La extorsión: un parásito criminal en el Valle de Aburrá*

Empresarios, comerciantes, transportadores, contratistas, venteros informales, entre otros, son víctimas de la extorsión o ‘vacuna’.

Por la casa de Clara Vargas**, en el barrio Las Acacias, del municipio de Itagüí, los domingos pasan tres o cuatro jóvenes, entre los 16 y 20 años, tocando las puertas de las viviendas para solicitar una “colaboración” por la supuesta seguridad del sector. “Mientras unos cobran, otros vigilan las esquinas ‘campaneando’ que no aparezca la policía”, dice Clara con cierta desazón.

Ella expresa: “A veces en mi casa no tenemos plata para dar, pero cuando nos toca damos mil o dos mil pesos. A uno le da susto por la facha de esos muchachos y porque hace tres años mataron a un señor en su propio negocito porque no quiso pagar la ‘vacuna’, y eso generó mucho miedo en la gente del barrio”.

Los vecinos no saben a qué tienen derecho por ese “impuesto ilegal” que les cobran los combos del sector; sin embargo, Clara supone que es para que no les roben. “Me imagino que pagamos por una supuesta seguridad o tranquilidad”, dice esta habitante del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La Policía Nacional realizó en el 2013 una reunión con los habitantes de Las Acacias y les indicó un número al cual llamar para denunciar a las personas que les cobran ‘vacuna’; “pero a la gente le da miedo hablar”, sentencia Clara Vargas.

Hoy en día en Medellín y en el Valle de Aburrá son diversos los grupos ilegales y bandas delincuenciales dedicados a la extorsión o ‘vacuna’, como se le conoce popularmente. En este artículo no se publican cifras oficiales dado que el General José Ángel Mendoza Guzmán, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, no respondió un oficio, y el Secretario Vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez, tampoco respondió a un correo electrónico.

Según el documento La extorsión: un secreto a voces, de la Fundación País Libre, “La extorsión está formando parte de la vida cotidiana, de comerciantes, profesores, transportadores, agricultores, ingenieros, etc. En diferentes regiones del país, se “sabe” que barrios o zonas enteras pagan periódicamente la ‘vacuna’ o el ‘boleteo’ a grupos armados y a bandas de delincuencia común, las actualmente llamadas bandas criminales”.

Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explica: “Hay delitos que parecieran no impactar, pero digamos que se masifican. Uno de ellos es la llamada extorsión que se divide en: la ‘microextorsión’ (conocida como la ‘vacuna’) que es la del diario, la de los cinco mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, cincuenta mil pesos y así cierta cifra; y la extorsión [en cifras millonarias] que mucha gente paga y no lo reconoce”.

En este argumento coincide el concejal de Medellín Juan Felipe Campuzano Zuluaga, quien opina: “La extorsión es un delito de alto impacto y en Medellín nos hemos acostumbrado a alimentar unas mafias voraces de criminales. El crimen se industrializó en Medellín y uno de sus ingresos es la extorsión. Mientras esas organizaciones no sean desmanteladas, el delito se mantendrá. Esas mismas organizaciones distribuyen la droga, asesinan y roban vehículos, celulares y relojes; en general, no hay un nicho del crimen dedicado a la extorsión, la extorsión es un nicho de la industria criminal de Medellín”.

Al otro lado de la ciudad, Aldemar Pérez** montó un negocio en el sector de Boyacá Las Brisas, noroccidente de Medellín. A finales de 2013 llegaron tres jóvenes a su negocio, entre los 16 y los 20 años de edad, a decirle que debía pagar ‘vacuna’ con el fin de brindarle seguridad. “Les dije que el negocio estaba muy duro para darles ‘vacuna’. Ellos insistieron y pedían 100 mil pesos mensuales, pero recateamos y se bajó a 50 mil pesos”. Aldemar no realizó el pago inmediatamente, de ahí que los delincuentes empezaron a atracarlo “con fierro en mano” hasta dos veces por semana, para que cediera a esa presión ilegal. “A los días volvieron los tipos y me dijeron: ‘¡Vea que es mejor que colabore!, que a usted ya lo atracaron’. Entonces después de eso empecé a pagar”. Así pues, al negocio de Aldemar cada mes llegan jóvenes diferentes a cobrar la extorsión. “Generalmente llegan hasta el mostrador y dicen: ‘Me mandaron a cobrar”. No se identifican de qué combo son, no tienen una hora o día fijo y siempre cambian de cobradores; pero entre los comerciantes de la zona se dice que son de Los Mondongueros”, expresa con un tono de desaliento Aldemar, quien reconoce que ya son varios los comerciantes afectados por las extorsiones.

En esa parte de la ciudad, la Policía también se ha reunido con vecinos y comerciantes invitando a denunciar este tipo de actividades ilegales. “Cuando hay denuncias mandan a algunos policías; pero al poco tiempo desaparecen o se ven de vez en cuando. Además, desde que estamos pagando ‘vacuna’ no volvieron a atracar”, comenta Aldemar.

Frente al tema de las denuncias, Luis Fernando Quijano, quien constantemente denuncia crímenes del Área Metropolitana, reacciona así: “Denunciar ¿qué es?, ¿a qué y con quién? Siempre he invitado públicamente que si no sabe denunciar, mejor no lo haga. Le voy a dar un caso: recientemente asesinaron a una persona y hay serios indicios de que esa persona hizo una llamada a un cuadrante de la Policía porque estaban vendiendo y fabricando cigarrillos de marihuana en una casa aledaña. Desde ese lugar llamaron al grupo y ahí mismo lo mataron. Por eso digo: si no sabe denunciar, no lo haga. Es muy importante porque eso es arriesgarse”.

Federico Gutiérrez Zuluaga fue concejal y aspirante a la Alcaldía de Medellín, actualmente se desempeña como consultor en seguridad urbana integral. Su concepto es que “el crimen organizado cada vez gana más terreno en la ciudad. Los criminales tienen una estructura financiera que no solo busca el microtráfico sino todo lo que tenga que ver con rentas ilegales: extorsión, juego ilegal, trata de personas, venta de armas, hurtos. De ahí que a mayor poder financiero, mayor poder militar”.

El exconcejal también sustenta que en Medellín se debe atacar cada delito según su naturaleza. “¡Hoy no se puede hablar de microextorsión, hay macroextorsión! Hoy prácticamente todo el mundo paga extorsión: conductores, gran parte de los contratistas de obra pública en Medellín tienen que pagar vacuna en diferentes barrios de la ciudad para que los dejen trabajar, ¡eso no tiene sentido! Es un tema muy complejo y si no se toman decisiones en el momento, obviamente el problema sigue creciendo”. Esta afirmación la refuerza Luis Fernando Quijano: “¿Por qué esta ciudad no dice que los constructores de cada edificación que construyen tienen que entregarle dos o tres apartamentos a cada grupo? ¡Esa es parte de la ‘vacuna’! Es un regalo para que los dejen trabajar”.

Juan Felipe Palau Ángel fue secretario de Gobierno en la administración del alcalde Alonso Salazar, entre febrero de 2010 y diciembre de 2011, y afrontó en ese periodo el tema de la seguridad en la Ciudad de la Eterna Primavera. A partir de su experiencia indica que “si bien en este momento la ciudad es insegura, ha reducido el número de homicidios porque se cometen otro tipo de delitos. Es decir, los problemas no se solucionan, se transforman. Cuando se controlan los homicidios y se le quitan rentas ilegales y poder a los grupos criminales, las bandas reaccionan para buscar nueva financiación. Ahí es donde aparecen la extorsión y el hurto común”, explica.

Modalidades

Corpades es una organización no gubernamental que monitorea el tema de la criminalidad en Medellín y el Valle de Aburrá. Con base en testimonios y en estudios que realizan, han detectado varias modalidades de extorsión, entre ellas las fábricas de licores del crimen, que surten de licor adulterado y de contrabando a diferentes negocios de la ciudad. “Por cada tres cajas de licor bueno que compra un comerciante, debe mostrarles la factura y comprar un 50 por ciento del alcohol ilegal, si no es que es todo el surtido”, explica Quijano Moreno. Y agrega el presidente de Corpades: “Hay otra modalidad en las urbanizaciones: le entregan al administrador paquetes de bolsas de basura y el administrador se encarga de entregarle a cada apartamento. ¡Esas bolsas son la ‘vacuna’! Mejor dicho, al administrador le dicen: ‘Vea, son 200 apartamentos, 200 paquetes de bolsas de basura’, o sea, ahí debe estar el pago”.

Para la Fundación País Libre, la extorsión es “un delito que está adquiriendo connotaciones de “normal”, de “costumbre”, no solo por lo frecuente sino por lo extendido en el territorio nacional: Es una aterradora práctica que busca, a través de la intimidación y el constreñimiento de la voluntad, obtener algún provecho ilícito que generalmente se traduce en beneficio económico. Es, además, una perversa transformación de delitos que vulneran la libertad personal como el secuestro”.

De otro lado, frente a la posición de la administración municipal, Federico Gutiérrez argumenta que a la gente le da miedo y no ve liderazgo del Alcalde ni de su equipo en la ciudad, y tampoco de las autoridades, de ahí el bajo número de denuncias frente al delito. “Aquí se burocratizó la seguridad. Uno no sabe si en el tema de seguridad manda el Alcalde, el Vicealcalde, el Secretario de Seguridad o el Secretario de Gobierno. La administración municipal no puede esperar a que la gente denuncie para entrar a solucionar el problema de la extorsión. Si se sabe que los comerciantes en diferentes barrios pagan extorsión, la administración no se puede quedar cruzada de brazos”, dice el consultor a manera de llamado de atención.

Luis Fernando Quijano va  más allá y explica: “La microextorsión está masificada en la ciudad y estoy seguro que, de acuerdo a lo que se dé, directa o indirectamente, todos los medellinenses pagamos ‘vacuna’. La pagamos por varias razones: directamente por tener un negocito, porque pasan por la casa pidiendo lo de la seguridad o porque al de nuestra tienda le cobran, y lo que le cobran al de la tienda obligatoriamente tiene que buscar un lugar donde recuperar esa ‘vacuna’. Si paga el de la tienda, paga el que transporta los víveres (o sea los proveedores), si pagan los proveedores de algún lugar tiene que salir la recuperación de esa ‘vacuna’; entonces yo diría que directa o indirectamente pues estamos pagando todos, por cualquier razón en donde esté desplegada la extorsión”.

Juan Felipe Campuzano es el concejal que en la actual administración de Medellín se asocia al tema de seguridad en la ciudad. Él argumenta que “al crimen en Medellín no se le ha tratado como se debe, que es con una contundencia irrestricta. El delito de la extorsión está siendo mal tratado, no está siendo combatido contundentemente. Pero no es solo de combatir la extorsión sino también a esos grupos criminales que se dedican a otros 10 o 20 crímenes más. En el Concejo hemos propuesto la creación de grupos especializados, como el Gaula para Medellín. Pero es difícil porque hay agremiaciones que dicen en sus estadísticas que en Medellín hay más de 25 mil comerciantes extorsionados, o sea, con un grupo no se va a combatir ese delito”.

La Picaleña revive

A la casa de una familiar de Herminia Sánchez* llamaron una mañana de marzo de 2014 a decirle: “Tenemos a su hijo en un retén en Rionegro (Antioquia). Está en un vehículo y en la guantera le encontramos armas”. Ese fue el argumento de los delincuentes para exigirle dos millones de pesos y recargas de 200 mil pesos a ciertos números de celulares para liberar al joven y a un compañero con el que estaba.

