Presos pero no detenidos

¿Cuál ha sido el papel de los presos del ELN en el proceso de paz que se está llevando a cabo con el Gobierno nacional?

Una mirada desde la cárcel al proceso de paz con el ELN

El lugar de la cárcel Bellavista conocido como ‘Zona Técnica’ es habitado por los integrantes del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres, conformado por seis integrantes de la guerrilla del ELN.

El lugar de la cárcel Bellavista conocido como ‘Zona Técnica’ es habitado por los integrantes del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres, conformado por seis integrantes de la guerrilla del ELN.

Por Carolina Ruiz, Mariana White, Ana María Velásquez y Sara Lopera

En la cárcel Bellavista de Medellín existe un lugar conocido como “Zona Técnica”. Este espacio estaba acondicionado como un calabozo al que llevaban presos en circunstancias excepcionales para apartarlos del resto, porque eran de otro lugar del país y debían realizar diligencias en Medellín, o por distintas razones administrativas. Juan Carlos Cuéllar, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), llegó allí en el 2008 y comenzó un proceso de lucha en el cual fue ganando distintos beneficios para este espacio. Estando solo, fue contactado por representantes del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2008) para que fuera interlocutor entre dicho gobierno y la guerrilla en exploraciones de un posible proceso de paz. Cuéllar decidió aceptar, pero con ciertas condiciones.

Sin embargo, este no fue el primer acercamiento entre el gobierno y el ELN para terminar con el conflicto. En mayo de 1991, durante el mandato de César Gaviria, desde Cravo Norte (Arauca), la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, grupo conformado por integrantes de distintas guerrillas cuyo propósito era  unificar las acciones, preparó el comienzo de unos diálogos de paz en Caracas (Venezuela). Estos diálogos fueron trasladados a Tlaxcala (México) en 1992 y se dieron por terminados a finales del mismo año al no llegar a ningún acuerdo. Además, antes de que Cuéllar llegara a Bellavista, existieron las denominadas Casas de Paz, lugares adecuados para el desarrollo de los acercamientos entre el gobierno y la guerrilla. Cuéllar hizo parte de la Casa en el corregimiento San Cristóbal de Medellín junto a Francisco Galán y Felipe Torres. Sin embargo, los diálogos no llevaron a un proceso de paz significativo.

Una de las críticas a las desintegradas Casas de Paz era que los diálogos transcurrían de manera cerrada entre delegados de ambas partes, limitando la participación de diferentes sectores de la sociedad. Por eso las nuevas condiciones de Juan Carlos Cuéllar como gestor de paz, eran la adecuación de la Zona Técnica como un espacio para el encuentro político participativo y la pedagogía de la paz, así como el traslado de compañeros con capacidades discursivas y organizativas al lugar; además, que fueran reconocidos como presos políticos y no delincuentes, criminales o terroristas, como se venía considerando a los rebeldes.

Así nació el Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo, un colectivo que desde sus inicios trabaja para contribuir en la generación de metodologías, no solo en función del los procesos −como el actual en Quito, Ecuador−, sino en función de lo que para ellos significa la construcción de paz, a través de lineamientos como la autonomía, la articulación con distintos movimientos sociales y la resignificación, tanto de conceptos que construyen el accionar político como del espacio que habitan.

Es por eso que renombraron la Zona Técnica como Territorio de siembra de sueños, saberes y esperanzas, pues consideran que al hacerlo dan significado a las dinámicas del espacio y a cada proceso en el que trabajan desde que existe el colectivo. Resignificación  y apropiación del espacio con murales, cuadros, fotografías, pinturas, manualidades hechas por ellos mismos y por quienes los visitan, como muestra del trabajo social que realizan.

Apesar de las trabas que el Estado le pone a la organización política de las personas privadas de la libertad, los distintos colectivos de presos políticos del ELN se han unido para liderar las luchas carcelarias y exigir un trato digno dentro de los centros penitenciarios, además no dejan de participar activamente en procesos sociales externos.

El actual proceso de paz no es ajeno a dicha participación, no solo por las implicaciones directas que tiene sobre ellos, sino por las decisiones metodológicas por parte de los presos que puedan influir dentro de los diálogos. La cooperación se ha venido dando desde una serie de audiencias preparatorias entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre del 2017, en las que intervinieron organizaciones y grupos sociales de todas las regiones del país respondiendo a las siguientes preguntas sobre mecanismos de participación de la sociedad:

  • Según sus experiencias y conocimientos, ¿cuáles considera usted que deberían ser los mecanismos y formas de participación de la sociedad en el proceso de conversaciones, y en particular, la participación de su sector?

