Atentado a ‘El Pájaro’, un voluminoso monumento a la injusticia

El 10 de junio  de 1995 una bomba dejó 22  muertos y 100 lesionados en el Parque San Antonio. No hay responsables y el expediente duerme “el sueño de los justos”.

Por Cristian Álvarez* (valzoid@hotmail.com)
Tras el atentado, las autoridades realizaron varias detenciones. Sin embargo, el caso sigue estancado y no hay responsables intelectuales ni materiales. Foto: Cristian Álvarez.

Tras el atentado, las autoridades realizaron varias detenciones. Sin embargo, el caso sigue estancado y no hay responsables intelectuales ni materiales. Foto: Cristian Álvarez.

Casi 20 años que han pasado desde la explosión en el parque de San Antonio en Medellín. Específicamente debajo de la escultura El Pájaro, del artista Fernando Botero. Ese 10 de junio  de 1995, a las 9:20 de la noche, una bomba dejó 22  muertos y 100 lesionados. La mayoría de los afectados eran personas humildes, transeúntes y vendedores informales reunidos mientras disfrutaban del evento Cartagena soy yo.

Minutos antes de la explosión, las autoridades capturaron a un adolescente, quien portaba cuatro frascos de Nescafé con pólvora y metralla. El joven  indicó que los frascos se los entregó alias “Pelusa”. Media hora después de la detención, estalló la bomba. Posterior al consejo de seguridad, realizado en la ciudad por los mandos militares y de Policía, de aquel entonces, los medios informaron sobre la captura de cinco sospechosos.

Según un investigador de Corpades (quien trabajó en este caso), y prefirió omitir su nombre, el hecho fue cometido por el Cartel de Cali. “Específicamente por ‘Chepe’ Santacruz, ya que él, gracias a la alianza con otro capo Élmer ‘Pacho’ Herrera, tenía poder y contactos con la delincuencia de Medellín. Él decidió seguirle dando guerra al Estado por lo de la extradición, así fuera con bombas”, acota el investigador.

Las notas periodísticas ratificaban esta teoría. El 14 de junio de ese año, Caracol Radio confirmó que la principal sindicación daba cuenta de que las Milicias Bolivarianas de las Farc habrían realizado el ataque por contrato para narcotraficantes. “Información confirmada por Caracol establece que grupos de traficantes del norte del Valle o de Medellín habrían operado como autores intelectuales del atentado”, anunció la emisora.

¿Los responsables?

La bomba, fue considerada como una retaliación del Cartel de Cali por la captura de Miguel Rodríguez Orejuela. Esta “venganza” fue planeada, según la Policía, por Henry Loaiza Ceballos, alias “el Alacrán”. Según Rosso José Serrano, comandante General de la Policía de ese entonces, el análisis de voz de la llamada anónima realizada a un noticiero nacional donde “una gente del Valle” se atribuía el hecho, coincidía un 60 por ciento con la voz de “el Alacrán”. Loaiza Ceballos siempre negó esta acusación, además de nunca haber sido ni juzgado ni condenado por esta acción.

El día de la bomba fueron arrestados seis hombres y una mujer (identificada como Gloria Estela Quiroz Cano) en el occidente de Medellín. Todos, según las autoridades, sospechosos de la explosión del parque San Antonio. “Las autoridades capturaron a Omar Darío David López y Daniel David Ariza a quienes les decomisaron material explosivo. La Dijín reseñó a Elkin Augusto Ramírez Duque y William David Higuita. Actualmente permanecen detenidos López, Ariza y Omar Erley Jaramillo Martínez, también apresado tras las operaciones policiales”, informaba el diario El Tiempo, en su publicación del 29 de julio de 1995. Sin embargo, estas aprehensiones no dejaron satisfecho al investigador de Corpades.

“Era una época llena de falsos judiciales. Es decir, acusaciones en las que se señalaba a cualquier parroquiano con tal de decir que la Policía estaba dando resultados… Esos detenidos de la bomba eran gente humilde, del  barrio 13 de noviembre, que les tocó pagar el pato, y los capturaron sin mostrarlos a los medios. Cuando los trajeron a reseñar, decían ‘vea, ahí llegaron los asesinos de los negros’. Es más, a la señora Ana Oquendo, la recuerdo porque esa señora duró como un año detenida sin pruebas  y luego salió limpia, ¿pero qué pasó? La señora en la cárcel cogió como una necrosis que se le fue comiendo el cuerpo desde los pies hacia arriba”, detalla el investigador.

Para Jairo Calle Coneo, periodista de Caracol Radio, quien cubrió la tragedia, nunca hubo claridad en las investigaciones judiciales.  “Desafortunadamente en este país, la cadena de hechos hace que todo caiga en el olvido y nunca haya respuestas. No había terminado de ocurrir un hecho y ya se venía el otro encima. Entonces ya se estaban desechando las cosas y eso quedaba como así…Sin saberse nada. Entonces, por eso para el Estado no hubo interés en mostrar a los verdaderos responsables, sino que fue un hecho más en una ciudad que estaba acostumbrada a las bombas y los ataques demenciales con cantidad de muertos y de heridos. Esa bomba se convirtió un atentado paisaje, un hecho más de una violencia que nos volvió indolentes”.

La segunda hipótesis manejada fue que la Coordinadora Guerrillera, conformada principalmente por el Eln y las Farc, cometió este atentado como protesta a la malversación del erario al comprar la obra El Pájaro al artista antioqueño Fernando Botero, por un costo de 800 mil dólares. Rodrigo Martínez, reportero de El Colombiano, recuerda la amenaza latente que circulaba por la ciudad.

