#MedellínDream

El narcotráfico y las drogas no son una experiencia del pasado. En Medellín conviven expresiones que podrían considerarse herencia de ese fenómeno mientras en Colombia se debaten las formas de hacer frente a la problemática del consumo. En la edición 93 de De la Urbe investigamos el tema.

Redacción De la Urbe

delaurbeprensa@udea.edu.co

Editorial: ¿Narcomedellín?

Tres hombres de traje se alternaron un martillo gigante y unas gafas para protegerse de las astillas. Era 4 de abril y en un acto con decenas de periodistas atentos, cada uno golpeó como pudo la superficie de una jardinera a un costado del edificio Mónaco. Enrique Gil y Luis Carlos Villegas, ministros de Justicia y Defensa del Gobierno anterior, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, oficializaron así la entrega a la administración municipal, por parte de la Policía nacional, del inmueble que mejor representa el poder que consolidó Pablo Escobar.

En el lugar que ocupa el edificio, explicó Gutiérrez, la Alcaldía de Medellín construirá un parque en honor a las víctimas del narcotráfico. Dijo que la demolición, prevista para febrero de 2019, es “una deuda histórica con las víctimas y los vecinos, quienes por años han soportado la llegada de turistas en busca de leyendas falsas”.

El Mónaco, donde Escobar vivió con su familia, se erigió como símbolo y se convirtió en una parada obligada de los recorridos turísticos por los lugares emblemáticos de los capos en el Valle de Aburrá. Hoy, lo que queda del edificio entre sus paredes roídas y su estructura inestable no expresa la decadencia del negocio del narcotráfico —que sigue vigente pese a los cambios en los protagonistas y en las formas— ni tampoco del mito creado alrededor del capo, pero sí expone por lo menos la ruina material del actor más visible de esa historia.

Era abril de 1983 y Escobar celebraba un artículo en la revista Semana que lo presentaba como el “Robin Hood paisa”, organizaba foros contra la extradición de colombianos, aprovechaba su incipiente figuración en la política, exponía su fortuna sin prevenciones y bajaba el tono de los pocos señalamientos que lo relacionaban con el narcotráfico. Para ese momento, el tráfico de cocaína y las grandes sumas de dinero que generaba ese negocio era un tema del que apenas se hacía preguntas. Los mágicos, como eran llamados los narcotraficantes, eran reconocidos, pero poco se les cuestionaba. Algunos, incluso, gozaban de admiración.

El panorama cambió pocos meses después. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla acusó con nombre propio a Escobar, para entonces representante a la Cámara suplente, por la entrada de “dineros calientes” en la política. Lo mismo hizo El Espectador al revelar que en 1976 había sido capturado junto a otros cinco hombres cuando escondía treinta y nueve libras de cocaína en una casa de Itagüí.

Los señalamientos en contra de los narcos venidos a la política, el asesinato de Lara a manos de sicarios de Escobar en abril de 1984 y lo que pasó después con la guerra que el cartel de Medellín le declaró al Estado es un resumen ligero de un relato que determinó el destino de Colombia en muchos aspectos de su vida política; una historia muchas veces contada. Al tiempo persisten efectos tanto o más visibles que, quizá, por hacer parte de la vida diaria pasan desapercibidos: mientras los grandes temas de la vida pública se removían por los efectos del narcotráfico, ese mismo relato influenciaba formas de ser, de vivir la ciudad y también de resistir.

“El narcotráfico no es exclusivamente una experiencia del pasado”, sostiene Didier Correa Ortiz, sociólogo y magister en Estética que ha dedicado sus estudios a la “narcocultura”. “Lo narco ha transmutado y ha cambiado la manera de manifestarse en la vida cotidiana, pero no es que tenga otra cara: hoy realmente se están viendo los reales efectos de lo que eso significó para la ciudad”, agrega.

Las fortunas de los narcos hicieron natural la exageración y se adoptaron estéticas que luego empezarían a asociarse con el dinero ilegal producto del narcotráfico. Como explica Gustavo Duncan, investigador y profesor de la universidad Eafit, “ostentar legitima de una manera u otra. Y eso va acompañado de un discurso implícito, que es el derecho de acceder a nuevas formas de consumo”. Sin embargo, esas formas de expresarse, de vivir la ciudad y hasta el propio cuerpo, se arraigaron lo suficiente como para consolidar un relato capaz de permear muchos otras escenarios lejos de la ilegalidad.