  • Si su organización o sector tienen una experiencia que usted considera importante para los mecanismos y formas de participación de la sociedad, por favor expréselas.

Entre el 14 y 16 de noviembre se llevaron a cabo las audiencias para las organizaciones urbanas, ambientales, distintos grupos de la región Caribe, exiliados y personas privadas de la libertad, en las que participaron 13 cárceles del país. Es por eso que los presos del ELN han tenido un papel importante en los diálogos con el gobierno, porque han sido portavoces del resto de prisioneros ante el gobierno y la sociedad misma.

De acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, no existe un dato exacto del número de presos del ELN recluidos en las cárceles del país, pero con algunas audiencias preparatorias que se han llevado a cabo, en el marco del proceso de paz, se evidencia que en algunos centros penitenciarios hay muchos más presos del ELN de los que se creían. Por ejemplo, en Quibdó se estimaba que el número de presos era 12, sin embargo resultaron 29. Las cifras aproximadas con las que contaban antes de las audiencias eran entre 500 y 550 miembros del ELN presos, distribuidos en 37 cárceles del país.

Acercamiento entre los gobiernos y el ELN desde 1991 (ver línea de tiempo)

¿Qué se puede hacer desde la cárcel?

Se escucha hablar de un proceso de paz lento y estancado, sin embargo al ELN el tiempo no le preocupa. Consideran que de poco sirve firmar pronto un acuerdo con el gobierno sin que el resto de la sociedad se interese por intervenir, sin que todos los sectores aporten en la construcción de paz y soluciones a los conflictos. Precisamente, es la participación el punto más importante para ellos, pues solo así se conseguiría un acuerdo valioso y significativo para todo el país.

Las rejas no han sido un límite para el Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo. Entre los beneficios que se han ganado, están las visitas que el Inpec permite de lunes a viernes. Casi siempre, el espacio se encuentra habitado por estudiantes, movimientos indígenas, afros y campesinos, por intelectuales, artistas y, en general, cualquier persona que desee acercarse a ellos para intercambiar conocimientos y compartir, debatir y hasta cuestionarlos por los errores que han cometido como organización.

Jairo Antonio Fuentes, uno de los presos integrantes, dice que “cada vez que el Inpec permite la entrada de alguien al lugar, sin darse cuenta, les regala un poquito de libertad”, y Armando Ruiz, también integrante, expresa que están “presos pero no detenidos”. La cárcel los puede detener físicamente, pero sus mentes están afuera, enfocadas en generar cambios en la sociedad desde pequeñas acciones y en transformar la realidad que los rodea.

Papel de los presos ¿políticos? en el proceso de paz

El rol de los presos, entonces, es fundamental para la construcción de reconciliación en el país, pues según cifras del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, más de un 30% de  los integrantes de esa organización estaría en los centros carcelarios del país −si se tiene en cuenta la cifra oficial del gobierno, que cuenta alrededor de 1500 integrantes, sin embargo el ELN nunca ha aceptado este dato−. A un año de la firma de los acuerdos entre las Farc y el gobierno nacional de Colombia, el ELN es la última guerrilla alzada en armas en América Latina, sin ellos la paz estaría incompleta. Además, no solo conviven con el señalamiento del Estado y la sociedad, sino que padecen las fallas del sistema carcelario y penitenciario. (léase “No es el hacinamiento, es el sistema”)

Para Jaime Fajardo Landaeta, asesor de Convivencia y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, la función básica de los presos del ELN, hasta que avance el acuerdo, es ser promotores desde allí “de los diálogos, del acuerdo como tal, para que en un momento determinado, si avanza la agenda, se nombre un gestor de ellos”. Por su parte Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, asegura que dentro de los centros penitenciarios han sido los presos políticos los que han liderado la defensa de los derechos humanos no solo de ellos mismos sino de los demás internos, y en un proceso de paz esta población es esencial.

Los delegados del ELN en Quito saben de su importancia para la organización, de hecho, en el cese bilateral que se acordó entre el 01 de octubre del 2017 y el 12 de enero del 2018, el Gobierno se comprometió a implementar un programa para mejorar sus condiciones de atención en salud y seguridad, y a ubicarlos en cárceles cercanas a sus familias, medidas que son llamadas “alivios humanitarios”.

¿Existe o no la figura de preso político en Colombia?

