“Pa’ este problema, yo no me hubiera desmovilizado”: Ramón Zabala

Este artículo fue elaborado a partir de uno de los testimonios del trabajo de grado "Desmovilización, la otra guerra. Tres testimonios de desmovilizados de grupos al margen de la ley y su reintegración a la vida civil"*.

Por Sara Giraldo Maestre y Laura Alcaraz Jiménez
Ilustración: Ricardo Cortázar

Ilustración: Ricardo Cortázar

Cuando Ramón Antonio Zabala García recibió la orden de captura en su contra por concierto para delinquir agravado, quedó inmóvil. No comprendía la naturaleza del papel que sostenía en sus manos si aquel delito lo había cometido en el tiempo en que había pertenecido al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. En ese momento, ese papel no tendría por qué existir. Se había desmovilizado en 2006, por lo que, se suponía, lo cobijaban algunos beneficios jurídicos, entre ellos, la suspensión de la pena por los delitos cometidos durante su tiempo en el grupo armado, siempre y cuando cumpliera con todos los compromisos, y hasta donde Ramón sabía, él no había violado su parte del trato.

Ocurrió en el mes de mayo de 2014. Ramón se encontraba en su puesto de trabajo desempeñando labores de vigilancia en un edificio de El Poblado, cuando el jefe lo llamó a la oficina, le mostró la orden de captura “y de muy buena manera me dijo: ‘Yo no lo voy a encochinar acá. Me firma la renuncia como un problema familiar. Venga lo ayudo a que lo liquiden de una vez y váyase a arreglar ese problema. Apenas lo arregle, viene a ver qué podemos hacer’”, cuenta Zabala.

Luego de recibir la noticia, lo primero que hizo Ramón fue llamar a Nelly Gaviria,  reintegradora y psicóloga de Paz y Reconciliación, programa adscrito a la Agencia Colombiana para la Reintegración. “Yo estaba desesperado, tenía mucho miedo inclusive de salir del trabajo; uno tratando de hacer las cosas bien y con una orden de captura encima. La psicóloga muy amablemente fue hasta el parque de El Poblado y me dijo que no me preocupara, que eso se solucionaba en dos o tres días”, recuerda.

Pero los días pasaron y el problema no se solucionó. Luego de varias llamadas, Nelly le explicó a Ramón que el problema radicaba en que el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, Hernán Suárez Delgado, lo había condenado por no haber cumplido con las ochenta horas de servicio social, uno de los compromisos de carácter obligatorio para obtener los beneficios jurídicos de la Ley 1424 de 2010 explicados en su sentencia anticipada.

Ante la explicación de Nelly, quedó más confundido, pues el 27 de septiembre de 2011 Ramón había firmado el formato único para la verificación previa de requisitos de la Ley 1424 de 2010. En dicho formato se especifica que para obtener los beneficios jurídicos que, entre otros, incluye la suspensión de la pena, el desmovilizado debe:

Cumplir con el proceso de reintegración liderado por la Alta Consejería Presidencial para la reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Ejecutar actividades de servicio social y reparación con las comunidades que lo acojan en el marco del proceso de reintegración.

Presentarse y participar de los procedimientos que adelante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica operado por el Centro de Memoria Histórica.

Comparecer personalmente ante las autoridades judiciales o administrativas que lo requieran.

En el caso de Ramón, él había cumplido con todo lo anterior. Desde que se desmovilizó se había inscrito al programa, donde incluso había aprovechado para graduarse de bachiller en 2011 y, posteriormente, había comenzado una carrera técnica en Sistemas. “Cuando yo me desmovilicé, apenas tenía hasta cuarto de primaria. Me metía a todo lo que la psicóloga me decía, siempre traté de estar activo en el programa. Entonces, lo que yo no me explico es por qué a mí me meten una orden de captura”, expresa.

Sin embargo, en su sentencia anticipada se notificaba que el acusado no había realizado actividades de servicio social. Lo cierto es que Ramón, a pesar de no haber culminado la totalidad de las horas del servicio social, ya había iniciado su labor en el barrio Calasanz, como se evidenciaba en el Acta de Compromiso Servicio Social firmada el 12 de noviembre de 2013, la misma que se había visto interrumpida cuando lo incapacitaron luego de que una mañana despertara con su mano derecha completamente inmóvil. “Me dio dizque una chispa de derrame”, dice.

Cuenta que el 28 de agosto de 2013, cuando se levantó, notó que su mano derecha estaba encorvada de la muñeca hacia los dedos. “Yo pensé que de pronto era que había dormido mal, me puse el chorro de agua fría y todo”. La mano no le respondía y no tenía fuerza. Al día siguiente, nada cambió así que se dirigió a la Clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana,  donde le diagnosticaron una “enfermedad de la médula espinal no especificada”, según se aprecia en su historia clínica.

“El médico inmediatamente me dijo: ‘Usted queda hospitalizado, así como le quedó la mano le pudo haber quedado parte del cuerpo’”. Ramón fue incapacitado veintiún días, como se constata en su expediente clínico. “Entonces, por eso fue que no pude terminar el trabajo social, pero yo no pensé que eso me perjudicara tanto como lo hizo. Lo que yo digo es por qué pasó si yo tenía la constancia de inhabilidad de una enfermedad”, se cuestiona.

