La ley del Fútbol, otra ley inaplicada

La Ley del Fútbol sería la encargada de erradicar la violencia en torno al deporte en Colombia, a cuatro años de su aparición, poco ha cambiado.

Por Juan Camilo Álvarez Lema

“No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”. Tal vez inspirados en esas palabras de Eduardo Galeano se tome una de las medidas que más se frecuentan en Colombia con el argumento de erradicar la violencia en torno al fútbol.

 

Medellin -Once Caldas - Paisa Deportes

Fotos @paisadeportes

 

El sábado pasado los únicos gritos que se escuchaban en el partido entre Medellín y Once Caldas provenían de los bancos y de una que otra cabina de prensa o del palco oficial, porque en las tribunas no había nadie. Esto porque durante y después de la más reciente final del fútbol colombiano, entre Medellín y Cali, se presentaron algunos incidentes en las inmediaciones de la Unidad Deportiva.

Enfrentamientos entre los mismos hinchas y confrontaciones entre aficionados y la Fuerza Pública dejaron como registro oficial 65 heridos y 21 detenidos. La Policía también informó que todos los retenidos fueron individualizados por agresión a servidor público, porte de armas y estupefacientes. Pero ninguno fue judicializado.

Lo que dice el papel

El 24 de mayo de 2011 el presidente, Juan Manuel Santos, firmó la Ley 1445, Ley del Fútbol o del Deporte. En esa ocasión el presidente la presentó como una serie de medidas que “apuntan a la paz en los escenarios deportivos”, porque de esta se destacan las disposiciones concernientes a la seguridad y convivencia en el deporte, las cuales, en palabras del mismo Santos, obligarían los “vándalos” a “pensar dos veces antes de perturbar el desarrollo de una competencia”.

La ley reglamenta el deporte profesional modificando la 181 de 1995, que regulaba con menos detalles y diferentes disposiciones los mismos aspectos. Inicialmente se refiere al manejo financiero de los clubes y los obliga a convertirse en corporaciones deportivas o sociedades anónimas, permitiendo conocer de dónde proviene el dinero que ingresa. También estipula que ninguna persona pueda tener más de un club en el mismo deporte y dicta medidas para evitar el incumplimiento de pago a los deportistas.

En cuanto a la vigilancia y control de los asistentes a los eventos deportivos y aficionados en general, contempla que la responsabilidad es compartida entre el club deportivo y las autoridades pertinentes, y fija sanciones específicas para quien cometa conductas contravencionales, aclarando que si el infractor es menor de edad, se iniciará un proceso de pérdida de custodia a quien ostente la patria potestad.

Establece que quien con ocasión al evento deportivo y sin importar el lugar: esté armado, tenga estupefacientes, violente o incite a violentar a un miembro de fuerza pública, invada el terreno o desobedezca las normas establecidas en el escenario deportivo, incurrirá en multa de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre seis meses y tres años.

Además, contempla multas de entre 20 y 100 salarios mínimos y prohibición de ingreso a escenarios deportivos de entre dos y cinco años a quién cometa en las mismas circunstancias una agresión física o daño a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial; y de uno a veinte salarios mínimos y prohibición de ingreso de uno a tres años a quien reincida en agresiones verbales.

La sanción más drástica que contempla la ley es para quien lance, emplee o envíe sustancias u objetos peligrosos, pues incurrirá en prisión de uno a cinco años y, si es con fines terroristas, tendrá que pagar una multa de entre 100 y 500 salarios mínimos y será condenado a entre cinco y diez años de cárcel.

La violencia en torno al fútbol era un tema que ya había pasado por el Congreso. En 2009, mediante la Ley 1270 se creó la Comisión Nacional para la Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que procuraba prevenir y contrarrestar comportamientos violentos en torno al deporte.

La 1445 fue sancionada casi dos meses antes de que se realizara el Mundial sub-20 en el país, por esos días se hablaba mucho del comportamiento que debían tener los asistentes a los estadios y de las remodelaciones en los escenarios, entre las que se destacaba la implementación de silletería en todas las tribunas y la eliminación de las mallas que separaban las tribunas y la cancha.

Policía

Foto: Cultura DIM

Un efecto placebo temporal

Hace más de cuatro años que la ley entró en vigencia, pero aún no ha llegado a su plena aplicación. Para el abogado Juan Camilo Palacio es muy poco probable que algún día llegue a ser aplicada en su totalidad. Piensa que esta ley es un ejemplo más de cómo el Estado crea la percepción de que está actuando en un problema que no se ataca de raíz.

Palacio cuenta que el problema de la violencia en torno al fútbol empezó a tratarse mediante una serie campañas educativas que fueron ineficaces y cuando el Gobierno vio el fracaso, actuó sacando la ley para que la gente se tranquilizara y creyera que el problema estaba resuelto. Sin embargo, dice el abogado, cuando no se aplica la norma, vuelve la preocupación ciudadana. Citando Mauricio García Villegas, Palacio le llama a este fenómeno “eficacia simbólica”.

Complementando esta idea llega lo que él llama, esta vez citando a Andrés Botero, el “síndrome normativo”, que consiste en “perfeccionar el problema y llevarlo a un punto en específico para nada”. En este caso empieza con una ley nacional y posteriores decretos expedidos por Coldeportes y la Presidencia.

Por el mismo camino va el Concejal de Medellín Santiago Martínez, ya que considera la ley un “canto político en el que una persona le muestra los problemas a un político y él sólo responde: ‘es que la ley ya está‘”.

No hay condiciones, pero tampoco se propician

El concejal Martínez también piensa que la ley ha sido inoperante, como muchas otras, porque antes de escribirla no se contempló si existía la estructura y la logística necesaria para su aplicación. Para él, la ley ayuda al reconocer que hay un problema, pero no era necesaria porque en las mismas situaciones se podría aplicar leyes preexistentes: “Una agresión es una agresión, sin importar que uno haya agredido al otro porque tenía una camiseta del Nacional o del Medellín, ese es un delito penal y como tal tiene que ser juzgado”, dice Martínez.

Para la total aplicación de la ley “sería necesario que haya un policía al lado de cada persona”, sostiene Palacio, refiriendose a que la ley contempla sanciones de trabajo social comunitario para quienes incurran en agresiones verbales, y en caso de reincidencia, el castigo sería una multa económica y veto de ingreso a escenarios deportivos. “Contemplar conductas como insultar a alguien sería evaluado como un momento no racional, por ser un momento de euforia, por lo que no hay dolo, y tampoco se consideraría como una actitud lesiva, porque no es comprobable que se vulnere lo que está protegiendo el Estado, en este caso la otra persona”, dice Palacio.

Los clubes también son responsables de la seguridad en el estadio. En coordinación con la Policía, son los encargados de la logística y la protección de los alrededores del escenario y del equipo visitante. Durante los partidos se organiza un Puesto de Mando Unificado.

Hernán Restrepo, Abogado del Independiente Medellín, piensa que la ley se ha aplicado poco porque “se necesitan más mecanismos de control y vigilancia, más prueba técnica, no testimonial. Es muy difícil conseguir tres testigos por cada muchacho que corrió y hay que hacerle un proceso a cada uno”.

Restrepo cuenta que ha habido casos de personas a quienes les han seguido procesos por daño en bien ajeno, pero como ese es un delito reparable lo judicializan y luego de una indemnización el delito finaliza y cuando quiera puede volver al estadio.

Pero si una de las sanciones contempladas es la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, ¿por qué puede volver? Fácil, hasta hoy no se registra la identidad de quienes ingresan al estadio. Ante esto, Andrés Arboleda, jefe de seguridad del Atlético Nacional, indicó que el 17 de julio se concederá una licitación para que el ganador instale en todas las puertas del estadio cámaras con reconocimiento facial o control biométrico que emiten una alerta si alguien que pretende ingresar está en “la lista negra”.

En el 2013 el entonces secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez, dijo que para marzo de 2014 se esperaba que estuviera en funcionamiento un sistema de identificación visual y dactilar. Cuando empiece a funcionar el control biométrico los mismos clubes tendrán que carnetizar e implementar nuevas bases de datos. Por ahora, si bien los clubes tienen datos con información de sus abonados, por la ley de Habeas Data no pueden utilizarlas porque es información se registra solo con fines comerciales.

Foto: Cultura DIM

Foto: Cultura DIM

Esos controles siguen pendientes y entretanto el manejo de lo que ocurre en el estadio recae sobre varias entidades que elaboran planes para reaccionar en casos de emergencia. Pero antes de cada partido es el Comité Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, es el que establece las condiciones y sanciones.

Arboleda sostiene que la posición de los clubes es en contra de que se sancione colectivamente, porque los actos son cometidos por individuos. Por lo que son consideradas como injustas las sanciones que terminan castigando a quienes no han cometido los actos. Además, queda en entredicho la resocialización de la sanción, pues a pesar de la cantidad suspensiones, se siguen presentando los mismos actos de violencia y los perjudicados terminan siendo los clubes y los hinchas no contraventores.

¿Es suficiente la educación y el control?

Goles en paz fue un proyecto surgido a finales de la década de los 90 con la intención de disminuir los índices de violencia en las barras populares de Bogotá, mediante capacitaciones a sus integrantes, principalmente jóvenes.

Monseñor Alirio López, uno de los líderes del proyecto durante más de siete años, piensa que la mejor forma de erradicar la violencia es una mezcla entre educación y mano dura. López cuenta que, mientras estuvo al frente del programa, se lograron avances significativos como sentar a los líderes de las barras a acordar pactos de no agresión.

Para López es fundamental iniciar procesos que inculquen respeto desde pequeños porque, como muchos otros, piensa que las conductas en los estadios son un reflejo de lo que pasa en las casas y en los barrios. Todo esto acompañado de sanciones ejemplares para quienes cometan infracciones graves a las normas.

“El tema del barrismo, como el del control territorial, como el del pandillismo delincuencial, no puede tratarse desde una visión política. El tema obedece a una política pública a la que cada administración debe darle continuidad a todos los procesos del pasado”, resalta López sin dejar de enfatizar en que el compromiso es de todos.

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