, el paramilitarismo incursionó con las estructuras “Héroes de Granada”, “Bloque Metro” y las “Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”. “Desde este año hasta el 2006, la violencia fue fuerte; se llevaron a cabo masacres y asesinatos por parte de los paramilitares, así como cinco operaciones militares por parte de la IV Brigada”, comenta Bladimir Ramírez. La totalidad de estas operaciones militares se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe y sus nombres fueron: Meteoro (2002), Espartacus (2005), Ejemplar (2005), Fantasma I (2006) y Falange II (2006).

Este recrudecimiento de la guerra generó la desarticulación de Oriente Unido y una segunda migración de los líderes hacia las ciudades. “La violencia fue tan fuerte que en muchos casos la única opción que vieron familias enteras fue entrar a las filas del ELN”, afirma Ramírez.

Según el informe ‘Basta Ya’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 21 de los 23 municipios que tiene el Oriente antioqueño se perpetraron masacres. Según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, “más allá de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo y su poder armado sirvió como instrumento de acumulación de tierras para los terratenientes y de grupo de limpieza para las zonas donde se implantaron megaproyectos, algunos de estos desarrollados por ellos”.

La presencia paramilitar acabó con el obstáculo que representaban las insurgencias para los proyectos hidroeléctricos y, en muchos casos, hizo efectivo el abandono de predios. Lo que favoreció el escenario actual: más de cincuenta solicitudes para hidroeléctricas. Según Bladimir “este panorama no hubiera sido posible si las insurgencias y el Movimiento Cívico hubieran continuado presentes”. Un ejemplo claro es el caso de Sonsón; actualmente hay ocho proyectos de microcentrales hidroeléctricas: río Aures, Aures Bajo, HidroArma, dos microcentrales en el río Sonsón, Llano Cañaveral, Sirgua y La Paloma I.

Carmenza Carmona, integrante de Movete y lideresa de Sonsón, afirma que “donde están los proyectos de microcentrales del río Sonsón, el Llano Cañaveral y todo el cañón del río Arma, tuvieron conflicto armado. Hubo presencia de grupos armados que generaron la muerte y el desplazamiento de personas que vivían allí. Asimismo, por el desplazamiento que se estaba dando, se vendieron las tierras a cualquier valor”.

Solo hasta 2006, continúa relatando Carlos, muchos de los activistas que habían salido de su región a causa de la violencia, se plantearon volver a organizarse y reactivar la expresión de resistencia de la comunidad: “Fue muy difícil, la gente todavía tenía mucho miedo”. Para este año, a pesar de que ya se había llevado a cabo la desmovilización paramilitar, el control continuaba siendo evidente y los rezagos de la guerra eran latentes en la mente de quienes permanecieron en el territorio.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

En busca de alternativas para recuperar la confianza, la tranquilidad y los ánimos de la gente, quienes habían regresado vieron en el arte la posibilidad de configurar nuevamente la red de lucha y resistencia que había caracterizado al Oriente. Es así como en 2007 se realizó un evento de música, baile, discusiones y reencuentro: el Primer Festival del Agua. “Empezó un periodo de reanimación del movimiento social; aquí han socializado el terror con el fin de intimidar; sin embargo, la gente ha tenido mucha valentía”, señala Carlos.

En un panorama de revitalización y retorno, tres años después, en 2010, nació Movete que  es el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio que busca hacerle frente a las dinámicas neoextractivas de la región. Y es un grupo de trabajo que busca asumir la vocería de las comunidades y dinamizar actividades para hacer frente a las diferentes problemáticas que tiene la región.

Para 2017, hay 54 proyectos de microcentrales en más de 15 municipios del Oriente en diferentes etapas, desde el licenciamiento hasta su fase final de construcción. “Actualmente, en el Oriente antioqueño hay una gran variedad de problemas socioambientales que han tenido como consecuencia el despojo del campesinado y el no tener en cuenta las decisiones de las comunidades”, afirma Omar Andrés Osorio, integrante de La Tulpa Comunitaria, una organización social del municipio de La Ceja que hace parte de Movete.

De acuerdo con el informe Oriente antioqueño: análisis de la conflictividad, del PNUD, “las protestas por los modelos de desarrollo impuestos por intereses económicos y políticos de las élites antioqueñas ayudaron a la configuración de un claro sentimiento de identidad de la región y de la necesidad de la autodeterminación y construcción del propio desarrollo”.

Este auge de solicitudes de microcentrales y la presencia de grandes empresas como EPM y Argos, entre otras que tienen intereses en el territorio, coincide también con un periodo de organización social y movimiento campesino que, así como en los setenta y en los noventa, insiste en la protección de su territorio. Como si se tratara de hace cuarenta años, en medio de hidroeléctricas, vías y minas se mueven los pobladores del Oriente.

