Manejo de la ‘basura’, tarea incompleta en Colombia

En el país unos 170 municipios depositan sus residuos sólidos en sitios no autorizados y apenas cerca de 30 los aprovechan. Además, cada día se generan unas 26 mil toneladas de estos desechos, equivalente al peso de más de 967 torres Eiffel.

Por María Paula Hernández y Mateo Narvaéz
Relleno sanitario La Pradera. Foto: cortesía EPM.

Relleno sanitario La Pradera. Foto: cortesía EPM.

La manera en que una sociedad asume y trata sus residuos explica, en gran medida, los principios que la rigen. Además, refleja el nivel de apropiación de su espacio, su forma de vida, su proyección hacia el futuro y la protección de los recursos naturales.

La disposición final de residuos sólidos puede abordarse desde diferentes aristas. El mecanismo por el cual se desarrolle impacta las condiciones ambientales del entorno, influye en la calidad de vida y la cotidianidad de los habitantes de una zona, altera los ecosistemas urbanos, incluso determina relaciones políticas y económicas. Esta amalgama de matices es atravesada por una lógica de libre mercado que complejiza la discusión en torno de lo que sería un tratamiento ideal de residuos y establece nuevas prioridades.

En Colombia el panorama es incierto. A un marco normativo frágil, carente de un cuerpo unificado que reglamente el sector, se suma la ineficiencia y negligencia de muchas de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) encargadas de la vigilancia y fiscalización de normas en esta materia. Detrás de este panorama está la falta de una voluntad política que propicie el tratamiento adecuado de los residuos, como una prioridad ambiental y social, de orden local y nacional.

Cambio de sitios de disposición

La normatividad relacionada con la disposición final de residuos sólidos ha recorrido un camino corto y fragmentado. La abundancia de normas y la falta de un cuerpo completo que reglamente el sector son dificultades que durante años perjudicaron la aplicación de las medidas ideales relacionadas con el aprovechamiento de los residuos. Hoy, a pesar de que existe un único cuerpo normativo, este no siempre se cumple. Las dificultades relacionadas con la aplicación de la norma han dado como resultado un sistema de disposición de residuos generalmente ineficiente y, en parte, informal.

Desde el 2003, en el país inició un proceso intenso de sustitución de sitios de disposición no autorizados por lugares autorizados: quemas de residuos, vertimientos en cuerpos de agua y gran parte de los botaderos informales del país desaparecieron. En el caso de los municipios más pequeños, los residuos empezaron a ser trasladados a rellenos sanitarios de grandes ciudades aledañas. Los botaderos más grandes fueron sustituidos por rellenos sanitarios autorizados.

basuraSin embargo, en muchos municipios aún prevalece el uso de mecanismos informales de disposición de residuos. Según el informe Disposición Final de Residuos Sólidos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un 15% de municipios en Colombia aún deposita sus residuos sólidos en sitios de disposición final no autorizados.

Esta práctica, además de violar la normatividad, ha generado problemas de salud pública. Un botadero a cielo abierto representa una problemática ambiental que deteriora sustancialmente tanto los ecosistemas naturales como sociales de un territorio: genera proliferación de plagas, contamina rutas hídricas subterráneas y el aire, fragmenta los procesos de apropiación de los espacios por parte de la comunidad, y en general afecta la calidad de vida de los pobladores.

Panorama nacional de disposición de residuos
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Proporciones de lugares para disponer residuos
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Lo bueno y lo malo de los rellenos sanitarios
Infografía

Una de las problemáticas que agudiza la crisis del manejo de basuras en el país es la caducidad próxima de muchos de los sitios de disposición final autorizados.

Rellenos de grandes capitales de departamento, que son epicentros receptores de residuos de otros municipios, no dan abasto. La falta de planeación ha puesto la salud de miles de personas en el país en riesgo. Esa es otra de las implicaciones de acumular y acumular los residuos que producimos.

A pesar de que, en términos generales, se cumple la norma,  esto no garantiza un sistema eficiente de manejo de residuos. El aprovechamiento de los residuos es actualmente asumido como una iniciativa progresista y excepcional de algunos municipios -el 3%-, pero aún no se convierte en una política común de carácter obligatorio.

El reciclaje informal está supliendo la ineficiencia del sistema formal de tratamiento de residuos en las ciudades. El aprovechamiento de cartón, plástico, vidrio y metal existe gracias a las tareas de recolección de cerca de 26 mil recicladores independientes e informales, que recorren las ciudades a cambio de remuneraciones desproporcionadamente bajas en comparación con la labor que día a día cumplen.

Hay  esfuerzos por integrar esta población a un sistema formal de tratamiento de residuos, pero también hay resistencias. La inclusión de la prestación de servicios públicos en el país en las lógicas de libre mercado acarrea una serie de consecuencias que determina prioridades: los intereses sociales o ambientales quedan sujetos a intereses económicos. El tratamiento de residuos empieza a ser asumido como una actividad rentable para muchos.

El negocio de las basuras

En las últimas décadas el modelo del servicio público de aseo ha variado en Colombia. El sector privado ha sido incluido en diferentes etapas del proceso a través de normas que favorecen la libre competencia en el área de los servicios públicos domiciliarios. Si bien la inclusión del concepto de la libre competencia busca optimizar los procesos y mejorar la calidad del servicio, esto no ha sucedido en la mayoría de los casos. Los esfuerzos de protección ambiental y social siguen estando supeditados a los réditos económicos: un municipio puede invertir recursos en la ejecución de proyectos de conservación del medio ambiente sin esperar ganancias monetarias. Una empresa privada primordialmente espera ganancias monetarias.

“Para las empresas privadas es mucho más sencillo y rentable recoger los residuos y llevarlos a un relleno sin importar que pasa después”, dice Javier Gómez, gerente de la empresa de Servicios Públicos de Pacho, Cundinamarca (2004-2015). “Mientras que en empresas de los municipios hay una responsabilidad ecológica, con el sentido de hacerle un bien al ecosistema y mejorar toda esta problemática que se presenta en sitios de disposición como botaderos a cielo abierto o incluso rellenos sanitarios autorizados”.

Hay diferentes razones que, en primera instancia, permiten el incumplimiento de la normatividad, y en segunda instancia retrasan la proposición de mejores mecanismos de tratamiento de residuos:

No hay vigilancia. Las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de vigilar y sancionar el cumplimiento de la norma, no siempre son eficientes

Es un servicio necesario. La disposición de los residuos en algún sitio, autorizado o no, es una necesidad para una comunidad. A pesar de que las empresas no mejoren su servicio, el ciudadano no pude renunciar a él.

El panorama precario del país aísla la norma de la realidad. El incumplimiento de las medidas estipuladas genera alertas solamente en los momentos más fuertes de crisis.

La discusión no se reduce a si el servicio debe ser prestado por una entidad pública o privada. Se trata de reevaluar la estructura del modelo, asumiendo la disposición de residuos sólidos como una preocupación de carácter global, y estableciendo prioridades que trascienda minuciosidades de la política local o intereses de unos pocos. Para esto hace falta voluntad política y una regulación estricta que garantice que los propósitos de la nación se cumplan.