Hoy, algunos presos del ELN pagan penas hasta de 40 años, en muchos casos no solo por delitos políticos como rebelión, sino por delitos conexos como homicidio, secuestro, extorsión, entre otros. Por eso, aunque algunos los consideran presos políticos, otra parte de la sociedad los llama delincuentes, o criminales, y muchos jueces dejan de imputarles la rebelión para que no se les otorgue un trato benévolo, pues aquel delito se considera que es cometido con fines altruistas y por tal razón las penas pueden rebajar.

Algunas definiciones del concepto de preso político coinciden con que el término solo es aplicado a aquellas personas cuya libertad se ve truncada por su forma de pensar, es decir, según interpretaciones, un preso político es llamado de esta manera si está en la cárcel por su ideología. De ahí que un sector de la población argumente que en Colombia, a diferencia de Venezuela, los presos políticos no existen.

De acuerdo con el coordinador académico de la Especialización en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, David Enrique Valencia, el Estado colombiano tradicionalmente ha reconocido la figura del delincuente político al menos desde el Siglo XIX, “de hecho hay un autor muy importante que dice que el Siglo XIX fue el siglo del delincuente político, porque cada que había una guerra civil se terminaba con el reconocimiento privilegiado que se hacían los enemigos en el combate, y ese tratamiento privilegiado se traduce en la concesión de un beneficio que es una amnistía o un indulto, la principal característica del delito político”, explica.

Sin embargo, para entender mejor la discusión alrededor de este concepto, primero se debe entender lo que tradicionalmente comprende un delito político. Entre las conductas estipuladas en el Código Penal colombiano en el Título XVIII, De los delitos contra el régimen constitucional y legal, capítulo único, se encuentran:

Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de uno (1) a dos (2) años.

El profesor Valencia explica que la figura de preso político no se puede leer aisladamente sino de acuerdo al concepto de delito político. Este es un tratamiento privilegiado que usualmente los Estados liberales dan a aquellas personas que se levantan en armas para confrontar el Estado Constitucional o para afectar las estructuras básicas del mismo. “Se hace ese reconocimiento de tratamiento privilegiado porque aunque se reconoce que jurídicamente el Estado es superior al grupo armado alzado en armas, moralmente son iguales, en tanto el grupo que se alce en armas con un propósito o un objetivo político lo hace con una finalidad, no de satisfacción de intereses privados y económicos, sino con el interés de satisfacer intereses generales”, explica.

Valencia lo explica desde la metáfora del juego: “si el Estado es el juego, uno podría decir que el delincuente político es un enemigo del juego, porque es una persona que lo que quiere con su accionar es cambiar las reglas; en cambio el delincuente común es un falso jugador, acepta las reglas del juego legalmente vigentes solo que toma atajos para satisfacer sus intereses privados”.

Además de la rebelión, son delitos políticos la sedición y la asonada, pero a estos tres delitos, se les puede agregar la figura de conexidad. Es decir, cuando una persona comete un delito adicional a los tres mencionados, por ejemplo homicidio, este último puede cobijarse dentro del delito político y de esta manera obtener los beneficios de amnistía, indulto o libertad condicionada; siempre y cuando no se consideren conductas de ferocidad y barbarie, graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, Paola Duque, quien ha trabajado en la defensa de prisioneros políticos con la Corporación Nelson Mandela y que ahora está encargada de la defensa y asistencia de algunos presos de las Farc con la Corporación Nibaru, afirma que “el Estado ha hecho énfasis en el desconocimiento del delito político en Colombia desde 1997”, con la sentencia C-456 de la Corte Constitucional.

Según Duque, a pesar de que el Estado sabía que las personas eran integrantes de grupos insurgentes, rebeldes alzados en armas, los condenaban o juzgaban sin encontrar la conexidad, como delincuentes comunes. “Por ejemplo, si cogían a un guerrillero con armas −históricamente el porte de armas ha sido uno de los delitos conexos con el delito político−, la rebelión lo que hacía era subsumir el delito de porte de armas y así se lograban condenas más bajas”, destaca. Es decir, los jueces podían no imputar el delito de rebelión para que así las penas fueran más altas.

Sin embargo, la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, retoma de cierto modo la figura de delito político.  Declara una serie de beneficios para los insurgentes, específicamente de las Farc: amnistía, libertad condicionada y traslado a las zonas veredales. “Esta ley es mucho más benévola y justamente por eso se habla de que está expedida en el marco de justicia transicional, donde hay varias excepciones al sistema ordinario”, explica Duque.