Esos efectos y estéticas han tomado mayor relevancia gracias a que ahora, con la distancia que da el tiempo, cobra sentido ver la herencia del narcotráfico, no solo desde una mirada punitiva, sino como producto de una construcción social en la que todos estamos inscritos. Para ello habría que entender entonces que el narcotráfico no es un asunto que atañe exclusivamente a los traficantes de drogas. Nos implica a todos porque “en cuanto representación cultural no se construyó a sí mismo ni lo hizo a partir de una autoconsciencia. Es decir, no hay una intencionalidad estética por parte del traficante de drogas de construir una narcocultura”, explica Correa.

Así, en medio de las ideas sobre cómo asumir la herencia del narcotráfico, el edificio Mónaco ha sido central en el discurso del alcalde Gutiérrez en contra de las huellas de ese fenómeno en la ciudad. Discurso que se ha traducido también en reclamos a las figuras públicas que visitan esos lugares y a las asociaciones entre Medellín y la droga en notas de prensa, en canciones y hasta en las series de televisión que reconstruyen —a su modo— parte de esa historia.

Sin embargo, a finales de octubre, al presentar el concurso con el que serán seleccionados los diseños del parque que reemplazará al Mónaco, Gutiérrez dijo que “la implosión no significa borrar la historia; no se puede olvidar el daño que se gestó desde este símbolo de la ilegalidad”. Y esa ha sido precisamente la discusión: el debate entre borrar y resignificar, entre el olvido y la memoria, entre la reivindicación de las víctimas y la exaltación de las prácticas mafiosas.

Para esta edición en De la Urbe nos preguntamos por esa herencia cultural de lo narco, vista no como una característica vergonzante propia de Medellín, sino como un discurso arraigado en nuestra forma de vernos, de ver a los otros y a la ciudad que habitamos. Partimos de preguntarnos qué tanto nuestra arquitectura, la música que escuchamos, las prácticas religiosas, las formas de vestirnos, el arte, el lenguaje y hasta el deporte están ligados a unas huellas del narcotráfico.

Hablar de ello implica reconocer los velos morales. La nuestra es todavía una historia marcada por los dolores recientes de la violencia que aún hoy, aunque con diferentes matices, seguimos padeciendo. Por ello nos preguntamos qué tanto somos, en conjunto, una ciudad víctima: Medellín como sujeto colectivo, aunque de ninguna manera unificando el dolor y menos las responsabilidades de quienes lo han generado. No se trata de negar nuestras cicatrices. La apuesta, a fin de cuentas, es reconocernos y así poner la mirada en la construcción de los nuevos discursos para aportar al esfuerzo cotidiano de resistir a la violencia. Encontrarnos en nuestra forma de habitar y habitarnos también es un ejercicio de memoria.

Los montañeros de Carrara El son del traqueto (y de toda Medellín)
Fútbol y narcotráfico: líneas de coca y cal La herencia narco push up
Los visajes del parlache El réquiem del parcero
Arte, narcotráfico y secreto

***

Las víctimas están en el centro

En Medellín a todos nos ha tocado el narcotráfico: por ser víctimas directas, por haber recibido algún beneficio o simplemente por el miedo que persiste y se transforma. La memoria colectiva de la ciudad está entretejida por unos relatos que muestran cómo la cultura de lo narco se ha inmiscuido en nuestra vida cotidiana. (Seguir leyendo)

***

Editorial: El revés de las drogas

La primera escena es la promesa: el 22 de agosto, en la Casa de Nariño, apenas un par de semanas después de posesionarse, el presidente Iván Duque recibe al alcalde Federico Gutiérrez. Le asegura que “muy pronto” liderará un consejo de seguridad en Medellín y recorrerán juntos las calles de la ciudad.

La segunda escena: el presidente y el alcalde caminan por el Barrio Antioquia en lo que presentan como un megaoperativo contra las “plazas de vicio” de esa zona. Abrazan y saludan a la gente que se les acerca. Luego, palustre en mano, pegan un par de adobes para sellar la entrada de una casa que servía como expendio de drogas. Dijo Duque en la rueda de prensa posterior que “prácticamente” la olla quedó desarticulada.

El presidente anunció otros “paseos de olla”. Sí, así lo dijo. Anticipó que con otros alcaldes recorrerá las ciudades para hacer operativos similares para lograr que así “la sociedad rechace la droga”. En sus palabras: “No queremos que nuestros niños en Colombia estén en las calles teniendo cerca este veneno”.

