¿Existen los presos políticos en Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dice que en las cárceles hay 102.292 detenidos. De esos, 3.500 serían presos políticos.

Gracias a un nombre, el tema de los presos políticos vuelve a aparecer en la agenda noticiosa del país. El nombre de Simón Trinidad hizo presencia durante la instalación de la mesa de diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, en Oslo Noruega.

Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC-EP, aseguró que Trinidad es un preso político que ha sido juzgado y condenado a 60 años por la justicia estadounidense por ejercer su legítimo derecho a alzarse en armas contra regímenes (léase Colombia) oprobiosos. A lo que Márquez se refiere, se conoce en el ordenamiento jurídico colombiano como el delito político de rebelión.

De acuerdo con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), como Simón Trinidad aproximadamente 3.500 presos políticos y de conciencia permanecen privados de la libertad en las cárceles colombianas. Para otras organizaciones defensoras de derechos humanos esta cifra estaría alrededor de los 9.500.

Sin embargo, para el gobierno colombiano esta categoría de presos no existe. Angelino Garzón, vicepresidente de la República, ha dicho que: “el Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia”.

El desconocimiento de los presos políticos y de conciencia no es propio del actual Gobierno. Durante el mandato de Julio César Turbay (1978-1982) se negó igualmente la categoría de presos políticos y de conciencia. Aunque han pasado 30 años, el Gobierno repite el discurso.

Leider Humberto Perdomo, abogado y vicepresidente de la Junta Nacional del CSPP, plantea que la postura de Garzón obedece también al  nuevo orden mundial que se configuró a partir del 11 de septiembre de 2001. A partir de ese momento, la guerrilla empezó cada vez con más fuerza a ser considerada como una amenaza terrorista.

A pesar de lo que puedan expresar algunos miembros del gobierno, en Colombia los delitos políticos como rebelión, asonada y sedición existen formalmente. Están contenidos en el Código Penal; sin embargo, en el ejercicio punitivo, estos delitos se desdibujan pues en la realidad a los presos políticos no solo se los juzga por el delito de rebelión.

El fiscal 157* de Medellín dice que los procesados por delitos políticos generalmente también lo son por delitos como secuestro, extorsión y terrorismo.

Dentro de la lógica guerrillera estos crímenes hacen parte de la guerra y, por lo tanto, serían conexos a la rebelión. Las concepciones acerca de los delitos indudablemente obedecen a posiciones ideológicas diametralmente diferentes.

La realidad colombiana es compleja y paradójica. Por un lado, algunos gobernantes desconocen la existencia de presos políticos y de conciencia, que en últimas significa también el desconocimiento del conflicto social y armado que ha vivido el país por medio siglo.

Por otro lado, mientras soplan nuevos vientos en el ambiente político colombiano, el presidente Juan Manuel Santos ha emprendido una estrategia de paz y guerra para llevar a la guerrilla de las FARC-EP a la desmovilización. Eso ha hecho que el discurso del gobierno se haya transformado para, de esa manera, sentarse a dialogar con las FARC-EP. El gobierno Santos ha reconocido que en Colombia sí hay conflicto armado interno y, por tal razón, las FARC-EP son un actor político y no una amenaza terrorista, como se los consideró durante el anterior mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

Los acuerdos de La Habana

En el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, firmado por las FARC-EP y el gobierno Santos, uno de los puntos propone que “El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”.

Frente al tema, los presos políticos se encuentran hoy a la expectativa de cómo el proceso de diálogo podría incidir en su situación. Según  el abogado Perdomo, las personas privadas de la libertad que hacen parte de la guerrilla de las FARC-EP se encuentran estudiando, analizando y discutiendo acerca de la nueva realidad política para poder hacer algún aporte al proceso de diálogo.

*La fuente pidió no revelar su nombre