¿Un proyecto de ley que beneficia a los cazatesoros?

Los espías ingleses, repartidos por las costas del Caribe, vigilan la flota española y le informan a Charles Wager los movimientos de los navíos españoles. Uno de ellos captura la especial atención del Comodoro y dispara sus ansias de riqueza: El San José, que estaría próximo a partir desde Portobelo. ‘El Comodoro’ Wager lo esperaba en las islas del Rosario con sus siete naves inglesas. Se avecinaba un ataque, y los españoles lo sabían.

A pesar de  los consejos para retrasar el zarpe, el capitán José Fernández de Santillán decidió partir. 17 navíos lo acompañaban y en total salieron 235 cañones ese 28 de mayo de 1708. Diez días más tarde, al mediodía del 8 de junio, los españoles avistaron la flota de Wager, más o menos a cuatro horas de su ubicación. El día claro y los vientos del noreste soplaban a favor de los ingleses. A eso de las cuatro de la tarde, el combate es inminente. A las cinco y media los ingleses dispararon. Dos horas más tarde el San José se hundía, dejando unos cuantos sobrevivientes que caerían prisioneros*.

A 19 kilómetros de Cartagena y a más de 250 metros de profundidad, los restos del barco reposan supuestamente junto a enormes cantidades de oro, plata y esmeraldas valoradas entre 2 y 5 mil millones de dólares. Hoy, nuevos cazatesoros pretenden hacerse con el botín. El San José solo es una de las más de mil embarcaciones hundidas en mares colombianos que preocupan a los arqueólogos colombianos, debido al proyecto de ley que ya fue aprobado en dos comisiones de la Cámara de Representantes.

El proyecto de ley, con el número 125 de 2011, pretende reglamentar los artículos de la Constitución Colombiana que hablan sobre el patrimonio cultural sumergido. En la ley se contempla que la extracción de los objetos sumergidos estaría a cargo de empresas extranjeras, bajo el argumento de que la tecnología con la que cuentan estos nuevos cazatesoros permitiría realizar una extracción más eficiente. A cambio de la extracción, estas empresas se quedarían con parte de las riquezas encontradas.

Historiadores, antropólogos y arqueólogos, además de organizaciones como la Sociedad Colombiana de Arqueología SCAR o la Fundación Terra Firme han manifestado su rechazo frente a esta proyecto de ley pues consideran que el patrimonio cultural está siendo tratado como un bien económico. En un comunicado enviado a la sexta comisión de la Cámara de Representantes, los académicos y las organizaciones manifiestan que “el proyecto parte de la base de que el patrimonio sumergido es una riqueza que se debe explotar económicamente (…) además parte de la premisa que de este patrimonio se debe explotar rápidamente, lo cual es falso”.

Al presentar el proyecto de ley los argumentos de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, se centraron en el criterio de repetición, que según la ministra quiere decir que “si encuentran 100 lingotes iguales, el Consejo decidirá cuántos guardar para exhibir y de cuántos se puede disponer eventualmente”. Esto significa que no todo el material encontrado en los naufragios sería considerado como patrimonio cultural.

Frente a esto, la arqueóloga Alba Nelly Gómez afirma que “hay piezas de la cerámica Tumaco Tolita, hoy expuestas en el Museo del Oro,  que son iguales porque son hechas en molde, y si esa ley se aplicara a las piezas encontradas en la tierra, éstas ya no no son patrimonio porque son hechas por molde”. En ese mismo sentido, el comunicado previamente señalado asegura que “ciertamente no se trata de conjuntos de objetos que resultan de la moderna producción industrial en serie, se trata de objetos únicos por sus características materiales y simbólicas”. El problema radica entonces en qué se califica como patrimonio cultural.

Para el subdirector del ICANH, Ernesto Montenegro, doctor en Antropología y Máster en Arqueología Naval Mediterránea existe una diferencia entre el patrimonio sumergido y el terrestre. “Si hay un objeto a más de 200 metros bajo el mar, humanamente no se puede llegar a él, es necesaria la mediación de la tecnología” y es en este punto en el que se justifica la intervención de empresas privadas.

Quienes tendrían el poder para decidir qué clasifica y que no clasifica como patrimonio, sería una comisión de cinco miembros, todos designados por el poder ejecutivo y cuyas decisiones serán apelables únicamente por la misma Comisión. Para los arqueólogos y las ONG, este proceso omite el principio legal de la doble instancia y además es completamente parcializado.

Para Alba Nelly Gómez el proyecto de ley busca cambiar la concepción de patrimonio, pues se acerca a la visión norteamericana del mismo en la que prima el interés individual y no el bien colectivo, ignorando el papel que éste tiene en la conformación de la identidad nacional. Para Gómez, la aprobación de esta ley abre la posibilidad de seguir negociando el patrimonio y “si empezamos a negociar el patrimonio perdemos la oportunidad de reconstruir qué pasó en esa época”, afirma.

Los académicos y ONG nacionales no han sido los únicos en protestar en contra de la iniciativa de ley. En la ponencia para el segundo debate, los representantes a la Cámara Carlos Andrés Amaya y Wilson Arias solicitaron que el proyecto fuera archivado, debido a que encontraron esta iniciativa legislativa plagada de vicios de inconstitucionalidad, pues en ella se le da prioridad al valor comercial sobre el valor histórico y cultural, lo que violaría el principio que declara a estos objetos como inalienables, imprescriptibles e inembargables.

A pesar de que incluso el Congreso Mundial de Arqueología se pronunció en contra de esta iniciativa, el debate sobre el patrimonio cultural marítimo no ha trascendido más allá del ambiente académico. Además, la Unidad Nacional de Santos ha permitido que el camino de esta iniciativa en el Congreso haya sido relativamente fácil. Todo parece indicar que como hace tres siglos los vientos soplan a favor de los cazatesoros.

*Narración construida a partir de información extraída de la investigación “Las especies Náufragas”, dirigida por Ricardo Vélez Ochoa de la Pontificia Universidad Javeriana.