Permiso para quejarme, señor agente

En un país como Colombia, donde el ejercicio de la protesta es visto por muchos como un acto de mamertismo y por otros como una actividad riesgosa, el nuevo Código se convierte en un obstáculo más para quienes se expresan de esta forma.

El nuevo Código de Policía ya no es tan nuevo. Los uniformados llevan casi dos meses estrenándolo desde que se implementó el 31 de enero de este año. Y ahí va. La bulla que se hizo en los primeros días se ha ido aplacando de a poco: “¡Que es represivo!, ¡que es puro garrote y sin zanahoria!, ¡que es inconstitucional!”. Y las voces se van haciendo más silenciosas. La gente se adapta. Poco a poco, las personas se acostumbran a sacar a su pitbull con bozal, le compran la póliza de seguro o, si no, lo abandonan por ahí a su suerte. La gente se adapta.

Se acostumbran a ver el parque de El Poblado despoblado de jóvenes con cervezas, con ese silencio lejano de las discotecas, de las licoreras. Se acostumbran a la idea del espacio público como un lugar impoluto, libre de los gérmenes de las manifestaciones de afecto del artículo 33 o de las protestas sociales del artículo 53, las grandes perdedoras de este Código.

En un país como Colombia, donde el ejercicio de la protesta es visto por muchos como un acto de mamertismo y por otros como una actividad riesgosa, el nuevo Código se convierte en un obstáculo más para quienes se expresan de esta forma. Una traba burocrática que exige que las protestas sean notificadas por escrito o mediante correo electrónico ante “la primera autoridad administrativa del lugar”, o sea el alcalde. Se exige que tal comunicación sea suscrita por al menos tres personas y se debe expresar el fin con el que se quiere protestar, el día, la hora, el sitio de la reunión y la ruta que esta seguirá. Parte de la finalidad de esto es que la ciudad prepare rutas alternas para que no haya tanta obstrucción vehicular a causa de las protestas. Porque el flujo vehicular de Medellín es una maravilla.

También es curiosa la parte que dice que “toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”, y se habla de la existencia de un “fin legítimo” para protestar. Fin legítimo. ¿Qué es eso? Si alguien quisiera protestar contra el alcalde, ¿sería legítimo? O contra el nuevo Código, o contra la misma Policía: “Disculpe, señor agente, ¿nos deja protestar? No nos vaya a echar, señor agente, ya sabemos que estamos diciendo cosas en contra de su institución, pero no nos vaya a echar”.

Ahí va el dichoso Código, valiéndose del poder triste de la costumbre. El debate se va apagando, con sus ciclos naturales de picos en las coyunturas y valles en los tiempos intermedios. Tal vez en unos meses, cuando acaben las medidas pedagógicas y se empiecen a aplicar las multas económicas, el debate se avive de nuevo. Tal vez con menos fuerza porque habremos tenido tiempo para asimilar las normas, tal vez con mayor ímpetu porque ahí sí empezarán a castigar nuestros bolsillos.

Por ahora, nos vamos acostumbrando, todos a ritmos diferentes. Hay quienes estamos dispuestos a seguir proponiendo el debate, a sembrar la duda sobre los límites que dibujamos en el espacio público. Hay propuestas como las del ‘concervezatorio’, aquella que se llevó a cabo el primero de marzo en el parque de El Poblado, y que sirven para hacernos ese tipo de preguntas. ¿La calle es o no es un lugar adecuado para beber alcohol? ¿Quién sabe? El ejercicio de preguntar es más importante que la pregunta en sí. Mientras tanto, es fácil ceder ante la costumbre. Ahí va.

Editorial publicado en la edición 83 de De la Urbe
Más editoriales De la Urbe

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *