¿Cómo se financian las campañas políticas?

Con las campañas para las elecciones de octubre en su recta final, aumentan las inversiones de candidatos que pretenden ganar el voto popular.

Valla

Según la MOE, Medellín está en riesgo extremo de violencia electoral.
Esta se mide en comportamiento atípico de votos nulos y variación en
la participación de los votantes.

Juan Diego Posada /jdposadap@hotmail.com

El 25 de julio de 2015 se dio inicio, según la regulación del Consejo Nacional Electoral, a las campañas para alcaldía y gobernación en Colombia. A partir de esa fecha, los candidatos de los partidos y movimientos políticos emprendieron oficialmente el camino hacia los principales puestos de elección popular en regiones y departamentos.

La Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son los dos entes de mayor influencia en los procesos de regulación en lo que a las campañas políticas compete. El primero, cumple la función de registro y seguimientos; el segundo, tiene poder legislativo y regula las acciones políticas de los partidos y movimientos, aunque entre su funciones también está el seguimiento.

Para cada año electivo, el CNE con la ayuda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realiza el “Estudio base para la actualización de los costos reales de campañas electorales”,  basados en tres cifras: los costos reales de la campaña, el censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal. En otras palabras, lo que puede valer una campaña política, la cantidad de gente apta para votar por regiones y municipios más la capacidad estatal para ayudar a la financiación.

Para el caso de Medellín y Antioquia, los censos electorales, es decir, los ciudadanos habilitados para votar, están en 1’450.379 millones y 4’393.453 millones, respectivamente. Así, las cifras que el CNE calculó como topes de campañas políticas son: 1.726 millones de pesos en Medellín y 3.552 en Antioquia. Los partidos políticos no podrán sobrepasar estos límites presupuestales y deberán reportar el ingreso de dinero a sus campañas por cualquier concepto desde el 25 de julio de este año, día de inicio de las mismas.

En los formatos de Cuentas Claras, plataforma utilizada para llevar el control de los gastos de campaña, los candidatos lo discriminan en seis campos: 1) Aportes del patrimonio de los candidatos, cónyuges o parientes; 2) contribuciones, donaciones, créditos en dinero o especie de particulares; 3) créditos de entidades financieras; 4) ingresos de actos públicos o actividades lucrativas del partido o movimiento; 5) recursos de origen de los partidos y movimientos políticos; y 6) financiación estatal.

Es que el Estado termina pagando una parte de las campañas políticas bajo la modalidad de “voto válido obtenido”, es decir, cada voto que entra por candidato tiene una retribución en un monto fijo que es definido por el CNE. Los partidos, con conocimiento aproximado de esta “retribución”, pueden pedir un adelanto de hasta el 10% del valor para financiar sus campañas.

Para las próximas elecciones, este “voto-retribución” es de 3.012 pesos por voto válido, en el caso de la Gobernación y la Asamblea Departamental; mientras que el voto válido por Alcaldía y Concejo Municipal tiene un valor de 1.815 pesos. Todo retribuido por el Estado.

Por ejemplo, si tomamos como referente la campaña anterior, el actual gobernador Sergio Fajardo obtuvo aproximadamente un millón de votos en las elecciones de 2011. El voto válido obtenido en las elecciones para la Gobernación en dicho año tuvo una retribución de 2.689 pesos. Entonces, al multiplicar el concepto de retribución por votos, Fajardo y su partido hubieran recibido 2.689 millones si no fuera porque el Estado solo puede retribuir como tope máximo el gasto que el candidato tuvo en campaña, es decir, los 1.254 millones de pesos que Fajardo invirtió en su postulación. En cualquier caso, un candidato así no pierde plata.

Algunos grupos en Antioquia, como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y otros grandes empresarios, apuestan por algunos candidatos que puedan responder a sus necesidades, dando el “aval” al candidato que ellos consideren adecuado. Estos “avales” significan también desigualdades económicas entre candidatos.

Según Juan David Valderrama, gerente de la actual campaña de Federico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín, se espera llegar a los 1.000 o 1.100 millones de pesos para las elecciones de 2015 por medio de su movimiento Creemos; mientras que en el 2011 Gutiérrez gastó 223 millones con el aval del Partido de la U.

El Polo Democrático Alternativo logró financiar las elecciones pasadas a Luis Fernando Muñoz y su campaña a la Alcaldía con 80 millones de pesos. Para el caso actual, Jorge Gómez, candidato a la Asamblea Departamental, asegura que tan solo con 500 millones deben financiar todas las campañas en la región de Antioquia, incluyendo gobernación y alcaldía.

Al otro lado de la baraja, se encuentra el actual alcalde la ciudad, Aníbal Gaviria, quien invirtió en su campaña 1.245 millones de pesos hace ya casi 4 años. Mientras que Luis Pérez, hoy candidato a la Gobernación, consolidó la suma de 874 millones para su candidatura a la Alcaldía. Haciendo algunas operaciones, el actual Alcalde gastó 15 veces el presupuesto de campaña del Polo Democrático, dato que da cuenta de lo inequitativas que pueden ser las elecciones en las regiones.

Propaganda política

Las épocas electorales no solo vienen acompañadas de debates políticos y puestas en escena de los candidatos a los puestos públicos. Si bien algunas caras ya son conocidas, su candidatura está precedida por sus planes de gobierno que, al ser tan extensos, deben estar condensados en publicidad.

La propaganda en campaña también está regulada por el CNE a través de las Resoluciones 1176 y 236 de 2015. Esta última, por ejemplo, estipula el número de espacios o cuñas radiales en los medios de comunicación. En los municipios de primera categoría, como Medellín, habrá un espacio de hasta 50 cuñas radiales de 25 segundos cada una por partido o movimiento político, de igual manera aplicará con los candidatos a gobernación.

Con respecto a los espacios televisivos, se disponen 5 cuñas televisivas de 25 segundos en el caso de los aspirantes a alcaldía, mientras que los candidatos a gobernación pueden difundir 9 cuñas televisivas de 30 segundos cada una.

Además, el Alcalde de turno asigna 5 vallas públicas para la difusión de las campañas. Sin embargo, existe la posibilidad de contratar hasta 14 vallas privadas. Estas últimas pueden tener un costo aproximado de 20 millones cada una.

Los volantes también juegan un papel importante en las campañas, pues se vuelven parte del paisaje antes, durante y después de las elecciones. Algunas fuentes consultadas al interior de las campañas afirman que, en promedio, se pueden enviar alrededor de 60 personas con 10 mil volantes cada una, por dos días. Esto promedia unos 600 mil papeles que inundan la ciudad. Al otro lado de la ecuación, las campañas con menos amplitud alcanzan a desplegar unos 25 mil volantes en una semana de trabajo.

Las redes sociales han sido la excepción a la regla y no existe aún una regulación sobre el uso de estas en la propaganda política. Son el principal vacío legal en regulación, aunque sean pieza fundamental en una campaña actual.

Por otro lado, las llamadas programadas también han sabido escapar del espectro. Inteligentemente, algunos candidatos han recurrido a las grabaciones telefónicas para conseguir votos, como es el caso del Centro Democrático y su líder Álvaro Uribe. Su voz pregrabada ha estado llamando a varias personas de la ciudad para promover a Andrés Guerra, su candidato a la gobernación.

Adjunto a los registros aportados para la rendición de cuentas en los partidos, se debe discriminar el dinero que es utilizado para propaganda electoral. En resumen, las campañas pasadas conformadas por 5 candidatos a la Alcaldía de Medellín gastaron en total 1.539 millones de pesos en este concepto. Entre ellos, Jacqueline Toloza del Movimiento MIRA fue la de menos inversión con 16 millones y Luis Pérez por el movimiento Firmes fue el mayor inversor con 686 millones de pesos, según la plataforma Cuentas Claras.

En el campo de la gobernación, los cuatro candidatos del 2011 gastaron en propaganda 1.470 millones de pesos, siendo Rodrigo Saldarriaga, del Polo Democrático, el menor inversor con 200 millones y Álvaro Vásquez, del Partido Conservador, el mayor con 502 millones.

Se debe resaltar que, aunque ya va un mes de campaña, los partidos deben dar cuenta paulatinamente de sus libros y movimientos económicos. Desde ya están disponibles las plantillas para reportar ingresos en la plataforma Cuentas Claras; solo que aún los formularios siguen en ceros. La fecha límite para rendir con claridad los gastos de cada campaña es el 25 de diciembre. Al parecer, todos esperan hasta entonces, día en el que, seguramente, lo último en lo que vamos a pensar es en cuánto gastó cada candidato