“El campesino es noble, pero también se sabe defender”

“No más mentiras”, “Esta vía es ilegal”, “Queremos la presencia de Cornare”, decían algunas de las consignas con las que, a mediados de julio de 2017, los habitantes del corregimiento Alto de Sabanas protestaron y cerraron la vía que comunica la cabecera municipal con su territorio. La misma vía que conecta al municipio con el proyecto PHC Aures Bajo y la misma vía que pensaban ellos, hace dos años, ayudaría a fortalecer la vocación agrícola de sus tierras.

Aunque los campesinos de la región crearon una veeduría, algunos líderes aseguran que hace falta mayor organización y que la empresa ha pagado por el silencio de algunos.  Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

Aunque los campesinos de la región crearon una veeduría, algunos líderes aseguran que hace falta mayor organización y que la empresa ha pagado por el silencio de algunos.
Fotografía: Luis Fernando Castaño Valencia.

John Dairo García Arias
Estudiante Comunicación Social – Periodismo
jdairo.garcia@udea.edu.co

Durante décadas, el sueño de los campesinos de veredas como Naranjal Arriba, Naranjal Abajo o La Loma fue el de una carretera de acceso para sacar los productos de sus fincas, y descansar de las arduas y costosas caminatas a lomo de mula. Fue por eso que, cuando la empresa Aures Bajo les planteó la rehabilitación y construcción de unos 15 kilómetros de una vía que los comunicara con el pueblo, no lo pensaron dos veces y apoyaron la obra.

Hoy, varios de ellos manifiestan que si hubiesen sabido cómo eran las cosas nunca habrían aceptado. La vida de esta comunidad, área de influencia de la PCH Aures Bajo, es muy diferente a lo que les prometieron. Ahora, hay cultivos de café, caña y plátano destruidos, trapiches y casas inundados, deslizamientos, escurrimientos de agua, bosques devastados y el agua del río sucia. Esas son las imágenes con la que han tenido que lidiar desde hace dos años.

“Pensamos que esto iba a mejorar, pero ya estamos viendo que es más lo que nos está perjudicando. Hemos estado muy afectados por los derrumbes y el polvo en los cultivos, y no nos han pagado los daños”, dice David Loaiza, campesino de la vereda Naranjal Abajo.

Entre tanto, Juan Carlos Mejía, representante legal de Aures Bajo, alega que la empresa cumple con todos los requerimientos de la licencia ambiental otorgada por Cornare y, aunque reconoce los daños ocasionados, resalta que se ha buscado la forma de atender las reclamaciones de los campesinos: “Hemos emprendido muchos planes de mitigación, desde los exigidos por la propia licencia ambiental, que son la protección y estabilización de los taludes, la reposición de árboles y plantas que hemos afectado, hasta programas sociales y educativos que se escapan de la licencia ambiental, como fiestas de Navidad, fiestas de los niños. Queremos que la empresa deje huella en la zona, porque va a quedar para siempre”.

Sin embargo, desde el inicio de la obra, argumentan los campesinos, sus reclamaciones no han sido escuchadas por las entidades que deben proteger los intereses, no solo de ellos, sino también del medio ambiente. “Las tierras están quedando totalmente deterioradas y uno no tiene quién lo escuche. Creíamos que el Alcalde iba a estar de parte de nosotros, pero no nos quiere ayudar. Yo sí quisiera que alguna entidad nos escuchara porque estamos muy preocupados por los derrumbes”, comenta Julio Ocampo Aguirre, habitante de Naranjal Abajo.

Para los afectados, Cornare, la autoridad ambiental responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, no ha cumplido con ese papel. Entre otras dificultades, toda denuncia o queja que quiera presentar la comunidad debe ser diligenciada en El Santuario, donde están las oficinas centrales de la Corporación. Sin embargo, Cornare asegura que hasta mediados de agosto había realizado 32 visitas a la zona para verificar el avance de las obras.

Además de cultivos echados a perder y las inundaciones, los campesinos han lidiado en estos años con la circulación de maquinaria pesada y los daños a sus viviendas. Es el caso de Nelson Alzate, habitante de la vereda La Argentina, quien se vio obligado a abandonar su vivienda: “En este momento, no estamos viviendo en nuestra casa porque se encuentra en alto riesgo; estamos alejados de la condición de vida que teníamos”.

