En Medellín nos seguimos matando

Sí, leyó bien: “Nos”. Según los reportes oficiales, entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2018 hubo 269 homicidios en la ciudad. Son 66 más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, hubo un incremento del 32,5%. Pero hay otra forma de analizar la cifra sin ese criterio comparativo que, a veces, se queda corto para exponer las dimensiones del problema: 2017 cerró con 577 homicidios. Si a esa cifra se suman los asesinatos de este año, son 846 vidas que la violencia homicida se ha llevado en poco más de 17 meses. La cuenta sigue creciendo, porque aun en los periodos en que los índices de homicidios bajan, cada muerto es un número más.

Las mismas cifras oficiales indican que 122 de esos homicidios que se han contabilizado en lo corrido del año están asociados a la acción de grupos de delincuencia organizada. Eso significa que la mayoría de esos crímenes ocurren a manos de las organizaciones ilegales que hacen presencia en buena parte de la ciudad, en cada comuna, en cada barrio. Amenazan, extorsionan y asesinan. Pero de nuevo, la cifra se queda corta porque 86 homicidios están aún por ubicar en alguna categoría, pero también porque 36 más están asociados a problemas de convivencia, 14 a hurtos, 5 a violencia de género, 3 a violencia intrafamiliar. Esa violencia cotidiana, que escapa a las grandes estructuras mafiosas, también nos sigue matando.

Con ese contexto, poco dicen las típicas frases como: “Ah, es que esas comunas son muy peligrosas”, o “eso por allá en las comunas está muy caliente”. Mucho menos si se tiene en cuenta, que, por ejemplo, Laureles y El Poblado, las comunas con los mejores índices de calidad de vida en Medellín, también registran este año un aumento del 83% y del 100% de los homicidios respectivamente. Reproducir estas frases implica negarse a entender la ciudad como un territorio en que, sin importar dónde, cada persona tiene derecho a habitar.

Tampoco sirve reducir el problema a explicaciones policivas. En su respuesta a un cuestionario, la Secretaría de Seguridad de Medellín atribuye el incremento de los homicidios a la acción de las autoridades: “Se evidencia que hay una coincidencia entre la acción efectiva en la captura de los principales cabecillas de las Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico con picos de homicidios”. Si bien la Alcaldía en sus respuestas también habla de inversión y de iniciativas sociales, las condiciones de vida y las necesidades básicas insatisfechas de muchas comunidades no hacen parte de su diagnóstico sobre el fenómeno.

Recobramos acá las palabras de nuestro primer editorial: “Los ideales de servicio al público, del derecho a la vida y a la información y a la creación de un espacio de discusión para la solución de conflictos que nos afectan, conforman el espíritu en el que se enmarca De la Urbe”. Aunque el equipo, los espacios, los lenguajes, los soportes y muchas formas del periodismo hayan cambiado, preservamos el compromiso de ayudar a entender la ciudad que habitamos.

Han pasado 19 años y Medellín ha cambiado. En 1999, entre enero y mayo, se cometieron 1.432 homicidios. Un solo mes, enero, el más violento de ese año con 310 homicidios, supera en 41 casos los cometidos durante todo 2018 hasta mayo. Las cifras indican que nos matamos menos, pero como ya decíamos, nos seguimos matando.

En esta edición (# 90) de aniversario nos planteamos un reto periodístico y pedagógico: 26 reporteros, estudiantes de Periodismo, se dividieron en grupos por el occidente de la ciudad. Recorrieron durante 24 horas, en simultáneo, los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista; y las comunas de Robledo, Castilla, Doce de Octubre y San Javier.

Desde las 8:00 de la mañana del viernes 18 de mayo, hasta la misma hora del sábado 19, caminaron y convivieron con la gente de estos barrios, los más afectados por las disputas armadas de los últimos meses: entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año solo esas 6 comunas sumaron 112 homicidios, el 41% del total de la ciudad. La cifra aumenta si se suman los asesinatos de otras comunas como Belén y La América y el corregimiento de San Cristóbal, también en el occidente, que en muchos casos responden a dinámicas de conflicto similares.

El objetivo del ejercicio fue hacernos a una imagen sobre la cotidianidad de esos territorios para poner en contexto la violencia, la estigmatización y la resistencia de las comunidades. También, enfrentarnos a una reportería “en caliente”, a la presión del tiempo, al miedo y a los propios prejuicios.

Con esas experiencias llegamos a conclusiones producto de este trabajo periodístico, que si bien no pretende ser un análisis exhaustivo sobre la violencia en Medellín, sí recoge voces, interpretaciones y miradas diversas. Aunque reforzada por factores geográficos, la situación que vive la zona occidental no es distinta a la que otros sectores han enfrentado en diferentes etapas de la historia reciente. Es la herencia de la hegemonía paramilitar que se construyó luego de la “urbanización del conflicto” que vivió la ciudad con los enfrentamientos entre milicias y grupos paramilitares. Ese ciclo culminó con la transformación de estos últimos en combos articulados a estructuras mucho más amplias, encargados de rentas ilegales y de condicionar, de acuerdo con sus intereses, la vida social y comunitaria de los barrios.

En medio de ese escenario han existido momentos de mayor tensión cuando se atomizan los mandos y otros de menor confrontación —aunque no de calma— cuando se consolidan claros dominadores o cuando existen pactos entre las grandes estructuras que se dividen el control de la ilegalidad en la ciudad. Se trata de una división funcional del territorio. Mientras tanto, los organismos del Estado insisten en negar que funcionarios, de civil o uniformados, han sido cooptados por esas estructuras. También insisten en atribuir aquellos periodos en que se recrudece la violencia a las reacciones de los grupos armados por la operatividad de la Fuerza Pública.

Los discursos han sido más o menos radicales. A finales de abril de 2018, al referirse a la persecución a los combos, el alcalde Federico Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno. Todos van cayendo”.


Pocos días antes su secretario de Gobierno, Santiago Gómez Barrera, quien ejercía como alcalde encargado, dijo: “ojalá no se tuviera que llegar al punto de necesitar otra Operación Orión”. Entretanto, ordenaba la militarización de la comuna 13.

En estos 19 años Medellín ha cambiado, claro, pero la vida de muchas comunidades sigue condicionada por la violencia. La costumbre, sin embargo, no puede naturalizar ese fenómeno: no es normal que las personas tengan que rodear sus propios barrios para llegar a sus casas y así evitar “fronteras invisibles”. No es normal pagar vacunas por ejercer una actividad comercial, por la “seguridad” o por parquear un carro en el espacio público. No es normal que un grupo de reporteros tenga que recorrer un barrio de Medellín con una carta que explica su presencia, ni que un militar les diga que ese es “su seguro de vida”. No es normal que la vida siga sometida a las condiciones que impone la guerra. Nos encontramos en este camino con personas y organizaciones que trabajan para que se disminuyan los umbrales de tolerancia frente a la violencia y frente a la fórmula de enfrentarla con más violencia. Otra razón para entender que no es normal que nos sigamos matando. Ese es un comienzo.

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