Estos son los puntos más importantes de los temas que negociaron el Gobierno y las Farc en los cuatro años del proceso de paz.

Tras cuatro años de conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y las Farc, el pasado 24 de agosto se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Este pacto pretende poner fin al conflicto que durante más de cincuenta años ha afectado a Colombia.

La Habana, Cuba, fue el escenario de los diálogos de paz. Delegados de dicho país y de Noruega sirvieron como garantes en todo el proceso de negociación que, ahora, busca la aceptación o el rechazo por parte de los colombianos a través de un mecanismo de participación ciudadana denominado Plebiscito por la Paz, el cual llevará al pueblo colombiano a las urnas el próximo 2 de octubre.

El Acuerdo Final contempla seis puntos: “Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, “Víctimas” y “Mecanismos de implementación y verificación”.

La Paz es un derecho fundamental contemplado en el Artículo 22 de la Constitución Política. Sin embargo, resta esperar la decisión de los colombianos, quienes ahora tienen en sus manos la responsabilidad de aceptar o negar lo acordado en la capital cubana. A continuación, se explica lo negociado en estos cuatro años.

Punto 1: Desarrollo rural

Por Manuela Zea H. y Sirley Jiménez J.

La Reforma Rural Integral fue el primer acuerdo logrado en La Habana. El objetivo es potenciar el desarrollo de la agricultura campesina, garantizar el bienestar de la población rural, erradicar la pobreza extrema y eliminar la brecha que existe entre campo y ciudad. Con esta reforma se busca impactar toda la población rural del país, conformada por alrededor de 12 millones de colombianos, comenzando con las regiones más afectadas por la violencia.

Esta reforma se divide en tres ejes fundamentales. El primero de ellos está relacionado con el acceso y uso de la tierra, que garantizará la restitución de predios a los campesinos despojados y la distribución equitativa entre aquellos que no poseen tierras. Esto será posible gracias a la creación del Fondo de Tierras, que se proveerá de los territorios obtenidos de forma ilegal. Adicionalmente, se promoverá el uso adecuado de los suelos, capacitando a los campesinos en su aprovechamiento.

Por otro lado, se crearán los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que están enfocados en el bienestar de las comunidades campesinas. A través de ellos se invertirá en infraestructura, mejorando las vías terciarias, los sistemas de riego y drenaje, la electrificación rural y la conectividad. Con el desarrollo social se invertirá en salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico; la innovación y tecnología potencializarán los sistemas de producción y comercialización en el campo; y la seguridad alimentaria buscará luchar contra el hambre y la desnutrición del país.

Finalmente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) garantizarán el cumplimiento de los planes nacionales de forma conjunta entre Estado y regiones. Además, se promoverá la participación de campesinos en la toma de decisiones y la creación de comités y asociaciones.

Punto 2: Participación política

Por Mateo Londoño Castaño y Laura Miranda 

La cita con la democracia que tendrán los colombianos el próximo 2 de octubre no solo pasa por el derecho a decidir qué país quieren en un futuro sino por la responsabilidad de saber qué es lo que se aceptará o rechazará. Por ejemplo, el punto dos del Acuerdo Final, explica el proceso a seguir por parte de instituciones estatales y la ciudadanía para velar por la garantía y promoción de la participación política en el país.

Si se opta por el SÍ en el plebiscito, todas las fuerzas políticas organizadas en partidos y movimientos con personería jurídica serán convocados a diseñar un modelo de participación que garantice el ejercicio de la política para los grupos opositores. Los lineamientos que salgan de esta comisión serán llevados al Congreso como un proyecto de ley propuesto por delegados del Gobierno Nacional.

La inclusión de los diferentes partidos en la construcción de las garantías de participación se plantea en el Acuerdo Final como un intento de extender la democracia a diferentes sectores y evitar el uso de las armas como mecanismo para acceder al poder.  Para ello, el Gobierno creará el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el objetivo de proteger de toda violencia a los movimientos sociales y políticos en el ejercicio de oposición: los que se reintegrarán a la sociedad representando a las Farc, los ya existentes y los que puedan surgir de ahora en adelante.

El proceso de pluralización de la política que propone el Acuerdo busca solucionar uno de los embrollos de la participación política en Colombia: la posibilidad de que todos los sectores expongan sus ideas en los medios de comunicación equitativamente. El Gobierno Nacional establece la apertura de un canal especial para el debate político, permitiendo la participación de los movimientos establecidos. Asimismo, el Acuerdo señala la importancia de la participación de los colombinos a través de veedurías ciudadanas que se encargarán de vigilar el cumplimiento del Acuerdo, ayudando además con la divulgación de los procesos que se realicen durante su aplicación.

También se pretende modificar el sistema electoral para su mayor modernidad y transparencia con la creación de una misión especial conformada por un representante de la MOE y seis expertos seleccionados por el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y los departamentos de Ciencia Política de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.