El panorama es, entonces, difuso: campesinos que aducen tener escasas respuestas de Aures Bajo y poco acompañamiento de la entidad ambiental y la administración municipal, mientras la empresa alega tener buena comunicación con las comunidades. Mientras la pelota va de un lado a otro, la situación ha provocado que varios campesinos se unan y manifiesten sus preocupaciones de distintas formas. En dos ocasiones, han cerrado la vía impidiendo el transporte de las maquinarias y equipos para el desarrollo de la obra con el fin de que la empresa y las entidades escuchen sus alegatos hacia la PCH.

“Yo les he tapado la vía dos veces, pero por un oído les entra y por otro les sale. Ellos lo único que me dicen es que si vuelvo y tapo la vía me llevan para la cárcel; entonces, yo les digo que noliase(sic), que me lleven para la cárcel sino me responden por mi casa. En esas estoy yo, esperando a ver si vienen a cuadrar conmigo y, si no, yo vuelvo y les tapo esa vía”, dice Joaquín Henao, quien espera que la empresa responda por los daños que la construcción de la vía por el sector Las Mercedes le ha ocasionado a su vivienda.

Julio Ocampo, otro campesino de la zona, afirma haber recurrido a este método para llamar la atención de Aures Bajo. Según Ocampo, el tránsito por la vía, que en principio les fue presentada como un beneficio para la comunidad, estuvo restringido y dependía de las decisiones de la PCH, hasta que los campesinos exigieron la libre circulación: “Para que entrara algún amigo de nosotros o familiar, teníamos que pedir permiso. La comunidad tuvo que solicitar el retiro de la portería, eso fue un logro nuestro, que la pusieran en predios de ellos. Los vigilantes de ellos se mantenían con escopeta en mano y amenazándolo a uno con eso. Y el campesino es noble, pero también se sabe defender”.

Por su parte, Mario Cardona, presidente del Consejo Territorial de Planeación (CTP), junto con la Veeduría Ambiental, ha logrado conformar un grupo de campesinos habitantes de la región para que haga vigilancia del proyecto: “Se formó una veeduría ciudadana, con el fin de hacerle seguimiento a la construcción de la carretera y hacerle cumplir a la empresa los compromisos adquiridos con los campesinos. En un principio, fueron cinco personas, pero en este momento entraron más. Aunque el trabajo de los campesinos no ha sido eficiente, porque todavía no tienen claro el papel de la veeduría, les da miedo meterse, piensan que por esto los van a tildar de guerrilleros, de revolucionarios”, explica Cardona.

El presidente del CTP denuncia, además, que Aures Bajo ha realizado pagos de dinero a varios campesinos para que apacigüen sus quejas. Su preocupación mayor es que, más allá de los campesinos interesados en proteger sus propias parcelas, a nadie más le importe el territorio en general y que se esté mercantilizando un bien común.

Prueba de la razones para su preocupación es que el 18 de octubre, durante la audiencia pública que realizó Cornare con el fin de que los campesinos expresaran sus inconformidades, varios de los que se inscribieron decidieron a última hora no hablar porque ya habían logrado un arreglo con la PCH Aures Bajo.

Finalmente, Cardona describe lo que para él es una lucha desigual: “Los campesinos han sido atropellados y la constructora se ha aprovechado de la ingenuidad de los campesinos. Si eso fuera en otra parte y el campesinado estuviera bien informado, no estarían haciendo lo que les hacen. La Alcaldía no hace nada por ellos y Cornare les alcahuetea; entonces, la lucha es desigual: todo un poderoso que tiene una cantidad de recursos económicos frente a una comunidad muy pasiva que está esperando que otros vengan a ayudarles”.

Entre tanto, el alcalde Zuluaga, después de reconocer errores en la construcción de la carretera, dijo en su presentación durante la audiencia pública que le “encanta el tema de producción eléctrica a través de PCH”. Un gusto del mandatario que contrasta con la visión de los campesinos. Julio Ocampo, quien afirma tener el 70 por ciento de su finca perdida por los deslizamientos ocasionados en la construcción de la carretera, responde: “Dios quiera que en futuro nos veamos, cuando ya estén las hidroeléctricas hechas y de pronto haya poquita comida. Que le den un cable de alta tensión para que se alimente de ahí”.

________________________________________________________________________________________

Lea más de este Especial:

El Oriente: una telaraña de agua 

Aures Bajo, ¿entre el agua o la energía?

“Hemos cumplido a cabalidad con la licencia ambiental”: representante de Aures Bajo 

“Las autoridades ambientales no están a la altura de las necesidades”: Tatiana Roa Avendaño

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *