Occidente: tierra de oro, tierra de conflictos

Este análisis hace parte de la multimedia titulada “Tierra de oro: tierra de conflictos”. Vea el trabajo completo mediante este  enlace o el vínculo gráfico al final.

Por Estudiante Taller de Medios IV

Buriticá se convirtió en el epicentro del conflicto minero en Antioquia. Zonas de conflictividad “tradicional” ligada a la actividad minera, como el municipio de Segovia en el Nordeste Antioqueño, parecen haber pasado a segundo plano tras los acontecimientos que han tenido lugar en el municipio desde el 2013. Aunque la problemática ha sido presentada por las autoridades nacionales, departamentales y locales como de orden público, se puede dar cuenta de un problema más complejo que pasa por el modelo económico del país, la posición frente a la extracción y el aprovechamiento de los recursos naturales, las concepciones de soberanía que se tejen en las facilidades y barreras que se imponen selectivamente a unos y otros actores y en los choques culturales que implican los cambios de vocación económica, y con ello, de prácticas sociales.

La informalidad y la soberana cuestión de la soberanía

El principal punto de quiebre en esta problemática son las constantes intervenciones que hace la Policía Nacional en algunas zonas del municipio para desalojar a los mineros que ejercen la minería de hecho (es decir, sin título), y que son considerados por el Estado como ilegales. Esta condición de ilegalidad da pie para que su labor sea interrumpida constantemente, ya sea por orden de la administración municipal, o de la Continental Gold, que es quien extrae de forma reglamentada.

“Las economías informales hacen referencia a las actividades productivas que contribuyen al Producto Interno Bruto de un país, pero son desarrolladas por firmas, trabajadores o individuos que evaden el pago de impuestos y demás contribuciones que permiten su registro y control”, según los profesores Jorge Giraldo y Juan Carlos Muñoz, de la Universidad Eafit. Es decir, haciendo relación con el caso concreto de Buriticá, los mineros que están desarrollando su labor obviando las cuotas que por ley deben aportarse al Estado, al menos en teoría, son los informales.

Pero esto tiene unas causas que también son señaladas claramente por los autores. Para ellos son tres: la incapacidad que padece el Estado para vigilar y controlar todas las actividades económicas, los costos de entrada a las economías formales y lo que ellos llaman “la informalidad intrínseca a la cultura” que se explica por la descreencia que tienen algunas personas o comunidades frente a la figura del Estado.

Sin embargo, a pesar de que estas personas cumplen con los criterios definidos por los autores para ubicarse en el marco de la economía informal, en la realidad, son tratados como ilegales, y esto se explica desde la Ley 1382 de 2010, o Código de Minas, que los criminaliza.  Esta ilegalización impide un tratamiento integral de la problemática por parte del Estado, y lo limita a la represión de actividades económicas informales.

En Buriticá, son principalmente dos las dinámicas que generan la informalidad en la explotación del oro. La primera es la que se refiere a la imposibilidad del Estado de controlar la economía de la región. El Occidente es la región con los más altos niveles de pobreza en Antioquia por sus pocos recursos –tanto humanos como de infraestructura– para la atención en salud y el desarrollo educativo. Además, Buriticá es un municipio en el que el Estado ofrece muy pocas alternativas de ocupación.

Y por si fuera poco, ahora que hay un boom de exploración y explotación de oro, las políticas que regulan esta actividad en lugar de fortalecer la mano interventora del Estado, opta por ceder el control de la explotación de los recursos a empresas las extranjeras como la Continental Gold. Esta legitimidad política que recibió la empresa desde que se le otorgó el título minero dejó por fuera la posibilidad de que las pocas personas que ejercían la minería de forma tradicional en el municipio se quedaran sin la posibilidad de seguir haciéndolo, por lo menos de manera legal.

A esto le sumamos que en las montañas donde la Continental emplazó sus máquinas ya no estaban solamente los mineros tradicionales nacidos allí sino que también se empezaron a instalar personas llegadas de los municipios vecinos y de otras regiones del departamento donde el oro ha sido más trabajado, lo que resulta es una amalgama de intereses alrededor de los recursos naturales que van desde la necesidad de alimentarse hasta los deseos de riqueza. Todo eso mediado por la autoridad, que en este caso está asociada tanto al título minero de la Continental, como a la ley que la respalda.

La segunda causa son los altos costos que tiene el proceso de formalización para los pequeños mineros. Esto genera informalidad, sobre todo, en el caso de las personas que tradicionalmente han explotado algunas bocaminas y no cuentan con la capacidad económica suficiente para solventar los requisitos de formalización. A esto se le suman las limitaciones que pone la ley para que se lleve a cabo el proceso. Según Giovanni Caro, director de fiscalización de la secretaría de Minas del departamento de Antioquia, hoy únicamente pueden entrar a la legalidad los mineros que iniciaron el proceso de formalización con la ley 1382 de 2010. Quienes no estén, ya no tienen esa posibilidad. Pero entonces, ¿queda alguna alternativa? Sí. La solución es pedirle permiso a las multinacionales.

A principios de mayo de 2014, siete organizaciones de pequeños mineros se formalizaron para explotar en predios del título de la Continental Gold. Esta iniciativa, que arropa aproximadamente a 300 mineros, busca generar condiciones de coexistencia con la empresa. Aún más, se da como forma de subcontrato, pues la formalización implica, si se quiere, una forma de tercerización dentro del título de la Continental. Los mineros ganan en garantías sociales y de seguridad, pero el problema de la soberanía sobre el territorio sigue irresuelto. El mensaje que se envía con estas soluciones salomónicas es que las personas que ejercen la minería lo pueden hacer legalmente, si y solo si, tienen el acompañamiento y asesoría de una empresa multinacional, y no en condiciones de autonomía.

Esta situación se define en gran medida por cómo se mueve la economía de la región. En palabras del profesor de la Universidad Eafit Adolfo Eslava, “en municipios pequeños la dinámica económica está íntimamente ligada con la dinámica política, van de la mano. Y cuando digo que van de la mano, me refiero a la inversión minera, o a que la dinámica minera está reflejada en la política. Algún concejal que representa mineros, el alcalde tiene que conversar con mineros, y cuando digo conversar puede ser amablemente o menos amigablemente”.

En Buriticá, que es un municipio con muy poca experiencia en la explotación del oro a gran escala, cuando la economía experimenta un cambio tan drástico, se generan dinámicas que determinan la forma en que se administra el poder. Por un lado está el Gobierno Nacional que es quien maneja los dineros generados por las regalías. Esto se convierte en muchas ocasiones en una herramienta para engrosar el caudal electoral en los territorios mineros. Otros de los actores son los políticos regionales que buscan su lugar en las cadenas explotación, bien sea estableciendo relaciones de ‘tú a tú’ con los mineros, o logrando beneficiarse por proyectos de inversión de regalías.

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