“Se preveía un atentado en Medellín por parte de la guerrilla, por los golpes que le estaba dando el ministro de defensa Fernando Botero Zea. Una de las formas de desquitarse de las milicias del Eln, fue destruir El Pájaro (obra realizada por el padre de Botero Zea), pero lo hicieron en la hora menos apropiada, pues la plaza estaba llena porque había un evento. Lo de la autoría del Cartel de Cali, se descartó por el modo de actuar (modus operandi del atentado) y otras situaciones… Para mí, se quería golpear al hijo del maestro Botero”, indica Martínez.

Pero Calle, asegura que la teoría de que fue un atentado de la guerrilla no es satisfactoria. “No se sabe si el comunicado de la guerrilla, donde se atribuyen el crimen, es real o es apócrifo, o si se hizo para despistar las investigaciones”. También recuerda cómo era el ambiente que se respiraba antes del crimen. “Había una relativa calma, por eso cuando ocurre el atentado se crea una confusión, muchas versiones… Se especulaba de las guerrillas y del Cartel de Cali, incluso de la guerra de los extraditables contra el Estado. La confusión fue tan grande que incluso hoy no sé qué fue lo que pasó”.

Igual repaso realiza el investigador de Corpades: “Es que Medellín en ese tiempo era un  escenario complicadísimo: no había presupuesto para seguridad, no había personal, no había fuerza de reacción. Aunque la guerra de los carteles se había acabado, en las comunas había otra guerra igual de fuerte. Ahí ganaba el combo que mostrara más plata, más fuerza y más ganas de matar”.

Martínez, recuerda que también cobró fuerza la suposición de que las autodefensas querían demostrar su presencia y su capacidad bélica a través de un hecho violento. Días después de la explosión, en los medios nacionales, y despejando rumores que lo relacionaran, Fidel Castaño negó su autoría material o intelectual en los atentados de Medellín y aseguró que “no tienen ahora ninguna alianza con los narcotraficantes”. El 5 de julio, el Eln, descartó también su participación en estos hechos y atribuyó “el genocidio del parque de San Antonio” a Carlos Castaño Gil y a “el Alacrán”.

“No obstante, lo extraño es que no se sabe con certeza si fue el Eln, ni los narcotraficantes, ni las bandas delincuenciales, ni los paras…. ¿Entonces quién  hizo el atentado?”, pregunta Martínez.

Expediente sin rumbo

Desde la creación de este artículo, se inquirió por el paradero del expediente. Pero en las instancias gubernamentales nadie sabe nada. En el Despacho de Instrucción Criminal, del Palacio de Justicia de Medellín, no hay ningún dato. Las funcionarias de esta sección, indicaron que tal documentación  había sido remitida  o al archivo del Comando de la Policía Metropolitana, o al Sistema de Información de Antecedentes y Notaciones (Sian), en el búnker de la Fiscalía en Medellín.

En el Comando de la Policía Metropolitana, el subcomisario Albeiro Estrada, encargado del archivo, informó que toda la documentación referida a procesos judiciales estaba diseminada por las diferentes estaciones de policía y la Sijin.  Y en la Fiscalía, la coordinadora de admisiones y tráfico de procesos Juliana Arcila, advirtió que desconocía el paradero del proceso. Señaló que la única forma de revisar la ubicación del expediente era enviando un oficio el cual podrían contestar hasta en 15 días hábiles.

Hallarlo es necesario para esclarecer la responsabilidad del Estado en este suceso, pues muchas voces señalan que falló la seguridad adscrita al evento. Calle puntualiza que la vigilancia encargada de la actividad, el día de la explosión, (compuesta por 20 auxiliares bachilleres y un sargento adscritos a la Policía Nacional), era un acompañamiento mínimo. “Y más teniendo en cuenta que el parque estaba atiborrado de personas. Era un punto de encuentro de las negritudes en la ciudad. La atención no fue suficiente, máxime cuando a media cuadra estaba el Comando de Policía Metropolitana, la Policía se confió, estaban con la guardia baja”.

Las víctimas sufrieron una triple tragedia. Pues  hasta el día de hoy no han  accedido ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación. “Los afectados eran gentes pobrísimas que llegaban aquí en busca de trabajo y mejores condiciones. Para ellos no hubo acompañamiento de nadie, ni ONG, ni nada, para hacerles saber cómo valer sus derechos. Fueron víctimas abandonadas. Y hay que sumar que no hay investigaciones, no hay proceso, no hay reclamos, no hay memoria de lo que pasó”, señala Calle.

EL 14 de junio de 1996, Caracol Radio informó que “la Fiscalía regional concedió libertad a José Arcelio Mosquera, vinculado al atentado del parque de San Antonio, e investigado por la conformación de grupos ilegales armados. En las averiguaciones de la Fiscalía sobre este caso, se detuvo a Blanca Nubia Restrepo, Ana Balbina Oquendo, Robeiro Torres Torres, Nelson de Jesús Maldonado,  Duvan Alberto Alarcón, y Ramón, alias “Poveda”, todos sindicados  por la conformación de grupos ilegales armados. Advierte la Fiscalía que no descarta la participación de los detenidos en el atentado, pero al no existir pruebas contundentes se ha abstenido de dictar medida alguna por esa indicación”.

*Alumno de Periodismo III (Judicial).

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