Por último, hay que tener en cuenta que a lo largo de estos 52 años, la incidencia del conflicto armado no fue igual para todos. Hasta hoy, existen zonas en el país abandonadas por el Estado y limitadas en su participación política por causa de la violencia. A modo de reparación y garantía de no repetición, el Gobierno Nacional creará 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para que los habitantes de esos territorios afectados elijan 16 representantes a la Cámara de manera temporal, durante dos períodos electorales.

Punto 3: Fin del conflicto

Por Cristian Álvarez y Laura Díaz

Se establece un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), integrado por representantes del Gobierno, las Farc, y observadores de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo será el encargado de verificar el cumplimiento del Cese al Fuego de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas.

El Gobierno y las Farc crearán 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y ocho campamentos donde se adelantará el proceso de reincorporación a la vida civil. Estas Zonas serán monitoreadas por los equipos locales del MM&V. Alrededor de cada Zona Transitoria estará una Zona de Seguridad donde no habrá Fuerza Pública ni efectivos de las Farc con excepción de los equipos de monitoreo y verificación.

Cinco días después de la firma del acuerdo final entre el presidente Juan Manuel Santos y alias “Timochenko”, los miembros de las Farc se movlizarán a las Zonas Transitorias. Allí la dejación de armas tendrá lugar en tres fases, bajo el monitoreo de la ONU, que recibirá el armamento de las Farc destinado a la construcción de tres monumentos.

La dejación de armas por parte de las Farc se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las Armas, que integrarán los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. Además de las armas, las Farc le entregarán al Gobierno una lista de todos sus miembros, para ser acreditados y acceder a las medidas acordadas.

Al terminar este proceso, las Farc podrán inscribir un partido o movimiento político al cual se le reconozca personería jurídica; tendrán derecho a designar tres voceros en el Senado y tres en la Cámara de Representantes, que podrán participar en los debates, pero que no tendrán voto. Para las elecciones de 2018 y de 2022, ese partido tendrá asegurada una participación mínima de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, así sus votos no alcancen para lograr esos escaños.

Finalizadas las Zonas Transitorias, cada desmovilizado obtendrá una cuota única de 2 millones de pesos, 24 meses de renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo vigente y el pago de las cuotas de seguridad social en salud y pensiones por parte del Gobierno por ese mismo periodo. Estas dos últimas, mientras el desmovilizado no tenga ninguna otra fuente de ingresos.

Punto 4: Drogas ilícitas

Por Valentina Restrepo y Sergio Alejandro Ruiz

En cuanto al tema de las drogas ilícitas, las Farc se compromete a renunciar a sus conexiones económicas con los cultivos ilícitos y al apoyo en el control de la producción y comercialización de estas drogas; por otro lado, el compromiso del Gobierno Nacional es fortalecer su presencia institucional y liderar programas con las comunidades para generar una nueva etapa frente la problemática de las drogas.

Un punto inicial para la realización de este proceso, es la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en la cual los campesinos -después de firmado el acuerdo- tienen un tiempo máximo de dos años, para reconocerse como cultivadores de drogas ilícitas y, de esa forma, no ser judicializados y hacer parte de proyectos de economía sostenible y asambleas comunitarias, espacios en los cuales se fortalecerá la participación en los planes integrales de sustitución.

Aquellos campesinos que realicen voluntariamente la sustitución de cultivos serán diferenciados en dos grupos: los cultivadores tendrán asistencia alimentaria por máximo un año, establecimiento de huertas caseras, animales de granja y proyectos de ingresos rápidos como cultivos de ciclo corto, piscicultura y avicultura, junto al acompañamiento técnico correspondiente. Los recolectores, tendrán también asistencia alimentaria hasta por un año y empleos temporales como en la construcción de la infraestructura requerida.

La población rural vinculada a la explotación de cultivos ilícitos contará con un tratamiento diferenciado frente a los procesos de judicialización, siempre y cuando sea voluntario, de lo contrario serán judicializados y no gozarán de los beneficios del programa.

Este proceso de sustitución voluntaria de cultivos ya se inició al norte de Antioquia en el municipio de Briceño desde el pasado julio. Son 10 veredas dedicadas al cultivo de coca las que empezaron con este plan piloto.

Otro asunto relacionado con este punto del acuerdo es la creación del Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas que incluirá procesos de rehabilitación e inserción social de personas consumidoras; con tres enfoques básicos para abordar la problemática de consumo: derechos humanos, enfoque diferencial y de género, y finalmente la elaboración de una política de salud pública frente al consumo de drogas en el país.

Además, se integrará un equipo de expertos nacionales, internacionales y delegados de organizaciones, especializados en el tema de la financiación ilícita de organizaciones criminales para realizar un mapeo del delito. Teniendo en cuenta que los acuerdos buscan combatir cultivos ilícitos que tienen un vínculo con la guerra y el narcotráfico, quedó pactado el respeto por las comunidades indígenas frente al cultivo ancestral de la hoja de coca.

