“Pública la recibimos, pública la entregaremos”

Esta edición (DLU#92) surgió en un salón de clase el mismo día que los estudiantes se declararon en asamblea permanente (septiembre de 2018). Nos encontramos para conversar sobre la situación, para tratar de entenderla y, quizá, encontrar una forma de aportar: “¿Y qué hacemos?”.

Pasó poco más de una semana. “Pública la recibimos, pública la entregaremos”, gritaban miles de estudiantes y profesores que marcharon el 11 de septiembre por las calles de Medellín. Marcharon porque las universidades públicas no aguantan más. Desde 1992, cuando se aprobó la Ley 30, la educación superior pública fue sentenciada al desfinanciamiento.

 

Los efectos no hay que buscarlos solo en el riesgo futuro de privatización —que existe—, porque con una educación universitaria calificada por ley como un servicio y no como un derecho, cada año miles de jóvenes que terminan su secundaria y no cuentan con los recursos para pagar una universidad privada se quedan por fuera de la educación superior. No, no lo hacen por elección. Las universidades, y la educación pública en general, son la vía por la que un joven puede aspirar a ser menos pobre que sus padres, alcanzar su realización personal y aportar al bienestar de su comunidad. La política educativa colombiana le ha negado ese derecho a generaciones enteras.

El origen de esta protesta se encuentra en las condiciones laborales y salariales de los docentes. Este año, los profesores de las universidades públicas empezaron a sentir los efectos de la reforma tributaria de 2016 que limitó las exenciones para el cálculo del impuesto de renta; muchos de ellos han tenido que pagar cifras muy superiores a las que acostumbraban. Un asunto gremial, que por serlo no es menos legítimo, y que de paso plantea una discusión más amplia sobre las condiciones estructurales de financiación de la educación superior pública.

Mientras en 1993 el Estado transfería ochenta y cuatro de cada 100 pesos que gastaban las universidades públicas, en la actualidad aporta 49 de cada 100. Con el paso del tiempo, las universidades pasaron asumir la mitad de los gastos con los recursos que son capaces de generar. Eso se tradujo en matrículas más altas, en la venta de bienes y servicios, en el endeudamiento y en el deterioro de las condiciones laborales de profesores y trabajadores.

El conocimiento le pertenece a la humanidad y está a su servicio. Buena parte del desarrollo de los países se explica por la solidez financiera de sus sistemas educativos, porque impactan positivamente en la cultura, la ciencia, la tecnología y, claro, en la economía. La diferencia radica en cómo se le entrega ese conocimiento a una sociedad: si el Estado asume la financiación de la oferta educativa o si, por el contrario, es remplazada por la oferta privada. De quien oferte y difunda el conocimiento depende qué tan provechoso pueda ser para la gente. En el caso de la oferta pública, la transmisión y apropiación del conocimiento se reconoce como un derecho que la sociedad demanda y puede recibir de manera masiva. En la oferta privada, el acceso se limita a la capacidad económica y se restringe solo a quien puede pagar.

¿Por qué la universidad requiere financiación pública? Los costos de la educación son crecientes y su calidad es proporcional. En ese caso, lo que pague una familia por la educación de sus hijos determinará su calidad. Esta no debe ser la regla general, sobre todo en un país con índices de pobreza, informalidad e inequidad tan altos como el nuestro. Le corresponde al Estado asumir el financiamiento de la oferta universitaria y garantizarla como un derecho.

Entre 2005 y 2016, los recursos públicos que recibió la Universidad de Antioquia disminuyeron 26%, mientras que los recursos propios aumentaron 88%. Para 2018, el déficit financiero de la institución es de 181.528 millones de pesos. Ese dinero alcanzaría para que ningún estudiante de pregrado o posgrado pagara su matrícula durante seis años.

En Colombia hace años se enterró la gratuidad universitaria y se incentivaron los créditos educativos que, como los otorgados por el Icetex, implican intereses entre 2 y 3 veces más que el monto recibido. El criterio de una buena administración ya no consiste en brindar la mejor educación, sino en obtener el mayor rendimiento de los recursos conseguidos por medio de la autofinanciación.

Entre tanto, el profesorado de tiempo completo y dedicación exclusiva se convirtió en minoría y el profesor de cátedra dejó de ser reconocido como el profesional destacado que dedicaba unas horas a la docencia en virtud de su experiencia, reconocimiento y prestigio, para convertirse en el salvavidas de las universidades a la hora de ofertar materias con menor costo salarial. Solo en la UdeA, en el segundo semestre de 2017, cerca del 77% de los profesores estaban contratados con la modalidad de cátedra.

¿Pero cómo llegamos a este escenario?, ¿por qué lo permitimos? En los últimos años, después de las movilizaciones de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil contra la reforma de la Ley 30 propuesta de manera unilateral por el Gobierno, y de la negativa para que las transformaciones en la educación superior se construyeran de forma democrática, el sector universitario entró en un letargo que lo llevó a formular demandas desordenadas y, por ejemplo, a ser apenas un actor de reparto en la movilización ciudadana a favor de los acuerdos de paz.

A pesar de esto, en las últimas semanas, directivos, docentes, estudiantes y trabajadores pasaron de la coincidencia en el diagnóstico a la coincidencia en la movilización. Es precisamente el impulso de estas semanas el que motiva esta edición de De la Urbe. “¿Qué hacemos?”, nos preguntábamos. No seremos la generación que verá morir la universidad pública. Que estas páginas aporten a la conversación. Esta edición extraordinaria de De la Urbe y sus contenidos asociados para redes sociales se desarrollaron entre el lunes 3 y el jueves 13 de septiembre de 2018.

Participaron los siguientes estudiantes del pregrado en Periodismo de la Universidad de Antioquia:

Luis Bonza Ramírez, Amaury Núñez González, Andrea Orozco Sáenz, Andrea Vivas Molina, Andrés Uribe Vasco, Daniel Uribe Uribe, Daniela Sánchez Romero, Jennifer Mejía Giraldo, Juan Carlos Toro Castillo, Juan David Tamayo Mejía, María Isabel Montoya Pérez, Mateo Ruiz Galvis, Natalia Duque Vergara, Paulina Mesa Loaiza, Valentina Arango Correa, Valentina Pineda Lemus, Jose Daniel Acevedo Yepes, Alejandro Diosa Muñoz, Estefanía Aguirre Giraldo, Valeria Ortiz Tabares, Daniel Osorio Posada.

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