¿Y qué pasa con los niños involucrados en el conflicto urbano?

Medellín cuenta con una oferta de instituciones enfocadas en la restitución de los derechos de menores de edad, pero no en aquellos afectados por la disputa urbana de bandas criminales.

Por Sergio Alejandro Ruiz Saldarriaga
     salejandro.ruiz@udea.edu.co
La ley 1448 de 2011,  reconoce a los menores de edad como especiales víctimas del conflicto armado colombiano, existe un vacío jurídico frente a quienes son partícipes de las conflictividades en zonas urbanas.

La ley 1448 de 2011, reconoce a los menores de edad como especiales víctimas del conflicto armado colombiano, existe un vacío jurídico frente a quienes son partícipes de las conflictividades en zonas urbanas. Foto: Ana María Ortega

Las rutas de atención a menores de edad en el conflicto urbano no son claras. Este es un perfil de vulneración de derechos ante el cual Medellín aún no responde integralmente pues, aunque se han hecho esfuerzos por hacerle frente a través de algunas instituciones que tratan el tema, aún no existe una ruta para tratar la problemática.

Si bien la justicia colombiana, a través de la Ley 1448 de 2011, los reconoce como especiales víctimas del conflicto armado colombiano, existe un vacío jurídico frente a quienes son partícipes de las conflictividades en zonas urbanas, pues además de no ser considerados víctimas conllevan una responsabilidad punitiva. “Al no darse un reconocimiento específico del reclutamiento, vinculación y uso de los niños y niñas para la ciudad, aparece el debate del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En esa mirada, no son vulnerados, sino que son considerados un actor más. ¿Y qué se le hace a un victimario? Se le juzga y se le castiga”, explica Felipe Lopera, politólogo e investigador principal del informe Reclutamiento, vinculación y utilización de Niños Niñas y Adolescentes en Medellín de la Secretaría de Juventud.

Entre las múltiples vulneraciones de derechos por causa de la conflictividad urbana se cuenta con víctimas de amenaza, utilización, reclutamiento y desplazamiento intraurbano. En este contexto, Lopera afirma que el fenómeno se ve desde una perspectiva adultocéntrica en la que el menor es considerado “un pillo más de la ciudad, o sea, no son niños sino criminales. Pero las condiciones estructurales de pobreza, inequidad y exclusión pareciera que se brincan”.

Por su parte, Jorge Mejía, exconsejero para la Paz y la Reconciliación de Medellín, cree que la ciudad cuenta con una oferta institucional que no está direccionada a atender las nuevas necesidades que, con ocasión de la superación del conflicto, se pueden presentar en el territorio: “Hay un concepto clave para atender la problemática de los niños y niñas y es la necesidad de construir entornos protectores, espacios donde sientan que son actores importantes”.

El reto, sistematizar una mezcla de complejas problemáticas 

Un proyecto presentado por la Facultad Nacional de Salud Pública –FNSP–, con la participación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, ante el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión (Buppe) de la Universidad de Antioquia, buscará  presentar estrategias para la consolidación de rutas de atención, mediante la sistematización de un proceso ya existente en la ciudad, denominado Crecer con Dignidad, programa de la Secretaría de Inclusión Social y Familia que atiende la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El programa ha sido operado y asesorado por esta dependencia académica desde sus inicios en 2009.

Desde la institucionalidad se han diseñado e implementado estrategias metodológicas; pero no se han documentado, reflexionado ni sistematizado, para prevenir y atender una situación compleja y poco visible en la ciudad.

Los niños y niñas llegan al Centro de Diagnóstico y Derivación, un lugar de acopio donde pueden estar por alrededor de tres días mientras se define, a través de un grupo psicosocial, el perfil de vulneración de derechos de quienes ingresan.

Según Camilo Noreña, docente investigador del proyecto, “el Estado, en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  -ICBF-, reconoce el reclutamiento en el contexto del conflicto rural, pero el conflicto armado intraurbano no se reconoce bajo la modalidad de reclutamiento. La ciudad no sabe qué hacer cuando llega un niño o un adolescente al Centro de Diagnóstico por esta situación. En Medellín tenemos conocimiento de lo complejo que se vive en nuestros territorios, pero nada más”.

Lo difícil es enfrentarse a sólo tres días en el Centro de Diagnóstico donde se mezclan complejas problemáticas en un solo lugar y, en algunas ocasiones, no existe ni la respuesta más adecuada ni el lugar propicio que permita tratar su dilema puntual.

En 2015, el programa Crecer con Dignidad atendió 328 casos de niños y niñas relacionados con la problemática del conflicto urbano, sin embargo, este fenómeno sigue siendo difícil de cuantificar debido a la poca denuncia. Según cifras del proyecto, los territorios más afectados son las comunas 8 (Villa Hermosa), 13 (San Javier) y 16 (Belén), además de los corregimientos de San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado que “por su fuerte presencia de actores armados propician acciones de vulneración de menores asociada al reclutamiento y la utilización”, destaca el documento de presentación del proyecto.

“Lo que deseamos encontrar es un cúmulo de experiencias y prácticas lúdicas, artísticas e inventivas que tienen los pedagogos al acompañar a estos chicos en su proceso de atención”, indicó Noreña, refiriéndose a los resultados que pretenden con su investigación.

Dentro de los productos resultantes de este proceso será presentado un análisis crítico y reflexivo sobre la experiencia, que contendrá recomendaciones para la mejora de estos procesos metodológicos de atención. Además, se entregará un producto audiovisual y finalmente habrá un evento de socialización con los resultados. Todo esto en 16 meses.

Proyectos Buppe, una apuesta más por la construcción de paz

Para Lucía González, jurado de la décima convocatoria Buppe, entre los aspectos más relevantes para la selección de los proyectos que reciben respaldo, estuvo la proyección interdisciplinar, priorizando aquellos en los que participaran varias unidades académicas y otras entidades para sumar saberes; por otro lado, tuvieron mucho peso las iniciativas que aportarán, desde la Universidad, los saberes a la sociedad, enriqueciendo tanto a la Institución como a las comunidades.

Frente al proyecto de la FNSP, González resaltó que los niños y niñas son una de las poblaciones que debe tener un papel protagónico si de atención se habla. “Lo más importante es hacer un diálogo muy participativo. No quitarles la voz sino dárselas, es decir, que sean ellos quienes construyan sus relatos y que la Universidad pueda hacer una lectura de esto. Narrar sus preocupaciones con respecto a sus contextos, este diálogo puede ayudarnos a entender mejor qué pasa en la ciudad”, indicó la evaluadora.

Por su parte, Jorge Mejía cree que existe la necesidad de diagnosticar cómo el conflicto registrado en los territorios urbanos ha afectado la mentalidad, el sentir y la forma de verse de los niños y niñas. “La academia tiene un papel importante que desarrollar en el campo de la salud mental; y la institucionalidad, la obligación de entender la importancia del tema, por tanto destinar recursos para estimular este tipo de investigaciones y de atenciones”, destacó el exconsejero.

La idea seleccionada dentro de la última convocatoria Buppe fue inscrita en tres líneas temáticas: Memoria y verdad. Reconciliación y construcción de paz desde los territorios, Pedagogías para la paz; y  la línea de Víctimas y proceso de reparación y restitución. En ella participarán la Facultad Nacional de Salud Pública como dependencia encargada, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la ONG Ciudad Don Bosco, el proyecto Crecer con Dignidad, la Secretaría de Juventud y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

Esta iniciativa tendrá un costo total de 124 millones de pesos de los cuales el Buppe aportará 20 millones, la FNSP dará 6 millones, la Universidad aporta 64 en dedicación horaria y de investigación de los docentes y entre otras fuentes de financiación serán 33 millones de pesos.