Oficio: buscador de rastros

Gustavo Meoño, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, fue guerrillero en su juventud. Ahora su vocación es la custodia y búsqueda de las huellas de la historia, contenidas en los documentos del que fue su enemigo.

Fotografía: Juan Manuel Flórez

Fotografía: Juan Manuel Flórez

Juan Manuel Flórez
Estudiante de Periodismo
juan.florezarias@gmail.com

Eran mediados de 1980 cuando el comandante del Ejército Guerrillero de los Pobres, Gustavo Meoño, conoció en México a Rigoberta Menchú Tum. Estaba refugiada en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Su padre había muerto —seis meses antes, durante la masacre de la Embajada de España en Guatemala—. Su madre había muerto —poco después, secuestrada y asesinada por los militares—. Sus hermanas menores tal vez habían muerto.

Estaban desaparecidas, y un desaparecido es, de alguna forma, alguien por fuera del mundo, cuyas huellas se han perdido. Ella tenía la esperanza encontrarlas y él, sin haberlo buscado, tenía el rastro que le permitió hacerlo: antes de dejar Guatemala, uno de sus compañeros le había contado que las hijas de don Vicente Menchú estaban en las montañas del noroccidente del país, con otros habitantes de la zona que también huían de la persecución del gobierno militar. Meoño dejó San Cristóbal de las Casas prometiendo que haría lo posible para que Rigoberta se encontrara con sus hermanas.

Fue el comienzo de su amistad. Doce años después, cuando ella recibió el Premio Nobel de Paz —por su defensa de los derechos de los indígenas—, eligió al exguerrillero como director de su fundación. Trabajaron juntos durante más de una década, hasta que él asumió la dirección del Archivo Histórico de la Policía Nacional, tras su hallazgo en 2005. Entonces, treinta años después de conocer a Rigoberta Menchú Tum, ese primer encuentro en San Cristóbal de las Casas se reveló como el preludio de la verdadera vocación de Gustavo Meoño: la búsqueda de las huellas del conflicto armado en su país, del rastro de las personas que este sustrajo del mundo.

Meoño es a la vez cordial y distante. Al moverse, apoya su enorme estatura sobre un bastón. Su sonrisa aparece fácil y desaparece, con un gesto de reserva, cuando le piden una fotografía. Le han pedido algunas durante estos días en Colombia. Ha venido a hablar de su experiencia en el posconflicto en Guatemala, del que tiene más cosas para decir como director del archivo que como ex combatiente.

Inicia la conversación explicando que en su país, a diferencia de otros de América Latina, hubo pocos presos políticos en el contexto de la Guerra Fría: lo que hubo fue cuarenta y cinco mil desaparecidos durante los treinta y seis años que se dio el enfrentamiento entre los gobiernos militares —apoyados por la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos— y los movimientos revolucionarios —asociados más o menos con el bloque soviético—.

Por eso, al archivo pocas veces acuden sobrevivientes, personas en busca de los fragmentos que desconocen u olvidaron de su propia historia. Van, más bien, los que quedaron sin historia, sin fragmentos, que un día dejaron de saber de sus familiares. Para ellos, el archivo es un lugar para la memoria y, a través de ella, para la justicia: en la década que lleva funcionando,  ha servido como insumo en catorce procesos judiciales, entre ellos el del ex presidente Efraín Ríos Montt.

Cuando lo encontraron, el 5 de julio de 2005, los funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos no lo estaban buscando. Los documentos estaban en un edificio abandonado, a medio construir, rodeado en las cuadras circundantes por pilas de carros chatarrizados. Allí, durante el segundo semestre de 1996 y el primero de 1997, antes de su disolución, la Policía Nacional había juntado a empellones ochenta millones de documentos, la historia administrativa de sus cien años de existencia.

El afán era evidente: ocultar todo antes de que se estableciera la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, surgida del acuerdo de paz en 1996. Las evidencias de su colaboración con el ejército en violaciones de derechos humanos, sin embargo, no eran explícitas.

—Es casi imposible que encuentres un documento donde esté la orden: secuestren, torturen, desaparezcan —dice Meoño.

Se trata de un archivo administrativo, del día a día de esa organización. Lo que tiene para revelar está cifrado en la cotidianidad, a la espera de que alguien interprete las pistas. Meoño llegó con esa intención, al día siguiente del hallazgo. Miró con desconfianza a las oficiales de la Policía Civil, sucesora de la Policía Nacional, encargadas de custodiar el edificio. Ellas lo miraron con desconfianza a él, a su pasado.

—No lo vi como un botín —dice—. Su valor estaba más en lo colectivo. Los archivos son la historia. Estos documentos nos muestran muchas facetas para entender por qué los guatemaltecos somos como somos. En general hablamos poco, nos cuesta intimar, las relaciones se quedan más en la superficie. Somos temerosos porque así se nos enseñó. Es una consecuencia del conflicto armado, sí, pero la historia de la Policía Nacional es muy anterior al conflicto, se remonta al siglo XIX, y lo que demuestra es que en Guatemala, sistemáticamente, funcionó un estado policiaco, basado en el control de la ciudadanía.

En los documentos ha encontrado registros que prueban este nivel de control. El gobierno militar no solo tenía informantes en las universidades, en los sindicatos, en los espacios políticos, también en instituciones encargadas de monitorear el clima o la actividad volcánica. Reportaban cuántas personas trabajaban allí, sus nombres, qué decían y qué libros leían.

—Ese fue mi tiempo —suele decir Meoño cuando le han preguntado por su pasado guerrillero—. A los diecisiete años tuve qué elegir qué hacer con mi vida frente a la injusticia.

Eligió la revolución, tomar la historia en sus manos, intentar modificarla por su cuenta. Treinta y seis años después eligió custodiarla, ayudar a que las víctimas accedieran a ella para probar, a través de los documentos, su relato. Este pertenece al pasado —ese territorio móvil— y por ello es constantemente amenazado. Hallar los papeles en los que está fijado el pasado es una forma de protegerlo.

—Resulta fácil descalificar el testimonio de las víctimas —dice—. Recuerdo una mujer que llegó pocos días después del descubrimiento. Traía unas bolsas plásticas que comenzó a vaciar frente a mí: había un recorte de periódico donde se le veía a ella, más joven, junto a un artículo que reseñaba su protesta en solitario por la desaparición de su hijo; una foto de este, que era estudiante de música;  copias de los recursos que había interpuesto inquiriendo por su paradero. Había envejecido buscándolo. Después de muchas semanas solo pudimos encontrar un documento. Era una ficha que se elaboraba cuando los jóvenes cumplían la edad y tramitaban lo que entonces se llamaba cédula de vecindad. Era parte de un registro alterno que la Policía Nacional hacía de cada uno de los ciudadanos con su fotografía, sus datos y sus huellas digitales. Nada más. Me sentía mal. No había podido encontrar nada de lo que ella ansiaba, con ese papel no podía aclarar nada.

Meoño levanta un papel imaginario y lo acaricia en el aire, imitando el gesto de ella cuando le entregó la ficha. Luego repite sus palabras: “¿Ya vio que mi hijo sí existía, ya ve que no estoy loca? Porque hasta me lo han negado, no solo me lo quitaron sino que casi no tengo derecho a recordarlo”. Podrían elaborarse frases inteligentes sobre estas palabras, pero a veces basta con repetirlas, con fijarlas en el papel.