Análisis

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Fiesta del Libro y la Cultura: detrás del comercio y la publicidad

Este programa hace un recorrido por la décima edición de la fiesta del Libro y la Cultura en Medellín, que finalizó el 18 de septiembre. Escuchará las voces de los autores y facilitadores del evento.

Por Valentina Castaño, Silvia Satizábal, Maria Camila López, Juan Carlos Toro, Santiago Rodríguez, Daniel Sierra,  Katerine Chavarriaga y Juliana Vergara

También escuchará las voces de visitantes llenos de alegría. Además, se tocarán temas de toda índole, desde el precio real de un libro hasta el invitado especial del evento.

Serie radial: El acuerdo a voces

El proyecto Hacemos Memoria realizó una serie radial en la que explican lo esencial de cada punto pactado en el acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las Farc. Cada microprograma es de 5 minutos. Además, expertos debante cada punto en #ElAcuerdoavoces

Por Hacemos Memoria
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Así es el acuerdo que abrirá las puertas al fin de la guerra

Estos son los puntos más importantes de los temas que negociaron el Gobierno y las Farc en los cuatro años del proceso de paz.

Acuerdo proceso de paz

El anuncio del miércoles pasado representa el cierre de las negociaciones. Sin embargo, la firma definitiva del acuerdo sería a finales de septiembre. Foto Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Tras cuatro años de conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y las Farc, el pasado 24 de agosto se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este pacto pretende poner fin al conflicto que durante más de cincuenta años ha afectado a Colombia.

La Habana, Cuba, fue el escenario de los diálogos de paz. Delegados de dicho país y de Noruega sirvieron como garantes en todo el proceso de negociación que, ahora, busca la aceptación o el rechazo por parte de los colombianos a través de un mecanismo de participación ciudadana denominado Plebiscito por la Paz, el cual llevará al pueblo colombiano a las urnas el próximo 2 de octubre.

El Acuerdo Final contempla seis puntos: “Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, “Víctimas” y “Mecanismos de implementación y verificación”.

La Paz es un derecho fundamental contemplado en el Artículo 22 de la Constitución Política. Sin embargo, resta esperar la decisión de los colombianos, quienes ahora tienen en sus manos la responsabilidad de aceptar o negar lo acordado en la capital cubana. A continuación, se explica lo negociado en estos cuatro años.

Punto 1: Desarrollo rural
Por Manuela Zea H. y Sirley Jiménez J.

La Reforma Rural Integral fue el primer acuerdo logrado en La Habana. El objetivo es potenciar el desarrollo de la agricultura campesina, garantizar el bienestar de la población rural, erradicar la pobreza extrema y eliminar la brecha que existe entre campo y ciudad. Con esta reforma se busca impactar toda la población rural del país, conformada por alrededor de 12 millones de colombianos, comenzando con las regiones más afectadas por la violencia.

Esta reforma se divide en tres ejes fundamentales. El primero de ellos está relacionado con el acceso y uso de la tierra, que garantizará la restitución de predios a los campesinos despojados y la distribución equitativa entre aquellos que no poseen tierras. Esto será posible gracias a la creación del Fondo de Tierras, que se proveerá de los territorios obtenidos de forma ilegal. Adicionalmente, se promoverá el uso adecuado de los suelos, capacitando a los campesinos en su aprovechamiento.

Por otro lado, se crearán los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que están enfocados en el bienestar de las comunidades campesinas. A través de ellos se invertirá en infraestructura, mejorando las vías terciarias, los sistemas de riego y drenaje, la electrificación rural y la conectividad. Con el desarrollo social se invertirá en salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico; la innovación y tecnología potencializarán los sistemas de producción y comercialización en el campo; y la seguridad alimentaria buscará luchar contra el hambre y la desnutrición del país.

Finalmente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) garantizarán el cumplimiento de los planes nacionales de forma conjunta entre Estado y regiones. Además, se promoverá la participación de campesinos en la toma de decisiones y la creación de comités y asociaciones.

Punto 2: Participación política
Por Mateo Londoño Castaño y Laura Miranda 

La cita con la democracia que tendrán los colombianos el próximo 2 de octubre no solo pasa por el derecho a decidir qué país quieren en un futuro sino por la responsabilidad de saber qué es lo que se aceptará o rechazará. Por ejemplo, el punto dos del Acuerdo Final, explica el proceso a seguir por parte de instituciones estatales y la ciudadanía para velar por la garantía y promoción de la participación política en el país.

Si se opta por el SÍ en el plebiscito, todas las fuerzas políticas organizadas en partidos y movimientos con personería jurídica serán convocados a diseñar un modelo de participación que garantice el ejercicio de la política para los grupos opositores. Los lineamientos que salgan de esta comisión serán llevados al Congreso como un proyecto de ley propuesto por delegados del Gobierno Nacional.

La inclusión de los diferentes partidos en la construcción de las garantías de participación se plantea en el Acuerdo Final como un intento de extender la democracia a diferentes sectores y evitar el uso de las armas como mecanismo para acceder al poder.  Para ello, el Gobierno creará el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el objetivo de proteger de toda violencia a los movimientos sociales y políticos en el ejercicio de oposición: los que se reintegrarán a la sociedad representando a las Farc, los ya existentes y los que puedan surgir de ahora en adelante.

El proceso de pluralización de la política que propone el Acuerdo busca solucionar uno de los embrollos de la participación política en Colombia: la posibilidad de que todos los sectores expongan sus ideas en los medios de comunicación equitativamente. El Gobierno Nacional establece la apertura de un canal especial para el debate político, permitiendo la participación de los movimientos establecidos. Asimismo, el Acuerdo señala la importancia de la participación de los colombinos a través de veedurías ciudadanas que se encargarán de vigilar el cumplimiento del Acuerdo, ayudando además con la divulgación de los procesos que se realicen durante su aplicación.

También se pretende modificar el sistema electoral para su mayor modernidad y transparencia con la creación de una misión especial conformada por un representante de la MOE y seis expertos seleccionados por el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y los departamentos de Ciencia Política de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.

Por último, hay que tener en cuenta que a lo largo de estos 52 años, la incidencia del conflicto armado no fue igual para todos. Hasta hoy, existen zonas en el país abandonadas por el Estado y limitadas en su participación política por causa de la violencia. A modo de reparación y garantía de no repetición, el Gobierno Nacional creará 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para que los habitantes de esos territorios afectados elijan 16 representantes a la Cámara de manera temporal, durante dos períodos electorales.

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El presidente Juan Manuel Santos entregó el jueves el texto del acuerdo en el Congreso. Foto Presidencia de la República

Punto 3: Fin del conflicto
Por Cristian Álvarez y Laura Díaz

Se establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), integrado por representantes del Gobierno, las Farc, y observadores de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo será el encargado de verificar el cumplimiento del Cese al Fuego de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas.

El Gobierno y las Farc crearán 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos donde se adelantará el proceso de reincorporación a la vida civil. Estas Zonas serán monitoreadas por los equipos locales del MM&V. Alrededor de cada Zona Transitoria estará una Zona de Seguridad donde no habrá Fuerza Pública ni efectivos de las Farc con excepción de los equipos de monitoreo y verificación.

Cinco días después de la firma del acuerdo final entre el presidente Juan Manuel Santos y alias “Timochenko”, los miembros de las Farc se movlizarán a las Zonas Transitorias. Allí la dejación de armas tendrá lugar en tres fases, bajo el monitoreo de la ONU, que recibirá el armamento de las Farc destinado a la construcción de tres monumentos.

La dejación de armas por parte de las Farc se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las Armas, que integrarán los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Además de las armas, las Farc le entregarán al Gobierno una lista de todos sus miembros, para ser acreditados y acceder a las medidas acordadas.

Al terminar este proceso, las Farc podrán inscribir un partido o movimiento político al cual se le reconozca personería jurídica; tendrán derecho a designar tres voceros en el Senado y tres en la Cámara de Representantes, que podrán participar en los debates, pero que no tendrán voto. Para las elecciones de 2018 y de 2022, ese partido tendrá asegurada una participación mínima de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, así sus votos no alcancen para lograr esos escaños.

Finalizadas las Zonas Transitorias, cada desmovilizado obtendrá una cuota única de 2 millones de pesos, 24 meses de renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo vigente y el pago de las cuotas de seguridad social en salud y pensiones por parte del Gobierno por ese mismo periodo. Estas dos últimas, mientras el desmovilizado no tenga ninguna otra fuente de ingresos.

Punto 4: Drogas ilícitas
Por Valentina Restrepo y Sergio Alejandro Ruiz

En cuanto al tema de las drogas ilícitas, las Farc se compromete a renunciar a sus conexiones económicas con los cultivos ilícitos y al apoyo en el control de la producción y comercialización de estas drogas; por otro lado, el compromiso del Gobierno Nacional es fortalecer su presencia institucional y liderar programas con las comunidades para generar una nueva etapa frente la problemática de las drogas.

Un punto inicial para la realización de este proceso, es la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en la cual los campesinos -después de firmado el acuerdo- tienen un tiempo máximo de dos años, para reconocerse como cultivadores de drogas ilícitas y, de esa forma, no ser judicializados y hacer parte de proyectos de economía sostenible y asambleas comunitarias, espacios en los cuales se fortalecerá la participación en los planes integrales de sustitución.

Aquellos campesinos que realicen voluntariamente la sustitución de cultivos serán diferenciados en dos grupos: los cultivadores tendrán asistencia alimentaria por máximo un año, establecimiento de huertas caseras, animales de granja y proyectos de ingresos rápidos como cultivos de ciclo corto, piscicultura y avicultura, junto al acompañamiento técnico correspondiente. Los recolectores, tendrán también asistencia alimentaria hasta por un año y empleos temporales como en la construcción de la infraestructura requerida.

La población rural vinculada a la explotación de cultivos ilícitos contará con un tratamiento diferenciado frente a los procesos de judicialización, siempre y cuando sea voluntario, de lo contrario serán judicializados y no gozarán de los beneficios del programa.

Este proceso de sustitución voluntaria de cultivos ya se inició al norte de Antioquia en el municipio de Briceño desde el pasado julio. Son 10 veredas dedicadas al cultivo de coca las que empezaron con este plan piloto.

Otro asunto relacionado con este punto del acuerdo es la creación del Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas que incluirá procesos de rehabilitación e inserción social de personas consumidoras; con tres enfoques básicos para abordar la problemática de consumo: derechos humanos, enfoque diferencial y de género, y finalmente la elaboración de una política de salud pública frente al consumo de drogas en el país.

Además, se integrará un equipo de expertos nacionales, internacionales y delegados de organizaciones, especializados en el tema de la financiación ilícita de organizaciones criminales para realizar un mapeo del delito. Teniendo en cuenta que los acuerdos buscan combatir cultivos ilícitos que tienen un vínculo con la guerra y el narcotráfico, quedó pactado el respeto por las comunidades indígenas frente al cultivo ancestral de la hoja de coca.

Punto 5: Víctimas del conflicto
Por Ana María Ortega Tamayo y Luisa María Castaño Hernández

Desde el inicio del proceso de paz se tenía claro que no sería posible finalizar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera si no se satisfacían los derechos de las víctimas. Es por ello que se estableció que resarcir a esa población sería el centro del acuerdo entre el Gobierno y las Farc..

En este punto se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que pretende canalizar de mejor manera la satisfacción de derechos, garantizar seguridad jurídica, promover la convivencia y la reconciliación.

Este sistema está compuesto por diversos mecanismos judiciales y extrajudiciales. El primero de ellos corresponde a La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es un mecanismo que no administra justicia, sino que contribuye a la verdad mediante la aclaración y explicación de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, el reconocimiento de víctimas y responsables, y la generación de diálogos para la convivencia en los distintos territorios y bajo distintas voces.

Otro mecanismo es la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto. Ésta se encarga de contribuir y coordinar acciones humanitarias para la localización e identificación de personas desaparecidas que se encuentran con vida. En los casos de fallecimiento, realizar un reconocimiento y entrega digna de los restos a las familias con información y aclaración sobre los hechos.

Finalmente, el tema de justicia, uno de los más polémicos del proceso, también hace parte del acuerdo de víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente judicial y se encarga de satisfacer a las víctimas por el derecho a la justicia y cumplir con el deber del Estado de sancionar, juzgar y adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica.

En este componente habrá amnistías amplias para los responsables del delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos, pero el indulto no los exime de contribuir individual o colectivamente con el esclarecimiento de la verdad. En cambio, los responsables de delitos graves tendrán que someterse a la JEP, decir la verdad, aportar a la reparación de sus víctimas y recibirán sanciones que, en principio, no serán de cárcel sino de una restricción efectiva de la libertad en un territorio determinado. De no colaborar con el sistema o hacerlo de forma tardía, el modelo contempla penas de prisión de hasta 20 años.

Otro de los acuerdos es que no habrá extradición para los miembros de las Farc o personas acusadas de pertenecer a dicho grupo, por los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo.

Por otra parte, las medidas de reparación integral acordadas tienen objetivo de fortalecer el programa de reparación de víctimas implementado por Estado a través del reconocimiento de responsabilidades, contribución al desminado, obras de infraestructura, restitución de tierras, reparación colectiva y rehabilitación psicosocial.

El último de los mecanismos hace referencia a las Garantías de No Repetición. Éstas se basan en la implementación y cumplimiento de los demás mecanismos incluidos en el acuerdo que incluye la reparación y protección de los derechos de las víctimas, la dejación de armas por parte de la guerrilla, la reincorporación a la vida civil y las diversas garantías de seguridad que permitirán establecer las bases de una sana convivencia.

Congreso paz

El Congreso debe aprobar la convocatoria del plebiscito que se realizaría el 2 de octubre. Foto Presidencia de la República

Punto 6: Implementación, verificación y refrendación
Por Pablo Andrés Rojas Ramírez y Natalia Rodríguez Giraldo

Este ítem permitirá que lo establecido en las 297 páginas del Acuerdo Final se materialice y no quede solo en el papel. Para ello, se creará una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias, la cual se encargará de velar por la ejecución de lo pactado.

Este organismo estará conformado por tres representantes del Gobierno y tres del grupo guerrillero. Cuatro meses después de su conformación, estos actores deberán elaborar un plan con una vigencia de 10 años que sirva como base para la ejecución de los acuerdos.

Además, tendrá que velar por el trámite de varios proyectos que fueron calificados como prioritarios. Entre ellos se encuentra la Ley de amnistía, el Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la paz, la Ley de aprobación del Acuerdo Final, y el Acto legislativo y las normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dentro de esas prioridades también se encuentra la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc o de personas acusadas de serlo, y de los procedimientos de extradición. Esto, hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición.

La Comisión creará un mecanismo de acompañamiento internacional, con el fin de que los países garantes de los diálogos de paz contribuyan en el cumplimiento de dicho acuerdo. Cabe destacar, que cada punto pactado contará con el apoyo de diferentes países y organizaciones como la ONU, la FAO y la Unesco.

Con el fin de generar confianza y mantener informado al pueblo colombiano del cumplimiento de los puntos pactados, se realizará una campaña pedagógica a través de medios institucionales (radio-televisión) que tendrá una duración de seis meses. Adicional a esto, se crearán diversas herramientas de comunicación por medio de las redes sociales para ampliar el espectro informativo respecto al tema.

Finalmente, en cuanto al Acuerdo sobre la Refrendación, los representantes del Gobierno y las Farc llegaron a un consenso sobre el mecanismo que sería utilizado para la implementación de los pactos establecidos, adoptando así la propuesta de la Corte Constitucional: el Plebiscito por la Paz. Mecanismo que le dará la oportunidad a los colombianos de decidir el futuro que quieren para el país.

¿El tiempo del ELN?

Tras la firma del acuerdo para la terminación del conflicto entre las Farc y el Gobierno el 23 de junio, la segunda guerrilla más antigua del país da señales contradictorias sobre su disposición al diálogo.

Por Laura Cardona* – laulccp@gmail.com

ELN

La paz inició su papel protagónico entre el Gobierno y el ELN el 30 de marzo, cuando desde Caracas (Venezuela) daban a la opinión pública la agenda que marcaría la ruta de la negociación. Algo más de tres meses después de iniciada la fase pública, el proceso está congelado y la paz, que decían “estaría completa” cuando el ELN se uniera, quedó en puntos suspensivos.

Además de algunas voces que decían que la agenda no era clara, de otros que desconfiaban de la disposición del ELN y unos más que sostenían la fragmentación interna del grupo, fue el secuestro de la periodista colomboespañola Salud Hernández-Mora, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, lo que hirió la mesa de negociación. Y con dicho secuestro, el ultimátum que el presidente Juan Manuel Santos puso al ELN el 27 de mayo, después de la liberación de la periodista: “No se activará una mesa de negociación para un acuerdo de paz hasta que no libere a todos los secuestrados”.

En la agenda acordada entre el Gobierno y el ELN no hay un acuerdo que estipule el fin del secuestro como una obligación para iniciar las conversaciones; sin embargo, para la opinión pública el secuestro no deja de ser una violación al DIH y a los derechos humanos. Esa es la razón del ultimátum presidencial, según el exguerrillero, columnista, fundador de la ONG Nuevo Arco Iris y hoy director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia : “El Gobierno se apoya en que la opinión pública rechaza mucho el secuestro, entonces cuando sale el escándalo del ‘cambiazo’ en Chocó [el exgobernador de ese departamento, Patrocinio Sánchez, fue liberado a cambio de la retención de su hermano, Odín Sánchez] y después, cuando sale el secuestro de la periodista, el Gobierno se siente obligado a reclamarle al ELN”.

El 28 de mayo, la periodista María Jimena Duzán le escribió una carta al comandante del ELN, Nicolás Gabino , en la que criticaba su posición frente al secuestro. Gabino respondió el 13 de junio: decía entender el flagelo del secuestro, pero su carta mostraba un sentimiento de ofensa frente al ultimátum de Santos: “Valoramos muy desafortunado que luego de lo acordado el 30 de marzo, que generó grandes expectativas, el presidente Santos de manera intempestiva y unilateral, haya colocado nuevos impedimentos para avanzar. Ello es claramente violatorio de lo acordado […] Aquí caben varias preguntas: ¿si estos condicionamientos los hubiésemos hecho nosotros, cómo hubieran reaccionado los creadores de opinión?, ¿es lícito y está bien hecho que solo una parte pueda colocar exigencias por fuera de la mesa de diálogo?”.

No deja de ser cierto que la decisión del Gobierno no inspira confianza en un proceso en que las partes son por lógica enemigas. Si incumple la letra firmada de la agenda, ¿cómo puede avanzar un proceso de paz? No obstante, hay un punto que el grupo guerrillero debe tener en cuenta a la hora de juzgar qué hacer frente al secuestro; tal punto fue expresado en una carta abierta que 34 organizaciones y 38 académicos y líderes políticos hicieron pública el 16 de junio: “Consideramos nosotros y nosotras que tienen ustedes una equivocada posición remediable. El problema no es cuándo se negocia el tema del secuestro con el Gobierno. El tema es que para la sociedad colombiana y para la humanidad esa es una práctica inaceptable. Si el ELN tiene a la sociedad como referente para su negociación, como lo ha dicho en innumerables ocasiones, no puede seguir siendo sordo a la demanda de la misma para poner fin, de una vez por todas, a ese repudiable comportamiento”.

La posición de ELN frente al secuestro es un error político y un motivo de desconfianza para los colombianos, uno más de la lista. Para León Valencia, el problema es que la guerrilla tiene un error de apreciación y piensa que la negociación se reduce a dos partes: ellos y el Gobierno. Y no: la opinión pública también hace parte del proceso, se moviliza al estar en contra el secuestro y es movilizada por opositores que no tardan en aprovechar la coyuntura.

La resolución de este obstáculo, comenta Valencia, puede ser cuestión de tiempo: se trata de comprender la política nacional y de asimilar las lógicas de la vida pública: “Las FARC llegaron a La Habana con posiciones muy radicales y fueron comprendiendo, en medio de las negociaciones, que existía la opinión pública y que tenían que ponerle mucho cuidado. Hoy las FARC son más realistas, lo mismo pasará con el ELN”.

El secuestro de Salud Hernández-Mora y los dos periodistas de RCN que fueron a reportear su desaparición, activó otras críticas de la opinión pública, como la posibilidad de una fragmentación en el interior del ELN frente a la decisión de la paz. La principal razón para tal sospecha es que el grupo no tiene un sistema de mando vertical (como el de las FARC), sino que goza de una horizontalidad en la cual el Comando Central no tiene el poder de dictar órdenes.

