La Escombrera, ¿verdad en manos inadecuadas?

¿Es el CTI de la Fiscalía el más idóneo para realizar las exhumaciones en la Comuna 13? Cuando el Estado es arte y parte, con más razón vale preguntárselo.

Del polígono uno se pretende remover 35 mil metros cúbicos de arena y escombros. Fotografía: Natalia Botero Oliver.

Del polígono uno se pretende remover 35 mil metros cúbicos de arena y escombros. Fotografía: Natalia Botero Oliver.

Andrea Aldana / andrealdana@gmail.com

¿Qué decir que no se haya escrito sobre las excavaciones que por fin se iniciaron en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín? Lo que nadie ha dicho y lo que nadie ha escrito: las inadecuadas manos a las que se afrontan unos restos óseos que son los principales testigos en la reconstrucción de una verdad histórica que, hasta el momento, poco tiene de lo primero y por lo fresco de sus entierros es difícil connotarla de lo último.

Existen episodios de la violencia en Colombia cuyo tratamiento debe estar en manos especializadas, independientes y sin vínculos gubernamentales con el fin de lograr una reconstrucción aproximada de los hechos. Con las exhumaciones, especialmente con las que adquirieron un carácter simbólico, ocurre lo mismo; este es el caso que no se cumple en el desentierro que se pretende en La Escombrera.

En ese sitio no se lleva a cabo una simple exhumación de restos sino que se está desenterrando una verdad. Los huesos que allí puedan encontrarse son los libros en los que está escrita la historia oculta de la violencia en Medellín y deben ser leídos por lectores de interés genuino. Para el caso concreto: por organismos no gubernamentales y sin fines de lucro que apliquen las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos.

El trabajo que se desarrolla en La Escombrera no corresponde solo a la recuperación física de los restos óseos, trabajo para el cual el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) puede estar calificado, sino que su fin último debe ser la identificación de los mismos. Esto requiere una estrategia de búsqueda de las personas desaparecidas de la Comuna 13, la cual solo aparece luego de una investigación preliminar.

De acuerdo con Gisela Ortiz y Oscar Loya, miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la investigación preliminar busca recopilar una información que pueda responder las preguntas básicas que se generan en una intervención forense: ¿cuántas víctimas hay en el sitio?, ¿quiénes eran esas víctimas?, ¿dónde están enterradas? y, principalmente, ¿qué pudo haberles   pasado? Por tal razón, el CTI o cualquier antropólogo forense de la Fiscalía son inadecuados para adelantar dicha investigación, así como para realizar la exhumación. Este organismo le obedece al Estado y, en el caso de La Escombrera, este es parte del conflicto; los 13 años de silencio que ha guardado frente al tema podrían ser un posible preludio de una manipulación de resultados.

En el 2010, esta situación se contempló por lo que la Alcaldía de Medellín, en cabeza entonces de Alonso Salazar, encargó a la Universidad de Antioquia la compleja investigación preliminar de los desaparecidos, no solo de La Escombrera, sino de toda la Comuna 13. Este sería un proyecto piloto para dar inicio a una estrategia de búsqueda de todos los desaparecidos en Medellín.

El Grupo de Investigación Estudios Biosociales del Cuerpo (Gienscuerpo), del Departamento de Antropología de la UdeA, dirigido por la antropóloga forense Timisay Monsalve, estuvo al frente de la extensa investigación. El equipo investigativo, conformado por antropólogos, sociólogos y periodistas, fue asesorado por los tres grupos especializados que −debido a la experiencia bélica de sus países− más experticia tenían: el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), el  Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Estas organizaciones internacionales también fueron contratadas por Salazar para emitir el informe Caso La Escombrera. Conceptos Técnicos por Forenses Internacionales, que no era otra cosa que las propuestas de exhumación e identificación que ofrecían estos organismos no gubernamentales y sin ánimo lucro para ayudar a la reparación, la no repetición y la no vulneración de las víctimas. Por parte de Colombia, a pesar de la existencia de Giebscuerpo y del Equipo Colombiano de Investigaciones Antropológico Forenses (Eciaf), entidades cuya prioridad es el respeto a la víctimas, al único ente al que se le permitió presentar propuesta fue a la Fiscalía.

Los conceptos se hicieron públicos el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010. En estos, las organizaciones internacionales reconocieron el trabajo que ya había adelantado el grupo de la Universidad de Antioquia y manifestaron la necesidad de continuar con su colaboración y de estrechar la relación con las víctimas que ya había establecido la Universidad. Sin embargo, la investigación preliminar que realizó la academia nunca fue publicada.

Los resultados nunca vieron la luz aunque fueron financiados con dineros públicos, tal vez porque en su contenido básicamente se enunciaba que la desaparición forzada era una práctica de Estado y que La Escombrera era tan solo la punta del iceberg del drama real que atormentaba a la Comuna 13; además, también se advertía la necesidad, la urgencia, de frenar el arrojo de escombros en el lugar. Estos argumentos no los emitía un particular: era un grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Antioquia el que hablaba y era la Alcaldía la que pagaba por ser acusada.

Desde entonces, cinco años después, poco se conoce de quienes adelantaron la investigación preliminar en la que se sustenta la exhumación que allí se está realizando. Freddy Pechereli, miembro de la FAFG, manifiesta que una exhumación no tiene sentido cuando no se sabe a quién se busca, pues toda identificación parte de una comparación; de allí la importancia de estrechar la relación con las víctimas. En general, para las tres organizaciones internacionales, acostumbradas a trabajar bajo la presión de los gobiernos, sus aparatos militares y precarias condiciones de seguridad, más que el hallazgo de restos, su fin es el del esclarecimiento de la verdad y el revestimiento de poder a las víctimas para generar bases reales que garanticen una no repetición.

Este objetivo está bastante alejado de las manos del CTI, que hoy interviene en la exhumación de La Escombrera, y del consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín, Jorge Mejía Martínez. De lo contrario, no hubiera ocurrido el espectáculo del pasado 3 de septiembre, en la que se hizo público el “hallazgo” de unos restos y un ropaje, pero de los que no se podía dar información debido a que aún se desconocía si la osamenta pertenecía a humanos o a animales.

Cualquier antropólogo que haya tenido un mínimo acercamiento a estructuras óseas sabe que la diferencia entre este tipo de huesos es enorme, a no ser que se trate de chimpancés, y La Escombrera no es un sitio en el que prime esta especie.

Así mismo, se violó el acuerdo establecido con las víctimas en el que se les prometió que serían las primeras en saber si un resto óseo aparecía. El “hallazgo” ya era viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y las víctimas, que tienen campamento en la excavación y que en grupos de diez en diez van rotando para tener presencia permanente en La Escombrera, no tenían idea de que un hueso, tal vez de humano, tal vez de un perro, había sido encontrado: otra burla más obligadas a soportar. Emitieron un comunicado manifestando su enojo,  pero este no tuvo eco.

Esto es lo que ocurre cuando la ciencia forense no está al servicio de los derechos humanos sino del Gobierno. El personal del CTI no es adecuado para la exhumación precisamente porque sus jefes gubernamentales podrían estar comprometidos en el delito.

Lastimosamente, en el desentierro de La Escombrera se puede estar enterrando una verdad. Aceptar que el CTI sea el encargado de la exhumación de restos en la Comuna 13 es como aceptar que la memoria histórica de un país sea narrada por su Ministerio de Comunicaciones.

Informe publicado en la edición 75 de De La Urbe