La universidad que fue y… seguirá siendo

Que la universidad pública en general, y la de Antioquia en particular, es y seguirá siendo del Estado, no tiene discusión. El problema radica en que cada vez más los costos de funcionamiento se trasladan a las arcas propias de cada entidad, y de estas a las de las unidades académicas, lo que se refleja en que paulatinamente las matrículas costarán más y habrá menos estímulos académicos.

Daniela Jiménez González: danielajimenezg09@gmail.com
Juan David Tamayo Mejía: juandatamayo17@gmail.com
Pese a sus implicaciones, los problemas financieros de la educación superior pública aún son desconocidos para muchos estudiantes. Fotografía: Juan David Tamayo Mejía

Pese a sus implicaciones, los problemas financieros de la educación superior pública aún son desconocidos para muchos estudiantes. Fotografía: Juan David Tamayo Mejía

“¿Ya no cabes en el salón? ¿Qué está pasando con los recursos para la educación?”, se lee en uno de los carteles que pintan algunos estudiantes cerca al Teatro Universitario Camilo Torres. “¡No a la desfinanciación! ¡Infórmate!”, concluye el mensaje, como una exhortación a acercarse, preguntar y participar de los encuentros. Se trata de una iniciativa de la Comisión de Difusión de las Problemáticas de la Universidad Pública, un grupo de entre seis y ocho estudiantes de pregrado que se reúne cada semana, desde el 15 de agosto, para realizar conversatorios, debates o pintar carteles con el objetivo de difundir información sobre la desfinanciación de las universidades estatales.

Óscar Pardo, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedial y miembro de esa comisión, dice que las nuevas generaciones están ingresando a la Universidad de Antioquia, donde ocasionalmente se escucha hablar del tema de la desfinanciación, pero no conocen la profundidad ni las causas de ese problema. “Esta comisión es un esfuerzo por contribuir a que los estudiantes se enteren de cuál es el estado actual de la Universidad: un estado de crisis y de congelamiento del presupuesto”, indica Pardo

En los últimos años, el debate sobre la desfinanciación de las universidades públicas colombianas y la privatización de la educación superior ha tomado nuevamente relevancia, motivado por las críticas de algunos sectores hacia programas como Ser Pilo Paga o, también, por la preocupación que han expresado públicamente algunos rectores que denuncian la situación de crisis que enfrentan las universidades.

Entre los cuestionamientos se encuentran los problemas que subyacen a la Ley 30 de 1992, por la cual “se organiza el servicio público de la Educación Superior”, señalada entre algunos sectores precisamente por asociar la educación con el concepto de servicio y ubicar un derecho bajo las lógicas de la empresa privada y la rentabilidad económica.

Para Mauricio Alviar Ramírez, rector de la Universidad de Antioquia, la realidad financiera de la educación pública es bastante compleja. Las instituciones estatales siguen acumulando un déficit que se ha generado por las inconsistencias entre la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002 —el cual establece un régimen salarial y prestacional para los docentes de las universidades estatales—. Dichas inconsistencias se traducen en que el Estado no les ha reconocido a las universidades el aumento de productividad de los profesores y sus títulos de posgrado.

“En términos monetarios, se trata de un déficit acumulado [para todas las universidades públicas], por solo esos dos conceptos, de aproximadamente novecientos mil millones para 2017. Sin contar otros déficits que provienen del tema de infraestructura física, tecnologías y otros rubros de inversión. Para el caso particular de la Universidad de Antioquia, ese déficit está presupuestado, para este año, en unos cincuenta mil millones de pesos”, explica Alviar. En la entrevista Diálogo con el rector, publicada en De la Urbe en abril de 2016, mencionaba que el déficit para ese año era de “aproximadamente 38 mil millones de pesos”.

Según el informe de Gestión y resultados sociales 2016 de la Universidad de Antioquia, ese año terminó con un déficit por valor de $37.995 millones. Esta cifra, sumada al déficit del año 2015 por $62.088 millones, arrojaba un acumulado negativo de 100.083 millones de pesos.

En el año 2000, la Universidad de Antioquia solo contaba con un siete por ciento de profesores con título de doctorado. En la actualidad, el 42 por ciento de los docentes cuenta con este nivel de formación. Y este aumento, con el mismo número de profesores, incrementa los gastos de funcionamiento de nómina, que es, precisamente, donde está concentrado el déficit de la Universidad. Esta situación se replica en todas las universidades del país, en unas con mayor intensidad que en otras.

De acuerdo con Fernando Tobón, vicerrector administrativo, los profesores tienen una forma de pago especial que busca fomentar ciertos aspectos del desempeño docente y poner unas categorías específicas en el escalafón.

“Usted puede ser profesor auxiliar, asistente, titular y su salario se define de acuerdo con los títulos que haya obtenido: pregrado, especialización, maestría, doctorado… eso todo se reconoce. Pero eso no está financiado, porque hace parte de la financiación básica de la Universidad y toca buscar la manera de pagarles esos salarios a los profesores”, explica Tobón.

Fernando Tobón, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia.

Fernando Tobón, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia.

Entre los miembros de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), la conclusión es que desde hace veinticinco años el Estado colombiano viene promoviendo la privatización de la educación superior. “Hay un elemento fundamental para entender por qué pasa eso y es cuando la educación superior no se entiende como un derecho, sino que entra en el contexto del servicio, como ha ocurrido con la salud. Ya lo que interesa es la calidad del oferente, que responde a los principios de las leyes del mercado”, manifiesta Juan Esteban Pérez, presidente de Asoprudea.

Desde la década del noventa, con el programa Bienvenidos al futuro, de César Gaviria, y con la promulgación de la Ley 30, el Estado estableció, primero, que lentamente se retiraría de la financiación de la educación superior universitaria. Segundo, que estimularía la venta de servicios o autofinanciación. Tercero, que permitiría que el sector privado ingresara al negocio de la educación superior. Entonces había once universidades privadas y 32 públicas. Hoy, veinticinco años después, se han consolidado 48 universidades privadas y las mismas 32 públicas. Varias de estas últimas, en quiebra.

De acuerdo con Jorge Aristizábal, secretario de Asoprudea, “la Universidad de Antioquia, con un presupuesto que, en pesos, es prácticamente el mismo que recibía en el noventa, ha triplicado la cobertura, se extendió a los posgrados, a nueve regiones y a trece seccionales, y el presupuesto es el mismo. Todo lo demás lo ha tenido que conseguir la Universidad con recursos propios”, explica. Y continúa: “La Constitución de 1986 establecía que la educación es un derecho del individuo y una obligación del Estado. Eso lo tumbaron y, con la Constitución del 91, la educación quedó como un servicio público a cargo de la sociedad, la familia y el Estado. Es pasar de un derecho a un servicio público y ya no es el Estado el que debe darlo, sino la familia o la sociedad”.

¿Todo este panorama significa que las universidades públicas van camino hacia la privatización?

Carlos Mario Patiño es profesor y asesor del Observatorio del Derecho a la Educación Superior de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La tesis que sostienen en el observatorio es que hay una tendencia a utilizar los recursos del Estado para educación superior en financiar la demanda. Es decir: el Estado está financiando a los estudiantes para que entren a la universidad, pero va dejando de lado el apoyo a las instituciones para que garanticen su funcionamiento y aumenten la calidad.

Sin embargo, según Patiño, hay también mucha demagogia al afirmar que la universidad pública se está privatizando, puesto que se trata, en mayor medida, de un cambio del modelo como la universidad se financia, pero no de su transformación en una entidad privada.

El panorama financiero también hace que las universidades sean cada vez más dependientes del cobro de las matrículas, lo que genera, en algunas, el aumento de los valores pagados por los estudiantes semestre tras semestre y conlleva a que solo las personas con cierta capacidad económica puedan estudiar.

Isabel Higuita, estudiante de octavo semestre de Derecho e integrante del Observatorio, agrega que hay que reconocer que la Universidad ha hecho esfuerzos por no sucumbir, teniendo en cuenta que ha podido seguir a flote con una reducción grande de recursos. “Esta situación está tendiendo a que el subsidio de los mil pesos (exención de matrícula a la que acceden 18.511 estudiantes) va a desaparecer, a que cada vez más los precios de las matrículas suban y eso quiere decir que la Universidad está pensando como una empresa”.

Sin embargo, Patiño es enfático en señalar que “no está en discusión que a la Universidad la vaya a comprar una empresa u otra universidad. Lo que está pasando es que hay una asfixia presupuestal de recursos públicos directos y eso implica que se tenga una institución de naturaleza estatal, pero que va a depender de los recursos privados de cada estudiante; eso es, que el dueño sea el Estado, pero que funcione como una institución privada”.

Ante esta problemática parecen ser pocas las estrategias para hacerle frente a la creciente disminución de recursos. Según el rector Mauricio Alviar, la propuesta que ha venido desarrollando con su equipo de trabajo desde el año pasado ha estado enfocada en el Congreso de la República, sobre todo en las comisiones económicas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes; en la Asamblea Departamental de Antioquia y en el Concejo de Medellín. La idea es convencer a estas instancias de la importancia de mejorar las condiciones financieras de la educación superior.

Entre tanto, Asoprudea se enfrenta a la indiferencia de parte del sector profesoral y de otros estamentos. Para la Asociación, la estrategia está en seguir denunciando y seguir haciendo eco en toda la comunidad universitaria de la situación de desfinanciación.

Con esa misma línea coinciden los estudiantes que pertenecen a la Comisión de Difusión de las Problemáticas de la Universidad Pública, que están convencidos de la importancia de no dejar de debatir el tema. Comentan que, después del paro de 2011, motivado por una fallida reforma a la Ley 30, se ha hablado muy poco de la problemática financiera de las universidades.

“El problema de los consejos superiores universitarios es que hoy salen a decir que necesitan más recursos, pero lo que han hecho desde hace veinticinco años es permitir que eso ocurriera y no sentar una voz de rechazo ni plantearles la situación a los estudiantes, profesores o trabajadores para ver qué vamos a hacer. Eso, para mí, es una complicidad”, sentencia Óscar Pardo, estudiante de Comunicación Audiovisual e integrante de la Comisión.

Carlos Mario Patiño indica que el escenario ideal y, si se quiere, utópico, es que el Estado asuma la totalidad de los costos de la educación del estudiante, para que realmente se pueda hablar de “universidad pública”, pero ante la imposibilidad de que esto suceda, se requieren mejores condiciones para que las instituciones educativas se concentren en su misión: mejorar su calidad educativa, investigar, impactar a la sociedad y promover mejores profesionales.

Estas discusiones dan cuenta de la necesidad que tiene la Universidad de Antioquia y, en general, las instituciones estatales de educación superior, de encontrar un modelo para no ahogarse en las deudas, mientras acuden a maniobras financieras y se preocupan más por sobrevivir y menos por avanzar en condiciones de calidad.