Herminia vive en un barrio del centro oriente de Medellín. Su hijo apenas tiene 13 años y en ese momento estaba estudiando. Pero la zozobra aumentó cuando los malhechores llamaron, diez minutos más tarde, también a la casa de una tía reforzando el cuento. Mientras todo ocurría, Herminia estaba en su oficina. Su esposo se intranquilizó, le notificó la situación y se fue de inmediato para el colegio del niño a verificar su asistencia a las actividades académicas. La familia se conmocionó y todos buscaban soluciones, una (la más adecuada) fue informarle a un familiar que es agente de policía.

La zozobra no duró mucho pues el agente les sugirió buscar primero al niño en el colegio; efectivamente, el esposo de Herminia lo encontró sano y salvo en la institución. Por otro lado, se descubrió que ambas llamadas fueron una treta de los delincuentes para extorsionar a ciudadanos incautos con base en informaciones que suministran vecinos e incluso familiares. Estrategia que ya es vieja y es reconocida como “La Picaleña”: es realizada por delincuentes internos en diferentes penales del país. A las familias de otros tres amigos del hijo de Herminia les han hecho la misma llamada.

A manera de propuesta, el concejal Juan Felipe Campuzano indica que sobre la fuerza que tienen los grupos ilegales con la extorsión y otros delitos “se propone, entonces, un ataque frontal contra el crimen porque nunca se le ha dado una guerra frontal, pues se ha subyugado a los políticos por miedo o por concubinato, por cercanías con algún criminal o estructura mafiosa. Lo único que nos queda es: o como sociedad vencemos al crimen y lo derrotamos o seguiremos subyugados el resto de nuestras vidas por el crimen”.

La idea de Luis Fernando Quijano es que la comunidad se organice y llame la atención de la administración municipal: “Mejor dicho, aquí tenemos dos caminos: o nos armamos, o luchamos. Luchamos civilizadamente. Yo propongo que luchemos civilizadamente. Por ahí veo un ejemplo de México. ¿Sabe qué?: estamos pagando ‘vacuna’ y estamos pagando impuestos… Entonces no volvamos a pagar impuestos ¡y ya, se acabó! Esa es la única que duele. Creo que esta ciudad tiene que ir hacia allá. Yo le pregunto: ¿Si todos pagamos ‘vacuna’, entonces pa’ que putas pagamos impuestos?”.

La extorsión en Antioquia

Don José Gómez** ha sido empresario, funcionario público, contratista y directivo de empresas importantes de la ciudad y el país. Lo han intentado extorsionar en tres ocasiones: en dos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el Magdalena Medio y en el Sur de Antioquia. Le enviaron boletas y le pidieron 100 y 20 millones de pesos en cada uno de los casos, debido a su inversión agropecuaria. “Encontré a los paramilitares en Puerto Triunfo, les comenté el problema y nunca más me volvieron a llegar boletas mientras estuve en esa región del país; no obstante, después los mismos paramilitares me pidieron dinero. Como les dije que no tenía, decidieron que cada seis meses se llevaban una ternera de la finca”, cuenta en tono jocoso el hombre que ha batallado en el sector político y en el campo empresarial. La tercera ocasión de extorsión fue fortuita: nuevamente con las Farc en algunos municipios mineros del nordeste de Antioquia, cuando se desempeñaba como contratista. Allí manejó con mucha inteligencia cuatro bandos: las Farc, el Ejército, Los Urabeños y Los Rastrojos “que se turnaban las actividades y los operativos a realizar; sin embargo, notifiqué al Ejército de los intentos de extorsión que me querían hacer”, dice Don José Gómez.

Agrega que representantes de esos grupos lo llamaron a su teléfono empresarial para darle órdenes sobre las personas que debía contratar, en qué negocios debía comprar insumos o víveres, en qué estación de servicios debía comprar combustibles y en qué hotel se debía quedar. “Ellos son los dueños de todos los negocios en esos municipios, fijan los precios y es obligación comprarles. De alguna forma, es un tipo de ‘vacuna’ para todo el que llega a esas localidades”, expresa con cierto inconformismo.

** Nombres ficticios por solicitud de las fuentes

 *Este texto hace parte de la edición 68 de De La Urbe

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *