Tres lustros y un destino errante

Tras presenciar un asesinato cometido por la guerrilla, María* tuvo que irse del lugar presionada por los mismos guerrilleros, los paramilitares y por miembros del Ejército.

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Después de presenciar el asesinato de un policía, cometido por las Farc, María* fue presionada y desplazada de su vivienda. Ya van 15 años del hecho y no ha sido reparada. Foto: Cortesía.

Por: Juan Diego Posada Posada**
jdposadap@hotmail.com

El 20 de octubre del 2000, María Quintero*, líder social y trabajadora del Instituto de Bienestar Familiar se trasladaba por una de las veredas de un municipio cercano a Medellín, donde residía. Ese día presenció un asesinato del cual fue la única testigo y que le costó la salida de su lugar natal.

María trabajaba en un programa de acompañamiento a familias gestantes que decidían recurrir a Bienestar Familiar para mantener un control sobre los niños. Entre estas familias se encontraba la de Jhon*, policía y beneficiario del proyecto, quien esperaba la llegada de la funcionaria con los papeles de la custodia de su hija, que esperaba obtener debido a los problemas de drogadicción de la madre de la menor.

En el momento en que la trabajadora social se disponía a conversar con Jhon, la guerrilla atacó el puesto de Policía y asesinó al uniformado. Así empezó el calvario de María quien presenció el hecho.  La guerrilla le dijo: “usted es buena gente. Váyase”, no sin antes advertirle que conocían todas sus rutas y a su familia. No tuvo otra opción que irse del lugar.

María llegó a una casa donde en algún momento habían participado en el programa de Bienestar Familiar a buscar resguardo. “Entré. Estaba en shock. Al rato llegó por mí el Ejército y me llevó esposada”, comenta.

Los soldados la llevaron al lugar de los hechos y la cuestionaron sobre la muerte del policía. “Me cogían del cabello y me tiraban sobre el cuerpo del muchacho muerto preguntándome que cuánto me habían pagado por el asesinato”, relata María.

Mientras el Ejército la interrogaba, un grupo de guerrilleros se acercó al lugar iniciando un hostigamiento en el cual no hubo heridos. Aunque sí un constante grito de “agáchese guerrillera que la van a matar”, por parte de algunos soldados. María recuerda que estaba acostada en el piso pensando en las balas que le pasaban por encima.

Después del enfrentamiento, el CTI arribó al lugar donde realizó el levantamiento del cadáver y posteriormente fueron realizadas las citaciones a declaración, en las cuales, ella era la única señalada.

En los días siguientes la familia Quintero recibió mensajes, esta vez de los paramilitares, advirtiendo la búsqueda de María por la muerte del policía y señalándola como una guerrillera. Así continuó, hasta que ocho días después del asesinato, la presión hizo que, por razones de seguridad, dejara su pueblo.

En un intento por buscar ayuda, María recurrió a su empleador (Bienestar Familiar) y a la Personería de su municipio donde le dieron negativas para la protección, a lo sumo, una carta de agradecimiento por los servicios prestados, lo que terminó acelerando el destierro.

El resto de su familia (padres y hermano), debido a los constantes hostigamientos con mensajes amenazantes, un mes después del 20 de octubre de ese año, dejaron el pueblo y se fueron a Medellín, donde María apenas empezaba una vida.

La llegada a Medellín representó un nuevo estilo de vida para ella, quien de inmediato intentó vincularse en la vida laboral. Para ello, le tocó desde vender crispetas en las épocas navideñas, hasta hacer aseo en las casas de familia o vender almuerzos en La Minorista. Desde su llegada, ha tratado de reconstruir la vida que aún extraña.

Aunque su vida ya estaba en la ciudad, aún debía responder por las citaciones a declaración que se hicieron efectivas entre finales de 2000 y principios de 2001. “Me recibieron declaración en el Batallón Juan del Corral de la Cuarta Brigada, entre diciembre y enero. El fiscal me maltrató. Me decía ‘usted a mí no me va a convencer’ y me mostraba las fotos de la persona muerta”, cuenta María, quien tras tres audiencias, con el peso de ser la única testigo, demostró su inocencia.

“No inicié proceso porque me dijeron que ‘la vida vale más’. El Estado me debe reparar, porque son 15 años que he pasado de todo, anhelo reconstruir lo que perdí”, responde María.

Para Byron Muñoz, trabajador social y asistente en el caso de víctimas, la realidad no “obedece” al sistema en que funciona. Muñoz explica que las víctimas deben acercarse a las instituciones  para iniciar sus procesos, pues el Estado, desafortunadamente, no toca la puerta de cada una, aunque así debería ser.

Es entendible cuando las personas tienen miedo de recordar, además de que aún se sienten perseguidos. “Por desconocimiento, muchas víctimas aún no se reconocen o no quieren ser reconocidas, por el miedo que eso les evoca”, asegura Muñoz.

Después de 15 años fuera de su tierra, María sigue con su vida y espera en algún momento poder ser reparada por el Estado. Hoy trabaja en pro de su comunidad para lograr un “mundo diferente” que, según ella, quiere dejarle a su hija.

*Nombre modificado a petición de la fuente.
**Alumno de Periodismo III (Judicial)