A pesar del operativo con presidente a bordo, al día siguiente el “veneno” del Barrio Antioquia se seguía vendiendo con la misma normalidad de siempre en un sector que fue declarado zona de tolerancia en la década del cincuenta y luego se transformó en el más grande expendio de drogas de Medellín. El periódico Q’hubo visitó la zona y publicó en su portada del 19 de octubre un titular tan obvio como necesario: “Duque se fue y la droga se quedó”.

La obviedad radica en que la droga se quedará en ese barrio o se moverá a cualquier otro siempre que persista la demanda que no va a desaparecer con políticas represivas y, por supuesto, tampoco se reducirá porque un presidente se vaya de safari por las plazas del país. Más allá del escándalo que la idea pueda generar tenemos una profunda relación histórica con las sustancias alteradoras de la conciencia.

Para no ir muy lejos, en 2017 la firma Euromonitor presentó un informe en el que explica que los colombianos destinan en promedio cerca de 262 dólares anuales a bebidas alcohólicas. Y a propósito de la preocupación de Duque por los niños y los jóvenes, a mediados de 2018, otro estudio desarrollado por la corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación y prevención del consumo de drogas, concluyó que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol en el país es doce años. Además, pese a que la mayoría de los padres dice no consentir que sus hijos tomen alcohol, el 38% de los encuestados afirmaron que lo consumen en compañía de sus padres u otros familiares.

Pero las cifras arrojan más conclusiones. Para 2013, de acuerdo con el Ministerio de Salud cerca de 2.4 millones de personas en Colombia —35 % del total de los consumidores— tenían un consumo de alcohol de riesgo o perjudicial, idea que engloba, según esa entidad, consecuencias sobre la convivencia, el bienestar de las familias y la seguridad ciudadana, entre otros factores. Entre tanto, según la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, de 247 millones de personas que usaron sustancias psicoactivas en 2017 en todo el mundo, solo veintinueve millones se consideraron usuarios problemáticos.

¿Entonces por qué la diferencia en el tratamiento de ambas sustancias?

Porque la discusión sobre las drogas en Colombia ha tenido un profundo asiento moral.

Eso explica que el sustento del Decreto 1844 del primero de octubre de 2018, promesa de campaña de Duque que faculta a la policía para incautar la dosis personal de drogas, haya estado acompañado mucho más de arengas que de información real sobre la problemática del consumo de sustancias estupefacientes. Explica que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijera que los consumidores de drogas podrían acudir al testimonio de sus padres para demostrar su condición de adictos para evitar una multa. Explica las burlas a sus palabras con las cartas que circularon en internet de padres declarando marihuaneros a sus hijos adultos. Explica las notas de prensa contando como un brownie de marihuana terminó con un adicto irrecuperable y como un Alka-Seltzer en un vaso de agua es equiparable a lo que causan las drogas en el cerebro. Explica, en fin, la improvisación y el claro retroceso que vive Colombia en materia de política de drogas.

De ahí también la contradicción con la postura que tenía el presidente hace apenas algunos meses. Mientras lanzaba frases sobre la importancia de proteger a los niños y a las familias de las drogas retiraba de manera silenciosa un proyecto de ley, que él mismo impulsó como senador, que daba un “enfoque de salud pública al consumo de drogas” y reconocía la dosis mínima y de aprovisionamiento. La iniciativa se tramitaba en el Congreso mientras Duque insistía en su discurso de candidato: “Quiero ser su presidente para prohibir la dosis personal”.

En Colombia las drogas han sido sinónimo de violencia. El tráfico internacional desató una guerra que puso contra las cuerdas al Estado. La cocaína ha sido el principal combustible del conflicto armado. Las mafias, que se han reinventado pese a la persecución, sustentan con las plazas de vicio su control territorial en las ciudades. Por tanto, no se trata de desconocer el problema que representa el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, sino de interpretar el problema como un fenómeno que requiere liderazgo en la discusión internacional, y más información y menos prejuicios en lo doméstico.

Ese es el propósito de esta edición: confrontar nuestros juicios morales, comprender la trayectoria de las políticas de drogas en Colombia y compararlas con experiencias internacionales, reconocer que la ausencia de información aumenta los efectos negativos derivados del consumo y que existen mercados alternativos que logran —aun con los riesgos que implica— hacerle el quite a la persecución de las mafias y del Estado. Creemos que en lugar de arengas necesitamos elementos para tomar mejores decisiones.

Colombia, entre la despenalización y la persecución a las drogas Colombia y su paso atrás en política de drogas
¿Usted sabe qué se está metiendo? ¿De dónde viene la droga que se vende en Medellín?
¿Drogas sin mafias?

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *