“La persistencia del conflicto es lo que mantiene firme a la Comunidad de Paz”

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó representa lo que cuesta declararse neutral en medio del conflicto. Ha enfrentado la presencia de los actores armados en su territorio, incluso a los del Estado.

Alejandra Machado
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Foto: Alejandra Machado.

La declaratoria de neutralidad y la creación de la Comunidad de Paz ocurrió en 1997, luego de dos masacres contra líderes del corregimiento de San José de Apartadó. Foto: Alejandra Machado.

La década de 1990 fue la más cruel en toda la racha de violencia que vivió San José de Apartadó. Para la fecha, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se sumaban a la disputa territorial entre el Ejército y las Farc, que había comenzado en los años 70 con el asentamiento del V Frente de las Farc en el corregimiento. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de cerca de 1.000 campesinos hacia el Coliseo de Apartadó, asesinatos selectivos, masacres y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El 23 de marzo de 1997, tras dos masacres perpetradas (septiembre 1996 y febrero 1997) por militares aliados con las autodefensas en contra de líderes campesinos señalados de ser guerrilleros, los habitantes de una pequeña porción de ese territorio crearon la Comunidad de Paz: tomaron distancia y se declararon neutrales frente a cualquier grupo armado, establecieron límites espaciales y pidieron a esas organizaciones, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, no transgredir los límites demarcados.

La Comunidad de Paz se estableció en el casco urbano de San José. Planeaban salvaguardarse unos cuantos meses hasta que el conflicto armado en la zona redujera su intensidad. Ya cumplieron casi 20 años esperando a que esa misma guerra termine.  A pesar de su posición de neutralidad, sus líderes actuales afirman que muchos de sus integrantes han sido asesinados por la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública. En medio de la disputa de los violentos por su territorio, los habitantes de la comunidad han sido señalados de ser colaboradores de uno u otro bando. Según sus propios registros, las acciones violentas suman más de 560 que incluyen más de 165 asesinatos. No aceptan delegaciones del Estado, no suelen recibir periodistas –dicen que los medios los han “estigmatizado”–, no presentan denuncias ante la Fiscalía. Ya no creen en las instituciones del Estado. Arley Tuberquia, miembro de la Comunidad, habló con De La Urbe Urabá sobre el papel de esa organización en el territorio, las implicaciones de declararse neutral en medio de la guerra y su posición ante el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

¿Cuál es el papel de la Comunidad de Paz en el territorio?

La persistencia del conflicto es lo que mantiene firme a la Comunidad. La función de nosotros es buscar que los derechos humanos se respeten. Todos estos años han sido de mucho dolor y sufrimiento. Si sabemos que en cualquier vereda se están violando los derechos humanos y la gente pide acompañamiento, nosotros vamos. El derecho a vivir es de todos. Los paramilitares, el Ejército y la guerrilla han hecho masacres y torturas a la comunidad. Pero cuando dicen que hay paramilitares tirados, muertos, que se los están comiendo los gallinazos, nosotros vamos y los traemos porque ellos también merecen una cristiana sepultura.

La sociedad está paramilitarizada y lo que quiere es el triunfo de la muerte y de los asesinos.

En un contexto como el de San José de Apartadó, donde hacen presencia la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública, es inevitable que las comunidades tengan contacto con los actores armados. ¿Qué tipo de relación han tenido ustedes con ellos?

Sí se puede evitar cualquier tipo de relación. Hasta 2005, la comunidad estuvo en San José (casco urbano). Después de la masacre de siete miembros, Álvaro Uribe puso una base militar. Uribe que la pone y la comunidad que se sale. Nosotros dijimos que no íbamos a convivir con los asesinos y nos vinimos para acá, a San Josecito, a cinco minutos de la parte central del corregimiento. Hace un par de meses, la guerrilla fue a un asentamiento, colocó unos afiches donde está “Timochenko” con Santos dándose la mano; la comunidad los arrancó y les metió candela. Y hace un par de semanas los paramilitares fueron a Arenas Altas, se asentaron en la escuela y nosotros fuimos y les dijimos: ‘Se van. No los queremos aquí’. ¿A quién le pone uno la queja?, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Se necesita valor y coraje, y más que eso, se necesita estar dispuesto a morir civilmente para defender nuestros derechos.

Cuando alias “Samir” se desmovilizó, habló de la Comunidad de Paz. Dijo que ustedes colaboraban con la guerrilla…

Ese tema es paradójico. Cuando “Samir” era comandante de la guerrilla, mató a varios miembros de la Comunidad porque, supuestamente, eran informantes del Ejército. Eso sí no lo dijo por los micrófonos. Asesinó a una señora en El Porvenir y a sus dos hijitos. Decía que la Comunidad era informante de los paramilitares, que éramos de las Convivir. Para nosotros, “Samir” es sencillamente un asesino, un tipo despiadado al que la Comunidad jamás se le quiso arrodillar; por eso nos cogió rabia.

Varias entidades del Estado dicen que ustedes son anti-institucionalidad, ¿por qué esa ruptura con el Estado?

Cuando la Comunidad se fundó daba muchas declaraciones ante la Fiscalía y todas las instancias judiciales. En esa época, nuestros líderes se reunían en la Brigada XVII con los altos mandos militares para poner denuncias. Y resulta que cuando volvían estaban los paramilitares esperándolos. ¿Cómo es posible que volviendo los mataran? En 2002, la Comunidad exigió que se creara una Comisión de Evaluación de la Justicia; eso duró como seis meses. Ante esa Comisión fueron como 120 personas a declarar, y al que no lo mataron, lo hicieron ir. Rompimos relaciones con el aparato judicial en el año 2004. La comunidad decidió no volver a declarar más; no tiene caso seguir yendo allá a que nos maten. Cuando ocurrió la masacre de 2005, rompimos relaciones con todas las instituciones. Únicamente se mantuvo una relación con la Defensoría del Pueblo, por un corto tiempo.

La Comunidad colocó cuatro condiciones para restablecer esa relación: que el Gobierno pida perdón por la matanza de 2005 porque, además, Uribe calificó a la Comunidad de guerrillera. Que el Gobierno acepte la conformación de una Comisión de Evaluación de la Justicia para que estudie por qué tantas muertes y ni una sentencia condenatoria. Que el Gobierno acepte zonas humanitarias que son sitios donde pueden ir los campesinos para refugiarse en momentos de combate. Y que reubiquen las bases de la Fuerza Pública. Esa revoltura no está bien, no queremos convivir con aquellos que nos han hecho tanto daño.

¿Y no creen que esa ruptura con la institucionalidad impide que se les restituyan sus derechos o se les repare por los daños que ha provocado la guerra?

El haber hecho ruptura nos ha servido más. Cuando dejamos de hacer declaraciones ante las instancias judiciales, dejaron de coger miembros de la Comunidad. No ir a declarar ¡ha salvado vidas! Dígame, ¿qué derechos tienen los que no son de la Comunidad de Paz que ahora estén en mejores condiciones que nosotros? Entonces, ¿de qué oportunidades hablamos? Tener esa ruptura nos ha dado fuerza. Nosotros estamos alejaditos aquí, nadie puede decir que somos de un bando u otro. Donde no ha ido el Ejército ni la Policía ni el Estado, ha ido la Comunidad de Paz.

Estamos de acuerdo en que el diálogo es la salida, pero no participamos en política y ese Plebiscito lo volvieron política.

Esa posición también ha provocado que los estigmaticen, que se les acuse de colaborar con uno u otro actor, ¿qué implica vivir con ese estigma?

Muchos prejuicios. Pero la situación nos acostumbró. Si mañana los medios o el coronel [comandante de la Brigada XVII del Ejército] dicen que somos guerrilleros, pues ya estamos cansados de recibir los mismos señalamientos y de enterrar a los que nos matan. Lo que sí puedo decir es que cada vez que nos señalan, nos estigmatizan y nos matan, lo que hacen es darnos fuerza.

¿Cuál es la posición de la Comunidad de Paz sobre los acuerdos entre el Gobierno y las Farc?

Nuestra percepción es que el diálogo es el único camino, ese es el que ellos han escogido, es lo mejor que han hecho. Lo que no solucionaron en 52 años a plomo, lo resolvieron en cuatro años hablando. El diálogo es la salida, pero lo que han acordado no beneficia a la población victimizada. En el tema de justicia va a haber impunidad, se dice que quien confiese no va a pagar cárcel. Aunque tampoco creemos que la solución sea encerrar a la gente en la oscuridad para siempre.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Foto: Alejandra Machado

Un cerramiento diferencia las viviendas de la Comunidad de Paz ubicadas en San Josecito del resto del corregimiento de San José de Apartadó

¿Qué lectura tienen sobre los puntos que se negociaron?

Les tenemos muchos reparos a esos seis puntos. Sobre todo, en el tema de la justicia. Eso no responde a lo que la Comunidad ha querido en estos 20 años. Es un tema de impunidad, al igual que con los paramilitares: en ocho años pagaron centenares de crímenes y siguen como si nada. La única forma es que no cometan más crímenes; pero, ¿quién le garantiza a uno que no van a seguir matando? Los beneficiados son los violentos porque confiesan y listo. Pero a la población y a las comunidades,  nos toca seguir ‘camellando’ para seguir vivos.

Apoyaron la opción del SÍ o la del NO en el plebiscito para refrendar el Acuerdo

Nosotros como Comunidad nunca votamos, por nadie ni por nada. No creemos en ese tipo de procedimientos. Estamos de acuerdo en que el diálogo es la salida, pero no participamos en política y ese Plebiscito lo volvieron política.

¿Y cómo recibieron el triunfo del NO?

Quedó un sinsabor. Aunque no nos cogió esto por sorpresa porque desde hace rato estamos denunciando la paramilitarización de la sociedad, de la conciencia de las personas, y esos resultados muestran que eso es cierto. La gente prefiere el camino de la guerra y no el de la paz. Es una vergüenza que el país haya obtenido ese resultado cuando se estaba tratando de la paz.

Pero es curioso que ese resultado les genere un sinsabor porque ustedes han mantenido una postura distante del proceso y los Acuerdos.

Como Comunidad hemos tenido esa postura porque en el campo político solo se ve corrupción; nosotros queremos estar alejados de eso. Cuando digo que es un desaire, lo digo por el resto de la gente. A nosotros como comunidad, lo único que nos dice eso es que lo que hemos dicho es cierto: la sociedad está paramilitarizada y lo que quiere es el triunfo de la muerte y de los asesinos. ¿Cómo es posible que después de 50 años de guerra la gente le siga apostando a eso?

¿Y qué percepción tienen sobre el nuevo Acuerdo, resultado de la renegociación?

Evidentemente hay una voluntad política de ambas partes para buscarle fin a la guerra. Las modificaciones buscan incorporar a los del NO y a las demás partes. Dicen que este es mejor que el anterior, o sea que el anterior no era tan brillante como ellos decían, así que más adelante podría surgir una propuesta mejor. Pero insistimos en que, como Comunidad, no estamos de acuerdo con el modelo de justicia que allí se plantea. No creemos que vaya a haber justicia, de eso somos conscientes, por eso intentamos caminar de forma distinta, no creemos en este sistema perverso del país.

Entrevista publicada en la edición 4 de De la Urbe Urabá