Entonces, ¿la figura de preso político goza de reconocimiento por parte del Estado y la sociedad o es un nombre que únicamente ellos se otorgan? La discusión se da también, reiteradamente, por jueces y abogados a la hora de las audiencias.

DELITO POLÍTICO EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE/DELITO POLÍTICO-
Trato favorable es excepcional

No puede sostenerse que exista en la Constitución una autorización ilimitada al legislador para dar un tratamiento privilegiado a los llamados delincuentes políticos. Por el contrario: el trato favorable a quienes incurren en delitos políticos está señalado taxativamente en la propia Constitución. Por lo mismo, el legislador quebranta ésta cuando pretende legislar por fuera de estos límites, ir más allá de ellos.Cabe anotar que ni la Constitución ni la ley definen o enumeran los delitos políticos. Suelen considerarse delitos políticos en sí, en nuestra legislación, los de rebelión y sedición. En conexión con éstos pueden cometerse otros, que aisladamente serían delitos comunes, pero que por su relación adquieren la condición de delitos conexos, y reciben, o pueden recibir, el trato favorable reservado a los delitos políticos. En conclusión: el trato favorable a los delitos políticos, en la Constitución, es excepcional y está limitado por las propias normas de ésta que se refieren a ellos. Normas que son por su naturaleza excepcional, de interpretación restrictiva.

En ese entramado social, político y jurídico, resulta importante aclarar la figura de preso político a los integrantes del ELN privados de la libertad, pues según el abogado Arboleda, “en un proceso de paz y justicia transicional hay que reconocerles su calidad de actores armados, que tienen una incidencia y que pueden fortalecer el desarrollo de discusiones políticas, siendo consecuentes con esos principios de la Constitución Política de Colombia de reconocer al otro con  su pensamiento diferente”.

También es importante para garantizar su participación en política cuando paguen sus condenas o se les concedan libertades, con el fin de solucionar esas razones que los llevaron a tomar las armas y causar daño en razón de un bien común. Para que esas motivaciones se vean subsanadas con un proceso de paz que aprenda de negociaciones anteriores y no acabe en Quito con la firma de un acuerdo entre dos partes.

Aprendizajes con el proceso de las Farc

La estructura del ELN se ha caracterizado por ser horizontal. Su organización permite que, aunque cuenten con un comando central, cada bloque tenga cierta autonomía. Las Farc, en cambio, han contado con una organización más centralizada que deja las decisiones relevantes en manos de los jefes máximos. Esta diferencia permite hacer una breve comparación entre los inicios y posibles resultados de ambos diálogos de paz.

El gestor de paz Fajardo cree que el ELN debe tener en cuenta los errores cometidos dentro del proceso con las Farc para evitar que suceda lo que pasa ahora terminado el conflicto. “Con las Farc hubo errores serios y es que no asimilaron experiencias de los procesos anteriores, del 90 para acá (…). Ha habido errores en la reincorporación, en la implementación de los acuerdos, más el hecho de haber dejado la organización con el nombre FARC. Como organización está muy desprestigiada y al haberle dejado el mismo nombre, creo que desaprovecharon una oportunidad para desmarcarse de ese periodo de violencia, de guerra, que tanto le están cobrando”.

Pero los integrantes del ELN, al menos los del Movimiento de Presos Camilo Torres, creen que sí han aprendido de anteriores procesos. Por ejemplo, a diferencia de los diálogos de paz entre las Farc y el Gobierno, donde se decía: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, la condición del proceso actual con el Ejército de Liberación Nacional es que lo que se acuerde se implemente, de ahí que se considere lento. Sin embargo, hasta ahora lo único acordado ha sido el cese bilateral de hostilidades, mientras siguen en el primer punto, discutiendo las metodologías de participación del pueblo.

Además de los problemas que menciona Fajardo, también hace énfasis en las irregularidades dentro del otorgamiento de amnistía e indulto que perjudica especialmente a los presos. Las dificultades que se presentan actualmente con la integración de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hace que el proceso de ratificar estos beneficios se atrase. El asesor concluye que “los presos tendrán que estar sujetos a eso y tendrán que mirar qué presos están sumergidos en delitos de lesa humanidad, genocidios, desaparición forzosa, violencia sexual, en fin, son una cantidad de delitos que están estipulados en el Derecho Internacional y que no serán producto de amnistía ni indulto. Eso es lo que va a pasar con ellos, ya está pasando”.