Cinco décadas después: Santa Bárbara clama justicia

Entre las imágenes expuestas en los tableros que rodeaban el Parque Principal del municipio de Santa Bárbara, suroeste antioqueño, estaba la foto de María Edilma Zapata, la niña de diez años asesinada el 23 de febrero de 1963. La imagen de María Edilma mirando la figura de Jesús en la cruz; Con sus manos juntas en forma de oración y envuelta con su vestido blanco de primera comunión, aparece junto a once campesinos y trabajadores que también fueron asesinados ese día.

A las diez de la mañana, integrantes de las organizaciones sindicales, directivos en representación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), jubilados del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (Sutimac) y habitantes de Santa Bárbara marcharon para conmemorar los 50 años de la masacre. Con sus carteles, fotos, flores y arengas exigían la investigación de los responsables de la matanza, gritando los nombres del gobernador de la época, Fernando Gómez Martínez, y el del Ministro de Trabajo, Belisario Betancur Cuartas.

“Los trabajadores no somos terroristas. Los terroristas están en el Gobierno” clamaban a lo largo de la marcha, que se dirigía al monumento de Los Mártires, ubicado en el barrio los Alemendros. Allí, hace 50 años, más de 100 hombres del ejército custodiaban 40 volquetas cargadas con el cemento y el clinker que iban rumbo a Medellín por orden del Gobernador. 150 huelguistas de la cementera El Cairo, hoy Argos, se atravesaron en la vía para exigirle al gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Esa tarde, para que el cemento llegara a Medellín, fueron asesinados, por balas oficiales, 7 trabajadores, 4 campesinos y la niña María Edilma Zapata.

 

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Al medio día, después de recorrer las calles del municipio, el desfile llegó a la bomba de gasolina del barrio Los Almendros. En el punto donde se levanta el monolito, dirigentes del sindicato de trabajadores, como acto simbólico, rememoraron los hechos de la masacre y a las víctimas. En medio de arengas, develaron la nueva placa en la que se lee: “Sutimac seccional Santa Bárbara y los trabajadores de la planta El Cairo rendimos homenaje a nuestros mártires caídos el 23 de febrero de 1963. Vivirán por siempre en nuestros corazones”.

Para reconstruir y denunciar los hechos de la masacre, durante el acto conmemorativo se presentó el libro Sangre y cemento escrito e investigado por el Magíster en Historia, Andrés Jáuregui González, y el Doctor en Estudios Políticos, Renán Vega Cantor. En él se recopila la historia de la masacre y se describen los contextos sociales, económicos y políticos que la antecedieron. Para John Durango, presidente de Sutimac, este libro permite “darle a conocer a la comunidad, a los trabajadores y a las organizaciones que hay una masacre sin avanzar, que no ha recibido ningún tipo de solicitud para abrir un proceso de denuncia”.

Paradójicamente, el mismo día de la conmemoración, se celebraba en el Coliseo Municipal, a escasas cuadras del Parque Principal, la versión número 97 de los Acuerdos para la Prosperidad. A pocos metros de la marcha obrera estaban el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y representantes del gobierno departamental de Antioquia. Hablaron sobre la Ley de Víctimas, el proceso de paz y la situación agrícola del suroeste antioqueño, pero la masacre de los trabajadores en Santa Bárbara pasó desapercibida. A pesar de que dos eventos de esa trascendencia concurrían en el municipio, fueron tratados como hechos aislados.

Esta masacre, que impactó a Antioquia y a Colombia, sigue en la impunidad. Después de cincuenta años, como lo advierte el dirigente de Sutimac, las víctimas no han sido reparadas y la inversión social en el municipio es insuficiente. “Falta pedir perdón a las víctimas, a los trabajadores y al pueblo donde se impusieron las armas contra la dignidad de las personas que estaban ejerciendo su derechos a huelga”.

De otro lado, sin participar en la preparación de la conmemoración realizada por el grupo sindical, los líderes cívicos Mónica Sánchez y Ángel Osorio, promotores de proyectos municipales ante el gobierno, presentaron al Concejo Municipal un proyecto para la vinculación de la sociedad a la conmemoración de la masacre por medio una semana cultural en el mes de marzo.

El proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo y tiene como objetivo impulsar una semana académica en la que se capacite a los niños por medio de las distintas expresiones artísticas y, al mismo tiempo, conmemorar los hechos. “Independientemente del credo religioso, de la filiación política y de la condición social, es un deber ineludible de todos manifestarnos respecto a lo acontecido”, afirma Ángel Osorio, abogado de la Universidad de Medellín.

 

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En lo que sí están de acuerdo Ángel Osorio y John Durango es en la necesidad de la reparación material y simbólica por parte del Estado que, como lo narran los huelguistas y campesinos que presenciaron la masacre y los investigadores del libro Sangre y cemento, fue el responsable de la muerte de 12 personas, autorizados por dirigentes políticos y militares ante la escasez de cemento en la ciudad de Medellín.

La masacre de Santa Bárbara, cinco décadas después, sigue en la memoria de la comunidad. Los trabajadores, campesinos y la comunidad del municipio exigen reparación, aunque los hechos ocurrieron antes del 1 de enero de 1985, tiempo en el que se hace efectiva la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según esa ley, de esa fecha hasta hoy, las víctimas del conflicto armado interno pueden acogerse a los principios de verdad, justicia y reparación y las garantías de no repetición, ser reparadas para que los militares, soldados, gobernador y ministros responsables de la masacre sean investigados, y sus víctimas, resarcidas de forma simbólica y material.