Ante esto, Carlos asegura: “Aquí a la gente le ha tocado es moverse; muévase por todo el territorio bregando a establecerse; la violencia nos ha configurado cierto carácter. El Oriente tiene una condición muy especial; la forma de ser campesina de un campesinado que está vinculado con la actividad política y que se indigna porque nos han tratado mal a todos. No solo soy yo, somos mucha gente”.

 

Sonsón, Llano Cañaveral – Oriente antioqueño, 2017

Al borde del camino, encuentran a don Edmiro León Alzate, muerto: lo asesinaron. El proyecto de hidroeléctrica Hidroarma compra en la vereda los predios de los campesinos para construila. Don Edmiro, aparte de tener una tienda de dulces, lideraba las exigencias que tenían los campesinos hacia el proyecto. Pedía un mejor pago por las propiedades y los cultivos.

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Medellín, manteca y mantel

En esta ruta gastronómica encuentra cinco platos: las versiones más económicas y populares y también en sus formas más refinadas.

Odebrecht: un punto en el universo de la corrupción

La corrupción se carcome todos los niveles de la sociedad. Ni siquiera las entidades investigadoras de este delito se salvan de su influencia.

Odebrecht

Por María Claudia Ramírez, Laura Díaz y Camila Palacio

 

“La corrupción es imposible de desaparecer en su totalidad”, dice el doctor en derecho público Mario Montoya Brand. Pero como dijo el expresidente Julio César Turbay Ayala, se puede reducir a sus justas proporciones.

 

Los casos Odebrecht y Braskem

En diciembre de 2016, las compañías brasileras Odebrecht y Braskem se declararon culpables frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cargo de conspiración, debido a la violación de las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Ambas empresas  (la  primera un conglomerado de construcción y la segunda una compañía petroquímica) también se enfrentaban a cargos en Suiza y Brasil. Finalmente aceptaron pagar al menos 3.5 billones de pesos, 10% para Estados Unidos, 10% para Suiza, y el 80% restante para Brasil, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Justicia.

Gracias a las investigaciones de esta entidad se descubrió que Odebrecht pagó sobornos a funcionarios durante los últimos 20 años para conseguir beneficios en contrataciones públicas de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En Colombia, estos sobornos llevaron a investigar al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal, al senador Musa Besaile Fayad, al senador Antonio Guerra de la Espriella, al exsenador Otto Bula y al ex senador Plinio Olano. Según la Fiscalía General, ellos “han sido mencionados en las diligencias surtidas en la indagación como presuntos beneficiarios de estos pagos”.

De acuerdo a las cifras encontradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana, los sobornos pagados por Odebrecht en el país alcanzan la cifra de 84.105 millones de pesos.

Los casos de las compañías brasileras parecen un grano de arena en el vasto terreno de la corrupción en el mundo, como lo demuestran estas cifras.

 La corrupción es mundial

Además de Odebrecht, que ha salpicado ya a varios países de América, otros casos de corrupción descubiertos a nivel internacional son: Petrobras – Operação Lava Jato, FIFAgate, caso Nóos, Panama Papers, Vatileaks, entre otros.

  • Petrobras: a través de la Operação Lava Jato, la mayor investigación anti-corrupción de la historia del país realizada por la Policía Federal de Brasil, fue descubierta la red de corrupción que generó pérdidas a la empresa por más de US$ 2059 millones. Según pruebas recogidas por la Policía Federal, los contratos de la empresa también incluían grandes sumas de dineros que eran repartidas entre los dirigentes de la empresa y políticos locales que amparaban los negocios fraudulentos. El escándalo también afectó la popularidad de la Presidenta Dilma Roussef, quien presidió el Consejo de Administración de Petrobras durante los años investigados.

  • FIFAgate: la investigación judicial sobre el máximo órgano del fútbol mundial se dio a conocer en mayo de 2015. Autoridades suizas detuvieron a siete altos miembros de la FIFA en Zúrich por cargos de corrupción. Al tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos continuó con sus investigaciones sobre lavado de dinero y fraude masivo en el interior de la FIFA. En el mismo año, Joseph Blatter anunció su renuncia a la presidencia de la organización y a partir de allí se abren procesos penales contra múltiples dirigentes y asociados de la FIFA. El escándalo salpica a personas en todas las confederaciones.

  • Panama Papers: en abril de 2016 fueron revelados 2.6 terabytes de información y documentos confidenciales de Mossak Fonseca, una firma de abogados con sede principal en Panamá. Los registros fueron revisados por un conjunto de 370 periodistas. Los datos revelaron actividades irregulares en numerosas cuentas bancarias y sociedades offshore registradas en paraísos fiscales. Numerosos políticos, futbolistas, empresarios, artistas, narcotraficantes y hasta reyes se vieron implicados en este escándalo que aún continúa revelando nuevos casos de corrupción.