Sin embargo, en enero de 2015 se llevó a cabo el V Congreso ELN 50 años: Raíces, luchas y esperanzas junto al pueblo. Allí, según está escrito en la revista oficial del ELN (Simacota), la organización, como unidad, aceptó la dejación de armas como una posibilidad para cumplir con sus objetivos sociales. Además, el Comandante Central, Nicolás Rodríguez Bautista, dice en dicha revista: “Con base en las nuevas realidades [el V Congreso] realizó los ajustes necesarios y más que cambios, hay continuidad en materia de paz y trabajo de masas; considerando los últimos desarrollos de las luchas populares, se requiere de un salto que permita que sus organizaciones se posicionen, como sujetos políticos en la vida del país”.

A este respecto, Víctor de Currea-Lugo , profesor, periodista y conocedor del ELN, agrega: “Creo que [en el ELN] hay voces disidentes y tendencias como en toda organización, pero no creo que eso le permita a uno decir que está fragmentado. Al contrario, es la verticalidad militar, de dar una orden y que se ejecute como tal, la que da ese tipo de cosas”.

Estas voces disidentes han dejado a los negociadores con las manos atadas, pues, comenta León Valencia, una de las condiciones que pusieron para aceptar ir a la mesa fue no hacer gestos unilaterales. Es decir, el ELN está en una nueva negociación interna, aspecto que no deja de ser común en un proceso que busca el fin del conflicto armado.

Por eso la crítica que más surge frente a este cúmulo de acontecimientos es la audacia política del ELN; cualidad necesaria para conquistar una sociedad desencantada por la guerra. Una a la que el ELN le debe demostrar la importancia de su papel político en un país que anhela que la paz deje de ser una utopía.

En palabras de Currea-Lugo: “Es una incapacidad mediática. Ha habido una idea de que tener una razón o unas convicciones es suficiente, y la famosa frase popular de que no solamente hay que poner el huevo, sino que hay que cacarearlo, se les ha olvidado a las insurgencias, y al mismo gobierno de Santos, mientras que [el expresidente y senador] Uribe lo tiene claro”.

La audacia política se hace importante hoy que el proceso está congelado. Es la cualidad para sobrellevar momentos álgidos ante la opinión pública la que puede activar este proceso. Más allá, es entender que, aunque hay una negociación que debe hacerse con el Gobierno y aunque la sociedad sea un punto fundamental de la agenda de negociación, la apuesta política del ELN ya empezó y cada acción generará una reacción en la población colombiana.

*Estudiante de Periodismo
Análisis publicado en la edición 79 de De la Urbe

En la región del Suroeste tener un título no es garantía de empleo

Cada vez hay más profesionales en las regiones. Sin embargo, no existen las condiciones necesarias para que ejerzan sus profesiones en sus lugares de origen.

Por Julián David Hoyos Posada* – julian.d.6@hotmail.com

fotografía: Julián David Hoyos Posada

 

Minutos antes de entrar a la biblioteca del colegio, el lugar donde trabaja Jazmín Penagos Bustamante organizando libros y llevando registros, está sentada en una de las mesas del restaurante escolar de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, de Andes. Se come la mediamañana: una papa rellena y un jugo de guayaba en un vaso verde, marcado con la frase Antioquia la más educada.

Jazmín es tecnóloga en Investigación Judicial, egresada del Tecnológico de Antioquia desde hace tres años, el mismo tiempo que lleva sin ejercer su profesión, por lo que se vio en la necesidad de desempeñarse en otros oficios para conseguir dinero, solventar sus gastos y aportar en su casa.

“A la mayoría nos toca así. Muy pocos estamos trabajando en lo que estudiamos. Yo, desde que me gradué, he trabajado en algo totalmente distinto. Pero uno tiene que salir a buscar con qué sostenerse y con qué progresar hasta que llegue la oportunidad de ejercer lo que uno estudió”, dice Jazmín.

Según el Observatorio Laboral para la Educación en Colombia, entre 2001 y 2014 se otorgaron 2’994.525 títulos de educación superior en Colombia. La educación universitaria concentra el 45,8% de los grados; mientras que la educación técnica profesional y la tecnológica participan con el 33,7%, y los estudios de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) representan el 20,5% del total de títulos.

Señala el estudio que, de los graduados en 2012 del nivel universitario, el 79,2% tenía un trabajo formal en el 2013, al igual que más del 90% de los egresados de estudios de posgrado. ¿Pero que tengan un trabajo formal significa que estén ejerciendo lo que han estudiado? En Antioquia, fueron 399.534 estudiantes los que terminaron sus estudios superiores. De ellos, el 49,65% obtuvo un título universitario (la mayoría en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo). Mientras tanto, el 28.74% logró un título tecnológico.

Son precisamente estos títulos, los tecnológicos y universitarios, los que más se ofrecen en Andes, municipio que tiene como principales instituciones de educación superior a la Universidad de Antioquia y al Sena.

La Universidad de Antioquia, Seccional Suroeste, tiene cerca de 780 estudiantes matriculados en diferentes carreras profesionales como Comunicación Social-Periodismo, Biología, Matemáticas, Ingeniería Agropecuaria, Administración de Empresas, Contaduría, Trabajo Social, Psicología, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y Atención Prehospitalaria. Además, en tecnologías como Archivística, Regencia de Farmacia, Saneamiento Ambiental, Alimentos, y Ecología y Turismo.
La institución cuenta tanto con estudiantes de Andes como de Jardín, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, incluso de Medellín o Bogotá. ¿Pero esas carreras encajan con la demanda de empleo de los municipios?

Según Elvia María González, exdirectora de la Seccional Suroeste y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, en todas las carreras las personas se pueden desempeñar en la región. “Los jóvenes pueden vivir de la investigación, el arte, la extensión. Podemos hacer empresas culturales en la región y podemos vivir bien”, y enfatiza que lo fundamental es “organizar el empleo”, pero también los “deseos que tenga la región para hacer una vida más confortable”.

El Sena, por otra parte, ofrece solo estudios técnicos y tecnológicos. Según Guillermo Ernesto Vargas, uno de sus instructores, no se trata de contar con muchas instituciones, sino de que los programas que se ofrecen vayan acordes con las posibilidades de la zona.

“El Sena busca que haya diversidad en la parte educativa, teniendo en cuenta no solo las necesidades de Andes sino también de la región. Por eso, en la oferta hay áreas dirigidas a la parte agropecuaria, que es el fuerte de Andes y del Suroeste. Igualmente, se buscan varias opciones que ayuden a los jóvenes al emprendimiento y a buscar la sostenibilidad del empleo en la región”, afirma Vargas.

“Roscograma”

Jazmín Penagos considera que es importante estudiar y estar bien preparada para conseguir empleo. En el caso de ella, investigadora judicial, le gustaría poder hacerlo en instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía o en la Rama Judicial. Sin embargo, asegura que no es suficiente tener buenos resultados académicos; también es muy importante tener un contacto o una buena “rosca”.

Gisela*, egresada de la U. de A. de una licenciatura, piensa igual y considera que “uno primero debe mirar quién lo va a ayudar y después estudiar, ya que al terminar la carrera uno no consigue empleo fácilmente y debe ir a buscar contactos políticos y ayudarlos en campaña para poder tener algo”.

Gisela actualmente no ejerce su profesión. En diciembre de 2015, se terminó su contrato en una entidad pública del municipio y no se lo renovaron para este año, según ella, porque no estuvo apoyando la campaña del actual alcalde. En otros casos, no le han dado empleo por su perfil profesional: “Me decían que no me daban el puesto porque yo era licenciada y necesitaban era técnicas o normalistas; entonces, que no me podían pagar acorde con mi profesión”.

Otro caso es el de Pablo Andrés Uribe, fisioterapeuta egresado de la Fundación Universitaria María Cano. Trabajó 12 años en la E.S.E. Hospital San Rafael, de Andes, y está a punto de terminar una especialización en Ortopedia y Traumatología. Pese a su experiencia y a su formación, se encuentra sin trabajo.

“Se me venció el contrato el 31 de marzo y desde eso estoy sin laborar. Yo no tenía quejas en contra ni procesos disciplinarios ni problemas de ningún tipo como para que no me renovaran el contrato en el Hospital. No sé el motivo. No sé si influirá la parte política, el no apoyar a X o Y partido”.

Pablo piensa crear una empresa particular para, según él, no seguir en el “bache” cada cuatro años, dependiendo de qué ocurra en las elecciones. Además, considera que “las empresas contratan perfiles más bajos para pagar menos, y no es la idea, porque otros países se llevan a los especialistas y profesionales y por allá sí les pagan más. Lo ideal es que se quedaran por acá, que es donde se necesitan”.