Para tratar de solucionar el problema, el 22 de abril de 2014 se emitió desde la ACR, Medellín, una solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena, invocando la Ley 1424.

Mientras tanto, el tiempo corría y a Ramón no le quedaba otra opción que esconderse. “Me quedé dos meses con un abogado de la ACR, pero me decía que estaba muy difícil mi situación, me recomendaba que me escondiera mientras se solucionaba, que si me cogían era peor”. Siguiendo el consejo, Ramón se mantenía encerrado en el apartamento, solo salía para ir a las oficinas de la ACR a hablar con su abogado y escuchar la misma respuesta: “ya estoy gestionando eso”.

A pesar del terror que le tenía a la cárcel, pensó en entregarse: “Una vez le propuse al abogado: ‘Doctor, ¿será que si me entrego conseguimos una rebaja o algo?’. Me respondió: ‘No vas a cometer esa brutalidad. Esperate que yo te soluciono eso’”. Ramón solo sentía decepción, recordaba las garantías que les dieron cuando se desmovilizó. “A uno le decían que lo exoneraban de todo, que le iban a dar estudio… y pensaba dentro de mí: ‘¡No, pues! Si hubiera sido así, yo no me desmovilizo’”, recuerda.

Mientras los días seguían pasando, la angustia de su mujer porque lo cogieran aumentaba y las deudas se acumulaban. Decidió, entonces, seguir huyendo y partir para Alejandría a la finca de su padre.

Ni el certificado de la Junta de Acción Comunal de Calasanz, que había sido previamente solicitado, ni la solicitud de suspensión de la pena surtieron efecto, pues dos meses después de haber recibido la orden de captura, exactamente el 9 de julio de 2014, Ramón Antonio Zabala García fue capturado en el municipio de Alejandría, Antioquia, y condenado a 36 meses de prisión.

Luego de dos días en el calabozo, lo trasladaron a la cárcel de Santo Domingo. Su condición solo le generaba humillación. “Amarrado como un delincuente…, pues, cosas que no le pasaban a uno cuando uno sí era delincuente”, dice. En cuanto a su abogado, recuerda que “lo único que me dijo fue: ¡Ahhhh!, es que usted la embarró, hermano. ¿Para qué se dejó coger? ¡Lo que más le dije!”, cuenta con un tono indignado.

“Yo creo que la cárcel es lo peor que le puede pasar a un ser humano”, expresa con la mirada perdida mientras recuerda la mala experiencia de compartir su celda con otros cuarenta reclusos: “Llegué a dormir en el piso durante cuatro meses y medio. Todo el mundo se le paraba a uno encima. Pero uno conoce gente muy buena, también hay inocentes quizás… y yo, pues inocente del todo, no; pero tampoco era culpable de nada, yo no maté a nadie ni le robé a nadie. Estaba allá era por negligencia de…, no sé… Algo salió mal”.

Cinco meses después de llegar a la cárcel, Ramón recibió la noticia de que su hijo de diez años había matado, por accidente, mientras jugaba, a su hermanito medio de cinco. “Eso también me traumatizó mucho en la cárcel. Recuerdo que el director me colaboró. Aunque no me podía dejar salir a ver a mi familia, permitió que el niño fuera para hablar con él y ver cómo estaba”, cuenta.

Pasaron nueve meses para que se esclareciera su caso, y en marzo de 2015 recuperó su libertad. “Lo que más me duele ahorita es, bueno, los nueve meses en la cárcel ya los pagué, no me fue tan mal; pero lo que más me duele es estar inhabilitado para trabajar porque, entonces, ¿de qué voy a vivir? Mis hijos están estudiando… ¿cómo les voy a ayudar?”, dice Ramón. Y es que a pesar de haber cumplido la pena, su situación jurídica actual lo afecta, ya que carga con antecedentes penales correspondientes a los meses de cárcel que nunca debió haber pagado. Situación que no le ha permitido recuperar el oficio que más le apasiona, el de vigilante.

“La pregunta mía es quién me va a responder a mí por lo que me pasó. Si yo hubiera estado por fuera de la ley, como se dice, como estuve tiempo atrás, yo acepto. Uno cuando estaba en la delincuencia corría todos los riesgos de caer en una cárcel o de que lo mataran. Pero ya después de estar trabajando a lo legal y estar aquí en todos esos programas, uno no piensa que eso le va a pasar a uno. ¿Cómo me va a pasar si estoy haciendo las cosas bien? Y uno sale de la cárcel como con rabiecita. Pa’ este problema, yo no me hubiera desmovilizado… Me hubiera quedado en la clandestinidad y listo”, concluye.

*El trabajo de grado Desmovilización, la otra guerra. Tres testimonios de desmovilizados de grupos al margen de la ley y su reintegración a la vida civil fue realizado por la estudiante Sara Giraldo Maestre, con la asesoría de la profesora Patricia Nieto.
Informe publicado en la edición 79 de De la Urbe