La verdad bajo La Escombrera

El 5 de agosto de 2015 se inició la exploración de una parte de este sector de la Comuna 13 de Medellín. Se pretende revelar las características de una zona conocida popularmente como una fosa común.

La Escombrera

A la fecha se han encontrado fragmentos de prendas, accesorios y un documento, los
cuales se encuentran en poder del grupo de criminalística de la Fiscalía. Foto: Fotografía: Alejandro Buriticá.

Alejandro Buriticá Alzate y Redacción De La Urbe

“Si hace 13 años, cuando se empezó a señalar que había desapariciones forzadas en esta zona, hubiera habido una voluntad del Estado por investigar lo que estaba pasando, por enfrentar la situación y por preservar los lugares donde se supone hay víctimas, tendríamos más posibilidad de buscar. Pero no se hizo. La Escombrera no es solo el polígono uno, donde ahora se realizan las excavaciones. Si miras al frente, hay otra escombrera: es una montaña. Cuando el proceso inició, esa montaña no existía, era a ras del piso. Ya son toneladas de tierra”.

Quien habla así, enfática, es Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad y  representante de las víctimas de La Escombrera. Adriana, si bien agradece que hubieran comenzado las excavaciones en una parte de la zona, sigue esperando más compromiso del Estado en favor de la verdad. “Hasta el día de hoy seguimos pidiendo que la otra escombrera se cierre. No lo hemos logrado. Aquí están primando los derechos de un empresario particular sobre los derechos de las víctimas; se están desconociendo normas internacionales que dicen que en los lugares en los que se presume que hay víctimas de desaparición forzada inhumadas clandestinamente deben ser preservados para poder garantizar la búsqueda de estas personas”.

Es que La Escombrera no es solo una. Ni es un pedacito de tierra. Ni está cerrada toda. En áreas donde podría haber cuerpos de desaparecidos siguen cayendo escombros, tapando la verdad.

El avance, sin embargo, es valioso: acordonar una parte de la zona –conocida como La Arenera– y comenzar las excavaciones. Luego de un mes del inicio de estas obras, se puede evidenciar un progreso lento pero constante en la remoción de los 23 mil metros cúbicos de arena y despojos. De acuerdo con la Fiscalía, ya se han removido algo más de 6 mil metros cúbicos de tierra.

De igual forma se adelantan los otros tres componentes del Plan Integral de Búsqueda: la atención psicosocial a las madres, el proceso de memoria y la recolección de material genético. Este último es el que permitirá identificar los restos que se encuentren en el primer polígono, o zona de búsqueda, de La Arenera.

El componente de atención psicosocial busca mitigar la angustia y el dolor de las víctimas que llevan tantos años esperando encontrar a sus familiares desaparecidos, además pretende ayudar con la ansiedad que se ha generado alrededor de la exhumación. El proceso se realiza de la mano de un grupo conformado por la Unidad Municipal de Víctimas, el Ministerio de Salud y las organizaciones sociales que han estado vinculadas a la comunidad.

Pero no ha sido fácil. “Hay mujeres que cuando suben acá sienten mucho dolor porque piensan que es el mismo recorrido que hizo su familiar. Piensan cómo lo habrían subido, si caminando, si en un carro, si vendría vivo o muerto”, comenta Alejandra Balvín, vocera de la organización Mujeres Caminando por la Verdad.

Para Jorge Mejía, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida, ya se ha avanzado en las valoraciones psicológicas de las víctimas. “Aún estamos pendientes de la entrega de resultados, pero hemos detectado que hay problemas serios de salud mental en algunas de estas personas que requieren una atención adecuada por parte de la institucionalidad”.

Este proceso se articula con el proyecto de memoria que se desarrolla conjuntamente entre las organizaciones sociales y la Casa Museo de la Memoria donde se realizan unos talleres y asambleas que permitirán reconstruir los relatos alrededor del conflicto y las desapariciones. Adicional a esto se adelanta una investigación con la que se pretende encontrar razones y trasfondos de las desapariciones forzadas.

Y es que la espera, la expectativa y la ansiedad que se viven en el campamento que ocupan las víctimas en La Escombrera no son fáciles de llevar por la lentitud de un proceso del que se espera tanto. A la ansiedad se le suma la información confusa, como la que difundieron algunos medios de comunicación el pasado 3 de septiembre al anunciar el hallazgo de los primeros restos que, aún sin confirmar, podrían pertenecer a uno de los desaparecidos. Esta información fue revelada por la Alcaldía, pero las víctimas y sus representantes nunca fueron informados de dicho descubrimiento, violando el acuerdo de que serían ellas las primeras en enterarse frente a cualquier hallazgo. “Nosotros nos molestamos seriamente con esas declaraciones que hubo –comenta Adriana Arboleda–. Dichas declaraciones rompieron ese acuerdo que teníamos, además porque fue información, a nuestro modo de ver, errada y confusa, y lo que vemos es que tienen que ajustarse los protocolos porque cualquier información que salga de acá tiene muchos efectos: políticos, mediáticos, afectivos sobre sobre las víctimas. Los días que siguieron a esas declaraciones fueron muy difíciles para las mujeres porque sintieron que se les estaba ocultando información”. Solo hasta el 10 de septiembre, la Fiscalía salió a desmentir que los hallazgos encontrados fueran de restos humanos.

Seguir buscando

Una de las posibilidades que se ha puesto sobre la balanza es la de ampliar el perímetro del polígono que se está explorando: pasar de 3.600 metros cuadrados a 5.000 metros cuadrados, y que no solo sean 23 mil metros cúbicos de escombros, sino cerca de 35 mil. Todo ello en el mismo plazo de cinco meses, según lo asegura el consejero Mejía.

Una posibilidad de la que, como apunta Arboleda, las víctimas y sus representantes se enteraron por los medios de comunicación y no de una conversación conjunta entre los diferentes grupos.

A pesar de ver el aumento en el perímetro de búsqueda como algo positivo, siguen las dudas. Es por esto que la abogada ha propuesto que se contrate un grupo de antropólogos forenses independientes que hagan no solo el papel de veedores, sino también que ayuden en las labores de excavación para acelerar el proceso, puesto que consideran que el equipo técnico, conformado por dos ingenieros especialistas en suelos, cinco técnicos de criminalística y nueve auxiliares de campo, “sigue siendo pequeño para la magnitud de procedimiento”. Además, advierte que el proyecto se hizo al revés, ya que, primero, se definió el presupuesto de 1.100 millones de pesos y, luego, se iniciaron los trabajos sin saber certeramente si el presupuesto iba a alcanzar.

Frente a esto, el consejero Mejía explica que se prevé una adición de otros 500 millones de pesos, pero la incertidumbre de las víctimas frente a si alcanza o no es constante. Temen que si se acaba el presupuesto el proyecto se detenga indefinidamente.

Mientras tanto, entre la tensión y la espera, siguen las excavaciones. Ha habido avances en muchos campos, como la recolección de muestras de material genético de los familiares, pero sigue faltando comunicación, claridad, que los acuerdos entre las organizaciones de víctimas y la Fiscalía se cumplan. “Porque nosotros tenemos el derecho a saber qué es lo que está pasando. Ya son 13 años de espera para que, cuando por fin se hace algo, no lo podamos ver”, concluye Alejandra.

Informe publicado en la edición 75 de De La Urbe