Punto 5: Víctimas del conflicto

Por Ana María Ortega Tamayo y Luisa María Castaño Hernández

Desde el inicio del proceso de paz se tenía claro que no sería posible finalizar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera si no se satisfacían los derechos de las víctimas. Es por ello que se estableció que resarcir a esa población sería el centro del acuerdo entre el Gobierno y las Farc..

En este punto se acordó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que pretende canalizar de mejor manera la satisfacción de derechos, garantizar seguridad jurídica, promover la convivencia y la reconciliación.

Este sistema está compuesto por diversos mecanismos judiciales y extrajudiciales. El primero de ellos corresponde a La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es un mecanismo que no administra justicia, sino que contribuye a la verdad mediante la aclaración y explicación de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, el reconocimiento de víctimas y responsables, y la generación de diálogos para la convivencia en los distintos territorios y bajo distintas voces.

Otro mecanismo es la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto. Ésta se encarga de contribuir y coordinar acciones humanitarias para la localización e identificación de personas desaparecidas que se encuentran con vida. En los casos de fallecimiento, realizar un reconocimiento y entrega digna de los restos a las familias con información y aclaración sobre los hechos.

Finalmente, el tema de justicia, uno de los más polémicos del proceso, también hace parte del acuerdo de víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente judicial y se encarga de satisfacer a las víctimas por el derecho a la justicia y cumplir con el deber del Estado de sancionar, juzgar y adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica.

En este componente habrá amnistías amplias para los responsables del delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos, pero el indulto no los exime de contribuir individual o colectivamente con el esclarecimiento de la verdad. En cambio, los responsables de delitos graves tendrán que someterse a la JEP, decir la verdad, aportar a la reparación de sus víctimas y recibirán sanciones que, en principio, no serán de cárcel sino de una restricción efectiva de la libertad en un territorio determinado. De no colaborar con el sistema o hacerlo de forma tardía, el modelo contempla penas de prisión de hasta 20 años.

Otro de los acuerdos es que no habrá extradición para los miembros de las Farc o personas acusadas de pertenecer a dicho grupo, por los delitos cometidos antes de la firma del acuerdo.

Por otra parte, las medidas de reparación integral acordadas tienen objetivo de fortalecer el programa de reparación de víctimas implementado por Estado a través del reconocimiento de responsabilidades, contribución al desminado, obras de infraestructura, restitución de tierras, reparación colectiva y rehabilitación psicosocial.

El último de los mecanismos hace referencia a las Garantías de No Repetición. Éstas se basan en la implementación y cumplimiento de los demás mecanismos incluidos en el acuerdo que incluye la reparación y protección de los derechos de las víctimas, la dejación de armas por parte de la guerrilla, la reincorporación a la vida civil y las diversas garantías de seguridad que permitirán establecer las bases de una sana convivencia.

Punto 6: Implementación, verificación y refrendación

Por Pablo Andrés Rojas Ramírez y Natalia Rodríguez Giraldo

Este ítem permitirá que lo establecido en las 297 páginas del Acuerdo Final se materialice y no quede solo en el papel. Para ello, se creará una Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias, la cual se encargará de velar por la ejecución de lo pactado.

Este organismo estará conformado por tres representantes del Gobierno y tres del grupo guerrillero. Cuatro meses después de su conformación, estos actores deberán elaborar un plan con una vigencia de 10 años que sirva como base para la ejecución de los acuerdos.

Además, tendrá que velar por el trámite de varios proyectos que fueron calificados como prioritarios. Entre ellos se encuentra la Ley de amnistía, el Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la paz, la Ley de aprobación del Acuerdo Final, y el Acto legislativo y las normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dentro de esas prioridades también se encuentra la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc o de personas acusadas de serlo, y de los procedimientos de extradición. Esto, hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma constitucional de prohibición de la extradición.

La Comisión creará un mecanismo de acompañamiento internacional, con el fin de que los países garantes de los diálogos de paz contribuyan en el cumplimiento de dicho acuerdo. Cabe destacar, que cada punto pactado contará con el apoyo de diferentes países y organizaciones como la ONU, la FAO y la Unesco.

Con el fin de generar confianza y mantener informado al pueblo colombiano del cumplimiento de los puntos pactados, se realizará una campaña pedagógica a través de medios institucionales (radio-televisión) que tendrá una duración de seis meses. Adicional a esto, se crearán diversas herramientas de comunicación por medio de las redes sociales para ampliar el espectro informativo respecto al tema.

Finalmente, en cuanto al Acuerdo sobre la Refrendación, los representantes del Gobierno y las Farc llegaron a un consenso sobre el mecanismo que sería utilizado para la implementación de los pactos establecidos, adoptando así la propuesta de la Corte Constitucional: el Plebiscito por la Paz. Mecanismo que le dará la oportunidad a los colombianos de decidir el futuro que quieren para el país.