Minas: Mal camino no conduce a buen sitio

A mediados de 2015, Orejón, en Briceño, se convirtió en un experimento de la confianza: las Farc y el Ejército, ya no como contrincantes sino como un equipo, llegaron a la vereda para comenzar un complejo proceso de desminado humanitario.

El Orejón, una remota vereda de Briceño, en el Norte de Antioquia, es un pequeñísimo caserío donde el número de minas antipersonal sembradas alcanza la peligrosa cifra de 240, según las declaraciones presentadas por el general Rafael Alfredo Colón, quien fuera director de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma). El número de estos artefactos es casi el doble del número de habitantes, apenas unas cien personas, en un territorio que ha sido estratégico para la guerra durante años y ha estado, casi siempre, ahogado por la proliferación de cultivos ilícitos.

A mediados de 2015, El Orejón se convirtió en un experimento de la confianza: las Farc y el Ejército, ya no como contrincantes sino como un equipo, llegaron a la vereda para comenzar un complejo proceso de desminado humanitario. En medio del avance de las negociaciones de paz, iniciaba una apuesta monumental de parte del Estado por cumplirles a los habitantes de El Orejón, pero también una prueba piloto que resultaría decisiva en el reto de recuperar la tierra. Era una muestra, quizás, de los alcances del camino a seguir en el resto del país.

Y es que, según el reporte de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), las minas antipersonales están presentes en el 65 por ciento de los municipios del país, es decir, que existe una presencia de estos artefactos en aproximadamente 688 de 1.122 municipios del territorio nacional.  Entre 1990 y hasta octubre de 2016, las víctimas de las minas antipersonales superaban los once mil casos registrados y más de dos mil personas habían muerto.

Con estas cifras, pensar en que Colombia sea un país libre de minas suena como una posibilidad remota. Sin embargo esta tarea de desminado humanitario debe ser, sin duda, uno de los puntos que lidere la agenda en el tema de tierras. Al ganar el No en el plebiscito, en veredas como El Orejón regresó la incertidumbre. Allí, aunque el desminado humanitario ha avanzado satisfactoriamente, con todo y sus problemas, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Orejón dijo, luego de los resultados de la votación, que a pesar de que piensan que todo puede cambiar a futuro, sienten temor de que la guerra se reactive.

Hace doce años, a principios de 2004, la vereda La Iraca —ubicada en el municipio de San Rafael en el Oriente antioqueño— estaba sitiada por campos minados. El campesino Manuel Ceballos, tres años después de haber perdido su pierna derecha, le contaría al cronista Alberto Salcedo Ramos que el pánico generalizado y la amenaza que representaban las minas antipersonales para su familia le hicieron tomar la decisión de abandonar la vereda con su esposa y siete hijos. Sin embargo, la inclemencia de la ciudad y la precariedad de sus vidas en medio de la escasez de oportunidades laborales, los obligaron a regresar a La Iraca convencidos, quizás con inocencia, de que el peligro había cesado. Pero fue a los pocos días de arribar a la vereda cuando, mientras caminaba por un sendero con su familia, Manuel Ceballos sintió el estruendo de la explosión y, a pocos metros, los gritos de su familia. Este campesino, hombre de refranes, le lanza a Salcedo Ramos una sentencia contundente: “Mal camino no conduce a buen sitio”.

Una década después, el país sigue peleando contra el mismo monstruo y la respuesta del Gobierno se produce de manera lenta. Luego de que el embajador de Japón en Colombia, Ryutaro Hatanaka, anunciara un nuevo apoyo para la paz con la destinación de más de once millones de dólares para programas de desminado en el país, toma fuerza la discusión sobre el importante reto que conlleva este trabajo que por su complejidad podría tomar décadas. Este cometido que asume el Estado exige celeridad en la definición de estrategias, para evitar una sucesión de decisiones imprecisas que retarden el proceso y que solo conduzcan a malos caminos en la búsqueda por la erradicación de estos artefactos.

Así, cuando la necesidad de continuar con el proceso de desminado nacional es indiscutible, queda preguntarse si las medidas del Estado lograrán ser suficientes para llevar a cabo un proceso en el que están involucrados tantos actores y en donde están presentes miles de historias de colombianos que han vivido de cerca la tragedia. Porque, antes que nada, los campesinos tienen derecho a volver a habitar la tierra. La tierra, ahora peligrosa, donde ya no se siembran papas o tomates, sino minas y coca. La misma tierra que ha destruido los caminos y se lo ha tragado todo: a sus familias, sus sueños y hasta sus vidas.

Editorial De La Urbe 82

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