La “gente de bien” y 370 muertos

Según los registros oficiales de la Alcaldía de Medellín, entre el primero de enero y el 10 de septiembre de 2017, 373 personas fueron asesinadas en la ciudad; una cifra acompañada de una declaración oficial que criminalizó a todas las víctimas y de la protesta silenciosa de unos pocos.

Fotografía: Juan David Ortiz.

Fotografía: Juan David Ortiz.

Juan David Ortiz Franco
david.ortiz@udea.edu.co

En el cuerpo de Jaime Alonso Villa Borja, de 49 años, los técnicos encargados del levantamiento encontraron once heridas de bala. Un sicario le disparó desde una moto negra. Según los registros de la Policía, eran las 2:47 de la tarde del viernes 14 de julio. Ese asesinato, en el sector de Arrabal, muy cerca de un altar a María Auxiliadora con una placa que le pide bendecir el barrio y una oración que habla de salvación y vida eterna, fue el primero de los cuatro que ocurrieron en las siguientes ocho horas y el número 264 en la lista de los homicidios cometidos en Medellín en 2017.

Leonardo Fabio González, de 45 años, esperaba el cambio de un semáforo en el cruce de Carabobo con la Avenida 33. Viajaba como pasajero en una camioneta Dodge, color gris oscuro, con placas de Cali. Recibió ocho disparos de un sicario que escapó en una moto roja. El conductor, también herido, alcanzó a manejar la camioneta hasta el Hospital General; sobrevivió. González murió poco después. El asesinato ocurrió a las 3:20 de la tarde.

A las 9:08 minutos de la noche, muy cerca de la sede del Sena, en el barrio Pedregal, Yeison Arbey Londoño Laverde fue asesinado con dos disparos en el cuello. Vivía del reciclaje y había estado en la cárcel por el homicidio de un integrante de un combo de la zona. Según su familia, había recibido varias amenazas. Tenía 39 años.

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El conflicto urbano que ha experimentado Medellín durante décadas tiene varias imágenes emblemáticas: un encapuchado, vestido de camuflado y botas pantaneras, apunta con su mano derecha hacia algún lugar en algún barrio de la comuna 13. En esa fotografía de Jesús Abad Colorado, durante la Operación Orión, se ve la mano a medio abrir del hombre que, seguido por un grupo de soldados, suelta un gesto delator.

Otra imagen del mismo fotógrafo, también en la comuna 13, también en la Operación Orión, muestra a una niña que, apoyada en el marco de una ventana, mira a través del orificio que dejó una bala. Sobre su rostro se dibuja la telaraña del vidrio roto.

De ese episodio hay decenas de imágenes más: la foto de Henry Agudelo, reportero gráfico de El Colombiano, en que se ve a una mujer mayor herida, llevada en brazos por un hombre joven, sin camisa. En primer plano, robando casi la mitad de la imagen, aparece la mano de un policía que empuña un fusil. En otra fotografía, de Luis Benavides, del periódico El Mundo, el comandante del Ejército de la época, general Carlos Alberto Ospina, iza la bandera de Colombia en el atrio de la iglesia del barrio 20 de julio. Celebra su victoria militar en una operación que cambió el control territorial de las milicias guerrilleras por una hegemonía paramilitar que aún se mantiene en esa zona de la ciudad.

Tal vez la más reciente de esas imágenes es, como las demás, el testimonio de una derrota. No es lejos de la 13: vereda La Loma, corregimiento de San Cristóbal. Es mayo de 2013 y un soldado, con su fusil terciado, se inclina para levantar junto a uno de sus compañeros, un closet a cuadros verdes y blancos. A su lado, un hombre de apariencia campesina carga en su mano izquierda una pequeña pipeta de gas y, con la derecha, sostiene un costal que lleva sobre su hombro.

¿Quién tiene el control en Medellín?, se lee en un titular de la revista Semana, que republicó la fotografía de Manuel Saldarriaga, reportero gráfico de El Colombiano. Ese día, con la ayuda del Ejército, cuarenta familias abandonaron sus casas. Durante 2013 fueron tres los desplazamientos masivos que, según cifras del Instituto Popular de Capacitación (IPC), afectaron a 378 personas en esa zona de la ciudad. Uno de esos desplazamientos fue entre el 11 y el 13 de mayo. En esos tres días, los combos forzaron la salida de veinte familias del sector San Gabriel. La primera en salir fue la de Fabián Alberto Álvarez Marín.

Doscientos setenta y siete

Fabián, de 47 años, fue la cuarta víctima de ese viernes 14 de julio. Fue la vida 277 que se llevó la violencia homicida que padece la ciudad en 2017. Hasta el 10 de septiembre, los registros oficiales reseñaban 373 asesinatos, cinco más que en el mismo periodo del año anterior. Esa estadística está muy lejos de la de principios de los noventa, que le valió a Medellín el título de “la ciudad más violenta del mundo” —en 1991, 6.349 personas fueron asesinadas en Medellín: un promedio de 529 por mes y 120 a la semana—, pero no deja de ser dramática, sobre todo, porque los muertos contados por centenares han naturalizado ese crimen.

Junto a su esposa, Luisa Fernanda Paniagua, y sus dos hijas, Fabián había regresado a su barrio en marzo, luego de casi cuatro años. Ocuparon de nuevo la casa que dejaron al desplazarse, convencidos de que existían las condiciones necesarias para rehacer su vida en el lugar que abandonaron en medio del fuego cruzado de los combos. Luisa recuerda que ese desplazamiento lo precipitó otro asesinato, el de Jonathan Álvarez, sobrino de Fabián, el 10 de mayo de 2013. Ellos se fueron al día siguiente y el 13 de mayo salieron diecinueve familias más.

A su regreso, se encontraron con un barrio silencioso y de puertas cerradas. El miedo que los expulsó en 2013 seguía allí. Fabián, para enfrentarlo, propuso organizar una fiesta para los vecinos. Fue el 2 de julio y la gente de San Gabriel volvió a encontrarse en la calle, como no lo hacía hace tiempo. Él mismo tocó la batería en la orquesta de la que hacía parte, junto a varios familiares de su esposa. En la madrugada, cuando terminó la celebración, le agradeció a Luisa por su complicidad, por tomar la palabra —Fabián era inteligente, pero no muy bueno para hablar en público— y ayudarle en su idea de sacar a su barrio del encierro. Muy pronto cumplirían veintiún años de matrimonio. Pero a la fiesta le siguió la incertidumbre.

El desplazamiento masivo de 2013 contó con una respuesta institucional que no era usual. La Corporación Región, en un editorial publicado el 5 de septiembre para señalar el aumento de ese fenómeno en los últimos meses —durante el primer semestre de 2017 el desplazamiento forzado en Altavista aumentó el 240 por ciento y en San Cristóbal el 100 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016—, destacó las acciones que emprendió la Alcaldía de Medellín durante el desplazamiento de hace cuatro años: “(…) adecuó los protocolos para la atención y protección de la población afectada, hizo presencia permanente en el territorio, impulsó una respuesta inmediata y coordinada de la institucionalidad, incluyendo la fuerza pública”.

Fue precisamente el retiro de la fuerza pública lo que generó aún más desconfianza en el sector. La semana siguiente a la fiesta organizada por Fabián, la Policía levantó los puestos de control fijos que había instalado en 2013. Pese al llamado de la comunidad a diferentes instituciones para que volvieran a ubicarlos, no hubo respuesta. Un funcionario de una entidad municipal presente en la zona asegura que los agentes que estaban en La Loma recibieron la orden de trasladarse al corregimiento de Altavista, el lugar que en los últimos meses ha concentrado buena parte de la atención mediática e institucional por cuenta del aumento de la confrontación entre combos en esa zona.

La noche de ese 14 de julio, Fabián, Luisa y sus dos hijas se encontraron para comer juntos en San Michel, muy cerca de la parte central de San Javier y del límite que separa a la comuna 13 de la vereda La Loma. Fabián regresaba a su casa en su moto, acompañado de su hija menor. Estaban a unas tres cuadras de su casa cuando escucharon un disparo. Él se detuvo y en ese momento una bala entró por uno de sus hombros, atravesó su corazón y se alojó en un pulmón. Bajó de la moto, caminó unos pasos y se desplomó.

Su esposa y su otra hija los seguían de cerca en otra moto. Alcanzaron a ver a un hombre que disparaba escondido entre la maleza a un costado de la vía, casi al frente de una vieja casa convertida en iglesia evangélica. Cuando se acercaron, Fabián aún estaba vivo. La bala le causó una hemorragia interna. Hizo un gesto como si tratara de decir algo, pero su boca se llenó de sangre. Aunque la versión de la Policía es que fue trasladado en una patrulla, Luisa cuenta que en realidad pasaron unos quince minutos hasta que el conductor de un carro particular se detuvo y lo llevó hasta el Centro de Salud de San Javier. Al llegar, Fabián ya estaba muerto. Según el informe oficial, eran las 10:37 de la noche.

Luisa está segura de que ese disparo no iba dirigido contra su esposo. No había recibido ninguna amenaza, nunca había tenido problemas con los “muchachos” de alguno de los combos, nunca tuvo una reseña judicial o fue investigado por algún motivo. Fabián era “gente de bien”.

¿“Gente de bien”?

La violencia que Medellín ha padecido durante décadas, pese a sus periodos más o menos conflictivos, a los viejos y los nuevos brazaletes, a la mutación de sus actores y sus repertorios, ha servido para reforzar la idea de que la ciudad se puede dividir en dos bandos. De que hay buenos y malos.

El 27 de julio, a las 5:21 de la tarde, la Policía encontró en Campo Valdés el cuerpo de Manuel Jaime Arango, rector de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe. Lo mataron por robarle su moto. Ese jueves, contando a Arango, seis personas fueron asesinadas en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez en una visita a la Comuna 13 de Medellín. Fotografía: Alcaldía de Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez en una visita a la Comuna 13 de Medellín.
Fotografía: Alcaldía de Medellín.

Dos días después, el agua de cuatro fuentes del centro de la ciudad amaneció teñida de rojo. Era la forma de protestar de un grupo de personas por la ola de homicidios que enfrenta la ciudad. El secretario de Seguridad, Andrés Tobón —aunque ya fue nombrado en propiedad, en ese momento estaba encargado de esa Secretaría por la captura del titular, Gustavo Villegas, procesado por su relación con grupos delincuenciales— anunció una investigación para encontrar a los responsables de la protesta.

Por su parte, el alcalde, Federico Gutiérrez, dijo que era importante reflexionar sobre el respeto por la vida, que sentía dolor por los homicidios, pero se quejó por lo que le costaría la ciudad reemplazar el agua de las fuentes. Esa preocupación de Gutiérrez se tradujo en poco más de tres millones de pesos que, luego, el colectivo que impulsó la protesta recogió en monedas, también lanzadas a las fuentes, pero más tarde recogidas para pagar lo que invirtió la administración.

Pasaron veinticuatro días desde el asesinato de Fabián. Once desde el asesinato del rector Arango. Fue el 7 de agosto cuando El Colombiano publicó un artículo que incluía una declaración del general Óscar Antonio Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Desde el comienzo del año y hasta el 31 de julio, una semana antes de esa afirmación, la ciudad ya acumulaba 304 asesinatos.

En su respuesta a un derecho de petición, Gómez dijo que lo que quiso transmitir fue “un mensaje de tranquilidad a los visitantes nacionales, extranjeros y locales, para que disfrutaran de los diferentes eventos de la Feria de las Flores que se celebraban en la ciudad de Medellín, ya que los homicidios ocurridos durante esos días no tenían una relación directa con las festividades”.

A la pregunta sobre los elementos con los que cuenta la Policía para afirmar que Fabián Alberto Álvarez y Manuel Jaime Arango no cabían en la categoría de “gente de bien”, el general dijo que su intención “no fue estigmatizar hechos específicos”.

Afirmó que para la Policía “toda vida es importante” y que “ningún homicidio tiene justificación”. Reconoció que para la fecha de esa respuesta —14 de agosto— ya se contabilizaban más de trescientos homicidios y agregó un dato: que en 162 casos, el 54 por ciento, las personas asesinadas habían tenido investigaciones penales. Aunque “también resultan siendo víctimas”, dijo el general.

Luisa está sentada, junto a su hija menor, frente a la tumba de su esposo, en el cementerio de San Javier. Es domingo y varios puñados de personas se agolpan alrededor de sus muertos. Organizan un ramillete de rosas que ubicarán en un momento sobre la lápida que tiene una foto de Fabián y una imagen del divino niño. Las flores que sobran las reparten en las tumbas vecinas.

Habla de la situación de su barrio, del nuevo desplazamiento que ha tenido que enfrentar con sus hijas luego del asesinato de Fabián, de lo que las instituciones y sus funcionarios —de quienes habla con nombre propio—, hicieron y dejaron de hacer. Se detiene en el general Gómez y dice que le gustaría preguntarle qué era lo “malo” que tenía su esposo. Sube a una pequeña escalera y se despide con un par de golpecitos sobre el vidrio que enmarca la bóveda.

Ese domingo, 10 de septiembre, no hubo asesinatos en Medellín. La lista, al menos por un día, se detuvo en el nombre 373.

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