 El fiscal de la corrupción

Desde 1995, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publica cada año el Índice de Percepción de Corrupción (IPC). El IPC es una medida utilizada para evaluar la corrupción en los países analizados. La organización consta de 100 delegaciones y está presente en más de 70 países. Su sede principal está en Berlín, Alemania.

Al igual que el índice de corrupción del Banco Mundial, el IPC ha sido criticado porque, se dice, sus indicadores son poco ajustados a la realidad. Las razones son diversas: la legislación de cada país es diferente en cuanto al tema, las encuestas de clasificación realizadas por terceros son poco confiables y, por supuesto, la dificultad para obtener información sobre este delito.

Aun así, el IPC es una de las herramientas más efectivas para poner el tema de la corrupción en la agenda mundial. Transparencia Internacional trabaja “junto con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, el soborno y los tratos secretos.”

En el Índice de Percepción de Corrupción, Transparencia Internacional evalúa la corrupción y clasifica los países en un ranking de 176 puestos. Este es el ranking de 2016 publicado por el IPC. El puesto 1 es el de menor índice de corrupción y el 176 el de mayor. Colombia ocupa el puesto 90.

Dinamarca y Nueva Zelanda son los países menos corruptos, mientras en el lado opuesto del ranking se encuentran Somalia y Sudán del Sur. Es posible observar que los países que aparecen con menos corrupción suelen ser territorios con gobiernos y economías estables, mientras los países corruptos están azotados por la guerra y tiene gobiernos sumamente inestables o autoritarios.  Hay otros casos  de países que no concuerda su IPC con la imagen internacional que se tiene de éstos.

La corrupción en América

La corrupción continúa acaparando los principales titulares en América. Los casos van desde actos de corrupción que involucran a un país individualmente como Petrobras, hasta casos que enlodan a toda la región y el mundo como Odebrecht y Panamá Papers.  Estos casos tan famosos y otros actos de corrupción sostienen la brecha de inequidad y frenan la expansión económica del continente, especialmente de los países en vía de desarrollo, según el Fondo Monetario Internacional.

En el IPC 2016, Venezuela, Haití, Nicaragua y  Guatemala vuelven a aparecer como los países más corruptos de la región, ubicándose en los puestos 166, 159, 145 y 136 respectivamente. Estos países, en la actualidad, atraviesan por una enorme inestabilidad económica y política. Además, presentan altos índices de desplazamientos debido a la violencia, a la falta de servicios básicos y oportunidades económicas.

Por el contrario, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Bahamas son considerados como los países del continente con un menor índice de corrupción. Están en los puestos 9, 18, 21 y 24, respectivamente. Los cuatro tienen un crecimiento económico superior a la media regional.

La corrupción en Colombia

El dinero que la corrupción le roba anualmente al país podría ser destinado para construir escuelas, hospitales, carreteras, mejorar la calidad de vida de niños y ancianos. Por ello, “la corrupción es un delito muy peligroso que le hace daño al bien común”, dice Juan David Giraldo Rojas, profesor de la Universidad de Medellín e investigador criminal.

Este gráfico muestra el comportamiento de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción durante los últimos siete años.

Esta información, a pesar de ser aceptada en el ámbito internacional, no presenta un índice de corrupción real. “La mayoría de los estudios sobre corrupción llevados a cabo en el país son de Transparencia Internacional. Pero allí está el problema porque es sobre percepción de corrupción, no sobre los números reales de corrupción. La realidad de corrupción la tienen un poco más las entidades investigadoras de corrupción, que de por sí son corruptas, entonces ya existe una distorsión”, dice Mario Montoya Brand, doctor en derecho público y jefe del Área de Derecho Público de la universidad Eafit.

Corruptos Odebrecht en Colombia

 

Los dineros robados

Cada año, la corrupción le roba $50 billones a los colombianos: Contralor General de la República.

El escándalo Odebrecht tocó a miembros del Congreso, a funcionarios del Gobierno del  actual y anterior, y hasta empresarios aparecen en la lista de implicados en casos de corrupción en el país. Y es que, según el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, los corruptos se roban unos 50 billones de pesos de los presupuestos nacionales, regionales y municipales: “Nosotros tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”, según ha dicho Maya.

A finales de 2016, el tema era La Refinería de Cartagena que le costó al Estado un poco más de US$8.000 millones, cuando el presupuesto inicial era US$4000 millones. Antes de eso era Saludcoop, la plata del IVA que recobraron ilegalmente. Y recientemente la noticia fue la planta de etanol de Ecopetrol, que empezó costando US$138 millones, pero que pese a los incumplimientos del contratista -la firma española Isolux-, tuvo adiciones por US$612 millones, según denunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La corrupción ha permeado profundamente la sociedad, según Mario Montoya Brand, de la universidad Eafit. Montoya recuerda un ejemplo que Claudia López, senadora y candidata a la presidencia para el 2018:

“Es completamente notorio para la familia de un tipo corrupto, que es congresista y se gana 30 millones de pesos. Si este tipo le dice a la esposa ‘acabo de comprar una finca de 5 mil millones, un avión privado, una camioneta de 700 millones de pesos’, la señora cómo le va a decir ‘sí mi amor, eso es obtenido legalmente’. Ese silencio familiar, el hecho de que alguien no diga ‘no, no lo acepto’, lo que demuestra es que la corrupción es aceptada como un mal menor”.

Además, la corrupción es un crimen de cálculo, de acuerdo con Giraldo Rojas, ya que el “corrupto” hace un análisis de costo/beneficio en el que tiene en cuenta cuánto dinero necesita para obtener beneficios al devolver una pequeña parte de lo robado, para pagar un abogado, para comprar a los jueces, magistrados, fiscales, investigadores. De esta forma se libran de la condena o pagan pocos años de cárcel viviendo con los lujos que pueden comprar con el dinero hurtado.

También, según Giraldo, hay un perfil que se repite en los personajes imputados con cargos de corrupción, que él encontró haciendo un muestreo desde Chile hasta México en su estudio “Aspectos psicosociales y jurídicos de riesgo asociados a la corrupción política latinoamericana”. Allí se encontró que todos los sujetos eran graduados de las mejores universidades de sus distintos países; venían de familias con poder y dinero; ocupaban algún tipo de cargo alto, generalmente público; y eran personas que, aunque inteligentes, les interesaba más el bienestar personal que el de cualquier otra persona, incluidos los miembros de sus familias.

Estos son algunos de los casos de corrupción más sonados en Colombia.

Corrupción por departamentos

El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (2015 – 2016), realizado por Transparencia por Colombia, señaló que ninguno de los departamentos del país fue clasificado en un nivel “bajo” de riesgo de corrupción. En su mayoría, las entidades del Estado, como las gobernaciones y alcaldías, fueron clasificadas en un riesgo de corrupción “alto” y “muy alto”.

Antioquia, Meta y Santander son los departamentos con mejor clasificación, con un riesgo “moderado”; mientras Chocó, La Guajira y Guainía presentan un riesgo de corrupción “muy alto”.  De igual forma, las alcaldías con menor riesgo son las de Pasto, Pereira y Barranquilla, al contrario de las alcaldías de Puerto Carreño, Santa Marta y Mitú.

Planes anticorrupción

En Colombia existe el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la cual en el artículo 73 dice:

“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Con el Plan se busca mitigar el fenómeno de corrupción que se está tomando el país. Para ello, se crearon cinco grandes componentes:

1) Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos: el mapa se debe hacer con información de procesos existentes, ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, según El Departamento Nacional de Planeación.

2) Racionalización de trámites: este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la Entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos…, según El Departamento Nacional de Planeación.

3) Rendición de cuentas: busca afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control, según El Departamento Nacional de Planeación.

4) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Nacional de Planeación.

5) Participación Ciudadana: reúne los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, a través de los cuales el Departamento Nacional de Planeación genera un diálogo permanente con la ciudadanía, según El Departamento Nacional de Planeación.

Sin embargo, Mario Montoya Brand cree que el sistema de sanción penal (la cárcel) ya no funciona porque esta no les genera temor a los corruptos. Él y Juan David Giraldo Rojas coinciden en que el mejor mecanismo de lucha anticorrupción es la creación de una cultura que le enseñe a la gente a pensar en el bien común, a cómo cuidar del otro mientras se cuida uno mismo.

“El corrupto no le ve la cara al niño sin escuela, a la señora enferma, al viejito que se va a morir de hambre, al campesino que no puede trabajar porque no hay carretera para mover su producción, al profesor que se quedó sin trabajo. Entonces eso no activa su vergüenza, ni su culpabilidad”, dice Giraldo.

Entonce si se le enseña a las personas desde un principio a preocuparse por los otros, no necesitará ver los rostros de estas personas para hacer lo moralmente correcto.

Lago de Tota: agua y labranza

La explotación agrícola, la piscicultura y las aguas residuales han derivado en una problemática de contaminación en este lago, en Boyacá.

Por Jessica Agudelo, Daniela Jiménez y Alejandra Vergara G.
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