Aunque está sin empleo, Pablo manifiesta que “trabajo tiene que haber para todos, para eso uno estudia y se sacrifica”. Mientras tanto, buscará la forma, como muchos colombianos, de conseguir el sustento para él y su familia, hasta que consiga “camello” por sus méritos, sin depender de algo más.

Más empleo

El Plan de Desarrollo de la actual Alcaldía de Andes, cuyo lema es “Inclusión, Orden y Progreso Verde”, tiene como eje fundamental el empleo en el municipio. Dentro de las líneas estratégicas sobre la empleabilidad, dice uno de los objetivos: “Fomentar el empleo digno y decente en el municipio de Andes, a través de las dinámicas donde se integren: la demanda y la oferta laboral, la capacitación estratégica enfocada en las fortalezas locales del sector productivo”.

Esto, de acuerdo con la administración, tiene el objetivo de que en los próximos cuatro años se generen condiciones para que la mano de obra no tenga que salir del municipio por falta de oportunidades. Para ello, el Plan de Desarrollo tiene como estrategia “fortalecer la base productiva para incorporarla al tejido empresarial, la creación de nuevas empresas y el crecimiento sostenible de las existentes”.

Por su parte, Comfenalco le apuesta a la generación de empleo en el Suroeste y otras regiones de Antioquia. Con su Agencia de Empleo, desde agosto de 2015 hasta el mes de abril había logrado ubicar a 215 personas de todos los perfiles en diferentes empresas del departamento. En cuanto al proceso, Sebastián Rojas, auxiliar administrativo de la caja de compensación, dice que “a las empresas se les hace un registro donde ellos pasan las vacantes que tienen y nosotros buscamos en las personas que se registran en la agencia ese perfil que la empresa necesita, sea bachiller, técnico, tecnólogo o profesional. También tratamos de hacerle entender a la empresa que cuando necesiten un cargo elevado, pues lo idóneo es que se contraten profesionales que son los que tienen las capacidades más altas, pero también que el salario debe de ir acorde con la profesión”, puntualiza.

Al término de este informe, Gisela había logrado conseguir un empleo en una oenegé que trabaja con primera infancia. Logró un contrato por un año y sus actividades están relacionadas con su profesión. Jazmín espera la misma fortuna, pero no se queja porque se mantiene en su empleo de la biblioteca que le permite suplir sus necesidades, aunque, como dice, “no es lo ideal, porque para algo se estudia”.

Matador, desempleo

Matador, desempleo

“No está en manos del alcalde continuar o interrumpir el empleo a los trabajadores”.
Según el alcalde de Andes, John Jairo Mejía Aramburo, que alguien entre o salga de la administración depende de múltiples factores. “No está en manos del alcalde continuar o interrumpir el empleo a los trabajadores municipales o del Hospital San Rafael, porque hay una planta de cargos que les da estabilidad”.
Mejía manifestó que los únicos cargos que dependen directamente de él son los de libre nombramiento y remoción. En ese caso, dice, ha seleccionado a “personas de confianza y con capacidades”. Agregó, sin embargo, que una “persona a quien no le dieron un cargo está en toda la libertad de pensar que eso depende de cuestiones políticas”.

Estudiante de Comunicación Social-Periodismo

 

La paz se construye en el territorio

Para Fernando Valencia, coordinador de La Misión de Observación Electoral y miembro de Viva la Ciudadanía “la paz se construye en el territorio”. No obstante, agrega: “la gente desconoce los acuerdos, pese a la abundante información disponible sobre las negociaciones de la Habana”. Este fenómeno hace que el proceso de paz se personifique y produce una profunda radicalización en contra de Santos que representa la paz o a favor de Uribe que representa la oposición al proceso.

Por Luis Carlos Hincapié – luis.hincapie@udea.edu.co

Paz espiritual y educación

Asistimos a la obligatoria necesidad de promover una educación en la que todos dediquemos tiempo a nosotros mismos, a nuestros prejuicios, historias y creencias, a lo que nos hace —y nos convence— de lo que creemos ser y no ser.

La utopía del Lester

Al hacer una comparación con la liga de Colombia, las probabilidades de que este equipo de Inglaterra fuera campeón pueden compararse con las posibilidades reales de que Cortuluá o de Fortaleza den la vuelta olímpica.